Isaac Maltos Sufientes
Expediente 388/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 388/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 16/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Isaac Maltos Sufientes
- Congreso del Estado de Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Visto lo de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución dictada en este asunto; por lo tanto, con fundamento en el numeral 2 de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena enviar el presente asunto al archivo de trámite y tomando en consideración que se sobreseyó por todos los actos reclamados, aunado al hecho que no es de relevancia documental, procede determinar que este expediente es destruible en un plazo de tres años, contado a partir de la notificación de este proveído. Por tanto, una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo que antecede, procédase a la destrucción de este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Cabe precisar que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos contenidos en el numeral 15 del Acuerdo General en consulta, motivo por el que no se considera de información reservada, además, no obran en autos documentos originales que devolver.
- Principal
En Chihuahua, Chihuahua, a las once horas con diez minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto, licenciado Adolfo Rendón Sotelo, Secretario en Funciones de Juez del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa con el licenciado Guillermo Alberto Flores Cano, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia pública, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo y los informes justificados rendidos por el Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Morelos, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua y Congreso del Estado de Chihuahua, todos residentes en esta ciudad. El Secretario en Funciones de Juez del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, acuerda: téngase hecha la anterior relación de constancias y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes justificados de antecedentes. A continuación, se abre el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, donde se da cuenta al Secretario en Funciones de Juez con la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, ofertadas por el inconforme. El Secretario en Funciones de Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas antes indicadas, para todos los efectos legales. Luego, se pasa a la etapa de alegatos y se hace constar que ninguna de las partes hizo uso de este derecho, por lo que se tiene por celebrada la presente fase de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O para resolver el juicio de amparo 388/2021-II, promovido por Isaac Maltos Sifuentes, por su propio derecho, contra actos atribuidos al Congreso del Estado de Chihuahua, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua y Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Morelos, todos con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorios, en su perjuicio, de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por demanda presentada en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, el cinco de marzo de dos mil veintiuno, turnada hasta el nueve del mismo mes y año a este órgano jurisdiccional, Isaac Maltos Sifuentes, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el Congreso del Estado de Chihuahua, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua y Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Morelos, todos con residencia en esta ciudad, por los siguientes actos: "a).- Del H. Congreso local del Estado de Chihuahua reclamo, la discusión, aprobación, expedición y promulgación de la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio Fiscal 2021, en especial la TARIFA PARA EL COBRO DE DERECHOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 en su apartado IV "POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO" punto 33: "Por la consulta en la Red Electrónica Mundial de índices e inscripciones contenidos en los archivos" b).- Del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, reclamo la publicación de la norma en pugna. c).- Del Secretario de Hacienda reclamo la aplicación de los preceptos legales antes expuestos, mediante el cobro del derecho por la consulta en la Red Electrónica Mundial de índices e inscripciones contenidos en los archivos. d).- Del Director del Registro Público de la Propiedad, reclamo la negativa de permitirme acceder a la consulta en la Red Electrónica Mundial de índices e inscripciones contenidos en los archivos, sin que previamente cubra la cuota o tarifa ya indicada." SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. En proveído de diez de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada bajo el número estadístico 388/2021-II; se ordenó requerir a las autoridades responsables su respectivo informe con justificación; se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se celebró al tenor del acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 37, primer párrafo y 107 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso se promueve el juicio contra la discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto LXVI/APLIE/0952/2020 I P.O. de la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno, cuya ejecución corresponde en la circunscripción territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción y competencia. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de los datos que emanan del escrito de demanda en congruencia con todos sus elementos, incluyendo la totalidad de la información del expediente del juicio se obtiene que el quejoso señala como acto reclamado lo siguiente: - La inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno, en específico el numeral 33 de la Tarifa anexa a dicha Ley, en su apartado IV, en la que se establece el cobro de derechos por la consulta en la Red Electrónica Mundial de índices e inscripciones contenidos en los archivos. - El cobro del derecho por la consulta en la Red Electrónica Mundial de índices e inscripciones contenidos en los archivos. - La negativa de acceder a la consulta en la Red Electrónica Mundial de índices e inscripciones contenidos en los archivos, sin previamente cubrir la cuota o tarifa ya indicada. Así, este órgano jurisdiccional procede al análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, pues de no existir o no quedar acreditado se actualizaría la hipótesis prevista en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en cita, lo cual traería como consecuencia que se decretara el sobreseimiento en el presente asunto, y con ello el estudio innecesario del fondo de este. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, consistente en el cobro del derecho por la consulta en la Red Electrónica Mundial de índices e inscripciones del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, pues así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba en contrario. En consecuencia, lo procedente es, sobreseer el presente juicio por lo que a dicha autoridad se refiere, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, con número de registro 227634, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso del Estado de Chihuahua y Gobernador del Estado de Chihuahua, ambos con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestaron en sus respectivos informes justificados. Además, la existencia de los preceptos legales reclamados no está sujeta a prueba, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, pues basta que esté publicado en un medio de difusión oficial - como es el Periódico Oficial del Estado -, para que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo lo tenga en cuenta al momento de resolver, sin necesidad de que se exhiba un ejemplar donde se contengan las leyes, reglamentos o disposiciones de observancia general reclamados. Resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 65/2000, visible en la página doscientos sesenta, Tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por su parte, el Jefe del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, del Distrito Judicial Morelos, residente en esta ciudad, negó el acto que se le atribuye; empero, dicha negativa se desvirtúa, en razón de que el acceso vía remota a la "Red Electrónica Mundial de índices e inscripciones contenidos en los archivos", es un servicio que ofrece dicha institución a los particulares, por lo que al no permitir el acceso de manera gratuita a la plataforma en cuestión, resulta evidente que el acto que se le reclama, sí existe y le es atribuible. QUINTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examina la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia ochocientos catorce, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos setenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia en el juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Expuesto lo anterior, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no demuestra una afectación a su esfera jurídica, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." La causal de improcedencia en análisis señala la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo una ley que, aunque vigente, no cause perjuicio a la parte quejosa por el sólo hecho de encontrarse en vigor, sino para originar tal perjuicio, como presupuesto de legitimación para ejercer la acción constitucional en concreto, precisa de un acto posterior de aplicación, para entonces irrumpir en la esfera jurídica concreta del gobernado, causándole un perjuicio siendo esto lo que lo legitima para acudir a la presente instancia constitucional. Así es, la figura del interés prevista en el numeral invocado, se relaciona íntimamente con el principio de instancia de parte agraviada que establece el diverso artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, según el cual, el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona que solicita la protección constitucional, Dicho precepto dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." El precepto transcrito, presupone que para la procedencia del juicio de amparo, deber existir previamente un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. De ahí que considerando que el punto jurídico a resolver, está relacionado con la noción de interés jurídico requerido para la procedencia del juicio de amparo, conviene referir que, como lo ha señalado la Primera Sala del Alto Tribunal Nacional, para que pueda afirmarse