Isaac Pimentel Mejia

Expediente 1815/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1815/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
15/05/2023

Partes del expediente

  • Isaac Pimentel Mejia
  • Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada en autos, en la cual se determinó sobreseer en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar y glósese el incidente para que obre como corresponda. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica, por igualdad jurídica, en la hipótesis establecida en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), de dicho acuerdo, pues se trata de un sobreseimiento; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación y el incidente de suspensión original es susceptible de depuración. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Finalmente, tomando en consideración que en el presente asunto, se ordenó formar un anexo con las constancias que adjuntó la autoridad responsable Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a su informe justificado, atendiendo que se encuentra concluido, devuélvanse las mismas, debiendo dejar glosada en los presentes autos, la caratula que se formó con motivo de las mismas. Notifíquese.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del veintiocho de marzo del dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: ...Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Único. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******, contra los actos reclamados y las autoridades responsables señaladas, por las razones precisadas en este fallo. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Erika de la Cruz Uribe, quien autoriza y da fe, el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  3. Principal

    Juicio de amparo: 1815/2022 Quejoso: Isaac Pimentel Mejía Jueza: Nadyelly López Guevara Secretaria: Erika de la Cruz Uribe S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1815/2022. R E S U L T A N D O Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el seis de diciembre de dos mil veintidós, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido el siete de diciembre siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, ******************** por propio derecho y su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de ********************, Morelos -a quien en auto de admisión de la demanda se le tuvo compareciendo por propio derecho como se precisará más adelante-, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la [1] Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, así como del [2] Titular de la Dirección General de Recaudación, y [3] Notificador y Ejecutor Fiscal adscrito a la Dirección General de Recaudación, ambos dependientes de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, por los actos reclamados siguientes: "IV.- ACTO QUE SE RECLAMA: * DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: Se constituye por la resolución de 26 (sic) de junio de 2022, en la cual la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, anteriormente Tribunal Contencioso Administrativo IMPONE DE FORMA INDEBIDA a la suscrita en mi carácter de Síndico Municipal y Representante del Ayuntamiento de ********************, Morelos (sic) la medida de apremio consistente en multa equivalente a 40 Unidades de Medida y Actualización vigentes a la fecha de la imposición de cada una (sic) de la multa, establecida en la fracción II del artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos vigente a la fecha de la imposición de la medida de apremio; ello en virtud de la falta de notificación personal estipulada en la fracción IV del artículo 27 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos vigente en ese momento. * DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS: El cumplimiento de la multa derivada de la INDEBIDA IMPOSICIÓN DEL CRÉDITO FISCAL CON FOLIO ******************** de 20 de octubre de 2022, y consecuentemente la actuación consistente en la INDEBIDA EJECUCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE PAGO ********************, el cual deriva de la resolución que carece de fundamentación y motivación, violando los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. 3. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós (fojas 38 a 43 del amparo indirecto), este juzgado admitió la demanda de amparo presentada ******************** únicamente por propio derecho, porque si bien también promovió en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de ********************, Morelos, se especificó que se dolía de la afectación personal y directa que le causaba la multa que se le impuso en la resolución reclamada, en forma personal y no propiamente a la autoridad que representa; asimismo, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado y requirió a la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos para que proporcionara el nombre y domicilio del tercero interesado, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación, se hizo del conocimiento de las partes su derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que alguna realizara manifestación al respecto; y se fijó día y hora para la audiencia constitucional. Mediante auto de diez de enero de dos mil veintitrés (fojas 84 y 85 del amparo indirecto), este juzgado ordenó el emplazamiento del tercero interesado ********************lo cual se realizó el trece de febrero siguiente, sin que compareciera al presente juicio; y, el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés tuvo verificativo la audiencia constitucional, con el resultado asentado en el acta de antecede. C O N S I D E R A N D O Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, puesto