Isaac Demis Ramírez Arroyo
Expediente 1091/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1091/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Isaac Demis Ramírez Arroyo
- Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridad no acepta competencia. Téngase por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial Adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual comunica el auto de diez de noviembre de dos mil veintitrés, dictado dentro del amparo directo 540/2023, de su estadística, a través del cual la superioridad no aceptó la competencia declinada por este Juzgado de Distrito, para conocer de la demanda de amparo promovida por Isaac Demis Ramírez Arroyo. En consecuencia, acúsese el recibo de estilo y, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, comuníquese al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito que este juzgado se avoca al conocimiento del asunto. Se fija fecha. En consecuencia, para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante José Emiliano Islas Fernández de Lara, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, once de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: la resolución de dieciséis de julio de dos mil veintitrés, por la que no se califica de legal el control de la detención, dictada en la causa judicial ******************** del índice del Juez Séptimo del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia Para Adolescentes del Estado de Tlaxcala. Se declina competencia a Tribunal Colegiado. En principio, es necesario destacar que la competencia es un presupuesto procesal básico para ejercer jurisdicción, que por su trascendencia implica una cuestión de orden público, por tanto, es de estudio previo al pronunciamiento sobre el fondo de la demanda de amparo. Debe mencionarse que del contenido del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afectan personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, los cuales serán del conocimiento del Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Al respecto, resulta oportuno transcribir el conten... Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Por otro lado, también resulta relevante señalar que del análisis del artículo 170 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo directo procede respecto de (i) sentencias definitivas, (ii) laudos o (iii) resoluciones que pongan fin al juicio. Sentado lo anterior, se obtiene que los actos reclamados por el promovente, no encuadra en ninguno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, pues se trata de una resolución que pone fin al juicio iniciado en la causa judicial ******************** del índice del Juzgado Séptimo del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia Para Adolescentes del Estado de Tlaxcala. En efecto, resulta pertinente precisar que el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en su último párrafo establece que para efectos de esa Ley, en materia penal, el juicio comienza con la audiencia inicial ante el Juez de Control. También, resulta pertinente plasmar el contenido de los artículos 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 307. Audiencia inicial En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. En caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido solicite la procedencia de una medida cautelar, dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte la suspensión de la audiencia inicial. A esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no será requisito de validez de la audiencia. Artículo 308. Control de legalidad de la detención Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. El Juez le preguntará al detenido si cuenta con Defensor y en caso negativo, ordenará que se le nombre un Defensor público y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros. El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el Juez de control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en este Código. Ratificada la detención en flagrancia, caso urgente, y cuando se hubiere ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial, hasta en tanto no se resuelva si será o no sometido a una medida cautelar. En caso de que al inicio de la audiencia el agente del Ministerio Público no esté presente, el Juez de control declarará en receso la audiencia hasta por una hora y ordenará a la administración del Poder Judicial para que se comunique con el superior jerárquico de aquél, con el propósito de que lo haga comparecer o lo sustituya. Concluido el receso sin obtener respuesta, se procederá a la inmediata liberación del detenido. La omisión del Ministerio Público o de su superior jerárquico, al párrafo precedente los hará incurrir en las responsabilidades de conformidad con las disposiciones aplicables." Como se advierte el control de la detención es una actuación que se emite durante el juicio (para efectos del amparo), cuyos efectos, al no calificarse de legal, es la de decretar la libertad del detenido. Después de ordenada dicha libertad, existen dos opciones para el Ministerio Público: 1. Solicitar el uso de la voz para formular imputación, lo que podrá ocurrir dependiendo de lo que manifieste la persona investigada y lo que acuerde el juez de la causa; o, 2. Reservarse el derecho (expresa o tácitamente) para realizar actos de investigación y, en su caso, solicitar fecha para la celebración de una nueva audiencia inicial. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales no prevé si esa nueva solicitud de audiencia inicial se deberá acordar en la misma causa judicial en donde se decretó la libertad del investigado o se deberá formar una nueva causa judicial o expediente. La práctica judicial nos revela que cuando se califica de ilegal la detención de una persona y se le pone en libertad, sin que el ministerio público solicite la continuación de la audiencia inicial -como sucede en este caso-, la causa judicial respectiva es archivada. Asimismo, en el eventual caso de que la representación social solicite fecha para una nueva audiencia inicial, ésta se ordena en una nueva causa judicial, con lo cual se inicia una nueva instancia o juicio. Entonces, al margen de que la resolución que califica de ilegal la detención de una persona y la ponga en libertad tenga por efecto dejar a salvo las facultades del Ministerio Público para poder realizar actos de investigación y, en su caso, solicitar fecha para la celebración de una nueva audiencia inicial; lo cierto es que dicha solicitud constituye un evento incierto que puede o no realizarse. Además de que, de formularse, daría lugar a la creación de una nueva causa judicial, lo que indica claramente que los efectos de no calificar de legal una detención es la de poner fin al juicio iniciado, entendido éste como instancia o causa judicial. Por último, no se soslaya que el artículo 7º del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que, por virtud del principio de continuidad, las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos excepcionales previstos en este Código. Sin embargo, en opinión del suscrito juzgador, la calificativa ilegal de una detención y consecuente la libertad de la persona investigada, sin la continuación de la audiencia inicial, quedando a salvo las facultades del Ministerio Púbico, constituye una excepción a dicho principio rector, ya que entre la primera audiencia inicial y la subsecuente que llegue a solicitar el Ministerio Público, éste deberá recabar nuevos datos de prueba y solicitar el medio de conducción al proceso que estime pertinente, lo cual, como ya se ha dicho, ameritará la apertura de una nueva causa judicial o instancia. En el caso, en la causa judicial ******************** del índice del Juzgado Séptimo del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia Para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, la audiencia inicial concluyó con el acto reclamado -la resolución que calificó de ilegal la detención del ahora tercero interesado y lo puso en libertad-, en la que la representación social no formuló ninguna petición posterior, por lo que quedaron a salvo sus facultades de investigación y de ejercicio de la acción penal, pero esta última actuación resulta futura e incierta. De ahí que se considera que el aquí acto reclamado puso fin a la causa judicial ******************** del índice del Juzgado Séptimo del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia Para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, toda vez que, un eventual nuevo ejercicio de la acción penal, dará lugar a una nueva causa judicial, en donde se desarrollará una nueva audiencia inicial en todas sus etapas, a través de los medios de conducción al proceso que estime pertinentes la fiscalía y que, en su caso, otorgue el juez de la causa. Por tanto, se considera que el competente legalmente para conocer de la demanda de amparo es el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, respectivo, pues de conformidad con el artículo 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dichos órganos jurisdiccionales son los competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra resoluciones que ponen fin al juicio. En efecto, la resolución de dieciséis de julio de dos mil veintitrés, por la que no se califica de legal el control de la detención, dictada en la causa judicial ******************** del índice del Juez Séptimo del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia Para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, constituye una resolución que pone fin a la vía promovida; de ahí que en su contra es procedente el juicio de amparo directo en términos de los artículos 34, 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." (.)" "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes." La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley." De conformidad con lo dispuesto en las normas legales antes transcritas, procede el amparo directo, del cual conocerá el Tribunal Colegiado que corresponda, contra sentencias definitivas o laudos y contra las resoluciones que sin decidir el fondo del juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso o medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; entendiéndose por las primeras, aquellas que decidan el juicio en lo principal y, por las segundas, las que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido. Apoya a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, página 466, de rubro y texto siguientes: "RESOLUCION QUE PONE FIN AL JUICIO. SU SIGNIFICADO CONFORME A LAS REFORMAS DE LA LEY DE AMPARO. Es verdad que con anterioridad a las reformas que fueron efectuadas a la Constitución Federal, Ley de Amparo y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que entraron en vigor a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se establecía que sólo correspondía conocer a la Suprema Corte de Justicia o a los Tribunales Colegiados de Circuito según su respectiva competencia de los juicios de amparo promovidos contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometiera durante el procedimiento o en la sentencia misma, sin embargo, a raíz de dichas reformas se incluyó una nueva facultad de competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer, además de las sentencias definitivas o laudos, también de resoluciones que pongan fin al juicio, ahora bien, la palabra "resolución" empleada por el legislador en la nueva figura de competencia, "resoluciones que pongan fin al juicio", no fue empleada como sinónimo de sentencia definitiva, por el contrario, se refirió a aquellas resoluciones que sin tener tal naturaleza ponen también fin al juicio, esto es, que puede tratarse de un simple auto o de una resolución interlocutoria. Lo común tanto a los autos definitivos como a las