Isaac Calderón Sacre
Expediente 738/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 738/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 17/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Isaac Calderón Sacre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese para que obre como corresponda el sobre que devuelve el Administrador de Correos, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el cual contiene el oficio 5195 dirigido a la autoridad responsable, mismo que no fue entregado, por las razones que expone; toda vez que presente asunto se encuentra concluido. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que ninguna de las partes haya recurrido la sentencia dictada por este Tribunal, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Isaac Calderón Sacre; por lo tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley antes invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hacer constar que en este expediente no obran documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se negó a la parte quejosa la medida cautelar solicitada, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso c) (incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incide de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 738/2020 y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ISAAC CALDERÓN SACRE, por su propio derecho, mediante escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado de Distrito, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado al Agente del Ministerio Público llevador de la carpeta de investigación 17288/FCUE/TUX/2020, de la vicefiscalía regional de la Cuenca Tuxtepec, y Coordinador de la Unidad de Alto Impacto de ese lugar, consistente en el acuerdo de dos de noviembre de dos mil veinte, en el que le notifica la negativa a su solicitud de intervención a dicha carpeta, el cual estima violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1 tercer párrafo, y 20 fracciones III y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, solicitó informe justificado a la responsable, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, Acuerdo número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. El Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, al rendir su informe justificado conviene en la existencia del acto reclamado, lo que así se advierte de las constancias que remitió como justificación al mismo, a las cuales, desde este momento se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º. TERCERO. Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa resultan infundados, sin que se advierta suplencia de la queja que hacer valer conforme al artículo 79 fracción III inciso a), de la Ley de Amparo. Para arribar a lo anterior, a manera de antecedentes se tienen los siguientes: ISAAC CALDERÓN SACRE, mediante escrito presentado ante la responsable el veintidós de octubre de dos mil veinte, solicitó se le señalara fecha y hora para que se le reciba su participación (sic) en la carpeta de investigación instruida en su contra. A tal petición recayó el acuerdo de dos de noviembre de dos mil veinte, en el cual se le hizo saber que en términos del artículo 20 Apartado B, fracción VI, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, y 113 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que por el momento no era posible acordar favorablemente su petición, en virtud de la reserva de los actos de investigación que se deben guardar, y que en relación a la carpeta de investigación que dice se tiene iniciada en su contra, se le dará acceso a la misma y a sus defensores como se señala en los supuestos que disponen los artículos 218 y 219 del referido Código. Ahora, a efecto de resolver el presente caso, es pertinente transcribir la porción de los preceptos que invocó el Ministerio Púbico responsable para negar al quejoso el acceso a la carpeta de investigación que dice se instruye en su contra: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.(.) B. De los derechos de toda persona imputada: I. (.) VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; (.)" Código Nacional de Procedimientos Penales "Artículo 113. Derechos del imputado El imputado tendrá los siguientes derechos: I.(.) VIII. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código. Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme. Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente." El precepto constitucional transcrito, prevé y regula el derecho de toda persona imputada a contar con una defensa adecuada, lo cual implica que se le faciliten los datos que consten en el proceso y que requiera para su defensa. Para ello, el Poder Reformador de la Constitución estableció implícitamente, por una parte, que el Ministerio Público debe mantener bajo reserva los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación y, por otra, los momentos a partir de los cuales el imputado y su defensor pueden tener acceso a dicha información, al disponer de manera clara y específica las siguientes hipótesis: a) cuando el imputado se encuentre detenido; b) cuando pretenda recibirse su declaración o entrevistarlo; y, c) antes de que comparezca por primera vez ante el juez de control. Así, una vez que se actualice cualquiera de las hipótesis señaladas, los datos de prueba y demás información contenida en la carpeta de investigación deja de ser reservada, para