que se trata de un amparo promovido contra una multa impuesta por una autoridad administrativa con ejecución en el lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio, consisten en: Autoridades responsables Actos reclamados [1] Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. a) El auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, emitido en el juicio contencioso administrativo ********************, a través del cual se le impuso al quejoso la medida de apremio consistente en una multa equivalente a ********************unidades de medida y actualización. [2] Titular de la Dirección General de Recaudación, dependiente de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. [3] Notificador y Ejecutor Fiscal adscrito a la Dirección General de Recaudación, dependiente de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. b) La ejecución del anterior acuerdo. Sin que pase inadvertido que el quejoso señaló en la precisión del acto reclamado que el acuerdo impugnado es de veintiséis de junio de dos mil veintidós, y en el capítulo de antecedentes refirió que es el emitido el veintidós de junio de dos mil veintidós, pues de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que la fecha correcta de tal acuerdo corresponde al veintidós de junio de dos mil veintidós, que fue en el cual se le impuso la multa reclamada (fojas 109 a 110 del anexo I); de ahí que se tenga este último como acto destacado. Asimismo, no se inadvierte que en sus conceptos de violación refiere el impetrante de amparo que el mandamiento de ejecución ******************** y el requerimiento de pago y embargo a través del cual se ejecutó el acuerdo reclamado, resultan ilegales; sin embargo, de la integridad de la demanda se tiene que dichos actos de ejecución los reclama en vía de consecuencia y no por vicios propios, de allí que no se desprenda la intención de señalarlos como actos destacados de forma autónoma, tal como se advierte de la precisión de tales reclamados cuando refiere que éstos derivan "de una resolución que carece de fundamentación y motivación", lo que reitera en sus conceptos de violación al referir que tal mandamiento de ejecución viola sus derechos ya que deriva de la imposición de una multa que carece de fundamentación y motivación, además de que el requerimiento de pago del crédito fiscal y la multa que le dio origen, no le fueron notificados en forma personal y se dejaron en poder de persona diversa. De lo que se deduce que lo que sostiene el quejoso es que el acuerdo de multa que le fue impuesto resulta inconstitucional, y que por ello, en vía de consecuencia, también se tienen que nulificar los actos de ejecución posteriores -entre ellos el requerimiento de pago- al derivar todos de un acto viciado, lo que en todo caso constituye un concepto de violación que formula en contra del auto en mención -en el que se le impuso la multa reclamada-, tan es así que cuando el quejoso sostiene la ilegalidad de los actos cita la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, la cual regula propiamente el acuerdo en el que se le impuso la multa -acto reclamado en este juicio-, siendo que el referido requerimiento de pago se encuentra reglamentado por el Código Fiscal para el Estado de Morelos, de donde se concluye que no le atribuye vicios propios a tal requerimiento, ya que éstos los reclama derivados del acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós -al cual hace referencia el mandamiento de ejecución y requerimiento de pago, respectivos-. Lo anterior, máxime que en caso de considerar como actos destacados el mandamiento de ejecución ******************** y el requerimiento de pago correspondiente, resultaría improcedente el presente juicio de amparo conforme al artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al no haber agotado en su contra el recurso de revocación previsto en los ordinales 218 y 219 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, tal como se señaló en el texto de tales actuaciones, donde se indicó que podían ser impugnadas mediante ese medio de defensa, el cual permite la suspensión de tales actos de conformidad con el artículo 151 de la misma normatividad, como lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en la queja ********************, en la que determinó que ese medio de defensa debía agotarse en contra de requerimientos como los aludidos, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, lo cual constituye un hecho notorio para este juzgado, en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, y que puede ser consultada a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Existencia de los actos reclamados. Se tienen por ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables [1] Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, así como del [2] Titular de la Dirección General de Recaudación, y [3] Notificador y Ejecutor Fiscal adscrito a la Dirección General de Recaudación, ambos dependientes de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, pues así lo aceptaron en sus informes justificados. Además, de las constancias que allegó el Magistrado Presidente en representación de la Sala responsable, relativas a las copias certificadas del juicio contencioso administrativo ********************, se corrobora su existencia, pues obra en autos el auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, en el cual se impuso al quejoso la multa reclamada, por el incumplimiento a la sentencia definitiva, y se ordenó girar oficio a la autoridad recaudadora para su ejecución, documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, las cuales se estiman suficientes para acreditar la