Isaac Martin Rendon Mercado

Expediente 219/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
219/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
14/04/2016

Partes del expediente

  • Isaac Martin Rendon Mercado
  • Comisario de la Policia Ministerial del Estado de Mexico

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se colige que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido la resolución por la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 288, 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, glósese el cuaderno relativo al original del incidente de suspensión y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, junto con el original del incidente de suspensión. f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 219/2016 promovido por Isaac Martín Rendón Mercado, contra actos del Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, Isaac Martín Rendón Mercado solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES: "COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TURNO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO." ACTOS RECLAMADOS: ".la orden de citación, presentación y/o aprehensión dictada en mi contra, y la ejecución de dicha orden a través de sus subordinados." SEGUNDO. El peticionario de amparo argumenta en su demanda, que los actos de autoridad que combate trasgreden en su perjuicio los derechos fundamentales y sus garantías, contenidos en los artículos 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. En proveído de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se requirió a las autoridades responsables su informe justificado. CUARTO. En acuerdo de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, se dejó de tener como responsables a las autoridades señaladas por el quejoso como: Agente del Ministerio Público del Primer, Segundo y Tercer Turno de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por lo que esta sentencia no se ocupará de resolver en cuanto a ellas se refiere. QUINTO. La audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, todos de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues los actos se reclaman a autoridades distintas de tribunales judiciales, que afectan la libertad personal del quejoso y por dicho del quejoso se pretenden ejecutar dentro de la demarcación territorial de este juzgado (Toluca, Estado de México). SEGUNDO. Mediante oficio SEADS/463/2016, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, acordó la readscripción a este Juzgado Federal al suscrito Juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías. TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que los actos reclamados en esta instancia lo constituyen los siguientes: a) La orden de citación, presentación o aprehensión, y b) La ejecución de dicha orden. En este sentido, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de literalidad siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, registro 181810, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos epílogo y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." CUARTO. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del mismo, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, registro 212775, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que establece: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." La autoridad Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Comisario General de la Policía Ministerial y del Procurador General de Justicia del estado de México, al rendir informe justificado negó la existencia de los actos que se les reclaman. En ese orden, ante la inexistencia de los actos reclamados a dichas autoridades, y toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna en la audiencia constitucional para desvirtuar las manifestaciones de las responsables, pues correspondía probarlas en razón de que se le arroja la carga respectiva, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuyo texto previene que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción; en la especie, la existencia de los actos reclamados, que por tratarse de hechos positivos es posible probarlos, razón por la cual debe sobreseerse en este juicio de amparo. En consecuencia, es claro que en el caso concreto, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado que no existen los actos reclamados. Apoya lo anterior la jurisprudencia visible en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo, además, en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 219/2016, promovido por Isaac Martín Rendón Mercado, contra los actos, autoridades y por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del licenciado Yamín Dávalos Rosas, secretario que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    Visto el auto que se dictó en esta fecha en el cuaderno principal del que deriva esta incidencia, mediante el cual ha quedado firme la resolución que concedió el amparo solicitado del cual deriva el presente incidente que promovió David Sánchez Legorreta, por lo que procede declarar sin materia este incidente de suspensión y dejar sin efecto las medidas decretadas en el mismo.

  4. Incidental

    Vista la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiesen recurrido la sentencia dictada en el presente juicio; en tal sentido, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2°, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, glósese únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y resguárdese el duplicado de éste, hasta en tanto transcurran seis meses a partir del proveído que se dicta y, fenecido dicho plazo, procédase a su destrucción, conforme a lo que establece el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009. Por otro lado, devuélvanse las copias certificadas del juicio oral 103/2014 y un disco compacto al Juez Oral del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y solicítese el acuse recibo correspondiente. Ahora, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, la concesión del amparo fue, para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "a) Atendiendo los lineamientos de la presente sentencia, dicte una nueva resolución en la que ordene revocar la medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a treinta días de salario mínimo vigente en la localidad, que se impuso y se confirmó al quejoso en la audiencia celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil quince, en la causa de juicio 103/2014 (carpeta administrativa 325/2014). b) Hecho lo anterior, dicte otra en la que ejerciendo su facultad de dictar las medidas de apremio que sean necesarias e idóneas a efecto de hacer cumplir sus determinaciones, reitere en contra del quejoso la aplicación de una medida de apremio consistente en una multa, pero cumpliendo puntualmente con los lineamientos trazados en la presente ejecutoria de amparo." Asimismo, se apercibe a las responsables que de no hacerlo en el tiempo concedido; es decir, en tres días legalmente computados, se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, en caso de su inobservancia, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso. Cabe precisar que conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia están obligadas a realizar dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a la misma responsabilidad que la autoridad antes señalada. Además, en caso de reiterada omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la nueva Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; II. Repita el acto reclamado; III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto; y IV. Incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad. Las mismas penas que se señalan en este Artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo." Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de Amparo, se impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, con independencia de remitir el juicio que se trata al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil en turno, para la continuación del procedimiento de inejecución de la sentencia. Con independencia de lo anterior, se informa a la citada autoridad que de constituirse en actitud omisiva, también puede hacerse acreedora a las sanciones previstas en el artículo 267 de la Ley de Amparo, así como que en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el precepto invocado y en armonía con el Acuerdo General número 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, esto es, para que el Máximo Tribunal determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano