Isaac Nemias Castañeda García

Expediente 1228/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1228/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Isaac Nemias Castañeda García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    Mexicali, Baja California, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que el día de hoy se dictó proveído mediante el cual se declaró firme el auto en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia y se ordenó el archivo, lo anterior en el juicio principal del que deriva el presente cuaderno de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No hay para la devolución. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Valoración documental. Este expediente es destruible, conforme a los artículos 14 y 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que se declaró sin materia la medida cautelar respecto de todos los actos reclamados. Carátula. Se ordena que la carátula de expediente físico contenga mediante sello, la anotación de "destruible", acorde con lo que establece el artículo 34 del Acuerdo General en referencia. Certificación de incorporación de la totalidad de las constancias recibidas de manera física al expediente electrónico. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que de conformidad con el artículo 9 del mencionado Acuerdo General, todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran debidamente digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico en su totalidad; exceptuadas, las constancias y documentos electrónicos de conformidad con los fundamentos antes mencionados, y artículo 22, párrafo sexto, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, en cumplimiento de los parámetros institucionales más recientes en materia de gestión documental; lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 9, del citado Acuerdo General, se ordena su archivo como asunto total y definitivamente concluido, aunque deberá resguardarse en el "archivo de trámite" de este Juzgado de Distrito por un plazo de tres años, contados a partir de la presente fecha; de igual manera, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.HTTH/RAR/lega

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Adquiere firmeza. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la resolución en la que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No hay para su devolución, conforme a la certificación del secretario que antecede. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Incidente. En el expediente atinente, acuérdese lo conducente. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Valoración documental. Este expediente es destruible, conforme a los artículos 14 y 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que fue sobreseído fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Carátula. Se ordena que la carátula de expediente físico contenga mediante sello, la anotación de "destruible", acorde con lo que establece el artículo 34 del Acuerdo General recién invocado. Certificación de incorporación de la totalidad de las constancias recibidas de manera física al expediente electrónico. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que de conformidad con el artículo 9 del mencionado Acuerdo General, todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran debidamente digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico en su totalidad; exceptuadas, las constancias y documentos electrónicos de conformidad con los fundamentos antes mencionados, y artículo 22, párrafo sexto, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, en cumplimiento de los parámetros institucionales más recientes en materia de gestión documental; lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 9, del citado Acuerdo General, se ordena su archivo como asunto total y definitivamente concluido, aunque deberá resguardarse en el "archivo de trámite" de este Juzgado de Distrito por un plazo de tres años, contados a partir de la presente fecha; de igual manera, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Mexicali, Baja California, a nueve de octubre de dos mil veintitrés. Informe previo. Visto lo de cuenta, recíbase el informe con previo rendido por la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe de que se trata, con el cual se da vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de hacer relación de él en la audiencia incidental relativa. Domicilio. No fue señalado. Delegados. No designaron. Pruebas. Finalmente, de conformidad con el numeral 143 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las probanzas que adjunta a sus oficios el juez responsable, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia incidental respectiva, con lo cual también se da vista a las partes para los efectos legales conducentes. Respecto a los diversos oficios de cuenta, téngansele a la autoridad responsable por hechas las manifestaciones que vierte en el mismo, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.HTTH/RAR/lega

