Isaac Domínguez Salazar y Otros.
Expediente 1766/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1766/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Isaac Domínguez Salazar y Otros.
- Isaac Domínguez Salazar
Actuaciones
- Principal
MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
POR LISTA: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por Isaac Domínguez Salazar, en su carácter de notificador adscrito al Ayuntamiento de Santa María Coyotepec, Oaxaca, personalidad que, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo, acredita con la copia certificada del nombramiento otorgado por el Presidente Municipal Constitucional de esa población; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 1766/2016. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el quejoso Isaac Domínguez Salazar, en su carácter de notificador adscrito al Ayuntamiento de Santa María Coyotepec, Centro, Oaxaca, reclama de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, dictado dentro del recurso de revisión número 203/2016. Contra ese acto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6o. y 7o. del mismo ordenamiento legal, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes. De conformidad con el último numeral, cualquier persona moral pública podrá solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que designen las leyes respectivas, sólo cuando la norma general, acto u omisión que se reclame afecte sus intereses patrimoniales respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. En la especie, el quejoso Isaac Domínguez Salazar, en su carácter de notificador adscrito al Ayuntamiento de Santa María Coyotepec, Centro, Oaxaca, reclama de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, dictado dentro del recurso de revisión número 203/2016. El quejoso señala que mediante el acuerdo reclamado se le desechó por improcedente el recurso de revisión que promovió con el carácter de notificador adscrito al Ayuntamiento de Santa María Coyotepec, Centro, Oaxaca, dentro del juicio de nulidad 0394/2015, radicado en la Segunda Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Ahora, como antecedentes de tal acto indica que con fecha veintiséis de agosto de dos mil quince, Alejandro Emilio Cruz Aquino y Jessica Mayela Cerqueda Ángeles interpusieron demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en contra del Ayuntamiento de Santa María Coyotepec, Oaxaca, Presidente Municipal, Síndico Municipal, Regidor de Obras, Director de Obras Públicas, Director de Agua Potable, e Isaac Domínguez Salazar, en su carácter de notificador, todos adscritos al Ayuntamiento de Santa María Coyotepec, Centro, Oaxaca. Que por oficio de once de septiembre de dos mil quince, se hizo de su conocimiento que se entabló una demanda en su contra, al cual le correspondió el número de expediente 272/2015, hoy número 394/2015. Por tal situación dio contestación a la demanda entablada en su contra en tiempo y forma adhiriéndose a la contestación del Síndico Municipal del Ayuntamiento de Santa María Coyotepec, Oaxaca. Mediante escrito fechado el veintiocho de septiembre de dos mil quince, promovió recurso de revisión en contra del acuerdo de veintiocho de agosto del mismo año, en virtud de que al momento de admitirse dicha demanda el titular del Segundo Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Primera Instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, admitió a trámite la demanda interpuesta en contra del Ayuntamiento de Santa Marpia Coyotepec, Oaxaca y otras autoridades, siendo que el artículo 126 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, es clara y precisa, en el sentido de que las autoridades de impartir justicia en este caso el titular del Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo, debió ser específico en cuanto a las formalidades del procedimiento establecidas por el citado artículo, pues en lugar de precisar en los términos exigidos por el numeral invocado, que autoridades del municipio de Santa María Coyotepec, tenían el carácter de demandadas utiliza la frase y otras autoridades, lo cual es ilegal y violatoria de las formalidades del procedimiento, dado que el A quo no tiene permitido utilizar abreviaturas o frases que generen incertidumbre jurídica, como aconteció en el auto que recurrió. En ese orden de ideas, es evidente que Isaac Domínguez Salazar, en su carácter de notificador adscrito al Ayuntamiento de Santa María Coyotepec, Centro, Oaxaca, no puede promover amparo, ya que el citado acuerdo no lesiona los intereses patrimoniales de la persona moral pública que representa. Sirve de apoyo, la tesis 1a. CXIII/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 965, Materia Constitucional, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2003342, con el rubro y texto: PERSONAS MORALES OFICIALES. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA AL NEGARLE LEGITIMACIÓN A AQUÉLLAS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO SI ACUDEN A UN PROCESO EN DEFENSA DE UN ACTO EMITIDO CON POTESTAD PÚBLICA. El hecho de que una autoridad acuda a un proceso en el que debe respetarse la igualdad procesal, como principio de la teoría general del proceso que otorga a las partes las mismas oportunidades de participación dentro de un procedimiento, de ninguna manera elimina la potestad de la autoridad involucrada. Esto es así, ya que en este caso se trata únicamente de una igualdad de tipo procesal, mientras que la igualdad que se requiere para que una autoridad pueda promover juicio es aquella en la que no haya relación de supra subordinación. Lo que delimita la procedencia del juicio de amparo no es la participación que se tenga dentro de un procedimiento, sino la pretensión que se relaciona con el mismo; y dicha pretensión necesariamente debe ser la tutela de derechos fundamentales y no la defensa de un acto emitido dentro de las funciones públicas encomendadas. Por todo lo anterior, el artículo 9o. de la Ley de Amparo es congruente con los principios constitucionales en materia de amparo y no vulnera el artículo 17 constitucional, al impedir que las personas morales oficiales promuevan juicio de amparo para defender la legalidad de un acto emitido dentro de sus funciones, aunque hubiesen participado en un procedimiento ordinario con igualdad de oportunidades de defensa frente a un particular. Así como, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 92/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE UN JUICIO DE NULIDAD QUE DECLARA LA VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN TENDENTES A HACER EFECTIVA UNA MULTA IMPUESTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO. Las garantías individuales, en esencia, constituyen restricciones al poder público que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo, de ahí que el Estado -que actúa a través de las autoridades correspondientes- no goza de aquéllas y, por lo mismo, por regla general no puede promover juicio de garantías, siendo la única excepción la establecida en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden promover juicio de garantías cuando el acto o ley reclamado afecte sus intereses patrimoniales. En congruencia con lo anterior, si una persona moral oficial promueve amparo directo contra la sentencia de un juicio de nulidad que declara la validez de los actos administrativos de ejecución tendentes a hacer efectiva una multa impuesta a un funcionario público, es claro que carece de legitimación al no actualizarse el referido supuesto de excepción, porque el importe de la multa deberá cubrirlo la persona física a quien se le impuso, es decir, ésta deberá pagarlo con su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate, por lo que no se afecta el patrimonio de ésta y, por ende, el juicio de amparo promovido en su nombre es improcedente. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al existir el motivo manifiesto e indudable de improcedencia examinado, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se trata. Por otro lado, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda y por autorizadas únicamente para ese efecto a las personas que menciona, esto es, sin las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por no encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y tratarse este asunto de la materia administrativa. Asimismo, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. En otro contexto, en términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias que sean de interés público, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a éstas que al elaborarse la versión pública del fallo que se llegare a dictar se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado. Notifíquese personalmente.
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