Isaac Juan Francisco
Expediente 318/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 318/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/05/2022
Partes del expediente
- Isaac Juan Francisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Vistos; I. El oficio signado criptográficamente por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por el que remite el ocurso signado por Christian Uriel Cázares Trejo, mediante el cual, realiza manifestaciones relativas a la prevención formulada en auto de diecisiete de marzo del año en curso. II. La certificación que antecede y el estado de autos, de los que se desprende que transcurrió el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara en contra del proveído de tres de mayo de esta anualidad, en el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo intentada. Al efecto, se acuerda: Respecto del punto I que antecede, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta y anexo; sin que haya lugar acusar recibo del mismo, toda vez que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) lo genera automáticamente. En atención al contenido del ocurso remitido, se deja de emitir pronunciamiento relativo, toda vez que en auto de tres del actual, se proveyó lo conducente al desahogo de la prevención en cita. Tocante al diverso punto II de prelación, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el auto de tres de mayo mil veintidós, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; con fundamento en su ordinal 12, este expediente es destruible al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso d), en relación con el precepto 35, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo intentada; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se tramitó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de mayo de dos mil veintidós. Visto; el oficio signado criptográficamente por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por el que remite el ocurso signado por Christian Uriel Cázares Trejo, mediante el cual, realiza manifestaciones relativas a la prevención formulada en auto de diecisiete de marzo del año que transcurre. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta y anexo; sin que haya lugar acusar recibo del mismo, toda vez que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) lo genera automáticamente. En atención al contenido del ocurso remitido, se deja de emitir pronunciamiento relativo, toda vez que en auto de tres del mes y año que transcurre, se proveyó lo conducente al desahogo de la prevención en cita. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de mayo de dos mil veintidós. Vistos; I. El oficio signado criptográficamente por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 22/2022 con número de orden 84/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, enviado para notificar el proveído de diecisiete de marzo del año en curso a Christian Uriel Cazares Trejo, quien se ostentó como defensor particular del quejoso Issac Juan Francisco. II. El estado de autos, de los que se desprende que mediante proveído de doce de abril del año que transcurre, este órgano jurisdiccional se reservó emitir pronunciamiento respecto del ocurso signado criptográficamente por la parte promovente, relativo al desahogo de la prevención formulada, hasta en tanto obraran las constancias relativas al exhorto en comento. Al efecto, se acuerda: I. Devolución de exhorto. Respecto de la reseña efectuada en el punto I, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comunicación de cuenta y anexos. En atención a su contenido, téngase por devuelto debidamente diligenciado el exhorto de referencia; asimismo, dése de baja en el libro de gobierno respectivo; sin que sea necesario acusar recibo del mismo, toda vez que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), lo genera automáticamente. II. Desahogo de prevención. Tocante a lo descrito en el diverso punto II y tomando en consideración lo proveído en párrafos que preceden, se levanta la reserva decretada en auto de doce de abril del año que transcurre. Ahora, analizadas las constancias que remitió el Juzgador Federal oficiante, se observa que el proveído de diecisiete de marzo del año que transcurre, fue notificado en forma personal a su destinatario, el veintisiete de abril de la presente anualidad, surtiendo sus efectos el día hábil siguiente, esto es, el veintiocho de ese mes y año; entonces, el plazo de cinco días concedido para desahogar la prevención en comento, transcurre del veintinueve de abril al nueve de mayo de este mismo año; por lo que, si el ocurso signado criptográficamente por Christian Uriel Cazares Trejo, fue recibido el once de abril de este año; resulta inconcuso que el mismo fue presentado en tiempo y forma. III. Desechamiento. Ahora bien, del contenido del escrito de referencia, se advierte que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. En primer lugar, para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este Órgano de Control Constitucional, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el promovente combate: "[...] El Auto de Vinculación a Proceso dictado en contra de ISAAC JUAN FRANCISCO con fecha 26 de diciembre de 2021. [...]" (sic) Ahora, de la lectura que se hace al escrito de demanda y el diverso aclaratorio, se advierte -como ya se precisó- que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, misma que consigna que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previstos; improcedencia que se actualiza respecto al acto que se reclama. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció los requisitos que se deben colmar para estimarse que un acto de autoridad ha sido consentido, según el criterio siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." De lo anterior, se aduce que para que un acto de autoridad sea considerado consentido tácitamente, deben actualizarse los requisitos siguientes: 1. Que el acto reclamado exista y que el agraviado lo conozca, pues no podría consentirse de manera tácita, un acto que no se conoce y que por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; 2. Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque dicho impetrante se hubiere conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo, que desde luego, no sería intentado; y 3. Que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal previsto. En el caso particular, se colma el primer y segundo requisito para ser un acto consentido, toda vez que éste resulta ser el auto de vinculación a proceso dictado el veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 186/2021, del índice del Juzgado de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas; acto que incuestionablemente le causa un agravio al impetrante de amparo, tan es así, que pretende controvertirlo en esta vía constitucional. Por lo que hace al tercer requisito, que establece que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, éste se encuentra acreditado por las razones que se exponen a continuación: El referido arábigo 17, señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18, de la propia ley, dispone que los plazos se computarán a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley del acto. La segunda hipótesis consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Cabe aclarar que en relación con los tres criterios que deben tomarse en cuenta para comenzar a computar el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. De igual forma, se advierte con claridad que la intención del legislador fue que el término para demandar la protección constitucional empezará a contarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas. Antes de abundar respecto al estudio de la causa de improcedencia invocada, resulta conveniente transcribir, en lo que interesa, lo narrado por el promovente en su escrito aclaratorio en donde se le requirió para que precisara cuando tuvo conocimiento el quejoso del acto reclamado, por lo que al respecto señaló: "El quejoso tuvo conocimiento en la audiencia que se dictó el acto reclamado, el 26 de diciembre de 2021." (Sic) -Lo resaltado es propio- Lo anterior, constituye una confesión expresa, que no admite prueba en contrario de conformidad con los artículos 95, 96, 123 y 199, fracciones I, II y II, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que disponen, que la confesión puede ser expresa o tácita; expresa, la que se hace clara y distintamente, al formular o contestar la demanda, ya sea al absolver posiciones, o en cualquier otro acto del proceso, pues como se ha visto, el promovente señaló que su defendido tuvo conocimiento del acto que se combate el veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno. E esa virtud, cabe precisar que tratándose de actos y resoluciones emitidas en las audiencias de corte penal acusatorio y oral, con la presencia del quejoso, se conocen en ese propio acto, por lo que el cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo en su contra, debe iniciar a partir del día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto, es decir, al consecutivo de su celebración, que fue el día de la propia audiencia. Ello porque conforme al artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el conocimiento de los actos se produce en la misma fecha en que se celebra la audiencia, aunado a que la notificación de las resoluciones dictadas en forma oral, tanto a los intervinientes en aquélla, como a quienes se encontraban obligados a asistir, quedan formalmente realizadas. Ilustra lo anterior la tesis II.2o.P.98 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro y texto: ACTOS Y RESOLUCIONES EMITIDOS EN LA AUDIENCIA INICIAL EN PRESENCIA DEL QUEJOSO DENTRO DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE INICIAR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA CELEBRACIÓN DE AQUELLA DILIGENCIA [ACLARACIÓN DE LA TESIS II.2o.P.83 P (10a.)]. Hechos: En el marco de un proceso penal acusatorio, el quejoso combatió, vía amparo indirecto, la calificación de la detención emitida en la audiencia inicial; el Juez de Distrito estimó que la demanda de amparo no se presentó dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, por lo que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, del ordenamiento citado, relativa a el consentimiento tácito del acto reclamado. Criterio jurídico: En una nueva reflexión sobre el tema abordado en la tesis aislada II.2o.P.83 P (10a.), este tribunal estima pertinente aclarar su contenido respecto de las notificaciones, a fin de evitar posibles confusiones de interpretación futura, para puntualizar que la existencia de actos y resoluciones emitidos en la audiencia (en presencia del quejoso) dentro del proceso penal acusatorio, se conocen en ese propio acto, por lo que el cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo en su contra, debe iniciar a partir del día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto (al siguiente de su celebración), que fue el día de la propia audiencia y no de aquella en que se obtiene copia autorizada de esa diligencia o la emisión de su versión escrita. Justificación: En el sistema penal de corte acusatorio, conforme a los principios de publicidad e inmediación, la audiencia, en sí misma, implica una participación real en el acto jurídico con el involucramiento de las partes en el desarrollo de las diligencias que conforman el proceso penal. De manera que conforme al artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el conocimiento de los actos se produce en esa misma fecha, aunado a que la notificación de las resoluciones dictadas en forma oral, tanto a los intervinientes en aquélla, como a quienes se encontraban obligados a asistir, quedan formalmente realizadas. Por tanto, para la presentación de la demanda de amparo, respecto de los actos emitidos y presenciados, debe partirse de esa fecha en función de su innegable conocimiento en la misma audiencia, ya que se reconoce el efecto contundente de que el interesado participa en ella; por ello, no puede alegarse que no tuvo conocimiento de la emisión del acto, cuando éste se realizó en su presencia material y formalizada. Ello, con independencia de la fecha formal en que surta efectos la notificación respecto de actos diversos, o bien, tratándose de personas que no estuvieron presentes en la audiencia, conforme al artículo 82 del propio código, pues es evidente que se actualizan supuestos distintos. De ahí, que en el caso particular, el cómputo para la promoción del juicio de amparo comenzó a partir del día siguiente a aquel en que quedó legalmente hecha la notificación de la resolución reclamada; es decir, si la notificación reclamada quedó formalmente hecha el veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, por haber estado presente el aquí quejoso en la misma, tal notificación surtió sus efectos en esa misma data, por lo que el término para promover la demanda de amparo, comenzó a correr el veintisiete del mes y año en cita, y feneció el catorce de enero de esta anualidad, atendiendo al contenido del invocado artículo 63, del Código Nacional de Procedimientos Penal, que prevé que las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión. Por tanto, el término referido en el precepto 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del modo siguiente: Diciembre de 2021 LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Enero de 2022 LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Febrero de 2022 LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Marzo de 2022 LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado. B) Fecha en que inició el término para promover el juicio de amparo. C) Fecha en que concluyó el término para promover el juicio de amparo. D) Días inhábiles. E) Fecha en que se presentó la demanda de amparo. Luego, si de las constancias de cuenta se advierte que la parte promovente presentó la demanda de amparo, el quince de marzo del año en curso, según se advierte de la papeleta de recepción emitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa; por ende, es claro que ya había transcurrido el término de quince días hábiles que prevé la ley, conforme al cómputo ya mencionado. Por tanto, en el caso en concreto se actualiza la casual de improcedencia tutelada en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al existir consentimiento tácito del acto reclamado por parte del peticionario de amparo al no haber presentado su ocurso inicial dentro del plazo que la ley de la materia le otorga para tal efecto. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado en esta instancia constitucional no encuadra en alguna de las hipótesis de excepción que prevé el arábigo 17 de la Ley de Amparo, ya que no se reclama norma autoaplicativa alguna, sentencia condenatoria a pena de prisión, acto que pretenda privar en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, o algún acto de los previstos tanto en los numerales 22 de nuestra Carta Magna, como en el 15 de la ley de la materia, pues se reclama el auto de vinculación a proceso de veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 186/2021, del índice de la autoridad penal responsable. Bajo esas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por lo que lo procedente es desechar la demanda de amparo indirecto intentada. IV. Consulta electrónica del expediente y notificaciones electrónicas. Atento, a lo peticionado por el promovente, de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se autoriza la consulta electrónica del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, se ordena al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), en la hipótesis de encontrarse registrado, dar de alta en el presente juicio al usuario "representacionlegalenpuebla", para tal efecto. Por otra parte, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, tomando en consideración lo proveído en el párrafo inmediato anterior, se autoriza hacer las notificaciones electrónicas a través del usuario "representacionlegalenpuebla"; por lo que se instruye a los actuarios de la adscripción para que tomen nota. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de abril de dos mil veintidós. Vistos; I. El oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, mediante el cual remite el ocurso firmado criptográficamente por Christian Uriel Cazares Trejo, parte promovente, por el que en atención a la prevención formulada en auto de diecisiete de marzo del año en curso, realiza diversas manifestaciones. II. El estado de autos, de los cuales se desprende que aún no ha sido devuelto el exhorto 22/2022, con número de orden 84/2022, de diecisiete de marzo del año que transcurre, enviado al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Puebla en Turno, con residencia en Puebla, Puebla, a efecto de notificar personalmente a Christian Uriel Cazares Trejo, ostentándose como defensor particular del quejoso Issac Juan Francisco. Al efecto, se acuerda: Respecto del punto I que antecede, con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos las comunicaciones de cuenta y anexos. En atención al contenido del ocurso que remitió el Juzgado oficiante, concatenado con lo precisado en el diverso punto II, este órgano jurisdiccional SE RESERVA emitir pronunciamiento en torno al desahogo de la prevención de referencia, hasta en tanto obren en autos las constancias condignas a la comunicación 22/2022, con número de orden 84/2022, de la estadística de este juzgado. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 11,092 expedientes
- Irving Millán Castro1094/2019
- Irving Misrraim Álvarez Díaz1690/2016
- Irving Octavio Sanchez Arguello2034/2016
- Isaac Gilberto Zapata Pérez1049/2018
- Isaac Hernandez Diaz2176/2016
- Isaac José Chacón568/2020
- Isaac Pérez Martínez101/2018
- Isabaelino León Miranda1892/2016
- Isabel Armendariz Arizmendi977/2023
- Isabel del Carmen Zebadúa Peña334/2018
- Isabel Esperanza Villareal Velázquez271/2022
- Isabel Esperanza Villarreal Velázquez854/2021