Isaac Ruiz Reyes

Expediente 902/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
902/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
12/04/2022

Partes del expediente

  • Isaac Ruiz Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, doce de abril de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiuno de febrero de dos mil veintidós; sin que lo hubieren hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de marzo de dos mil veintidós. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento respecto de su contenido, ya que el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo; por tanto, devuélvase el disco compacto que anexa a su oficio. Cúmplase.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento respecto de su contenido, ya que el veintiuno de febrero de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo. Cúmplase.

  4. Principal

    Asimismo, el secretario hace constar que no existen pruebas pendientes por desahogar y que el expediente está debidamente integrado. Acuerdo. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, en su momento procesal oportuno tómense en consideración las probanzas relatadas y al no tener pruebas que acordar ni pendientes de desahogo, la Jueza da por concluida la etapa probatoria. Alegatos. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y el secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Acuerdo. Con fundamento en el numeral 124 de la ley de la materia, se tiene por hecha la certificación y por precluido ese derecho a las partes procesales, por tanto se da por concluida la presente etapa. Cierre de la audiencia. Con lo expuesto, se tienen por cumplidas las etapas precedentes de la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 902/2021-VI; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Isaac Ruiz Reyes, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos señalados en la demanda de amparo. Segundo. Trámite del juicio. El diez de diciembre de dos mil veintiuno, la demanda se admitió a trámite bajo el número de expediente 902/2021-VI y entre otras cuestiones, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable. Luego, seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral a la demanda, se advierte que el quejoso reclama a la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, la omisión de darle seguimiento a la petición que presentó el ocho de noviembre de dos mil veintiuno en la que solicitó beneficio de libertad condicionada. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. En ese sentido, la autoridad responsable rindió su informe justificado en los términos siguientes: No. Autoridad responsable Sentido del informe Página 1 Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate. Niega 19 Del recuadro que precede se advierte que la autoridad responsable indicada al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado. Sin embargo, de las copias certificadas del cuaderno de ejecución 1097/2020 que remitió la responsable, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -ocho de diciembre de dos mil veintiuno- aún no había sido radicada la petición del aquí quejoso presentada el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que se tiene por cierta la omisión reclamada. Documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de copias certificadas emitidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Improcedencia del juicio de amparo. Del análisis de las constancias de estudio, este órgano de control constitucional de oficio, estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que cesaron los efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)". De una interpretación sistemática de lo dispuesto por la referida fracción del arábigo citado, permite establecer que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del motivo de afectación, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Bajo esa óptica, la cesación de efectos de los actos reclamados significa que la omisión de dar seguimiento a la petición presentada ante la responsable el ocho de noviembre de dos mil veintiuno dentro del cuaderno de ejecución 1097/2020 de su índice, dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa; ello es así, porque de las constancias que remitió el juez responsable atinentes al referido cuaderno de ejecución, se advierte que en auto de cinco de enero de dos mil veintidós, el a quo radicó la referida petición. En efecto, en el citado proveído de cinco de enero de dos mil veintidós dio inicio el procedimiento ordinario de ejecución y señaló las nueve horas con treinta minutos del veintidós de febrero de dos mil veintidós para que tuviera verificativo la audiencia respectiva; por lo que es inconcuso que cesaron los efectos de la omisión reclamada, dado que se destruyeron sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. Por tanto, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y con fundamento en la fracción V, del precepto 63 de la legislación invocada, se sobresee en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis VI.1o.T.6 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, de epígrafe y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente". En mérito de las consideraciones precedentes, no existe viabilidad técnica para estudiar los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, al configurarse la citada causa de improcedencia que generó el sobreseimiento del presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Isaac Ruiz Reyes, contra el acto reclamado a la Jueza de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, por los motivos precisados en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese y personalmente al quejoso.

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