Isaac Jacob Rivera Valencia

Expediente 322/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
322/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Isaac Jacob Rivera Valencia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    PRAL 322/2023 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Se agrega escrito. Agréguese el escrito firmado por el quejoso ***********, mediante el cual realizó las manifestaciones siguientes: (Imagen escaneada) 1.1. Se da vista a la defensora. En esas condiciones, a efecto de no vulnerar sus derechos humanos de acceso a la justicia y toda vez que el quejoso carece de los conocimientos en la materia, se ordena dar vista a la defensora pública del quejoso con el escrito de cuenta, para que en el plazo de tres días, manifieste lo correspondiente en relación a lo argumentado por el quejoso. Con el apercibimiento que, de no manifestar nada al respecto dentro de ese plazo, se tendrá a la parte quejosa únicamente por hechas sus alegaciones, los cuales, en su caso, serán considerados una vez que se analice el cumplimiento dado por las responsables a la ejecutoria de amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a su defensora pública. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 322/2023 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estados de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, sin que se haya interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 1.1. Causa ejecutoria la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 1.2. Se deja sin efecto la suspensión decretada. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que se dejan sin efecto las providencias decretadas a favor de la parte quejosa en auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo ******************** del Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, el cual determinó carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo. 2. Requerimiento de cumplimiento de sentencia. Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable, director General del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-OAXACA", para que, dentro del plazo de tres días, cumpla en sus términos la ejecutoria de amparo; cuyo efecto es del tenor siguiente: " SÉPTIMO. Efectos de la concesión: En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la justicia solicitada, para los efectos siguientes: 1. El director General del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-OAXACA": 1o Dé respuesta a la petición que le formuló el quejoso ********************, respecto al 1) cambio de modulo y 2) medidas de protección. 2o Le notifique al quejoso las respuestas recaídas a la petición antes citada." (Transcripción) 3. Apercibimiento. Se le(s) apercibe que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá multa de cien días calculados al valor inicial diario de la unidad de medida y de actualización (UMA). Además, se continuará con el trámite previsto en el numeral 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, esto es, se impondrán las multas que procedan y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución. 4. Publicación de datos personales. Como las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 5. Se requiere información a la agente del Ministerio Público. Por otra parte, visto los autos se advierte que se otorgó vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, para que investigara los hechos relativos a la tortura que la parte quejosa expresó; por lo que, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del artículo 2°, se requiere a la referida autoridad ministerial para que informe lo relativo a la investigación efectuada respecto a la tortura que la parte quejosa manifestó. 5.1. Apercibimiento. Se le apercibe que de no cumplir o no informar el impedimento legal o material que tenga para ello, se le impondrá, como medio de apremio, una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL. 322/2023 MESA 3* ********************Visto para resolver el juicio de amparo 322/2023; y, ********************RESULTANDO:********************PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante boleta de turno remitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, al que adjuntó el oficio 8241/2023, firmado por la secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, y anexó el juicio de amparo 452/2023, en el que ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del director General de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-OAXACA" y de otras autoridades, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia.********************SEGUNDO. Tramite de la demanda. En auto de tres de abril de dos mil veintitrés se registró la demanda de amparo con el expediente 322/2023 y se previno a la parte quejosa en los términos ahí indicados.********************Mediante escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil veintitrés la parte quejosa aclaró los actos reclamados, y manifestó su deseo de ya no señalar como autoridad responsable al "DIRECTOR DE SEGURIDAD Y GUARDIA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL TRECE "CPS-OAXACA".********************En auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés se desechó la demanda de amparo.********************Inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y en ejecutoria de cuatro de julio de dos mil veintitrés, emitida en el recurso de queja 171/2023, se declaró fundado el citado medio de impugnación. ********************En auto de doce de julio de este año se admitió a trámite la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.********************En auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés se dio vista a la parte quejosa con la denominación de la autoridad señalada como "DIRECTOR DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL 13 "CPS OAXACA", y dado que no se desahogó la vista, en auto de ocho de septiembre de dos mil veintitrés se tuvo por inexistente a la citada autoridad.********************Finalmente, la audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede.********************C O N S I D E R A N D O:********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021 que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza penal.********************SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados.********************En el caso, de la lectura efectuada a la demanda de amparo, del escrito aclaratorio, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa reclama:********************Del director General del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-OAXACA":********************La omisión de atender las solicitudes de 1) cambio de modulo y 2) medidas de protección.********************Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, página 1511, registro 1003226, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".********************TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, director General del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-OAXACA", fue omisa en rendir el respectivo informe justificado que le fue solicitado en auto de doce de julio del año en curso, pese haber quedado notificada de dicho auto el catorce de julio de este año, respectivamente.********************Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto admisorio y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se presume cierto el acto reclamado por la parte quejosa.********************CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, resulta imperante examinar si en este asunto opera alguna causa de improcedencia, por ser de orden público dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62 de la Ley de Amparo.