Irwin Rodriguez Romero
Expediente 1106/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1106/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 26/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Irwin Rodriguez Romero
- Juez de Paz Municipal de Yautepec, Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos y desprendiéndose de los mismos que el cinco de enero de dos mil dieciocho, se declaró ejecutoriada la sentencia; en esas condiciones, para mejor manejo administrativo y aprovechamiento, devuélvanse las constancias que remitió el juez responsable al rendir su informe justificado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se declara que la sentencia ha causado ejecutoria. Archívese como asunto concluido.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 1106/2017; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el seis de junio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido a este juzgado al día hábil siguiente, Irwin Rodríguez Romero, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Paz Municipal de Yautepec, Morelos, actuario adscrito a dicho juzgado, y Policía Municipal de Yautepec; mismos que hizo consistir en: "IV. LA NORMA GENERAL. ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME -Se reclama de las autoridades señaladas como responsables los siguientes actos: De la autoridad señalada como ordenadora reclamo la EMISIÓN DEL AUTO DE REQUERIMIENTO Y ENTREGA DEL BIEN EMBARGADO dentro del juicio ejecutivo mercantil con expediente número 32/2017, radicado en el H. JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS, sobre la camioneta de mi propiedad con placas PXR 1743, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000 CARAVAN, COLOR GRIS, CINCO PUERTAS, 6 CILINDRO, CAPACIDAD PARA 7 PERSONAS. De la autoridad señalada como ejecutora, reclamo la EJECUCION DEL AUTO DE REQUERIMIENTO Y ENTREGA del bien mueble de mi propiedad consistente camioneta de mi propiedad con placas PXR 1743, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000 CARAVAN, COLOR GRIS, CINCO PUERTAS, 6 CILINDRO, CAPACIDAD PARA 7 PERSONAS, toda vez, que el suscrito no tengo deuda alguna con persona alguna, no he sido notificado y/o emplazado a juicio por ninguna autoridad de carácter mercantil y/o no soy parte en el juicio con número de expediente 32/2017, radicado en el H. JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS, por lo tanto, no debo de ser molestado en mis bienes, ni en mi persona." Señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por cuestión de turno le correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, la cual se admitió y quedó registrada con el número 1106/2017; se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó emplazar a los terceros interesados; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, se le dio la intervención legal que le compete; y en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes, que al elaborar la versión publica de la sentencia, se omitirá la publicación de las secciones clasificadas relativas a datos personales de las partes, sin que se omita la información general por cuestiones de transparencia, acorde a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna. Asimismo, se emplazó a los terceros interesados y se se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede la cual forma parte integrante del presente fallo; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en ordinales 103 y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, párrafo tercero; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013, 15/2013 y 32/2014 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además de tratarse de un juicio de amparo en materia civil, contra autoridades que tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con la finalidad de lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, se procede a realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado, de tal manera que de la lectura íntegra del escrito inicial de demanda y de las constancias que conforman el expediente, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar de las autoridades responsables: ** La emisión del auto de requerimiento y entrega del bien embargado dentro de los juicios ejecutivos mercantiles, identificados con número expedientes 31/2017, 32/2017 y 33/2017, del índice del juzgador responsable. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". TERCERO. El Juez de Paz Municipal de Yautepec, Morelos, actuario adscrito a dicho juzgado, y Policía Municipal de Yautepec, al rendir su informe justificado, no refirieron de manera literal, la existencia el acto reclamado, empero, de la relatoría que formulan en su informe, y de las constancias de los expedientes 31/2017, 32/2017 y 33/2017, se advierte la existencia del acto reclamado, y debido a ello se tiene por cierto. CUARTO. Resulta innecesario abordar el análisis de los conceptos de violación, en virtud de que respecto a los actos reclamados por la parte quejosa se actualiza una causal de improcedencia, la cual es de orden público y de estudio preferente. Tiene sustento, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la jurisprudencia 814, visible a fojas 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, parte Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo VI, que es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia" En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que el quejoso no acredita su interés jurídico para reclamar la emisión del auto de requerimiento y entrega del bien embargado dentro de los juicios ejecutivos mercantiles, identificados con número expedientes 31/2017, 32/2017 y 33/2017, del índice del juzgador responsable. Tal dispositivo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Conforme a la norma transcrita, la parte quejosa tiene la carga procesal de demostrar de manera fehaciente, que los actos que reclama afectan su interés jurídico, entendiéndose por este último, la titularidad que al impetrante corresponde respecto a los derechos