existencia de los actos reclamados. IV. Improcedencia del juicio de amparo. La actualización de causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en tanto que el quejoso presentó la demanda de forma extemporánea. Lo anterior, porque el artículo 17 de la Ley de Amparo, dispone que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, mientras que el artículo 18 de la misma ley, señala que esos plazos se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Sobre esa base, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso manifestó como fecha de conocimiento de los actos reclamados el quince de noviembre de dos mil veintidós, cuando se le notificó el mandamiento de ejecución ******************** y se le requirió de pago por el Notificador y Ejecutor Fiscal adscrito a la Dirección General de Recaudación, dependiente de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. No obstante, dentro las constancias del juicio contencioso administrativo ******************** del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, obra la cédula actuarial de cinco de julio de dos mil veintidós (fojas 114 a 116 del anexo I), relativas a la notificación por oficio realizada al aquí quejoso respecto del acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós -acto reclamado-, documentales que cuentan con valor probatorio pleno por las razones ya previamente anotadas. Por tanto, esa actuación constituye la fecha de notificación del acto reclamado que debe ser considerada para el cómputo de la promoción del juicio de amparo, al gozar de presunción de validez y al no haber sido impugnada por el medio de defensa ordinario correspondiente, como ilustra por analogía la jurisprudencia 2a./J. 125/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2013077, de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO." De lo anterior se tiene que, el quejoso fue notificado del auto impugnado el cinco de julio de dos mil veintidós, por lo que el plazo general de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, fue excedido, esto es así, porque dicha notificación surtió efectos el mismo día, ya que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos no señala cuando surten efectos las notificaciones por oficio a las autoridades demandadas, por lo que de conformidad con la jurisprudencia P./J. 11/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA"¸ se tiene que tal notificación surtió efectos el mismo día. En consecuencia, si el impetrante de amparo fue notificado del auto impugnado el cinco de julio de dos mil veintidós, el plazo general de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, surtió efectos el mismo día; por tanto, el término para presentar la demanda de amparo trascurrió del seis al veintiséis de julio de dos mil veintidós, descontando el nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de julio del año citado, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; por tanto, si la demanda fue presentada el seis de diciembre de dos mil veintidós, es incuestionable que su presentación es extemporánea, al haber transcurrido más de tres meses y medio para tal efecto. Lo anterior, máxime que en todo caso también se actualizaría la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVlll de la Ley de Amparo, por falta de acatamiento del principio de definitividad, ya que el aquí quejoso, en contra del acuerdo reclamado -que impuso la multa reclamada-, no agotó el recurso de reconsideración previsto en los numerales 98 y 104 a 108 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Además, al tener el quejoso el carácter de parte como autoridad en el mencionado juicio, puede también como persona física interponer dicho medio de defensa a través de los representantes que designaron como autoridades para tal efecto, tal como sustenta por analogía la jurisprudencia 2a./J. 142/2017 (10a.), en materia administrativa, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 775, con número de registro digital 2015839, de rubro y texto: "SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE IMPONE UNA MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECURRIRLA A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES O DELEGADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO. La multa impuesta a la autoridad responsable con motivo del juicio de amparo no repercute en el patrimonio de la dependencia en la que presta su servicio, sino que es una sanción para la persona física derivada de sus conductas u omisiones, por lo que es ésta quien debe cubrirla con sus propios recursos; sin embargo, la multa referida se origina con motivo del cargo público del funcionario y del ejercicio de sus funciones públicas, de manera que no existe impedimento jurídico para que sea representado por los abogados encargados de la defensa jurídica de la institución conforme a las disposiciones aplicables, toda vez que la figura de la representación responde a la finalidad de no distracción de las labores de los titulares de las dependencias públicas, a la no interrupción de sus funciones y, en el caso específico, a evitar que se entorpezcan las labores de las personas morales oficiales mientras los servidores públicos multados ocupan su tiempo en defenderse de la sanción. Además, el legislador no distinguió respecto del alcance, términos, situaciones o etapas procesales en que la representación de las autoridades responsables en el juicio de amparo podría verificarse, sino que fue tajante al prever en el artículo 9o. de la Ley de Amparo que sería "para todos los trámites en el juicio de amparo", lo que se corrobora con las facultades con que se dota a las unidades de apoyo jurídico de las distintas dependencias gubernamentales, a quienes se autoriza generalmente para representar a la persona moral oficial, a su titular y a los demás servidores públicos. Lo anterior no implica que la persona moral tenga legitimación como parte en el medio de impugnación que cuestiona la multa mencionada, así como que el funcionario deje de ser responsable por los actos u omisiones contumaces o ilícitos que la originaron, y que si el medio de defensa no es exitoso, debe cubrir la multa con sus propios recursos en términos de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 103/2014 (10a.)