Isaac Francisco León Valencia
Expediente 966/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 966/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Isaac Francisco León Valencia
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, So********************ra, catorce de julio de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado de los autos se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto de ********************, por el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las a********************taciones. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Ple******************** del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y desti******************** final de los expedientes judiciales generados por los órga********************s jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del térmi******************** de tres años de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que ******************** se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y personalmente a la parte actora. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de So********************ra, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien autoriza y da fe. Doy fe. Santiago Flores Cota
- Principal
SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. (SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO)
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. 1. Radicación. Visto el escrito de demanda que promueve ********************, contra el acto atribuido al juez Segundo de lo Mercantil de Hermosillo, Sonora, y de otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y háganse las anotaciones correspondientes. 2. Desechamiento de la demanda. En el caso, el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: "A).- Del C. JUEZ SEGUNDO DE LO MERCANTIL DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, reclamo la ilegal Orden de Embargo de fecha 06 de Junio de 2023 dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil del Juzgado Segundo de lo Mercantil de esta Ciudad, con número de Expediente ********************, con fecha 20 de Junio de 2023 se embargó en mi domicilio, un automóvil todo terreno, consistente en marca Polaris, tipo de unidad, RZR XP 4 1000 WHITE LIGHTNINGN Número de Serie ******************** Número de Motor ********************, año modelo 2021, carrocería Todo Terreno, placas w44nn, mismo que bajo protesta de decir verdad no es de mi propiedad, tal y como se demostrará con las documentales que para tal efecto se exhiben, del cual se reclama el ilegal embargo trabado en el expediente en que se actúa, ya que bajo protesta de decir verdad, la parte actora, el C. ******************** momentos antes del embargo en comento me mandó vía WHATSSAP, un mensaje diciéndome que si estaba en la casa, porque iba llegando con la diligencia de embargo, momentos después llegaron al domicilio del suscrito, la Lic. ********************, acompañada de otra persona, el actuario Notificador, dos policías, un carro para carga y una grúa de plataforma." De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda al actualizarse un motivo de improcedencia notorio y manifiesto. De la interpretación gramatical de esa disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto. Al respecto, debe tenerse en cuenta, que lo manifiesto de una causal de improcedencia, se da cuando ésta se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso, de modo tal, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente allegaran las partes. Por consiguiente, se procede a la explicación de lo que se determina en relación con la acción constitucional que pretende el promovente, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues al prevenir o admitir una demanda improcedente se crean falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que resultarán indudablemente en un sobreseimiento. Sobre este aspecto, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS" , explica que el desechamiento de plano de una demanda de amparo debe satisfacer los siguientes requisitos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y, c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De un análisis integral de la demanda de amparo, y los documentos anexos, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con los numerales 5° fracción I y 6°, de la Ley de Amparo; por ende, debe desecharse en razón a las siguientes consideraciones. En este aspecto, los artículos 61, fracción XII, 5° y 6 de la ley de la materia, en lo que interesa, y en su parte conducente, dicen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5°.- Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6°.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De las normas trascritas se deduce que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del arábigo 5º de la Ley de Amparo. Conforme a lo dispuesto en el citado precepto 5°, fracción I, de la ley de la materia, tiene la calidad de quejoso aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la propia ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica de manera directa. Dicho precepto establece que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el peticionario deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, en relación con el interés jurídico para promover el juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que consiste en el derecho que le asiste a los gobernados para reclamar mediante la vía constitucional, algún acto de autoridad violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por un acto de autoridad o una norma, que ocasiona un perjuicio a su titular; esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del gobernado. Así, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que únicamente el sujeto titular de ellos puede ocurrir a la vía constitucional, precisamente, porque el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa violación. Entonces, el perjuicio debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes de los peticionarios del amparo que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. Establecido lo anterior, dentro de los postulados básicos del juicio de amparo se encuentra el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo. Dicho principio consiste en que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, por su apoderado, por su defensor cuando el acto derive de un