Isaac González Vargas

Expediente 1129/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1129/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
16/12/2022

Partes del expediente

  • Isaac González Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de seis de diciembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió respecto de los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Por ende, con fundamento en los preceptos 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de registro de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido... Notifíquese.

  2. Principal

    Quejoso se le notifica por medio de lista electrónica y publicada en estrados del juzgado: Vista; la demanda de amparo que promueve Jesús Barrios Cruz, en su carácter de defensor particular de Isaac González Vargas, por su propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero. Anótese en el libro de registro de juicios de amparo con el número 1129/2022, que le corresponde y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; para lo cual se forman expedientes, tanto físico como electrónico, acorde a lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de mérito. Asimismo, de conformidad con el invocado dispositivo legal, se ordena al Oficial Judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, y en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo el secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Atento a su contenido, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHARLA DE PLANO, por actualizarse un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia, como se expone. La parte quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: "V.-ACTO RECLAMADO: Como acto reclamado reclamo EL ACUERDO DE FECHA DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, dictado por la responsable en el cual plasma que deja sin efecto por ella misma el Cierre del Periodo de Instrucción en el proceso de número arriba indicado, determinación que se encontraba firme y debidamente notificada a las partes." Sin embargo, atendiendo a que la demanda debe contemplarse como un todo integral, en el caso se advierte que lo que reclama el promovente es: El acuerdo de diez de octubre de dos mil veintidós, dictado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, en la causa penal 34/2006-II, instruida en contra de Isaac González Vargas, por el delito de homicidio calificado, en el que deja sin efecto el diverso acuerdo de diecinueve de agosto del año en curso, en el cual se había declarado cerrada la instrucción. En lo conducente es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 227, del Tomo VII, Agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." Ahora bien, debe decirse que se actualiza una causa notoria, manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. El precepto legal antes mencionado es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juzgado de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, lo anterior atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para prevenir crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, finalmente resultarán indudablemente en un sobreseimiento. Sobre este aspecto, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo sesenta y ocho, agosto de mil novecientos noventa y tres, página setenta y siete, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS"; explica que el desechamiento de plano de una demanda de garantías debe satisfacer los siguientes requisitos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese orden de ideas, este juzgador considera que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como se demostrará a continuación. Esa disposición establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo" La porción normativa transcrita regula uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de garantías contra actos recurribles, salvo los casos excepcionales establecidos por la ley y la jurisprudencia. En efecto, el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa. De manera que, previamente a la promoción del juicio de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El principio en comento pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima violatorios de sus garantías individuales, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, debe utilizarlos antes de acudir al juicio de garantías, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo décimo quinto, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que se estima aplicable por las razones que lo informan, de conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la ley de la materia, que es del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." También, es aplicable la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo sexagésimo séptimo, julio de mil novecientos noventa y tres, página cincuenta y uno, cuyos rubro y texto son: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese orden, como ha quedado establecido de la lectura integral de la demanda se advierte que de lo que se queja el solicitante del amparo es del auto de diez de octubre de dos mil veintidós, dictado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, en la causa penal 34/2006-II, instruida en contra de Isaac González Vargas, por el delito de homicidio calificado, en el que deja sin efecto el diverso acuerdo de diecinueve de agosto del año en curso, en el que había declarado cerrada la instrucción, en virtud de que de que se había omitido darle vista al Agente del Ministerio Público en relación a si quería nombrar perito para que valorara a un testigo. Así, los artículos 130, 131 y 132, del Código Adjetivo Penal Local, que disponen: "Artículo 130.- Son revocables las resoluciones jurisdiccionales contra las cuales no se concede recurso de apelación, salvo las sentencias de segunda instancia. El conocimiento de la revocación corresponde al mismo tribunal que dictó la resolución impugnada. La revocación se puede interpretar en el acto mismo de notificación de la resolución impugnada, o dentro de los tres días siguientes a la fecha en que aquélla surta sus efectos. Se sustanciará como incidente no especificado. Artículo 131.- La apelación tiene como efecto confirmar, revocar o modificar la resolución recurridos del juzgador de primera instancia. En aquélla se examina si la resolución impugnada se fundó y motivó correctamente, y si en ella se aplicó exactamente la ley correspondiente, se observaron las normas sobre admisión, eficacia y valoración de la prueba, y se apreciaron fielmente los hechos. La apelación se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución impugnada, en el acto mismo de notificación de esta, o dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la notificación surta sus efectos, por escrito o en comparecencia. Podrá promoverla la parte a la que se cause agravio, precisamente para la consideración de éste, pero el juzgador deberá suplir en todo caso la deficiencia de la queja por el inculpado y su defensa, inclusive la falta de expresión de agravios. Estos se harán valer al apelar o en la vista del asunto. Son apelables en ambos efectos las sentencias condenatorias. Lo son en efecto devolutivo las demás resoluciones. Artículo 132.