o posesiones afectados por los actos reclamados, en tanto que el artículo 5° de la Ley de Amparo previene, que es parte del juicio de amparo el quejoso, el que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo en vigor, y que ello se traduzca en una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; de igual forma establece que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa y ello significa, que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena de la afectación del interés legítimo o jurídico de la parte quejosa. Por similitud de razón, sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas respectivamente en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, materia común, tesis 293, página 242, y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XV, febrero de dos mil dos, tesis 1a./J. 1/2002, página 15, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones.". "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.". Además, cabe citar la jurisprudencia ochocientos cincuenta y dos, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo IV, materia civil, página quinientos ochenta y uno, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías.". De lo anterior se evidencia, que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación, de lo cual se concluye que ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés legítimo o jurídico que para la procedencia del juicio de garantías debe tomarse en consideración. De tal manera que si lo reclamado es el respeto a la Garantía de audiencia del quejoso en el juicio de origen, derivado de la emisión del auto de requerimiento y entrega del bien embargado dentro de los juicios ejecutivos mercantiles, identificados con número expedientes 31/2017, 32/2017 y 33/2017, del índice del juzgador responsable, bajo el argumento de que, el quejoso es persona extraña al juicio, en este caso, es necesario para justificar esa afectación o perjuicio, que quien pide amparo demuestre que posee con carácter de propietario el vehículo materia del embargo, en los juicios de origen y a que no sea perturbado en tal propiedad, si no es mediante un juicio en el que se sigan las formalidades esenciales de todo procedimiento. Así, de no acreditar ese derecho tutelado jurídicamente, procede sobreseer por falta de interés jurídico. En efecto, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte la persona o los derechos del impetrante. Luego, conforme a lo dispuesto en el Artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, debe entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se hace a los derechos o intereses de un particular. En tal virtud, la procedencia del juicio de amparo contra un acto de autoridad determinado, debe referirse a la existencia de una parte agraviada, es decir, a la afectación de los intereses jurídicos o legítimos de un particular. Ahora, para efectos de la procedencia del amparo, y tratándose de quien se ostente como persona tercera extraña a juicio, para acreditar la procedencia es indispensable acreditar el hecho o acto jurídico del que se duele, en efecto lesiona sus derechos, en el caso particular, que es el legítimo propietario de la camioneta de con placas PXR 1743, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000 CARAVAN, COLOR GRIS, CINCO PUERTAS, 6 CILINDRO, con capacidad para siete personas, y que dicha propiedad se ve lesionada por las actuaciones que destaca como reclamadas. Ahora bien, tratándose de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, la parte quejosa deberá ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Conviene puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la calidad de tercero extraño le resulta a quienes materialmente no han figurado en un juicio como partes, pero sufren un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones ahí dictadas, sin haber tenido la oportunidad de ser oídas en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas (tercero extraño en estricto sentido); concepto en el que se ha incluido a aquellos sujetos que en una controversia judicial no fueron emplazados; o bien, fueron defectuosamente llamados al mismo, dado que tal omisión les impide conocer datos necesarios para defenderse (tercero extraño por equiparación). Lo anterior fue expuesto así en la jurisprudencia P./J. 7/98, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sigue siendo aplicable conforme a la Ley de Amparo vigente, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente" . En el caso concreto, el quejoso comparece como tercero extraño en sentido estricto, es decir, sin haber figurado en el procedimiento de origen como parte material del mismo, aduciendo sufrir un perjuicio sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa. De la lectura a la demanda de amparo, se advierte que el quejoso aduce que es ajeno a algún tipo de procedimiento o juicio por el que se les imponga un embargo en sus bienes. De las constancias que remitió la autoridad responsable ordenadora Juez de Paz Municipal de Yautepec, Morelos, consistentes en los expedientes ejecutivos mercantiles número 31/2017, 32/2017 y 33/2017, se advierte que el nueve de mayo de dos mil diecisiete, dictó auto de exequendo con efectos de mandamiento en forma, a fin de requerir de pago a la parte demandada Diana Flores de Mesa (como deudora principal), diversas cantidades por suerte principal, más accesorios legales, y en caso de no hacerlo, se procediera a embargar bienes de su propiedad suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, así también para que fueran emplazadas para que dentro de un término de ocho días contestaran la demanda entablada en su contra. El dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, el secretario en funciones de Actuario adscrito al juzgado responsable, procedió a embargar una camioneta con placas PXR 1743, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000 CARAVAN, COLOR GRIS, CINCO PUERTAS, 6 CILINDRO, CAPACIDAD PARA 7 PERSONAS. Ahora bien, el quejoso refiere ser propietario de tal