Isaac Pineda Bahena
Expediente 506/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 506/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 09/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Isaac Pineda Bahena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
El nueve de diciembre de dos mil diecinueve, el secretario CERTIFICA: El término de quince días que prevé el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió: para la parte quejosa del catorce de noviembre al seis de diciembre del año en curso, sin que hubiera interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución que declaró la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la sentencia protectora. Se realizó una búsqueda en el libro de promociones recibidas por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta Ciudad, así como en la Oficialía de Partes de este Juzgado, ya sea física o electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin que se haya localizado alguna por medio de la cual se interponga el recurso correspondiente. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución de seis de noviembre de dos mil diecinueve que declaró la imposibilidad material y jurídica para llevar a cabo un pronunciamiento en relación con el cumplimiento a la sentencia protectora; por tanto, se ordena el envío de los autos del juicio de derechos en que se actúa, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para que dicho órgano jurisdiccional determine lo conducente sobre la existencia de la imposibilidad para el cumplimiento que fue establecida en el auto invocado, con fundamento en los párrafos segundo y último del artículo 196 de la ley citada. Robustece lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 23/2018 con registro 2017828, que a continuación se transcribe: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella. Fórmese cuadernillo de antecedentes y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jesús Romero Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. María del Carmen*
- Principal
CERTIFICACIÓN. El seis de noviembre de dos mil diecinueve, el secretario CERTIFICA: Que el término de tres días que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo, transcurrió del treinta de octubre al cuatro de noviembre del año en curso. Doy fe. CUENTA. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, seis de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si dicha resolución se encuentra cumplida. En primer término es necesario precisar que en sentencia de uno de octubre de dos mil diecinueve (fojas 75 a 82), este órgano jurisdiccional concedió el amparo solicitado, para los efectos siguientes: ".las autoridades responsables Magistrada Presidenta y actuaria, ambas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 192 de la Ley de Amparo, sin mayores dilaciones, diligencien el primer requerimiento de pago de la cantidad liquida derivada del laudo condenatorio, contenido en el auto de siete de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 21/2017, promovido por Isaac Pineda Bahena, aquí quejoso, en contra de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, aquí parte tercera interesada, lo anterior, conforme a las reglas que consigna la legislación aplicable." En esa guisa, mediante auto de veintiuno de octubre de dos mil dieciocho (foja 90), se declaró ejecutoriado el fallo protector, requiriéndose en consecuencia a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días, dieran cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de mérito. Al respecto, la magistrada presidenta y actuaria, ambas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, mediante oficios TCA/2551/2019 y TCA/2555/2019, ambos con anexos, de veintidós de octubre de este año (fojas 94 a 96 y 97 a 99), aportaron copia certificada del auto de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral de origen de cuyo contenido se advierte que derivado del juicio de amparo directo 86/2019, promovido por Teresa de Jesús Morales Esquivel, en su carácter de apoderada legal de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, el cual fue resuelto mediante resolución de veintidós de agosto de este año, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección solicitado, para efectos de que se dejara insubsistente el laudo de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 21/2017, y en su lugar se emitiera otro en el que se siguieran los lineamientos establecidos en la citada ejecutoria; virtud a ello, en auto de uno de este mes y año, dictado en la carpeta de amparo 7/2019 A.D., se declaró insubsistente el supracitado laudo y se ordenó emitir uno nuevo, lo que en la especie aconteció el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, por lo que, el laudo que condenaba a las cantidades solicitadas por el aquí quejoso se dejó sin efectos. Por lo tanto, en dicho proveído se asentó que existía imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento al fallo protector. Con lo anterior, mediante proveído de veinticinco de octubre del año en curso (foja 100), se dio vista a la parte quejosa sin que hiciera manifestación alguna. Con base en lo anterior, se advierte que en el presente asunto existe una imposibilidad material y jurídica para llevar a cabo un pronunciamiento en relación con el cumplimiento de la ejecutoria concesoria del amparo, al no haber materia sobre la cual dar cumplimiento, habida cuenta que los efectos del fallo protector se concretaron en el sentido de que las responsables diligenciaran el primer requerimiento de pago de la cantidad líquida derivada del laudo condenatorio de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, sin embargo dicho laudo fue declarado insubsistente por auto de dieciocho de octubre de este año, con motivo de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo 86/2019, del índice del otrora Tribunal Colegiado de este Circuito, lo cual imposibilita la restitución al amparista en el goce de los derechos violados, por lo que resulta excusable la imposibilidad material y jurídica de las responsables para dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, sin que deban ser tomadas las providencias a que se refiere el artículo 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y sin que exista cumplimiento sustituto, por no estar ante un daño cuantificable. Ante ello, se estima que existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la sentencia protectora, por tanto, se declara que ha quedado sin materia el cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, sin que en su caso se interponga recurso de inconformidad en contra del presente proveído, ordénese el envío de los autos del juicio al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en turno, para que determine lo conducente sobre la existencia de la imposibilidad para el cumplimiento que ha quedado precisada, con fundamento en los párrafos segundo y último del artículo 196 de la ley citada. Robustece lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 23/2018 con registro 2017828, que a continuación se transcribe: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella. Notifíquese; personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jesús Romero Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. María del Carmen
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: CERTIFICACIÓN. El seis de noviembre de dos mil diecinueve, el secretario CERTIFICA: Que el término de tres días que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo, transcurrió del treinta de octubre al cuatro de noviembre del año en curso. Doy fe. CUENTA. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, seis de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si dicha resolución se encuentra cumplida. En primer término es necesario precisar que en sentencia de uno de octubre de dos mil diecinueve (fojas 75 a 82), este órgano jurisdiccional concedió el amparo solicitado, para los efectos siguientes: ".las autoridades responsables Magistrada Presidenta y actuaria, ambas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 192 de la Ley de Amparo, sin mayores dilaciones, diligencien el primer requerimiento de pago de la cantidad liquida derivada del laudo condenatorio, contenido en el auto de siete de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 21/2017, promovido por Isaac Pineda Bahena, aquí quejoso, en contra de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, aquí parte tercera interesada, lo anterior, conforme a las reglas que consigna la legislación aplicable." En esa guisa, mediante auto de veintiuno de octubre de dos mil dieciocho (foja 90), se declaró ejecutoriado el fallo protector, requiriéndose en consecuencia a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días, dieran cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de mérito. Al respecto, la magistrada presidenta y actuaria, ambas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, mediante oficios TCA/2551/2019 y TCA/2555/2019, ambos con anexos, de veintidós de octubre de este año (fojas 94 a 96 y 97 a 99), aportaron copia certificada del auto de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral de origen de cuyo contenido se advierte que derivado del juicio de amparo directo 86/2019, promovido por Teresa de Jesús Morales Esquivel, en su carácter de apoderada legal de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, el cual fue resuelto mediante resolución de veintidós de agosto de este año, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección solicitado, para efectos de que se dejara insubsistente el laudo de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 21/2017, y en su lugar se emitiera otro en el que se siguieran los lineamientos establecidos en la citada ejecutoria; virtud a ello, en auto de uno de este mes y año, dictado en la carpeta de amparo 7/2019 A.D., se declaró insubsistente el supracitado laudo y se ordenó emitir uno nuevo, lo que en la especie aconteció el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, por lo que, el laudo que condenaba a las cantidades solicitadas por el aquí quejoso se dejó sin efectos. Por lo tanto, en dicho proveído se asentó que existía imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento al fallo protector. Con lo anterior, mediante proveído de veinticinco de octubre del año en curso (foja 100), se dio vista a la parte quejosa sin que hiciera manifestación alguna. Con base en lo anterior, se advierte que en el presente asunto existe una imposibilidad material y jurídica para llevar a cabo un pronunciamiento en relación con el cumplimiento de la ejecutoria concesoria del amparo, al no haber materia sobre la cual dar cumplimiento, habida cuenta que los efectos del fallo protector se concretaron en el sentido de que las responsables diligenciaran el primer requerimiento de pago de la cantidad líquida derivada del laudo condenatorio de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, sin embargo dicho laudo fue declarado insubsistente por auto de dieciocho de octubre de este año, con motivo de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo 86/2019, del índice del otrora Tribunal Colegiado de este Circuito, lo cual imposibilita la restitución al amparista en el goce de los derechos violados, por lo que resulta excusable la imposibilidad material y jurídica de las responsables para dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, sin que deban ser tomadas las providencias a que se refiere el artículo 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y sin que exista cumplimiento sustituto, por no estar ante un daño cuantificable. Ante ello, se estima que existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la sentencia protectora, por tanto, se declara que ha quedado sin materia el cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, sin que en su caso se interponga recurso de inconformidad en contra del presente proveído, ordénese el envío de los autos del juicio al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en turno, para que determine lo conducente sobre la existencia de la imposibilidad para el cumplimiento que ha quedado precisada, con fundamento en los párrafos segundo y último del artículo 196 de la ley citada. Robustece lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 23/2018 con registro 2017828, que a continuación se transcribe: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella. Notifíquese; personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jesús Romero Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. María del Carmen
- Principal
El veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta con las promociones registradas bajo los folios 15986 y 15987, ambos con anexos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Agréguense a sus autos los oficios y anexos de cuenta, que remiten la magistrada presidenta y actuaria, ambas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, por medio de los cuales realizan diversas manifestaciones en torno a la imposibilidad de cumplimentar la ejecutoria de amparo y exhiben las constancias para acreditarlo; por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibida que de no hacerlo, de oficio, este órgano jurisdiccional resolverá lo conducente, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las citadas autoridades. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jesús Romero Hernández, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Diana Jaimes Villanueva, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. María del Carmen*
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