que el imputado y su defensor puedan preparar una defensa adecuada a sus intereses; salvo los casos excepcionales que marque la ley secundaria, para salvaguardar el éxito de la investigación. Dicha reserva fue reiterada por el legislador ordinario en los numerales 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisando que solamente las partes pueden tener acceso a los registros de investigación, con las limitaciones establecidas en la propia ley. Así, refirió que el imputado y su defensa tendrán acceso a los registros de investigación cuando: 1) el imputado se encuentre detenido; 2) cuando sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista; y 3) una vez que el imputado y su defensor hayan sido convocados a la audiencia inicial. Señalado lo anterior, se tiene que dichas circunstancias en modo alguno resultan violatorias al derecho fundamental a una defensa adecuada que refiere el quejoso se vulnera con el acto reclamado. En efecto, pues el máximo tribunal del país ha sostenido en diversos criterios, que no existen derechos humanos absolutos, pues el artículo 1 párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, señala que aquéllos pueden restringirse o suspenderse válidamente en los casos y con las condiciones que la misma Ley Fundamental establece. A su vez, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que las restricciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y las libertades reconocidas en ésta, no pueden aplicarse sino conforme a las leyes dictadas en razón del interés general y de acuerdo con el propósito para el cual han sido establecidas. Con base a lo anterior, se asume que respecto al derecho fundamental que tiene todo imputado a una defensa adecuada, existe una restricción en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le impide acudir de manera libre y espontánea a la etapa de investigación inicial; es decir, no puede hacerlo en el momento que así lo desee a imponerse de los registros que obran en la carpeta de investigación, pues la Constitución constriñe la posibilidad de que lo anterior ocurra, hasta en tanto el Ministerio Público así lo estime conveniente; por tanto, en el caso, y al existir disposición constitucional, debe estarse a dicha restricción. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 202, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época, del siguiente rubro y texto: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano." Conviene destacar que la restricción al derecho fundamental a una defensa adecuada es de carácter momentánea, pues la misma dejará de serlo una vez que sea convocado el imputado a la audiencia inicial, momento en el cual, tanto él como su Defensor tendrán derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia de los mismos, con la oportunidad debida para preparar la defensa, es decir, a partir de ese momento ya no podrán mantenerse la reserva de las actuaciones de la investigación, salvo los casos que expresamente señale la ley. En el mismo sentido, tampoco se vulnera el principio al debido proceso como lo alega el quejoso. En efecto, pues en caso de que la autoridad ministerial no decidiera citarlo durante la investigación inicial, a fin de que pudiera comparecer y acceder a los registros de la carpeta respectiva, aquél aún tendría la oportunidad de conocer los datos de prueba recabados por el Ministerio Público en la fase de investigación complementaria, al grado de tener la posibilidad de controvertirlos y desvirtuarlos, cumpliéndose así el respeto al debido proceso. En ese orden de ideas, si el quejoso no acreditó encontrarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 20 Apartado B, fracción VI, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, al solicitar la intervención en la carpeta de investigación 17288/FCUE/TUX/2020, del índice de la responsable, a saber: a). Que se encuentre detenido; b). Que se le haya citado para recibirse su declaración o entrevistarlo; o c). Se le haya citada a comparecer ante el juez de control; luego, deviene correcta la determinación del Agente del Ministerio Público de la vicefiscalía Regional de la Cuenca y Coordinador de la Unidad de Alto Impacto de dicha vicefiscalía, de no darle la intervención solicitada. En las relacionadas consideraciones, y al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir en su favor en términos del artículo 79 fracción III inciso a), de la Ley de Amparo, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por ISAAC CALDERÓN SACRE, en contra del acto reclamado al Agente del Ministerio Público de la vicefiscalía Regional de la Cuenca y Coordinador de la Unidad de Alto Impacto de dicha vicefiscalía, consistente en la determinación de dos de noviembre de dos mil veinte, por medio de la cual le negó la intervención en la carpeta de investigación 17288/FCUE/TUX/2020, de su índice. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ISAAC CALDERÓN SACRE, contra del acto reclamado al Agente del Ministerio Público de la vicefiscalía Regional de la Cuenca y Coordinador de la Unidad de Alto Impacto de dicha vicefiscalía, consistente en la determinación de dos de noviembre de dos mil veinte, por medio de la cual le negó la intervención en la carpeta de investigación 17288/FCUE/TUX/2020, de su índice, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
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