procedimiento penal o por cualquier persona en los casos en que la propia ley lo permite expresamente (numeral 6º). En ese orden de ideas, conforme a esos preceptos la acción constitucional de amparo compete a aquella persona que resiente un daño o perjuicio con motivo de una ley o acto de autoridad, que transgreda los derechos previstos en el arábigo 1º de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica de manera directa. Por ende, la afectación a un derecho legítimamente tutelado, otorga al agraviado la facultad para acudir ante el órgano de control constitucional competente a efecto de exigir se le restituya en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exija. La facultad de acudir en defensa de la violación a los derechos humanos fundamentales constituye el interés jurídico; por tanto, sólo tendrá interés jurídico para acudir al amparo aquella persona a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Es decir, el interés jurídico de una persona surge cuando el acto reclamado se relaciona con su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto, persona física o moral, privada u oficial. De ese modo, si el acto o ley reclamada, no se refiere a los derechos contenidos en la esfera jurídica del quejoso, éste carece de interés jurídico para impugnarlos en el juicio de amparo y, en consecuencia, debe declararse la improcedencia del juicio, en términos de las normas citadas. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 168/2007, establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, tomo XXVII, enero de 2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Asimismo, sirve de fundamento a la anterior consideración, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia VI. 3o. J/26, publicada en la página 117, tomo VIII, diciembre de 1991, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época; cuyo rubro y texto indican: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." En ese sentido, la falta de interés jurídico deriva de la ausencia de afectación directa de algún derecho subjetivo, por orden lógico, previo a analizar si los actos reclamados afectan dicho interés con relación al quejoso, debe examinarse si es titular del derecho que aduce tener; de lo contrario, no sería factible considerar que sufre afectación alguna, que es lo que genera el interés jurídico y, la falta de éste, a su vez, la improcedencia del amparo. Sobre todo, porque la sola presentación de la demanda de amparo no establece en modo alguno una presunción juris tantum en favor del peticionario de amparo, a fin de acreditar su interés jurídico; dado que, la eficacia del mismo está condicionado a su demostración, sin que sea permisible ni válido relevar a la parte promovente de su obligación de probarlo para instar el juicio constitucional. En ese tenor, el promovente en su demanda de amparo, que el reclamo lo hace consistir en el embargo ordenado el seis de junio del año en curso, en el juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Mercantil; acto que llevó a cabo el veinte de este mes, respecto del vehículo descrito con antelación en la transcripción del acto reclamado; sin embargo, el propio quejoso afirma bajo protesta de decir verdad, que dicho mueble no es de su propiedad. Esa afirmación que realiza el promovente está robustecida además, con las documentales que anexa a la demanda, consistentes en copia simple de la factura y hoja de registro de garantía del vehículo, así como constancias de pago por expedición de placas y tarjeta de circulación; documentos de los cuales se desprende que el vehículo objeto de controversia con motivo del embargo que refiere el impetrante, es propiedad de ********************. En esa medida los datos relativos a dichos documentos, concatenados con la afirmativa del promovente relativa a que bajo protesta de decir verdad refiere que el vehículo embargado no es de su propiedad, sino como el mismo indica, de persona ajena (madre del promovente); por tanto, es ésta última, quien resiente la afectación en su esfera jurídica y no el amparista, y quien debería acudir sea ante el juez natural promoviendo tercería de exclusión respecto del bien embargado, o bien, en sede constitucional reclamando un derecho de desposesión de bienes y afectación directa a preceptos constitucionales lo cual no ocurre; de ahí, que lo procedente en el particular es desechar la demanda ante su manifiesta e indudable improcedencia. En medida de lo expuesto, en la especie se considera que el acto que pretende combatir en esta vía no vulnera de manera directa o indirecta el interés jurídico del promovente, pues lo cierto es que no se le causa agravio personal alguno que resienta en su derechos de propiedad sobre el bien embargado (propiedad de una tercer persona distinta al quejoso), de ahí, que por ello no se justifique la procedencia del amparo. En conclusión, el acto que pretende combatir por esta vía respecto de un bien del cual no es propietario el impetrante, no le produce en sí mismo una afectación a sus intereses jurídicos, dado que no se materializa daño alguno en su esfera de derechos humanos como gobernado, protegidos en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo esa tesitura, como se indica, resulta improcedente la demanda que se pretende, y por ello es de desecharse de plano, en términos de lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo. 3. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. 4. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda la promovente, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 5. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 7. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 8. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 9. Exhortación a las partes. Se exhorta a la parte promovente para que transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 263, considerando tercero, del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes
- Irving Gautrín López689/2021
- Irving Guadalupe Pereda Tanori33/2023
- Irving Karim Santacruz Ríos1049/2019
- Irving Rodolfo Olivarria Ezrre1390/2018
- Irving Rodolfo Olivarria Ezrre103/2020
- Isaac Alan Aispuro Chaires1606/2022
- Isaac Heriberto Campos Tarazón817/2023
- Isaac Homero Quijada Duarte12/2014
- Isaac Mauricio Negrete Preciado1752/2023
- Isaac Munguía Romo1447/2021
- Isaac Munguia Romo1721/2018
- Isaac Munguia Romo1121/2019