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a nueve de octubre de dos mil veintitrés. Oficios. Agréguese a los autos para que obren como legalmente correspondan, el informe justificado y oficios rendidos por Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; sin que sea necesario dar vista a las partes con el informe de que se trata y sus anexos en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; lo anterior, dado que en la especie se actualiza una causal de improcedencia que da lugar a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, como a continuación se expone: Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, en el caso concreto, de la demanda de amparo podemos advertir que el acto reclamado por la parte quejosa y autoridad responsable son los siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES; ACTOS RECLAMADOS y fecha de notificación: Licenciado RICARDO VALENZUELA BARRERAS, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, TITULAR DE LA CÉLULA II-1 EN MEXICALI, CALIFORNIA, con domicilio ampliamente conocido en Boulevard Lázaro Cárdenas y Calle Novena, colonia Nuevo Mexicali, en esta ciudad de Mexicali Baja California, por ser quien interviene en la carpeta de investigación FED/BC/MXLI/0002606/2023, de quien se reclama: Omisión de prescindir de la prisión preventiva oficiosa en audiencia inicial del veintidós de septiembre del año dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 361/2023 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en Baja California con residencia en Mexicali. Actos que se tuvieron conocimiento en audiencia inicial del día veintidós de septiembre del dos mil veintitrés en audiencia inicial 361/2023 del índice de la autoridad jurisdiccional señalada como responsable. Licenciado MARCELO SILVESTRE PÉREZ HERNÁNDEZ JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN MEXICALI con domicilio en Calzada de los Presidentes número 1241, Zona Río Nuevo, Mexicali Baja California, actuando dentro de la causa penal 361/2023 de su índice, de la que se reclama: Omisión de prescindir de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar; Omisión de abrir debate a efecto de que se justificara la imposición medida cautelar; Imposición de prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Actos que se tuvieron conocimiento en audiencia inicial del día veintidós de septiembre del dos mil veintitrés en audiencia inicial 361/2023 del índice de la autoridad jurisdiccional señalada como responsable." En la especie, respecto del acto reclamado apuntado, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa mediante el acto reclamado, cuyos efectos cesan por la actuación de la propia autoridad; o sea, esa causa de improcedencia se puede actualizar también por ejemplo si el acto reclamado cesa en sus efectos al ser sustituido procesalmente por otro, que es el que rige la situación jurídica sobre el problema específico. Además, la causa de improcedencia de trato también tiene un propósito práctico, pues a fin de cuentas no hay justificación para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando éste ya no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así, es factible entonces destacar dos hipótesis de cesación de efectos de un acto de autoridad, a saber: a) por revocación, y, b) por sustitución. La primera se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda, como se dijo por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, y que procesalmente lo sustituye, de manera que el acto primigenio deja de surtir efectos. En la especie, se actualiza el segundo supuesto (por sustitución), se explica. Los solicitantes del amparo, como se anticipó, reclamaron, la resolución dictada en audiencia de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, dictada dentro de la carpeta judicial 361/2023, en la que sustancialmente se determinó improcedente la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a los aquí quejosos. Luego, de las constancias certificadas allegadas por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y agregadas en el presente auto, se advierte que sobrevino la actualización de la citada causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; lo anterior es así, tal cual se explica más adelante. Documentales públicas que por cierto tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, y de las cuales se advierte, sin lugar a dudas, que en la audiencia para debatir la imposición de medias cautelares de cinco de octubre de dos mil veintitrés, la autoridad responsable resolvió, en lo que interesa, lo siguiente: Abrió a debate respectivo y rechazó la imposición la medida cautelar propuesta por la fiscalía, consistente en prisión preventiva justificada; Impuso a los aquí quejosos en sustitución de la prisión preventiva oficiosa, las siguientes medidas: a) Presentación periódica quincenal los días uno y quince de cada mes o día había siguiente, ante la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión condicional del proceso; b) Exhibición de una garantía económica por la cantidad de ocho mil pesos moneda nacional, en un plazo de ocho días hábiles en billete de depósito; y, c) La prohibición de salir sin autorización de esta entidad federativa de Baja California. Anteriores medidas previstas en el artículo 155 fracciones I, II y V, del Código Nacional de Procedimientos Penales; con la finalidad de garantizar la comparecía de los imputados al proceso y por el tiempo que dure este. Lo anterior revela que mediante la precitada audiencia para debatir sobre la imposición de medidas cautelares, de cinco de octubre del año en curso, la propia autoridad responsable dejó sin efectos la prisión preventiva oficiosa impuesta a la parte quejosa, y ordenó su inmediata libertad. En ese contexto, lo