ISAAC SOSA HUITRON y Otros.

Expediente 1254/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1254/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
14/12/2023

Partes del expediente

  • ISAAC SOSA HUITRON y Otros.
  • Isaac Sosa Huitron

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para su verificativo. Lo anterior, porque el secretario encargado del despacho, licenciado ..., actúa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, esto es, únicamente con facultades para proveer cuestiones de mero trámite o urgentes; luego, la celebración de la audiencia señalada para el día de hoy no podría calificarse como un acto con las características apuntadas, dada su naturaleza y trascendencia en el proceso constitucional. Al respecto se cita la tesis I.7o.C.63 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, de octubre de 2010, novena época, en materia común, cuyo rubro y texto son: "SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO ENCARGADO DEL DESPACHO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SIN AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CARECE DE FACULTADES PARA PROVEER SOBRE EL ESCRITO DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. Doctrinariamente se ha considerado que un acuerdo de mero trámite es aquel que no implica un pronunciamiento de derecho con relación a las cuestiones planteadas, esto es, decisiones que no establecen o definen una situación particular de las partes dentro del procedimiento o que reconozcan a favor de ellas un derecho, ya sea procesal o sustantivo. Ahora bien, la persona que suple al Juez de Distrito en sus funciones de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tiene limitadas sus atribuciones para únicamente practicar diligencias urgentes y dictar providencias de mero trámite; en este sentido debe concluirse que el secretario encargado del despacho no está facultado para resolver sobre el escrito de ofrecimiento de pruebas, en virtud de que no se trata de una diligencia de carácter urgente y tampoco de una providencia de mero trámite puesto que tal acuerdo contiene una posición que decide la situación procesal planteada y trasciende al resultado del fallo; además, de acuerdo con los artículos 151 y 155 de la Ley de Amparo, es en la audiencia constitucional donde debe proveerse sobre la admisión y, en su caso desahogo de las pruebas; acto que el secretario encargado del despacho en términos del artículo 43 de la ley orgánica invocada no puede llevar a cabo, si no cuenta con la correspondiente autorización del Consejo de la Judicatura Federal. Hipótesis diferente a lo que acontece respecto a los alegatos cuya determinación sí es de mero trámite." Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, glósese el escrito de la tercera interesada; atento a su contenido, se le tiene apersonándose al juicio, por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y como autorizadas a las personas que refiere para los efectos que indica. Además, se tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos y por anunciada la prueba que refiere, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Se tiene por hecha la certificación secretarial de cuenta; visto el informe justificado del Juez responsable, el suscrito acuerda: Téngase por rendido y dése vista a las partes con su contenido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    V I S T O S para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1254/2023, promovido por ***** por propio derecho y en representación de los niños de iniciales *****. contra actos de la Cuarta Sala y Juez Décimo Octavo, ambos de Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Acto reclamado. La resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México en el toca ****, que regularizó el Incidente de Guardia y Custodia Definitiva derivado del Juicio de Divorcio Incausado ***** del Juzgado Decimoctavo de la propia especialidad y residencia, para ordenar practicar estudios psicológicos a los infantes ********., y dio vista a la demandada con las pruebas de su contraria, ofrecidas el seis de abril de dos mil veintidós. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En su oportunidad se admitió a trámite la demanda de amparo, se concedió la suspensión provisional, las autoridades responsables rindieron sus informes previos, finalmente, la audiencia incidental se celebró en términos del acta previa; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados. SEGUNDO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO. El quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que es parte material en el juicio de origen, por lo que acredita su interés para efectos de la suspensión de amparo. TERCERO. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN, RESPECTO A LA GUARDIA Y CUSTODIA. Acorde a la información recabada de oficio en el incidente de suspensión, la copia certificada del acto reclamado que se ordenó incorporar al presente y los datos presentados por la quejosa, se corrobora que en el acto reclamado está inmerso el derecho a la guarda y custodia de los niños involucrados en la controversia. Es así porque en la resolución de primera instancia se otorgó en definitiva los cuidados de los infantes al quejoso promovente de la demanda; por su parte, la sentencia cuestionada ordenó reponer el procedimiento hasta la etapa postulatoria del proceso, para desahogar determinadas pruebas. Además, la sala responsable no se ocupó de fijar medidas o aclarar los términos, o bien, determinar las circunstancias bajo las cuales los derechos a la custodia deberían ejercerse, no obstante estar inmersos explícitamente en la controversia, pues fue uno de los aspectos controvertidos. Por otra parte, desde la primera instancia se resolvió definitivamente la asignación de los cuidados de los infantes inmersos a su progenitor, y la regularización es una figura que formalmente tiene el efecto de devolver el proceso para continuarlo a partir de un punto específico, que en el caso sería en el periodo de preparación y desahogo de las pruebas. Lo cual podría implicar en el caso modificar los esquemas bajo los cuales se ejerce la protección parental, sobre los infantes involucrados, tanto por la omisión de la Ad Quem de aclararlo, como por alterar las modalidades bajo las cuales se desarrollan actualmente las actividades y procesos vivenciales de las partes, principalmente de los niños. Ante tal panorama, las circunstancias del caso ameritan un pronunciamiento sobre la guarda y custodia, lo cual no es injustificado pues si bien no es un efecto destacado en el acto reclamado, ni demandado expresamente por el quejoso, lo cierto es que el suscrito está en aptitud de abordar su estudio, a fin de no afectar el interés superior de los infantes. Lo cual no conllevaría una modificación de la litis, porque se trata de un derecho involucrado de forma indirecta por el efecto del acto reclamado, pues aunque no fue el objeto de la reposición, empero, puede verse alterado al mantenerse indefinido. Se cita al respecto, en su parte conducente, la Jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), de la Décima Época, del Tribunal Pleno, que dice: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Bajo tales consideraciones, y atendiendo a la información remitida por las autoridades responsables, en cuanto a que actualmente quien detenta la guarda y custodia de los infantes inmersos, es su progenitor *****. Por tanto, de acoger ampliamente los efectos y consecuencias de la reposición proceso ordenada en el acto reclamado, implicaría formalmente dejar insubsistente la orden de mantener los cuidados de los niños, como se ha venido ejerciendo. Lo cual afectaría el interés superior de los infantes, dada la posibilidad de cambiarlos continuamente de lugar de residencia, modificar los hábitos y costumbres generados desde hace aproximadamente ocho meses que fue cuando se decretó la guardia y custodia en favor de su papá. Máxime que la protección a las injerencias de los infantes está reconocida y protegida desde el derecho internacional, específicamente en los artículos 16.1 y 16.2 de la Convención sobre los derechos del niño. De ahí que pueda sostenerse que, esencialmente, el derecho sustantivo que podría resultar afectado es su integridad personal; y en caso de que ello ocurriera, se propiciaría una violación de imposible reparación. En consecuencia, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN, para el efecto de mantener los cuidados de los infantes inmersos, bajo la titularidad de su progenitor ****, y la reposición ordenada en el acto reclamado tampoco modifique el ejercicio de tal derecho conforme se viene desarrollando. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis I.7o.C.60 C, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, de la Novena Época, de registro 178183, que dice: "MENORES. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SI SE RECLAMA EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA AL PADRE LA ENTREGA DE SU MENOR HIJO A SU MADRE, ANTE LA NATURALEZA DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE LE CAUSARÍAN. Si se reclama en amparo la resolución que ordena al padre la entrega del menor hijo a su madre, la suspensión debe negarse, al existir en el Código Civil del Distrito Federal disposición de orden público que señala que quien mejor puede cuidar a los hijos menores de cierta edad es la madre. Sin embargo, dicha regla legal admite una excepción: cuando, de negarse la medida suspensional solicitada, se afectaría el interés superior del niño, protegido por el artículo 4o. de la Constitución General de la República y por la Convención de los Derechos del Niño, entendido dicho interés superior, como la institución a través de la cual se procura el desarrollo pleno e integral del infante, proporcionándole la estabilidad, cuidados