que quien lo promueve cuenta con este tipo de interés debe acreditar plenamente la existencia de un derecho subjetivo anterior al acto reclamado, así como la afectación de ese derecho por parte de la autoridad. De manera que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar algún acto violatorio de sus derechos fundamentales; es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido legalmente que se ve afectado por un acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. Así, el Alto Tribunal ha considerado, reiteradamente, que el interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino el derecho subjetivo, es decir, una facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. El derecho subjetivo consiste, entonces, en la facultad de exigir a otro una determinada conducta que puede consistir en dar, hacer o no hacer. La noción de interés jurídico ha sido ampliamente abordada por el Alto Tribunal, lo que ha dado origen a una diversidad de tesis jurisprudenciales, de las que deriva que tal figura se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por parte de la autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir ante un órgano jurisdiccional federal, para demandar el cese de esa transgresión; el perjuicio, entonces, debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de amparo, que se afecta de manera inmediata sus derechos sustantivos en forma tal, que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. Por otra parte, a través de una demanda de amparo es posible plantear la afectación de los derechos fundamentales de audiencia y defensa que se consagran en el artículo 14 Constitucional pero para que la acción sea procedente, debe comprobarse su afectación fehaciente, sin que pueda inferirse de presunciones. Los anteriores, argumentos dieron origen a la jurisprudencia 1ª/J.168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de texto y rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Por su parte, el interés legítimo refiere al vínculo entre ciertos derechos fundamentales y determinada persona, sin que a ésta asista alguna facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, sin embargo, está aptitud de expresar agravio diferenciado al resto de la sociedad, al tratarse de interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante; de tal forma que la eventual protección constitucional le represente beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, actual o futuro pero cierto, como resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), consultable en la página 60, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Por lo tanto, contra cualquier acto derivado de autoridades diversas a tribunales, basta que el quejoso alegue y demuestre el interés legítimo; empero, ello no descarta la posibilidad de invocar interés jurídico, evento en el cual el estudio correspondiente debe circunscribirse en determinar si tal extremo está o no acreditado, sin necesidad de emprender el análisis de la demostración del interés legítimo, al no ser el sustento de la pretensión. Lo anterior se deriva de la primera parte de la jurisprudencia recién trascrita, donde en forma clara el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Bajo este contexto, cuando la eventual protección constitucional no represente al amparista algún beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, actual o futuro pero cierto, como resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse, debe llegarse a la conclusión de que no existe interés legítimo para instar la vía constitucional. Expuesto lo anterior, el quejoso no acreditó interés jurídico o legítimo para la promoción de este juicio de amparo, dado que en primer término, no se ajusta al supuesto que regula la legislación reclamada y consecuentemente, no se ocasiona una afectación a su esfera jurídica por parte de las autoridades responsables. En efecto del mencionado precepto 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, también se desprende la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Los artículos 103 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De los preceptos transcritos, se desprende que el juicio de amparo es procedente contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en la Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; así como aquéllos que vulneren o restrinjan la esfera de competencia de alguno de los órdenes de gobierno establecidos en la Constitución Federal. Asimismo, uno de los principios rectores del juicio de amparo, en términos de la fracción I del artículo 107 constitucional, es que dicha acción únicamente procede a instancia de "parte agraviada", lo que se traduce en la exigencia de que la norma o el acto reclamado debe generar una afectación a un interés jurídico o legítimo del quejoso. Tratándose del amparo contra leyes, este requisito de afectación puede generarse en dos posibles momentos, a saber: a) por su sola entrada en vigor y b) con motivo de su primer acto de aplicación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia ha establecido los conceptos de normas autoaplicativas y normas heteroaplicativas, con el propósito de clasificar e identificar los escenarios en que una norma puede generar una afectación a los