Isaac Naxi Cuamani
Expediente 1125/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1125/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Isaac Naxi Cuamani
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Visto, lo de cuenta fórmese el expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1125/2018-C, que le corresponde en el libro de juicios que se lleva en este juzgado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso ISAAC NAXI CUAMANI, acude a esta instancia constitucional a inconformarse de la autoridad responsable 1. Magistrados que integran la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, respecto del acto que señala como: A) "1. De los ciudadanos MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA PRIMERA SALA MATERIA PENAL, HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, ESTAD DE PUEBLA, reclamo la falta del aviso respectivo al público en lugar visible para poder presentar promociones de término y/o el nombre del secretario de la primera sala, su domicilio, número de teléfono y dirección donde pueda presentar el escrito o los escritos de término del día de hoy con fecha treinta de noviembre del 2018". Sentado lo anterior, es factible advertir que, respecto del acto que por esta vía se reclama, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso." Del precepto legal trascrito se obtiene que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio de garantías, por lo que aquél debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, pues si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada el juicio de garantías resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/87, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Cabe agregar que el interés jurídico para promover el juicio de amparo debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, según lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Y, en relación con dicho numeral, debe citarse el diverso 6 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Así, de acuerdo con los preceptos transcritos, la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica; entendiéndose por perjuicio la afectación de un derecho legítimamente tutelado por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano competente a fin de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y ello es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Por consiguiente, sólo tiene interés jurídico el particular a quien la norma le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Por su parte, el alto Tribunal ha sostenido en diversos criterios que el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, y supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) una facultad de exigir; y, b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. En ese sentido, no es factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Efectivamente, el interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. El interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Isaac Naxi Cuamani promovió esta instancia constitucional contra un acto de los 1. Magistrados que integran la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, consistente en la falta de publicar el aviso respectivo, en un lugar visible, para presentar promociones de término, y el nombre del secretario, su domicilio y número telefónico, en donde pudiera presentar el escrito de término del treinta de noviembre último; lo anterior, hace que el juicio de amparo resulte improcedente. Lo anterior es así, ya que es de destacar que de los antecedentes narrados por el quejoso en su escrito de demanda, así como del documento que anexó al mismo, se aprecia que su pretensión consiste en promover el juicio de amparo directo, en contra de la determinación emitida por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la cual dice, le fue notificada el siete o doce de noviembre de dos mil dieciocho, mediante estrados de ese órgano jurisdiccional. Sin embargo, es de indicar que contrario a lo afirmado por el solicitante del amparo, el acto que reclama no le genera perjuicio alguno, es decir, tal actuación de la autoridad responsable no afecta de manera irreparable algún derecho sustantivo del quejoso, como se precisa a continuación. Para ello, es necesario citar el precepto legal que establecen los plazos para promover la demanda de amparo, esto es, el artículo 17, de la Ley de Amparo: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;" Del numeral transcrito se advierte que, para la interposición del juicio de amparo directo, respecto del acto por el cual pretende hacer valer el quejoso tal juicio constitucional, es de hasta ocho años. Ahora bien, tomando en consideración que el plazo para combatir una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años, conforme al artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo; mientras que el plazo genérico para la promoción del juicio es de quince días. En ese contexto, si al quejoso se le notificó tal determinación por estrados el siete o doce de noviembre de dos mil dieciocho, es inconcuso que contrario a lo que indica, el plazo para la presentación de una demanda de amparo directo en contra de esa determinación, no es susceptible de fenecer el treinta de noviembre de dos mil diecisiete (sic) (como lo señaló en su demanda de amparo), o inclusive del presente año, sino dentro del plazo aludido de ocho añoS De ahí que, si lo que pretendía el quejoso mediante el ocurso que cita como "de término", era combatir por la vía del amparo directo la sentencia definitiva dictada por los Magistrados integrantes de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, resulta claro que, contrario a lo expuesto por aquél, el acto que reclama, a saber, la omisión de publicar el aviso respectivo, en relación al nombre del secretario adscrito a ese Tribunal, teléfono y dirección, a quien correspondía recibir los escritos de término, el treinta de noviembre pasado; no le causa ningún perjuicio a su esfera jurídica, ya que como se precisó con antelación cuenta con el plazo antes señalado para accionar tal juicio constitucional En las relatadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en lo establecido en el artículo 113 de la ley en cita, se desecha la demanda de amparo que se analiza DOMICILIO Téngase como domicilio de parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda AUTORIZADOS Se tiene a Olga Lidia Aguilar Morales, Jesús Arturo Beltrán Salgado, Rocío García Romero y Marco Antonio Cuazitl Velasco, como autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, al así haberlo solicitado expresamente el quejoso SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Atento la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información