Isaac Daniel Flores De la Mora y Otros.

Expediente 864/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
864/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2021

Partes del expediente

  • Isaac Daniel Flores De la Mora y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se aprecia que ha transcurrido el término para interponer el recurso de queja contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis de agosto siguiente, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, once de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ********* o *********, por derecho propio, contra actos del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número 3. De la lectura de la demanda se desprende que el acto reclamado es el siguiente: La audiencia de veinte de octubre de dos mil veintiuno, a través de la cual, el Juez responsable negó al quejoso acceder a una forma anticipada del proceso penal a través del procedimiento abreviado. Aspectos Generales Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 864/2021-I. Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento. Ahora bien, proveyendo en relación al contenido de la demanda, con fundamento en el artículo 113, se estima procedente desechar de plano la misma, por las siguientes consideraciones: Improcedencia Toda vez que el acto reclamado lo es la determinación de veinte de octubre de dos mil veintiuno, a través del cual el Juez responsable determinó negar al quejoso acceder a una forma anticipada del proceso penal a través del procedimiento abreviado, se desecha la demanda de amparo, en virtud de que el suscrito considera que resulta notoriamente improcedente la contienda constitucional que se intenta, pues la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque contra el acto reclamado procede el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos Penales, como se analizará a continuación. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la materia establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". La interpretación sistemática de dicho precepto normativo, permite desprender que la procedencia del juicio de derechos está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal debe ser agotado, salvo los casos de excepción previstos, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercerlos, o en su defecto, le perjudique su omisión. El principio de definitividad encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, por lo que el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias para obtener la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, salvo los casos de excepción previstos en la ley y la jurisprudencia. Luego, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que el inconforme, previo al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado, por virtud del cual éste pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el precitado artículo 61, fracción XVIII. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, está condicionado a que se agote, sin distinción alguna, el recurso o medio de defensa que la ley que rija el acto establezca en contra del acto de autoridad que se estime lesivo a las garantías individuales o derechos humanos del impetrante, consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Ahora, para demostrar la causal de improcedencia en estudio es necesario transcribir el contenido del artículo 467, fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dispone: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (.) IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado.". En el caso, el acto reclamado se hace consistir en la determinación de veinte de octubre de dos mil veintiuno, a través del cual el Juez responsable determinó negar al quejoso acceder a una forma anticipada del proceso penal a través del procedimiento abreviado, acto contra el que conforme a la fracción IX del precepto citado, en los asuntos del sistema penal acusatorio, las partes pueden interponer el recurso de apelación ante el tribunal de alzada. En consecuencia, contra las determinaciones que nieguen la posibilidad de abrir el procedimiento abreviado, procede el recurso de apelación, el cual debe agotarse previo al amparo, en cumplimiento al principio de definitividad. El procedimiento relativo al citado recurso, se contempla en el diverso 471 del referido código: "Artículo 471. Trámite de la apelación El recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de control se interpondrá por escrito ante el mismo Juez que dictó la resolución, dentro de los tres días contados a partir de aquel en el que surta efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de cinco días si se tratare de sentencia definitiva. En los casos de apelación sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público se interpondrá ante el Tribunal de enjuiciamiento que dictó la resolución dentro de los tres días contados a partir de que surte efectos la notificación. El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del juicio, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. En el escrito de interposición de recurso deberá señalarse el domicilio o autorizar el medio para ser notificado; en caso de que el Tribunal de alzada competente para conocer de la apelación tenga su sede en un lugar distinto al del proceso, las partes deberán fijar un nuevo domicilio en la jurisdicción de aquél para recibir notificaciones o el medio para recibirlas. Los agravios deberán expresarse en el mismo escrito de interposición del recurso; el recurrente deberá exhibir una copia para el registro y una para cada una de las otras partes. Si faltan total o parcialmente las copias, se le requerirá para que presente las omitidas dentro del término de veinticuatro horas. En caso de que no las exhiba, el Órgano jurisdiccional las tramitará e impondrá al promovente multa de diez a ciento cincuenta días de salario, excepto cuando éste sea el imputado o la víctima u ofendido. Interpuesto el recurso, el Órgano jurisdiccional deberá correr traslado del mismo a las partes para que se pronuncien en un plazo de tres días respecto de los agravios expuestos y señalen domicilio o medios en los términos del segundo párrafo del presente artículo. Al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, los interesados podrán manifestar en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el Tribunal de alzada.". En esas condiciones de lo relatado se puede concluir sin lugar a dudas que la parte quejosa, previo a acudir al juicio de amparo, debió agotar el medio de defensa que prevé el numeral 467, fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues dicho acto reclamado puede ser confirmado, revocado o nulificado por el medio de defensa; y al no haberlo hecho, incumplió con el principio de definitividad y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin que en el caso concreto se justifique alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, resulta notoria e indudable la causal de improcedencia que se invoca. Por tanto, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA, por notoriamente improcedente de acuerdo con el artículo 113 de la ley de la materia. Solicitud de acceso a expediente electrónico Asimismo, téngase al quejoso solicitando la autorización para tener acceso al expediente electrónico; en consecuencia, toda vez que proporciona el nombre de usuario generado por el sistema de consulta de expediente electrónico (sadja08) instrúyase al servidor público correspondiente, para que capture dicha autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio del quejoso y autorizados Instrúyase al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional para que en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, realice las notificaciones de forma electrónica al usuario proporcionado. Por autorizados a las personas que menciona en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de no ser así, se tendrán únicamente autorizados para oír notificaciones e imponerse de autos, en términos del numeral 24, párrafo segundo, de la ley de la materia. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo, así como los del incidente suspensión. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Teléfono y correo electrónico Se solicita a la parte quejosa, a que proporcione a este juzgado un teléfono y correo electrónico con el único objeto de establecer comunicación, en su caso. Notifíquese personalmente.

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