********************Así, al haberse analizado y valorado previamente todas las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza alguna causa de improcedencia obvia y objetiva que deba estudiarse de oficio, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto.********************QUINTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló el concepto de violación que se tiene por reproducido y no se transcribe, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN".********************SEXTO. Estudio de fondo. Resulta fundado el concepto de violación aducido por la parte quejosa, en el sentido de que la autoridad responsable ha vulnerado en su perjuicio el artículo 8° Constitucional.********************Por tanto, a fin de evidenciar las razones por las que deriva fundado el motivo de inconformidad de la parte quejosa, es menester citar el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone:********************"Artículo 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.****************************************A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario".********************Del citado precepto se advierte que el derecho de petición implica que los gobernados tienen la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular peticiones de manera escrita, incluso de cualquier índole. Así, el Estado y sus autoridades (funcionarios y empleados), por virtud de la relación jurídica consignada en el artículo constitucional antes reproducido, tienen la obligación ineludible de:********************a) Dictar un acuerdo por escrito a la solicitud que el gobernado plantee y,********************b) Darlo a conocer en breve término al interesado, de forma personal.********************Lo anterior siempre que el gobernado cumpla con los requisitos que son: 1º que formule la petición por escrito, 2º que sea de manera pacífica y de manera respetuosa.********************Así, se puede concluir que los elementos del derecho de petición son:********************Petición:********************1. Formularse de manera pacífica y respetuosa.********************2. Dirigirse a una autoridad.********************3. Proporcionar un domicilio para recibir respuesta.********************Contestación:********************1. Emitirse en breve término.********************2. Ser congruente con la petición.********************3. Ser notificada en el domicilio señalado para ese efecto.********************Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXII, agosto de 2005, registro 177628, del rubro y texto siguiente:********************"DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo".********************Por otra parte, los artículos 9, fracciones II, IX y XII, 30, 107 al 112, 114 y 115, de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen lo siguiente: ********************"Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario. Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas.********************Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: (...);********************II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; (...) ********************IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; (...)********************XII. Los demás previstos en la Constitución, Tratados y las demás disposiciones legales aplicables. ********************Toda limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras, en su caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad."******************** "Artículo 30. Condiciones de internamiento ********************Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad.********************Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas."********************"Artículo 107. Peticiones administrativas ********************Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento."********************"Artículo 108. Legitimación********************Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a:********************I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva;********************II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho;********************III. Los visitantes;********************IV. Los defensores públicos o privados;********************V. El Ministerio Público;********************VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y********************VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas." ********************"Artículo 109. Sustanciación de las peticiones ********************Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación.********************Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. ********************El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad."********************"Artículo 110. Formulación de la petición ********************Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión.********************La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. ********************En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas."******************** "Artículo 111. Acuerdo de inicio********************Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente.********************En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada."********************"Artículo 112. Trámite del procedimiento********************Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera.********************La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición."******************** "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas********************El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución.********************Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. ********************Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento.********************Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria.********************La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito."********************"Artículo 115. Casos urgentes********************Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición.********************En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria.********************Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega."****************************************De los preceptos transcritos se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes.********************De igual manera, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión, deben efectuarse por escrito -sin formalidad ante el director del Centro en que se encuentren recluidos; en el entendido que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión.********************Asimismo, la aludida ley establece la forma que deben sustanciarse las peticiones, esto es:********************1.- Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciaria, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; dicha determinación debe notificarse de forma personal al promovente.********************2.- En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. De no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que, de manera personal y verbal, aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada.********************3.- Admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera.********************4.- El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución.********************Lo anterior revela la existencia de un procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta u objetos, entre otros.********************En el caso, la parte quejosa reclama:********************La omisión de atender las solicitudes de 1) cambio de modulo y 2) medidas de protección.********************Y en la demanda de amparo, así como en el escritorio aclaratorio, la parte quejosa manifestó que con motivo de las agresiones y amenazas por parte de los internos y custodios del Centro Federal de Readaptación Social en el que se encuentra interno, ha solicitado a las autoridades responsables el cambio de modulo y medidas de protección, sin que se le hayan dado respuesta a dichas solicitudes.********************Cabe indicar que la parte quejosa no ofreció como medio de convicción los escritos mediante los cuales haya formulado las referidas peticiones; sin embargo, conforme al artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, da posibilidad que la petición se formule por cualquier medio, de ahí que se entiende que la parte quejosa ejerció su derecho de manera verbal.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Tomo V, Julio de 2022, página 4472, registro 2024996, del tenor y texto siguiente:********************"DERECHO DE PETICIÓN. EL REQUISITO DE FORMULARLO POR ESCRITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO DEBE CONSIDERARSE INCUMPLIDO SI LA SOLICITUD SE REALIZA POR CUALQUIER OTRO MEDIO, YA SEA DIGITAL, TELEFÓNICO O VERBAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA CONSTANCIA MATERIAL DE SU RECEPCIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD. Hechos: Una persona física solicitó vía telefónica, a través del sistema "Infonatel" del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la aclaración de la existencia de un crédito hipotecario a su nombre y, ante la omisión de respuesta, promovió juicio de amparo indirecto. Al rendir su informe justificado, el instituto citado argumentó que para que opere el derecho de petición, es requisito indispensable que ésta se formule por escrito.********************Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el requisito de que el derecho de petición se formule por escrito, previsto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe considerarse incumplido si la solicitud se realiza por cualquier otro medio, ya sea digital, telefónico o verbal, siempre y cuando exista constancia material de su recepción por parte de la autoridad, debiendo analizarse, en cada caso, si los medios de soporte de la comunicación crean convicción al respecto.********************Justificación: Lo anterior, porque el artículo 8o. constitucional garantiza el derecho humano a recibir una respuesta de parte de la autoridad a quien se ha dirigido una petición, lo que en realidad se traduce en una obligación positiva que ésta debe cumplir. En este sentido, todas las gestiones que realizan los particulares frente a la autoridad se encuentran protegidas por esta prerrogativa constitucional. Ahora, si bien es cierto que los derechos humanos no son absolutos y que pueden ser sometidos a limitaciones o condiciones de ejercicio por el legislador, en términos de los artículos 1o. de la Constitución General, XXVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 32, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", también lo es que la restricción al derecho de petición, relativa a que se formule por escrito, de manera pacífica y en forma respetuosa, no impide que sea interpretada favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, con base en el principio pro persona, para preferirse la interpretación más acorde con la seguridad jurídica de los particulares de que, por ser el fin de la solicitud por escrito que exista la plena convicción de que fue recibida por la autoridad, ese requisito no debe considerarse incumplido si la petición se formula por cualquier otro medio, siempre y cuando exista constancia material de la recepción por parte de la autoridad, debiendo analizarse si los medios de soporte de esa comunicación crean convicción de dicha recepción, como ocurre con el sistema "Infonatel", que es un servicio de línea telefónica o call center creado por el Infonavit, donde los acreditados pueden solicitar información y orientación acerca de sus créditos activos (aportaciones, pagos y saldo) sin que tengan que acudir a las oficinas del instituto".****************************************En ese sentido, como la autoridad responsable no demostró haber dado contestación a las solicitudes de 1) cambio de módulo y 2) medidas de protección; es inconcuso que transgredió, en perjuicio de la parte quejosa, el artículo 8 constitucional, porque sus peticiones no han sido atendidas.********************SÉPTIMO. Efectos de la concesión: En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la justicia solicitada, para los efectos siguientes:********************1. El director General del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-OAXACA":********************1o Dé respuesta a la petición que le formuló el quejoso ********************, respecto al 1) cambio de modulo y 2) medidas de protección. ********************2o Le notifique al quejoso las respuestas recaídas a la petición antes citada.********************Es aplicable al caso la jurisprudencia 98/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, julio de 2004, página 248, registro 181149, del texto siguiente:********************"DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse".****************************************OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación.********************NOVENO. Vista a la agente del Ministerio Público. Como la parte quejosa en la demanda de amparo y en el escrito aclaratorio manifestó que ha sufrido tortura física y psicológica por parte de las autoridades responsables, así como de los internos; por ello, en cumplimiento estricto a lo establecido por el artículo 33 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, inhumanos o Degradantes, se da vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, para que esa institución ministerial investigue los hechos relativos a la tortura que la parte quejosa expresó; para lo cual, entréguese copia de las constancias respectivas.********************Se invoca en apoyo la tesis 1a. CCVII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Penal, registro 2006483, página 561, de rubro y texto siguientes:******************** "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura".********************Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 y 74, de la Ley de Amparo, se:******************** R E S U E L V E:********************PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a ********************, contra los actos reclamados a la autoridad responsable, director General del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-OAXACA"; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia, y para el efecto indicado en el diverso considerando séptimo de la misma.********************SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento a los considerandos octavo y noveno de este fallo.********************Notifíquese personalmente.********************Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este juzgado.

  4. Principal

    PRAL. 322/2023 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Inexistencia de una autoridad responsable. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de treinta y uno de agosto de este año, para que manifestara lo que sus derechos conviniera, respecto a la inexistencia de la autoridad responsable, "DIRECTOR DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL 13 "CPS OAXACA", sin que lo hubiere realizado, pese haber quedado notificada el uno de septiembre último. En esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en ese auto y con fundamento en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, para efectos de este juicio de amparo, se tiene por inexistente a la citada autoridad, cesando toda comunicación con la misma. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, agosto de 1993, Octava Época, página 464, registro 215501, con el rubro siguiente: "JUEZ DE AMPARO, NO TIENE OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE LA EXISTENCIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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