sentencias interlocutorias que ponen fin al juicio para efectos del caso que nos ocupa, estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución de éste, dándolo así por concluido. Tanto la doctrina como el legislador coinciden en que por resolución que pone fin al juicio debe entenderse, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por terminado y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en su contra por lo que pueden ser modificadas o revocadas, por tanto indispensable es la reunión de todas estas características para que puedan ser consideradas como tales. De esta forma participan así dichas resoluciones de algunas de las características que contienen también las sentencias definitivas." Desde esta perspectiva, es evidente que contra la resolución reclamada (de dieciséis de julio de dos mil veintitrés, por la que no se califica de legal el control de la detención, dictada en la causa judicial ******************** del índice del Juez Séptimo del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia Para Adolescentes del Estado de Tlaxcala), es procedente el juicio de amparo en la vía directa, pues da por concluido la causa judicial ******************** independientemente de las violaciones procesales alegadas; consecuentemente, se estima que corresponde conocer de la demanda de amparo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, por ser el órgano que se considera tiene competencia para ese efecto, en términos del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Apoya a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, página 466, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. ES LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y NO LA DE LA VIOLACIÓN PROCESAL ALEGADA, LA QUE DETERMINA SU PROCEDENCIA. Conforme al artículo 158 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo directo sólo es procedente en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, por lo que si en el caso se reclama en esa vía un acto dictado dentro del juicio o en la fase de ejecución, es inconcuso que no encuadra en alguna de esas hipótesis, al no tratarse de una sentencia que resuelva el juicio en lo principal, o lo dé por concluido, lo que establece la improcedencia del juicio de amparo uniinstancial. No es obstáculo para concluir de ese modo, que el quejoso haga valer una violación procesal prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo, ya que a ese respecto no debe perderse de vista que lo que determina la procedencia del juicio de amparo directo no es la naturaleza de la violación alegada, sino la del acto reclamado, pues acorde con los artículos 44, 46 y 158 de la invocada ley reglamentaria, para la procedencia de ese juicio es menester que se trate de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de los cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas; y aunque el numeral 159 aluda a las violaciones procesales que pueden impugnarse en la vía directa, en términos del último párrafo del citado artículo 158, dichas violaciones procesales sólo podrían ser impugnadas en el amparo directo que al respecto se promueva contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio." (Jurisprudencia XIV.C.A. J/22, del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 1253, Tomo XXX, Agosto de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Sin que pase desapercibida la existencia de la jurisprudencia 1a./J. 17/2021 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE CALIFICA DE ILEGAL LA DETENCIÓN DEL IMPUTADO, AL SER UN ACTO EN JUICIO CON EFECTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN."; sin embargo, en la resolución que dio origen a dicho criterio el punto de contradicción consistió en determinar si la resolución que califica de ilegal la detención es un acto de imposible reparación, es decir, si es susceptible de afectar materialmente derechos sustantivos (el derecho a la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido). En efecto, del análisis de la ejecutoria de la contradicción de tesis 170/2020, del índice de la Primera Sala del Alto tribunal, se advierte que las premisas torales que dilucidaron el punto de contradicción fueron los siguientes: Que la resolución por la que el Juez de Control califica de ilegal la detención del imputado, es un acto en juicio con efectos de imposible reparación en razón de lo siguiente: Que si bien no impide la continuación de la investigación y su posible judicialización, pues en caso de que el Ministerio Público aún tenga interés en formular imputación, cuenta con los medios de conducción necesarios para ello, lo cierto es que tal determinación no sólo tiene como consecuencia que se ordene la libertad del implicado, sino también la ilicitud de los datos de prueba que se hubieran recabado con motivo de la misma. Que la ilicitud de los datos de prueba que deriva de una detención calificada como ilegal causa una afectación material a los derechos que tiene la víctima u ofendido en el marco de un procedimiento penal, pues le impide de forma actual el ejercicio de sus derechos de acceso a la justicia en su calidad de parte procesal, a conocer la verdad a través del esclarecimiento de los hechos, y a que el delito no quede impune y se sancione al culpable. Que la lesión aludida no depende de que llegue o no a trascender al desenlace del proceso penal, en tanto que una vez que se califique como ilegal la detención, los datos de prueba que derivan de la misma adquieran la calidad de ilícitos. Que ante la calificación de ilegal de la detención del implicado, el Ministerio Público deberá decidir entre las siguientes opciones (lo que es una cuestión incierta): Optar por alguna de las formas de terminación de la investigación a que se refieren los artículos 253 a 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como son la facultad de abstenerse de investigar, el archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal, un criterio de oportunidad; debiendo partirse de que la determinación relativa a que la detención fue ilegal y que los datos de prueba recabados con motivo de la misma son ilícitos. El Ministerio Público podrá insistir en formular imputación y para ello solicitará algún medio de conducción del implicado a la audiencia inicial; de igual forma el Juez de Control que, en su oportunidad, resuelva si procede vincular o no a proceso al imputado, estará obligado a observar que, en su oportunidad, se determinó que la detención fue ilegal y que, por ende, los datos de prueba recabados con motivo de la misma son ilícitos. Analizado lo anterior, resulta evidente que dicho criterio no define si contra la resolución que no califica de legal la detención de un imputado procede el amparo directo o indirecto, sino que se verificó la incidencia de dicha resolución en los derechos sustantivos de la víctima u ofendido. Además, la propia superioridad estableció cuáles son los efectos de la resolución, que indican claramente que la causa judicial en que se dicta dicha resolución desaparece de la vida jurídica, pues además de la libertad del imputado, el Ministerio Público puede optar por emitir alguna de las formas de terminación de la investigación a que se refieren los artículos 253 a 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales o ejercer acción penal nuevamente, en una causa judicial diversa. Consecuentemente, bajo la línea argumentativa expuesta se concluye que el acto reclamado por ********************, es impugnable en amparo directo, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, no así en amparo indirecto según el artículo 107 de la ley de la materia; de ahí que en el caso, el suscrito se declara legalmente incompetente para resolver sobre la resolución impugnada. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10ª.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenido es: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Por tanto, remítase de inmediato el presente expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, para que se pronuncie respecto de si acepta o no el conocimiento del mismo, solicitando atentamente el acuse de recibo respectivo. Por lo anterior y toda vez que en auto de doce de septiembre del año en curso, fueron señaladas las diez horas con catorce minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, se deja sin efectos la fecha de referencia y se reserva señalar nueva fecha de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, hasta en tanto el Tribunal Colegiado de Circuito resuelva si acepta o no la competencia planteada. Fórmese cuaderno de antecedentes, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Librado Antonio Gómez Morales, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, dos de octubre de dos mil veintitrés. Efectivo apercibimiento a parte tercero interesada. Visto el estado procesal de las presentes actuaciones y en atención a la certificación de cuenta, de los que se advierte que la parte tercero interesada Daniel Lobaton López, no dio cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de doce de septiembre de dos mil veintitrés, en el sentido de señalar domicilio en la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, ante este Juzgado Federal, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el plazo de tres días contados a partir de la fecha en que quedara notificada del proveído en comento, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harían por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. En consecuencia y toda vez que el tercero interesado de referencia no dio cumplimiento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, practíquense la presente y subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.Mmp
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Razón actuarial. Vistas la razón actuarial de levantada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado; en atención a su contenido, ténganse por asentados los hechos y razones expuestos en la misma respecto a la imposibilidad de realizar el emplazamiento a juicio del tercero interesado Daniel Lobaton López. Estado de autos. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el tercero interesado Daniel Lobaton López, tiene designado como defensor público a Israel Antonio Montiel López, en tales condiciones, emplácese al tercero interesado de referencia a través de su defensor público, quien tiene su domicilio ubicado en Baulevard Guillermo Valle, número 13, altos 3, Colonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala. En tales condiciones, se comisiona al actuario judicial adscrito a este Juzgado de Distrito para que se constituya en el domicilio antes precisado y realice el emplazamiento del tercero interesado Daniel Lobaton López, a través de su defensor público Israel Antonio Montiel López, corriéndole traslado con la copia de la demanda de amparo, auto admisorio, así como del presente proveído, le haga saber la fecha de la audiencia constitucional y el derecho que tiene de apersonarse a juicio si a su interés conviene, debiendo requerirle para que en el acto de la diligencia, o dentro del plazo de tres días, legalmente computado señale domicilios para oír y recibir notificaciones dentro de la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este Juzgado Federal, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán mediante la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, de conformidad con los artículos 27, fracción II, con relación al 26, fracción III de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese; y personalmente al tercero interesado Daniel Lobaton López, a través de su defensor público Israel Antonio Montiel López. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.Mmp
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