DIGITALIZACIÓN Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Visto, lo de cuenta fórmese el expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1125/2018-C, que le corresponde en el libro de juicios que se lleva en este juzgado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso ISAAC NAXI CUAMANI, acude a esta instancia constitucional a inconformarse de la autoridad responsable 1. Magistrados que integran la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, respecto del acto que señala como: A) "1. De los ciudadanos MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA PRIMERA SALA MATERIA PENAL, HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, ESTAD DE PUEBLA, reclamo la falta del aviso respectivo al público en lugar visible para poder presentar promociones de término y/o el nombre del secretario de la primera sala, su domicilio, número de teléfono y dirección donde pueda presentar el escrito o los escritos de término del día de hoy con fecha treinta de noviembre del 2018". Sentado lo anterior, es factible advertir que, respecto del acto que por esta vía se reclama, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso." Del precepto legal trascrito se obtiene que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio de garantías, por lo que aquél debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, pues si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada el juicio de garantías resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/87, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Cabe agregar que el interés jurídico para promover el juicio de amparo debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, según lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Y, en relación con dicho numeral, debe citarse el diverso 6 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Así, de acuerdo con los preceptos transcritos, la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica; entendiéndose por perjuicio la afectación de un derecho legítimamente tutelado por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano competente a fin de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y ello es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Por consiguiente, sólo tiene interés jurídico el particular a quien la norma le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Por su parte, el alto Tribunal ha sostenido en diversos criterios que el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, y supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) una facultad de exigir; y, b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. En ese sentido, no es factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Efectivamente, el interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. El interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Isaac Naxi Cuamani promovió esta instancia constitucional contra un acto de los 1. Magistrados que integran la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, consistente en la falta de publicar el aviso respectivo, en un lugar visible, para presentar promociones de término, y el nombre del secretario, su domicilio y número telefónico, en donde pudiera presentar el escrito de término del treinta de noviembre último; lo anterior, hace que el juicio de amparo resulte improcedente. Lo anterior es así, ya que es de destacar que de los antecedentes narrados por el quejoso en su escrito de demanda, así como del documento que anexó al mismo, se aprecia que su pretensión consiste en promover el juicio de amparo directo, en contra de la determinación emitida por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la cual dice, le fue notificada el siete o doce de noviembre de dos mil dieciocho, mediante estrados de ese órgano jurisdiccional. Sin embargo, es de indicar que contrario a lo afirmado por el solicitante del amparo, el acto que reclama no le genera perjuicio alguno, es decir, tal actuación de la autoridad responsable no afecta de manera irreparable algún derecho sustantivo del quejoso, como se precisa a continuación. Para ello, es necesario citar el precepto legal que establecen los plazos para promover la demanda de amparo, esto es, el artículo 17, de la Ley de Amparo: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;" Del numeral transcrito se advierte que, para la interposición del juicio de amparo directo, respecto del acto por el cual pretende hacer valer el quejoso tal juicio constitucional, es de hasta ocho años. Ahora bien, tomando en consideración que el plazo para combatir una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años, conforme al artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo; mientras que el plazo genérico para la promoción del juicio es de quince días. En ese contexto, si al quejoso se le notificó tal determinación por estrados el siete o doce de noviembre de dos mil dieciocho, es inconcuso que contrario a lo que indica, el plazo para la presentación de una demanda de amparo directo en contra de esa determinación, no es susceptible de fenecer el treinta de noviembre de dos mil diecisiete (sic) (como lo señaló en su demanda de amparo), o inclusive del presente año, sino dentro del plazo aludido de ocho añoS De ahí que, si lo que pretendía el quejoso mediante el ocurso que cita como "de término", era combatir por la vía del amparo directo la sentencia definitiva dictada por los Magistrados integrantes de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, resulta claro que, contrario a lo expuesto por aquél, el acto que reclama, a saber, la omisión de publicar el aviso respectivo, en relación al nombre del secretario adscrito a ese Tribunal, teléfono y dirección, a quien correspondía recibir los escritos de término, el treinta de noviembre pasado; no le causa ningún perjuicio a su esfera jurídica, ya que como se precisó con antelación cuenta con el plazo antes señalado para accionar tal juicio constitucional En las relatadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en lo establecido en el artículo 113 de la ley en cita, se desecha la demanda de amparo que se analiza DOMICILIO Téngase como domicilio de parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda AUTORIZADOS Se tiene a Olga Lidia Aguilar Morales, Jesús Arturo Beltrán Salgado, Rocío García Romero y Marco Antonio Cuazitl Velasco, como autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, al así haberlo solicitado expresamente el quejoso SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Atento la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información DIGITALIZACIÓN Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico
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