." Lo anterior máxime que en las resoluciones reclamadas en los juicios de amparo indirecto 1551/2022, 1720/2023 y 1623/2022, del índice de este juzgado (resoluciones que desecharon recursos de reconsideración), se obtiene que en las mismas fue criterio de las salas administrativas locales, que los recursos intentados debían ser interpuestos por los afectados por propio derecho y no en su carácter de autoridad, de ahí que desecharon tales medios de defensa por interponerlos en su carácter de autoridad, y señalaron que los mismos tuvieron que haber sido presentados por propio derecho, por tanto, esas determinaciones robustecen lo que aquí se expone en cuanto a que tal medio de defensa puede ser interpuesto por el quejoso por propio derecho. Lo cual constituye un hecho notorio para este juzgado en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de asuntos tramitados ante este juzgado. Lo que también es concordante con lo resuelto en las quejas ********************y ********************, así como los amparos en revisión ********************y ********************del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, así como en los amparos en revisión ********************y********************del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, y las diversas quejas ********************y ********************del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en el sentido de confirmar las resoluciones recurridas, al considerar que en contra de los autos en los que se impone una multa en un juicio administrativo local, procede el recurso de reconsideración en comento. Las cuales igualmente constituyen un hecho notorio para este juzgado, en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al poder ser consultadas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio, en contra del a) auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, emitido en el juicio contencioso administrativo ********************, por la [1] Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se sobresee en el presente juicio respecto a dicho acto y autoridad responsable, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de b) la ejecución de dicho acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós, atribuido al [2] Titular de la Dirección General de Recaudación, y [3] Notificador y Ejecutor Fiscal adscrito a la Dirección General de Recaudación, ambos dependientes de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, al no reclamarse por vicios propios, tal como dispone la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 239008, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Único. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******************** contra los actos reclamados y las autoridades responsables señaladas, por las razones precisadas en este fallo. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Erika de la Cruz Uribe, quien autoriza y da fe, el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. En Cuernavaca Morelos, a las diez horas con veinticinco minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, día y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública, Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia sin asistencia de las partes, no obstante de encontrarse debidamente notificados de ello del juicio de amparo 1815/2022, promovido por Isaac Pimentel Mejía, sin asistencia de las partes. Luego, a fin de relacionar las constancias que obran en autos, la secretaria hace constar que se da lectura a cada una de ellas, entre las que se encuentran por su importancia, el escrito inicial de demanda, auto admisorio e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, la Jueza declara abierto el periodo probatorio: La secretaria procede a dar cuenta con las pruebas ofrecidas por la quejosa así como las allegadas por la autoridad responsable como anexo a su informe justificado y la instrumental de actuaciones que ofreció la quejosa. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza jurídica las pruebas documentales, exhibidas por la quejosa y por la autoridad responsable. Se cierra el presente periodo. Luego, la Jueza declara abierto el periodo de alegatos: En el que la secretaria hace constar que ninguna de las partes ejerció ese derecho ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, quedan los autos en estado de resolución. Doy fe. (Firmado electrónicamente) Nadyelly López Guevara Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos (Firmado electrónicamente) Rosa María Luna Mercado Secretaria del Juzgado En veinticinco de febrero de dos mil veintidós Rosa María Luna Mercado, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, certifica: que la hora del cierre de la audiencia contenida en la evidencia criptográfica correspondiente a las firmas electrónicas, no coincide con la hora de la audiencia precedente, en razón de la carga de trabajo existente en este órgano jurisdiccional, tanto en audiencias como trámite y atención a las partes que asisten a consultar sus expedientes. Doy fe.

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