y asistencia necesarios para lograrlo. Esta hipótesis se actualiza, cuando el menor desde siempre, ha vivido con su padre, pues de no concederse la suspensión del acto reclamado, se le pudieran causar daños y perjuicios imposibles de reparar, ya que la entrega que de él se hiciera a su madre, equivaldría a quebrantar la estabilidad de su entorno, con la posibilidad de que resuelto en definitiva el juicio de amparo, de ser favorable la sentencia respectiva, de nueva cuenta tuviera que regresar a vivir con su progenitor, movilidad ésta que inevitablemente repercutiría en su sano desarrollo integral, que también constituye una cuestión de orden público y, por ende, ante la naturaleza de los daños y perjuicios que se causarían al menor con la ejecución del acto reclamado, procede conceder la suspensión definitiva solicitada". CUARTO. CONCESIÓN Y EFECTO DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL POR LO QUE HACE A LA PRÁCTICA DE ESTUDIOS EN MATERIA DE PSICOLOGÍA. Se satisfacen los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues: Existe petición de parte agraviada; y No se sigue perjuicio al interés social ni contravención a disposiciones del orden público, ya que el reclamo surge de actuaciones llevadas a cabo en el juicio de origen, que únicamente surten efectos entre los particulares vinculados al procedimiento; con lo que deviene que con la suspensión del acto reclamado no existe una situación específica que pueda afectar a un conglomerado humano considerable y que contraríe las normas de orden público, así calificadas por el legislador, emitidas para regular aspectos en que se ve interesado el Estado para reglamentar su actuación pública o aquéllas que tengan como finalidad regir aspectos sociales trascendentes y que por tanto la sociedad se ve interesada en su observancia. Además existe materia suspendible acorde a la naturaleza del acto reclamado, en términos del precepto 107, fracción X de la Constitución Federal. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, para el efecto de que sin paralizar el procedimiento, las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan. Esto es, únicamente no se lleve a cabo ningún acto encaminado a someter a los infantes ******. a la práctica de estudios en materia de psicología, ordenados por la sala responsable, con motivo de la reposición del proceso en el Incidente de Guardia y Custodia Definitiva derivado del Juicio de Divorcio Incausado ****** del índice del Juzgado Décimo Octavo Familiar de la Ciudad de México. Además, al proveer sobre la suspensión, necesariamente debe procurarse conservar la materia del amparo y, en el caso, de negarla, la autoridad responsable se encontraría en posibilidad de llevar a cabo las entrevistas y/o evaluaciones y/o terapias respectivas; por tanto, existiría el riesgo de consumar absolutamente los daños que puedan sufrir sobre su derecho a la intimidad; en cuyo supuesto una posible protección constitucional sería ilusoria. Sirve de apoyo, la tesis aislada I.15o.C.71 C (10a.), del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de registro digital: 2021873, de la Décima Época, que dice: "ESTUDIOS PSICOLÓGICOS A MENORES. DEBE CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN, NO ASÍ A LOS PADRES. El derecho a la salud mental de los niños es un derecho fundamental protegido por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual debe ser interpretado de acuerdo al interés superior del niño que supone medidas de protección reforzadas a cargo del Estado. Lo anterior supone que cualquier acto dentro de juicio que pudiera afectar su salud mental debe considerarse como de imposible reparación. Bajo tales premisas, por regla general, contra la resolución que pretenda resolver sobre la guarda y custodia de un menor, procede conceder la suspensión, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, entre tanto se falle el fondo del amparo y su concesión, de ser procedente según las condiciones particulares del caso, procede sin fianza. Lo expuesto revela que en los casos donde se discute sobre la guarda y custodia de menores es posible ordenar que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran hasta en tanto se falle el fondo del asunto. En la especie, aunque los actos reclamados no resuelven en definitiva sobre la guarda y custodia, tienden a definir esa situación con la práctica de estudios psicológicos que pudieran ser dañinos para el desarrollo de la menor por los argumentos que se alegan en el escrito de demanda, respecto de la violencia intrafamiliar que dice la peticionaria de garantías el padre de la menor ejerce respecto de la niña; de ahí que el énfasis debe centrarse en preservar su integridad emocional más que en los beneficios que pudieran resultar posteriormente de esos estudios. Ello en aras de proteger el interés superior de la menor cuando las condiciones bajo las cuales se discuta sobre su guarda y custodia puedan