particulares y la oportunidad para impugnarla en amparo. Conforme a dicha clasificación, las normas autoaplicativas son aquéllas que con su sola entrada en vigor causan una afectación al particular. Por otro lado, las normas heteroaplicativas son aquéllas que no generan un perjuicio sino hasta que se suscita un acto concreto de aplicación de la norma. Asimismo, el Máximo Tribunal de nuestro país adoptó un concepto para diferenciar dichas normas: el de "individualización incondicionada". Sobre lo anterior, el citado Tribunal estableció que dicho principio es consubstancial a las normas autoaplicativas, es decir, las que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, dado que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en razón a que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. En ese sentido, señaló que el principio de individualización incondicionada permite determinar con mayor objetividad la procedencia del amparo contra leyes, puesto que habilita al juzgador a conocer, en cada caso, si los efectos de la disposición legal reclamada ocurren en forma condicionada o incondicionada, siendo dicha condición la realización de un acto necesario para que la ley adquiera individualización. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 55/97 (9ª), visible en la página 5, Tomo VI, Constitucional-Común, Julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 198200, del rubro y texto: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Por tanto, cuando las obligaciones derivadas de la ley nazcan con ella misma, al margen de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. En cambio, cuando las obligaciones que impone el mandato legal no surjan en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiera para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se estará en presencia de una ley heteroaplicativa o de individualización condicionada. Asimismo es menester destacar que, tratándose de las normas heteroaplicativas, el acto concreto de aplicación de las mismas puede efectuarse de las siguientes formas: a) de manera directa por una autoridad, b) por parte de un particular que actúe por mandato expreso de la ley, como sucede, por ejemplo, en el caso de los retenedores de las contribuciones; o bien, c) cuando el agraviado se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de una autoridad. Además, debe precisarse que no cualquier acto de aplicación de una ley heteroaplicativa puede dar pauta para impugnar su inconstitucionalidad en amparo, es decir, debe tratarse del primer acto de aplicación que afecte al gobernado en su interés jurídico, ya que, de lo contrario, se vulneraría el principio de 'instancia de parte agraviada', contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha causado ningún perjuicio al promovente. Sirve de apoyo la tesis aislada P. XCVII/95 (9ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 200276, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Noviembre de 1995, página 92, que versa: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACION, EL ACTO DE APLICACION DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERES JURIDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente." Al respecto el Alto Tribunal ha establecido el criterio de que el acto de aplicación de una ley heteroaplicativa debe ser, necesariamente, real y actual, es decir, no deben tratarse de actos futuros e inminentes, dado que ello implicaría analizar en abstracto la constitucionalidad de una norma que no causa perjuicio con su sola iniciación de vigencia, situación técnicamente inadecuada dentro del juicio de amparo. Acotado lo anterior, se procede a analizar la naturaleza de los actos reclamados consistentes en la inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno, en específico el numeral 33 de la Tarifa anexa a dicha Ley, en su apartado IV, en la que se establece el cobro de derechos por la consulta en la Red Electrónica Mundial de índices e inscripciones contenidos en los archivos, así como su aplicación al negar el acceso a la consulta en la Red Electrónica Mundial de índices e inscripciones contenidos en los archivos, sin previamente cubrir la cuota o tarifa ya indicada. Ahora, dichos actos los reclama el inconforme en su carácter de autoaplicativos, no obstante, quien resuelve considera que contrario a lo manifestado por el quejoso no le asiste interés jurídico para combatir la norma que aduce inconstitucional, pues no reviste el carácter que le atribuye (autoaplicativa), por los motivos que a continuación se expondrán. De entrada, al ingresar a la base de datos electrónica del Registro Público de la Propiedad, se informó al inconforme que tenía que realizar un pago por la cantidad de $1,120.35 (mil ciento veinte pesos 35/100 moneda nacional) de forma mensual o de $10,836.62 (diez mil ochocientos treinta y seis pesos 62/100 moneda nacional) de forma anual, para acceder a la información ahí contenida. Luego, resulta necesario transcribir el contenido de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, en específico, el numeral 33 contenido en la tarifa anexa en su capítulo IV, establece: "IV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO, SE COBRARÁN LAS SIGUIENTES CUOTAS: (...) 