ISAAC DANIEL FRANCISCO SÁNCHEZ y Otros.
Expediente 592/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 592/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Isaac Daniel Francisco Sánchez
- ISAAC DANIEL FRANCISCO SÁNCHEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa...
- Principal
...Notifíquese personalmente......
- Principal
Debido a que la parte quejosa ******* no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, se publica el acuerdo de quince de julio de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, quince de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *********, por derecho propio, contra actos de la Magistrada Presidenta del Consejo de la Judicatura, del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 592/2021. DESECHAMIENTO En primer lugar resulta pertinente destacar, que el artículo 113 de la Ley de Amparo otorga facultad al órgano jurisdiccional para desechar la demanda de amparo, si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 5°, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVAS Los artículos invocados establecen: Ley de Amparo Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La disposición imperativa de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, entendiéndose como tales aquellos actos jurisdiccionales que no afectan de manera real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos intereses jurídicos) del promovente; en el entendido que por derecho subjetivo se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona, cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva. En ese sentido, de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, se advierte que uno de los principios rectores de la procedencia del juicio de amparo lo constituye el interés jurídico de quien acude a solicitar la protección federal, el cual surge con la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse y con un acto de autoridad que lo vulnere. De esta forma, como presupuesto básico para la promoción del juicio de amparo, la persona -física o moral- podrá solicitar legítimamente la protección de la Justicia Federal, en los casos en que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de alguna autoridad. De esta afirmación, se obtienen los requisitos que integran el interés jurídico, a saber: a) La existencia y titularidad de un derecho tutelado por la ley; y b) El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho, proveniente de un acto u omisión de autoridad. Acorde con lo anterior, el interés jurídico necesario para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad, se encuentra en el perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados por el orden jurídico, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación; ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. En relación al interés legítimo, éste supone la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Entonces, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. Sobre el tema del interés legítimo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que es aquél interés personal, individual o colectivo, actual y jurídicamente relevante que puede traducirse, en caso de concederse el amparo en un beneficio jurídico a favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole profesional, económico, de salud pública o de cualquier otro. Por tanto, el interés legítimo permite constituir como quejoso en el amparo a aquélla persona titular de un derecho reconocido por la Constitución, que resulte afectada en su esfera jurídica de forma directa o por virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Resulta ilustrativa la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2019456 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 51/2019 (10a.) Página: 1598 INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." HECHOS En el caso, del análisis integral al escrito de demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: a) La emisión, aprobación y publicación del Acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, mediante el cual se decretó el cierre de veintinueve juzgados que se encontraban distribuidos en el territorio veracruzano, entre ellos el Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Misantla, Veracruz; así como su ejecución. b) La emisión y aprobación de la Circular número 18 de treinta de junio de dos mil veintiuno, por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, por la que se comunica el cierre de los Juzgados antes aludidos. Al respecto, en los antecedentes que narran bajo protesta de decir verdad, los promoventes refieren que en ejercicio de su profesión instaron diversas acciones legales en el extinto Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Misantla, Veracruz, y proporcionan los números de juicio respectivo. Por ello, manifiestan promover como abogados postulantes en ejercicio de su profesión y también como ciudadanos pertenecientes a la sociedad indicando que al ser justiciables requieren del Juzgado Especializado cuyo cierre se decretó, para el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva. CONCLUSIÓN En atención a lo expuesto, se concluye que la parte quejosa no resiente un perjuicio real, actual, personal y directo a sus derechos subjetivos, en virtud que no se evidencia que con la ejecución de los actos que reclama -que implican el cierre de diversos Juzgados, entre ellos el Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Misantla- se vulnere en su perjuicio alguno de los derechos que en su favor tutela la Carta Magna. En efecto, si bien los quejosos aducen que los actos que controvierten en vía de amparo conllevan un detrimento en la impartición de justicia, provocando dilaciones innecesarias y pretenden acreditar su interés con las constancias que anexan, relativas a algunos juicios tramitados en el extinto Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Misantla - de las que se advierte la intervención que en su carácter de abogados les fue otorgada en dichos asuntos-, ello resulta insuficiente para acreditar un interés jurídico o legítimo, puesto que no señalan en forma alguna de qué manera los actos que reclaman les irrogan un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige los artículo 107, fracción I, de la Constitución, así como el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, es evidente que los promoventes basan su pretensión en un interés simple derivado de su condición de gobernados y profesionales de derecho, porque sostienen un interés igual al de la generalidad de los gobernados, abogados litigantes o personas involucradas en alguna controversia judicial, pero no demuestran las características especiales que guarda su situación frente al orden jurídico, que los coloquen en un punto diferenciado de la situación general y que los legitime para promover el juicio de amparo. Por ello, se reitera, los quejosos únicamente cuenta con un interés simple como el de todos los ciudadanos que pertenecen a una comunidad, a quienes puede o no importarles el ejercicio de las funciones Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en cuanto a las cuestiones administrativas relacionadas con el número de Juzgados que deben operar y las materias en las que se especializarán, así como la determinación de su residencia, mientras ello no implique un impedimento total u obstáculo al ejercicio del derecho al acceso a la justicia o su impedimento. Así las cosas, el hecho de considerar que por la extinción de cierto número de órganos jurisdiccionales indefectiblemente se va a provocar un retraso en la impartición de la justicia, no dota de facultades a los gobernados, ni les brinda la oportunidad de acudir al juicio de derechos fundamentales aduciendo un interés legítimo derivado del cierre de los veintinueve juzgados estatales a los que hace referencia la Circular 18 que constituye una de los actos reclamados; lo que si bien pudiera ser de interés de la sociedad, no implica la facultad de poder demandarlo o reclamarlo ante los diversos tribunales del país, máxime si el retraso alegado parte de una situación hipotética cuya conclusión es adoptada por los promoventes sin sustento material alguno. Cabe destacar que aun cuando los actos controvertidos implican el cierre de diversos Juzgados del Poder Judicial del Estado de Veracruz entre ellos el Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Misantla-, al haberse realizado la redistribución de asuntos, se continuará con su trámite de manera normal -aunque en otro órgano-, por lo que se seguirá brindando tanto a los ahora quejosos como a la población en general, el servicio de acceso a la justicia. Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 5°, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO ORIGEN DE ESTE JUICIO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica, ubicado en esta ciudad. Asimismo, se autoriza con las facultades amplias a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a ********* debido a que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República; y con las restricciones que impone dicho artículo a *********, por no contar con dicho requisito. Además, se autorizan para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, acorde con el artículo 24 de la Ley en cita a *********, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. DATOS DE CONTACTO Se toman como datos de contacto el correo electrónico y el número telefónico que proporciona para entablar comunicaciones no procesales acorde con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 y su reforma contenida en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO PARA CONSUTA Con apoyo en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 14 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se otorga a ********* con usuario *********el acceso al expediente electrónico del presente juicio únicamente para efectos de consulta, con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas. Por lo tanto, toda vez que resulta necesario habilitarlos, se instruye a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.IS.E.), para que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe judicial del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. FIRMAS ELECTRÓNICAS En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020, ambos ya invocados.
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