decidido mediante dicha audiencia de cinco de octubre de dos mil veintitrés, sustituyó procesalmente a la inicialmente reclamada (veintidós de septiembre de dos mil veintitrés), acarrando con ello la cesación de efectos de la prisión preventiva oficiosa y, por ende, las violaciones alegadas vía conceptos de violación no podrían repararse mediante la protección constitucional, ya que esa cuestión de la prisión preventiva oficiosa quedó como si se hubiera concedido el amparo, dado que ya no agravia al justiciable. Al efecto, se invoca la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: "Registro digital: 197367 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P. CL/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71 Tipo: Aislada ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En lo conducente, igualmente se estima aplicable el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, el cual establece: "Registro digital: 2008961 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: II.1o.18 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1693 Tipo: Aislada CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA PENAL. SI ÉSTE CONSISTIÓ EN LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR Y DEBIDO A UN ACUERDO REPARATORIO CON LA VÍCTIMA DEL DELITO, SE DECLARÓ EXTINTA LA ACCIÓN PENAL Y, POR ENDE, EL SOBRESEIMIENTO EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, ELLO ORIGINA QUE SE ACTUALICE AQUELLA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SIN QUE EXISTA OBLIGACIÓN DE OTORGAR LA VISTA AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 51/2014 (10a.)]. El artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo dispone que cuando se advierta de oficio una causa de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior" se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", lo que incluso, se establece en la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 24, de título y subtítulo: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO."; sin embargo, si el quejoso señala como acto reclamado la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar y debido a un acuerdo reparatorio con la víctima del delito, se declaró extinta la acción penal y, por ende, el sobreseimiento en la carpeta administrativa correspondiente, obteniendo su inmediata y absoluta libertad, ello provoca que se actualice la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos del acto reclamado), sin que exista obligación de otorgarle la vista para que manifieste lo que su derecho convenga conforme al mencionado artículo 64 y, por excepción, la inaplicabilidad del citado criterio. Es así, porque al decretarse el sobreseimiento en la aludida carpeta, con efectos de cosa juzgada, el acto reclamado quedó insubsistente o sin efecto, pues se resolvió en definitiva sin entrar al fondo del asunto y, conforme a ese estado procesal, ya no habrá otra oportunidad para analizarlo, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación. Por consiguiente, no se vulnera su derecho de audiencia al no poder obtener mayor beneficio que favorezca su situación jurídica, en virtud de haber alcanzado su inmediata y absoluta libertad con rango de cosa juzgada, incluso, tiene conocimiento de esa circunstancia, pues fue parte en el procedimiento de primera instancia y de común acuerdo con su contraparte, propició el hecho que generó la causa de improcedencia de que se trata." Con independencia de lo anterior, al tratarte de una cuestión novedosa, este órgano de control constitucional estima que respecto del acto reclamado consistente en la imposición de la prisión preventiva oficiosa; al efecto, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en virtud de haberse suscitado un cambio de situación jurídica en el procedimiento de origen, toda vez que la propia autoridad responsable, como ya se estableció, en la audiencia para debatir la imposición de medidas cautelares de cinco de octubre de dos mil veintitrés, resolvió en lo que interesa, dejar sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta, y ordenó la inmediata libertad de los imputados Isaac Nemias Castañeda García, Bernardo Chavarin López y Roberto Carlos Chavarin López, única y exclusivamente por lo que hace a la carpeta de investigación 361/2023, imponiendo otras medidas cautelares pero diversas a la prisión preventiva. Dicho en otras palabras, el acto reclamado en cuestión ya no puede ser sujeto a examen en este juicio de amparo, a la luz de los conceptos de violación planteados, dado que no podría estudiarse su legalidad o constitucionalidad sin afectar la nueva resolución emitida por la Juez responsable en la carpeta de investigación de la que emerge el acto reclamado en cuestión. Decisión. En las relatadas condiciones, al actualizarse las dos causales de improcedencia aludidas, procede decretar el sobreseimiento del presente juicio constitucional con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto del acto reclamado en cuestión. Al respecto, es de citarse la de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 386, del tomo XVII, marzo de dos mil tres, cuyo rubro y contenido reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, déjese sin efectos la audiencia constitucional señalada a las doce horas con diez minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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