Isaac Cruz Calderas

Expediente 915/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
915/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
27/07/2022

Partes del expediente

  • Isaac Cruz Calderas

Actuaciones

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que en acuerdo de ocho de julio de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: La parte promovente no allegó documentos al presente asunto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretados en sentido contrario y 21, inciso b), del Acuerdo en cita. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Por otro lado, devuélvanse al Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, las documentales consistentes en el Toca 272/2022, en un tomo. Así como al Juzgado Primero del Ramo Civil, de esta ciudad, las constancias consistente en copias certificadas del juicio ***, así como un sobre cerrado (que contiene un legajo en copias simples, relativo al ****. Solicitándoles el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, ocho de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, en el que transcribe el acuerdo de uno de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo directo civil 552/2022 y remite como anexos lo siguiente: -Copia certificada de los oficios 1596 y 1597 con anexos, firmado por el magistrado propietario de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital. -Demanda de amparo con certificación y cinco copias. -Copia certificada del acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós, emitido por la sala responsable. -Constancias de notificación. -Toca *****, en un tomo. -Copias certificadas del juicio *****. -Un sobre cerrado (que contiene un legajo en copias simples, relativo al *****, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil, de esta ciudad). Lo anterior debido a que declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por *****. Acúsese recibo. COMPETENCIA Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda promovida por *****, por propio derecho, contra actos que reclama del magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, que considera violatorios de los derechos y garantías contenidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TOMO DE PRUEBAS Ahora bien, dado el volumen de las constancias recibidas, fórmense tres cuadernos de prueba correspondiente a los tomos I al III. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 915/2022; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se colige que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la ley de amparo vigente, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, el Pleno del Máximo Tribunal del País interpretó qué debe entenderse por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que para que esos actos puedan ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa interpretación a la Ley de Amparo vigente, determinó que la jurisprudencia P.J.4/2001, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", resulta inaplicable, dada la connotación que el legislador aportó a la ley, respecto de lo que debe entenderse por "imposible reparación". Estas consideraciones fueron formuladas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), localizable en la página 39, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aun que no lesionara derechos sustantivos, ya que con esta decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento; la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en esos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "..aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Sobre esa base, se evidencia que existen actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, que no pueden considerarse de imposible reparación, por lo que el amparo indirecto en su contra es improcedente, ya que deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva que se pronuncie. Es el caso que, el acto reclamado por el promovente se hace consistir en: La resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, pronunciada por el magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el toca ***** que confirmó el proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó la prueba electrónica ofrecida por la parte actora -aquí quejosa- en el juicio ordinario civil *****, índice del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad. En tales condiciones, se advierte que el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra, en virtud que no afecta derecho sustantivo alguno de la parte quejosa, consagrado en la Constitución o en los Tratados Internacionales en los que nuestro país sea parte. Ello es así, toda vez que la afectación que provoca el mencionado acto no es actual ni respecto de derechos sustantivos, sino que produce solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, cuyo efecto se traduce en que se continúe el desarrollo del juicio natural sin desahogarse la prueba electrónica ofrecida por el quejoso (parte actora); sin que esa circunstancia, de modo alguno afecte algún derecho fundamental, ya que el juicio puede concluir con resolución favorable, caso en el cual, los efectos del acto aquí reclamado no se habrán materializado en su esfera jurídica. Además, el quejoso goza del derecho fundamental de audiencia al tener la calidad de parte y, por tanto, puede hacer valer sus respectivos derechos y cargas procesales, con lo que tiene la posibilidad de que pueda obtener una resolución favorable o bien, en caso de que sea adversa, de estimarlo procedente podrá hacer valer las violaciones procesales que estime actualizadas en la promoción del amparo directo que en su caso procediere. Esto es, en el supuesto de que la determinación que se dicte en el procedimiento respectivo sea desfavorable a los intereses del peticionario de amparo, podrá aducir violación a las leyes del procedimiento, mediante la promoción del amparo directo en contra de esa decisión, en donde tendrá la posibilidad de alegar las violaciones que considere se cometieron durante la substanciación del proceso, como el caso, por no haberse admitido un medio de prueba. Es aplicable sobre el particular, la jurisprudencia 3ª/J.43 29/89, al resolver la contradicción de tesis 3/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 291, Tomo IV Primera Parte, Octava Época al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1186, del Tomo XXVII, Mayo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." En razón de lo anterior, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción V, este último aplicado contrario sensu, ambos de la ley de amparo vigente, procede desechar la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia, respecto al acto reclamado, en virtud de que aun substanciándose el juicio de amparo, no podría arribarse a determinación diversa. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA En el caso, la parte quejosa señaló para oír y recibir notificaciones un domicilio ubicado en calle, zona centro, de la ciudad de Guanajuato, que se localiza fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito; no obstante, dicho domicilio se observa incompleto, por lo que de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en la planta baja del recinto en que se localiza este juzgado en el espacio que al efecto determine la administración del edificio, y en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A *****, *****, ***** y *****, se les tiene como autorizados de la parte quejosa en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado expresamente. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO Se invita a la parte quejosa a que proponga diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tal medio, en los casos en que se estime pertinente. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General multicitado, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Para tal efecto, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. ATENCIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE EN DILIGENCIAS ACTUARIALES Se conmina a los actuarios a que las diligencias que se ordenen en este sumario las realicen atendiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese, por lista a la parte promovente.

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