sufrir alguna afectación, al revivir episodios traumáticos y que estarían consumando irreparablemente los actos con el consecuente daño que pudiera causarle. Así, resulta que con la ejecución del acto reclamado sí se estarían causando daños de difícil reparación porque con ello se estaría vulnerando el derecho de la menor a la protección de su entorno y sus emociones, los cuales no sería posible restituir en caso de que llegaren a efectuarse los estudios psicológicos, pues la obtención de esa información mediante la instauración de una evaluación en su psique representa una afectación de imposible reparación aun en caso de obtener sentencia favorable. Sin embargo, debe negarse la suspensión provisional, respecto de la evaluación psicológica de su progenitora, pues de suspenderse la medida cautelar respecto de este punto se afectaría la posibilidad de mejorar el estado físico y emocional de los padres, así como la calidad de la convivencia con su menor hija." Así como la tesis aislada I.7o.C.57 K, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de registro digital: 166956, de la Novena Época, que dice: "ESTUDIOS PSICOLÓGICOS A MENORES. DEBE CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN SI CON SU PRÁCTICA PUDIERA AFECTARSE SU INTERÉS SUPERIOR. Tratándose de menores, la ley impone atender en todo caso a su interés superior; por ello, la Ley de Amparo y la jurisprudencia conceden la suplencia de queja en toda su amplitud sin que obste la naturaleza de los derechos cuestionados o el carácter del promovente; por lo tanto, dicho beneficio se extiende al incidente de suspensión. Por su parte, una de las finalidades de la suspensión es preservar los derechos del quejoso y con ello, de ser procedente, preservar la materia del juicio de garantías. De ahí que, si el acto reclamado consiste en practicar estudios psicológicos a menores de edad sobre actos pasados de violencia intrafamiliar o de abuso sexual cometidos en su contra, debe concederse la suspensión definitiva incluso en suplencia de queja para mantener las cosas en el estado en que se encuentran y no se lleven a cabo dichos estudios hasta en tanto se resuelva en definitiva su pertinencia. Lo anterior, en función del grado de afectación que pudiera sufrir el menor al revivir episodios traumáticos y que estarían consumando irreparablemente los actos con el consecuente daño que pudiera causarse al menor. Tal suspensión no implica la paralización del procedimiento, pues éste puede continuar hasta antes de que se resuelva el fondo del asunto en tanto se define si procede legalmente o no llevar a cabo los estudios psicológicos. Tampoco significa darle efectos restitutorios a la resolución incidental porque en ella no se ha analizado el fondo del asunto, sino únicamente el preservar los derechos de los menores y conservar la materia del amparo en aras de proteger el interés superior del menor." Sin que esta concesión implique la paralización del procedimiento, sino que únicamente detiene cualquier acto tendente a someter a los infantes a algún tipo de entrevista y/o evaluación y/o terapia, con motivo de la ejecución del acto reclamado. Esta medida cautelar surtirá sus efectos hasta que cause ejecutoria la sentencia que resuelva sobre el fondo del asunto. QUINTO. DE LA GARANTÍA. La medida suspensional surte sus efectos desde luego, sin necesidad de otorgar garantía alguna, porque los derechos del tercero interesado que pudieran afectarse con motivo de la suspensión no versan sobre cuestiones de que ocasionen daños y perjuicios estimables en dinero; en razón de que, el único efecto de la misma es que no se ocasionen violaciones a la intimidad de los quejosos. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ***** por propio derecho y en representación de los niños de iniciales ****. contra actos de la Cuarta Sala y Juez Décimo Octavo, ambos de Familiar de la Ciudad de México, por los motivos y para los efectos precisados en esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Se tiene por hecha la certificación secretarial de cuenta; visto el informe justificado de la Sala responsable, el suscrito acuerda: Téngase por rendido y dése vista a las partes con su contenido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; una vez transcurrido el término que otorga dicho numeral sin que realicen pronunciamiento sobre las constancias anexas, se entenderá su conformidad con éstas y se dictará la sentencia que corresponda en su oportunidad. Acorde al estado procesal de autos y conforme a la certificación de cuenta, fórmense los cuadernos auxiliares I al V, e infórmese a las partes que su consulta podrá realizarse físicamente en este órgano jurisdiccional; lo anterior con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Finalmente, se tiene por señalado el correo electrónico que refiere para comunicaciones no procesales. NOTIFÍQUESE.

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