33. Por la consulta en la Red Electrónica Mundial de índices e inscripciones contenidos en los archivos. 33.1 Por mes. 1,120.35.00 33.2 Por año. 10,836.62.00" De la anterior transcripción se advierte que para acceder a la base datos del Registro Público de la Propiedad, a través de la red electrónica mundial, es indispensable, cubrir la totalidad de la cuota o tarifa, ya sea mensual o anual; dicho de otra manera, hay que enterar el cobro del derechos que genera la prestación de ese servicio. En ese tenor, si bien es cierto que la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Estado de Chihuahua, a través de las Oficinas del Registro Público de la Propiedad tiene a disposición de los usuarios, el acceso a la información en cuestión de manera pública y gratuita de forma presencial, también lo es que, tal circunstancia, de alguna manera significa que la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintiuno, en específico, el numeral 33 contenido en la tarifa anexa en su capítulo IV, sea una norma de carácter autoaplicativa, toda vez que no se está en presencia de una norma que genere desde su vigencia, imperativamente al gobernado, un perjuicio, porque no crea, transforma o extingue situaciones concretas de derecho; de ahí que no se presenta en todos los particulares, sino exclusivamente en aquellos que encuadren en la hipótesis normativa, en el caso concreto, los que accedan a la consulta vía internet, los índices e inscripciones contenidos en los archivos de dicha institución. Lo anterior, se sustenta en la tesis 3a. LII/91, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo VII, Marzo de 1991, página 50, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro digital 207025, de rubro y texto siguiente "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACREDITA UNICAMENTE POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE TRATE DE UNA LEY AUTOAPLICATIVA. No debe confundirse el carácter de autoaplicativa de la ley, con el interés jurídico para reclamarla en amparo, pues mientras que aquél se refiere a la obligatoriedad del mandato legal desde que entra en vigor, el segundo se relaciona con la afectación que el propio mandato origina a la parte quejosa; afectación que debe probarse, tomando en cuenta que el artículo 4o. de la Ley de Amparo previene que el juicio de garantías únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Así para legitimar el ejercicio de la acción constitucional no es suficiente con que las disposiciones de la ley resulten obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, sino que es indispensable demostrar que el quejoso se encuentra en los supuestos de las normas que pretenda impugnar, ya que sólo así se puede concluir que la ley, desde el momento de su iniciación de vigencia, afecta los intereses jurídicos del solicitante del amparo." Así, cuando se impugnan normas generales, la afectación al interés jurídico, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación de tales leyes, sino que debe acreditarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que para que el juicio de amparo contra leyes o normas generales sea procedente cuando se reclama una norma por su sola entrada en vigor, no basta que su naturaleza sea autoaplicativa, sino además se requiere que cause perjuicio al quejoso, esto es verificar si el quejoso se halla o no en el supuesto hipotético de la disposición jurídica de que se trate, lo cual es materia de prueba, por lo que amerita el examen jurisdiccional de las pruebas que, en su caso se aporten para tal extremo. Razonamientos que se plasmaron en la Tesis Aislada 2a. LXXII/2014 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 8, Tomo I y página 404, que es de contenido: "MENORES DE EDAD. AUN CUANDO LOS ARTÍCULOS 22 BIS, 173, 174, 175 BIS Y 176 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO ACREDITE QUE ES O EMPLEA ESE TIPO DE TRABAJADORES PARA IMPUGNARLOS A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). Los preceptos citados regulan las medidas de vigilancia y protección para los trabajadores menores de edad fuera del círculo familiar; establecen restricciones laborales y medidas de control para los trabajadores que sean mayores de 14 y menores de 16 años; normalizan las actividades artísticas, de desarrollo científico, deportivo o de talento de los menores de 14 años; e incorporan el catálogo de las labores que se consideran peligrosas e insalubres tratándose de menores de 14 a 16 años de edad y de menores de 18 años. Ahora, cuando a través del juicio de amparo se reclama una norma general por su sola entrada en vigor, no basta que su naturaleza sea autoaplicativa, sino que además se requiere que cause perjuicio, para lo cual es indispensable verificar si los quejosos se hallan o no en el supuesto hipotético de la disposición jurídica de que se trate, lo cual es materia de prueba, por lo que amerita el examen jurisdiccional de las que en su caso se aporten para tal extremo. Así, para identificar si los artículos 22 bis, 173, 174, 175 bis y 176 de la Ley Federal del Trabajo vinculan al quejoso con su entrada en vigor, éste debe acreditar que es menor de edad o emplea trabajadores con esas características." Orienta las conclusiones apuntadas la Jurisprudencia con número de registro 