- Son apelables: I. Las sentencias definitivas, salvo cuando la ley determine expresamente lo contrario; II. Los autos que nieguen la orden de aprehensión o la orden de comparecencia; III. Los autos de formal prisión o de sujeción a proceso, y los que concedan o nieguen la libertad del inculpado; IV. Los autos que resuelvan excepciones fundadas en causas que extinguen la acción o excluyen la responsabilidad, los que declaren no haber delito que perseguir, y en general los que concedan o nieguen el sobreseimiento; V. Los autos en que se resuelvan cuestiones concernientes a la prueba; VI. Los autos que se pronuncien sobre cuestiones de jurisdicción o competencia e impedimentos; los que conceden o nieguen la acumulación, la separación del proceso; los que manden suspender o continuar el procedimiento, y los que resuelvan incidentes no especificados; y VII. Las demás resoluciones contra las que este Código conceda expresamente el recurso. Son apelables solamente por el Ministerio Público los autos en que se nieguen la orden de aprehensión o la comparecencia, así como los que nieguen el cateo o cualesquiera medidas precautorias solicitadas por la representación social." De la lectura de los preceptos legales transcritos se evidencia, en lo que interesa, que la codificación de referencia prevé los recurso de revocación y apelación, asimismo, que los autos sólo pueden ser objeto de apelación cuando expresamente lo establezca el aludido cuerpo normativo (lo que en el caso no ocurre, pues no existe disposición expresa al respecto); además, que las resoluciones jurisdiccionales que no fueren apelables, pueden ser revocados por el juzgador que los dicte o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio, salvo que la ley expresamente disponga que no son recurribles. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXI.3o.17 C, emitida por el Tercero Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible a página 1718, del Tomo XXI, Enero de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto, siguientes: "APELACIÓN. LAS SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS EN MATERIA CIVIL POR REGLA GENERAL ADMITEN ESE RECURSO, SALVO QUE SE DICTEN ANTES DE FALLADO EL JUICIO EN LO PRINCIPAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). La regla establecida en el segundo párrafo del artículo 409 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, donde se indica que las sentencias dictadas en los incidentes no admitirán el recurso de apelación cuando se dicten antes de fallado el juicio en lo principal, contiene una limitante de tipo excepcional, de modo que aquellas otras resoluciones que no estén comprendidas en dicho supuesto, es decir, las que se resuelven de manera simultánea o eventualmente posterior a la sentencia definitiva, de ninguna manera estarán afectadas con tal taxativa, por lo que podrán ser apelables sin obstáculo alguno, de conformidad con lo dispuesto en el diverso 386, fracción I, del propio ordenamiento adjetivo, en cuyo texto está consignado, precisamente, que pueden ser apelables cualesquiera sentencias en toda clase de juicios, a menos que en la ley haya disposición expresa en contrario." Luego, como se advierte el quejoso reclama el auto de diez de octubre de dos mil veintidós, dictado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, en la causa penal 34/2006-II, instruida en contra de Isaac González Vargas, por el delito de homicidio calificado, en el que deja sin efecto el diverso acuerdo de diecinueve de agosto del año en curso, en el que había declarado cerrada la instrucción. Lo que pone de manifiesto que, previo a la instancia constitucional, el impetrante debió agotar el medio de impugnación ordinario, esto es el recurso de revocación, previsto en el artículo 130 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero. Con lo anterior, se pone de manifiesto que el promovente de amparo tenía la obligación de agotar el recurso de revocación contra el proveído reclamado para controvertir su legalidad, ya que, como se apuntó, a través de ese medio de impugnación existe la posibilidad de modificar, revocar o nulificar el auto de mérito y sólo en caso de no haberse reparado la violación cometida, acudir al amparo biinstancial; de manera que al no haberlo hecho así la parte quejosa, no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, razón por la cual, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo a la consideración que antecede, la jurisprudencia número 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, Tomo X, Octubre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/259, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1654, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." En razón de ello, al no agotarse el medio de defensa ya indicado, tiene como consecuencia que se actualice de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone que es improcedente el juicio de garantías contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas. Asimismo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia que atiende el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 170 y 173 fracciones V, VII y XIV y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; "II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso cuando: . "V. No se le cite para las diligencias que tenga derechos a presenciar o cuando sea citado en forma ilegal, siempre que por ello no comparezca; cuando no se le admita en el acto de la diligencia, o cuando se le coarten en ella los derechos que la ley le otorga. . VII. No se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho. . XIV. En los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores, a juicio del órgano jurisdiccional de amparo. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En efecto, como se ha dicho la parte quejosa en esta instancia constitucional reclama el auto de diez de octubre de dos mil veintidós, dictado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, en la causa penal 34/2006-II, instruida en contra de Isaac González Vargas, por el delito de homicidio calificado, en el que deja sin efecto el diverso acuerdo de diecinueve de agosto del año en curso, en el que había declarado cerrada la instrucción, en virtud de que de que se había omitido darle vista al Agente del Ministerio Público en relación a si quería nombrar perito para que valorara a un testigo. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que únicamente procede el amparo biinstancial en contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; así los actos de imposible reparación a los que se refiere este precepto legal, podrán ser los impugnados a través de una demanda de amparo indirecto que, no obstante de que se trate de actos intraprocesales, el gobernado no puede esperar a que se dicte la resolución definitiva para igualmente impugnarlos, toda vez que afectan de manera directa sus derechos sustantivos, lesionando los derechos fundamentales consagrados en nuestro texto constitucional a través de las garantías individuales y, que con motivo de la afectación causada, dicha lesión no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el asunto; supuestos que en la especie no se surten, ya que la determinación combatida no es un acto que sean de imposible reparación, ya que se realizó dentro del procedimiento de la causa penal 34/2006-II, del índice del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero. Sentado lo anterior, debe decirse que el acto que en esta instancia constitucional se reclama, no es de que aquellos que por su naturaleza sea susceptible de impugnarse a través del amparo biinstancial, a virtud de que si con ello la autoridad responsable cometió alguna violación, lo es al procedimiento, y no le causa algún perjuicio al actor (parte quejosa), pues son de los que no afectan derechos sustantivos fundamentales protegidos por las garantías individuales, sino únicamente derechos adjetivos o procesales, que producen consecuencias meramente formales o intraprocesales, las cuales no lo dejan en estado de indefensión, ya que el hecho de que se deje sin efecto el acuerdo en que se había declarado cerrada la instrucción y se ordene darle vista al Agente del Ministerio Público en relación a si quería nombrar perito para que valorara a un testigo, no origina el desamparo, dado que no se afectan partes sustanciales del procedimiento, sino por el contrario con la debida integración se pondera la debida administración de justicia y en específico, al de las formalidades esenciales del procedimiento, una de cuyas exigencias es la oportunidad que se otorga a las partes en el juicio de probar los hechos que sustentan su pretensión o esclarecer los puntos sobre los que exista contradicción; por ello la violación debe reclamarla hasta el momento que se dicte la sentencia correspondiente, misma que, incluso, puede resultar favorable a los intereses del aquí disconforme, e incluso en amparo directo que contra ésta se promueva en caso de ser contraria a sus intereses. Es aplicable la jurisprudencia IV.2o. J/13, publicada en la página 538 del tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/344, publicada en la página 56 del tomo 84, diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO. Si de la demanda de garantías que se proponga en la vía indirecta se desprende que el acto reclamado lo constituye alguna de las hipótesis previstas en el artículo 159 de la Ley de Amparo como una violación al procedimiento que afecta las defensas del quejoso y que, por lo mismo, tiene que ser reclamada a través del juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, debe concluirse entonces que es manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de garantías en la vía indirecta contra el mismo acto, por lo que procede desechar la demanda con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." De la misma manera, es aplicable por analogía el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 636, del Tomo XIII, Junio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "PRUEBA PERICIAL, VIOLACION PROCESAL COMETIDA EN EL DESAHOGO DE LA, PUEDE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, SI TRASCIENDE AL RESULTADO DEL LAUDO. En principio, es verdad que la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo se refiere al caso en que no se le reciban, o cuando no se le reciban conforme a la ley al quejoso, no a su contraparte, las pruebas que legalmente haya ofrecido; sin embargo, cuando se trata de la recepción de una pericial, por el carácter colegiado que tiene, independientemente del oferente, son partícipes en el desahogo ambas partes, por lo que la ilegal recepción de la prueba puede alegarla cualquiera de ellas como violación procesal al promover el amparo directo en contra del laudo, en caso de que trascienda a éste, precisamente en términos de la fracción III del precepto legal citado." En virtud de lo expuesto, con fundamento en el precepto 113 de la invocada ley, se desecha por notoria improcedencia la demanda de garantías. Conviene dejar en claro que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para el quejoso a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, como lo es el que la acción constitucional se inste dentro de los plazos previstos por la legislación aplicable, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa; el quejoso debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición y de lo contrario, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como el generar un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende la causa de improcedencia analizada, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia. Además, sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables, máxime que, debe recordarse que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman, y así tenemos que en la propia legislación mexicana se encuentra el medio de defensa sencillo y rápido a que nos hemos referido en líneas anteriores. Sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, tomo 2, página 1587, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." También es aplicable a lo considerado, el criterio que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito plasmó en la tesis número 15 K (10a.), editada en la página 2274 del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que establece: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato." Se habilitan horas y días inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el precitado arábigo constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Ahora bien, el promovente del amparo señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado; sin embargo, dado que la Ley de Amparo no prevé esa figura, se ordena que las notificaciones que se le practiquen, aun las de carácter personal, se realicen por medio de lista electrónica. Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Es aplicable a lo anterior, la Tesis Aislada I.1°.A.23. K (10ª.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, materia común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Expedición de copias. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que llegasen a solicitar durante la tramitación del presente juicio, sin que sea necesario que la soliciten por escrito ni que sea necesario emitir acuerdo posterior; la que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto. Transparencia y datos personales. También, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente.

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