206527, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en el Tomo I, y página 267, que sustenta: "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERES JURIDICO EN AMPARO CONTRA. Cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe, en la audiencia constitucional, que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico; pues no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de los preceptos de la norma." En consecuencia, aun y cuando la parte quejosa como pruebas de su intención, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, tales probanzas no son idóneas para acreditar el interés jurídico y la aplicación del precepto legal impugnado, así como el acto de aplicación del pago de derechos para acceder vía internet a la base de datos e información proporcionada por el Registro Público de la Propiedad, menos aun que se está causando un perjuicio en su esfera jurídica, pues la sola vigencia de la porción normativa de que se trata, no genera un perjuicio cierto y directo, sino que se requiere para actualizarlo de un acto diverso que condicione su aplicación. En resumen, se concluye que la sola entrada en vigor de la norma reclamada no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, toda vez que es necesaria la realización de un acto para que las hipótesis que prevé adquieran individualización, esto es, la existencia de un acto concreto de aplicación para que se actualice su perjuicio; circunstancia que como se explicó, no se acreditó. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis: I.10o.C.40 C, consultable en el Tomo XX, Agosto de 2004, página 1550, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 180957, con rubro y texto siguientes: "APELACIÓN, RECURSO DE. EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 693 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DE VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL CUATRO, TIENE EL CARÁCTER DE NORMA HETEROAPLICATIVA. El precepto legal en cita, es de naturaleza heteroaplicativa, ya que por su sola vigencia no causa perjuicio alguno a los gobernados, sino que es necesario un acto posterior de aplicación para que se acredite el agravio personal y directo, puesto que el artículo en comento establece las formalidades relativas a la interposición del recurso de apelación, el cual será admitido por el Juez de origen sin sustanciación alguna, si fuere procedente, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: que en el escrito se hayan hecho valer los agravios respectivos y, además, que se justifique, con el recibo correspondiente, el pago de las copias que integrarán el testimonio de apelación de que se trate y de esa manera el juzgador expresará en el auto correspondiente, si la admite en ambos efectos o en uno solo. Por tanto, la sola vigencia de la disposición normativa de que se trata, no genera un perjuicio cierto y directo, sino que se requiere para actualizarlo, de un acto diverso que condicione su aplicación, a saber, que el demandante de garantías interponga un recurso de apelación y el juzgador condicione su admisión al cumplimiento de los requisitos a que se hizo precedente referencia, a efecto de hacer procedente el juicio de garantías." En las relatadas condiciones, al actualizarse la causas de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto a las autoridades y actos precisados en este considerando, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la legislación invocada. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo, promovido por Isaac Maltos Sifuentes, respecto, por los actos, autoridades y por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese y hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Así lo resolvió y firma Adolfo Rendón Sotelo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en funciones de Juez, con apoyo en el artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, por la comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Guillermo Alberto Flores Cano, Secretario de Juzgado, con quien actúa; autorizado mediante firmas electrónicas (FIREL). Doy fe. *memo V I S T O para resolver el juicio de amparo 388/2021-II, promovido por Isaac Maltos Sifuentes, por su propio derecho, contra actos atribuidos al Congreso del Estado de Chihuahua, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua y Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Morelos, todos con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorios, en su perjuicio, de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,
- Principal
se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo.
- Principal
Visto el estado actual de los autos, se advierte que a la fecha no se encuentra integrado el presente asunto, a efecto de enviarse al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para la tramitación del recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, toda vez que no obran los acuses de recibo de los oficios 7388/2020, 19800/2020 y 19801/2020, dirigidos al Gerente del Registro Público de Derechos de Agua, con sede en Ciudad de México y Director Local en Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, respectivamente. Por tanto, rexpídase los mismos y envíese vía paquetería acelerada.
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