vehículo automotor, para lo cual ofrece las siguientes pruebas, en original y algunas en copia simple: Certificado, en carácter de factura, en idioma ingles con número 0285641, y como propietario original, Charles D COX KATY (foja 14), documento que en el reverso contiene la siguiente leyenda "Cedo los derechos de la presente factura a Irwin Rodríguez Romero" "19-03-2016", además de una firma ilegible, sin nombre de a quien pertenece y dos diversos endosos más. Dos recibos de pago por derechos respecto del vehículo, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000 CARAVAN, COLOR GRIS, CINCO PUERTAS, serie 1B44G3YB806503, a nombre de Ávila Sambrano Teodoro, con números 4537525 y 3293304, correspondientes a los años dos mil once y dos mil diez, y uno más, del año dos mil diez, a nombre de Abarca Brito Bernabé, identificado con el folio 2542380. Dos recibos de pago por pago de derechos de reemplacamiento y adquisición de vehículos usados con número de folio 523515 y 1282988, correspondientes a los años dos mil trece y dos mil catorce, a nombre de Cano Contreras Rosalba. Una Carta responsiva de diecinueve de marzo de dos mil dieciséis, signada por Diana Flores Demesa (vendedora) e Irwin Rodríguez Romero (Comprador). Copias simples de las credenciales de elector de Irwin Rodríguez Romero, Romero González Martha, Flores Demeza Diana y Labastida Romero Luis Alberto. Pedimento número 192432650002842, a nombre de del importador Bernabé Abarca Brito, con certificación de veinticuatro de febrero de dos mil diez, con una diversa documental en idioma ingles (sin traducción). Original de la Tarjeta de circulación correspondiente al año dos mil catorce, correspondiente al vehículo antes descrito, a nombre de Cano Contreras Rosalba, respecto del vehículo MARCA CHRYSLER, MODELO 2000 CARAVAN, COLOR GRIS, CINCO PUERTAS, serie 1B44G3YB806503. Tales documentos carecen de valor probatorio para acreditar el interés jurídico que el quejoso alega tener. Lo anterior, con fundamento en los artículos 79, 81 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por las razones que se exponen a continuación. El endoso en la factura a nombre del quejoso Irwin Rodríguez Romero, carece de fecha cierta, por lo que es ineficaz para demostrar la propiedad que dice tener, en razón de que se desconoce el momento exacto en el que se transmitió la propiedad, lo que genera incertidumbre jurídica, ya que la factura es documento privado endosable por los particulares sin formalidad. La fecha cierta se exige como requisito para la demostración del interés jurídico, para dar certeza a las operaciones de transmisión de dominio de vehículos automotores, en razón de que el juicio de amparo no debe utilizarse para fines desleales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FACTURAS "ENDOSADAS" A FAVOR DE QUIEN SE PRESENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL. ACREDITAN SU INTERÉS JURÍDICO SI NO SON OBJETADAS, IDENTIFICAN LOS BIENES Y EL "ENDOSO" ES DE FECHA CIERTA. El tercero extraño al juicio natural, cuando se le embargan bienes de su propiedad, sin que hubiese intervenido en alguna forma en el procedimiento, puede acreditar su interés jurídico en el juicio de garantías, presentando ante la autoridad jurisdiccional la factura donde se describan los bienes materia del embargo, siempre y cuando, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 2034, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicados supletoria y analógicamente, respectivamente, dicho documento no haya sido objetado, la factura detalle los bienes embargados, y el llamado "endoso", que no significa otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta. Esto último se entenderá desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio; pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y, evitando así, que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales". Ahora bien, la prueba documental consistente en el original de la tarjeta de circulación carece de valor probatorio para demostrar el interés jurídico que el quejoso aduce, en virtud de que no es documento idóneo, ya que lo que demuestra es que el vehículo que describe cuenta con permiso para circular, pero no el derecho de propiedad aducido, sumado a que se encuentra a nombre de persona, a quien supuestamente le cedió la propiedad del vehículo. Además, no se adminicula, en el presente caso, con otra prueba, toda vez que la factura, como se explicó, carece de fecha cierta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "TARJETA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR. NO ES UN DOCUMENTO IDÓNEO, POR SÍ MISMO, PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN PROMUEVE EL JUICIO DE AMPARO EN CALIDAD DE PROPIETARIO DEL VEHÍCULO AUTOMOTRIZ A QUE SE REFIERE. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversas tesis que el interés jurídico en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. El interés jurídico está directamente vinculado con el derecho que se dice vulnerado por el acto de autoridad, por lo cual, cuando se acude al juicio de amparo reclamando el acto consistente en el embargo trabado sobre un vehículo automotriz por afectar el derecho de propiedad del quejoso, debe demostrarse que el quejoso es titular de tal derecho a fin de demostrar el interés jurídico en el juicio de amparo. Ahora bien, la tarjeta de circulación vehicular sólo permite la identificación del vehículo automotriz referido en ella, es decir, su alcance probatorio se limita a comprobar que el vehículo que describe cuenta con el permiso de circulación respectivo; de ahí que dicha tarjeta, por sí misma, no sea un documento idóneo para acreditar la propiedad del vehículo, pues sólo establece una presunción respecto de ese derecho y, como se ha dicho, el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente y no con base en presunciones" . Sin que el resto de las documentales detalladas en párrafos precedentes, tampoco sean eficientes para acreditar el interés de la parte quejosa, pues aunque todas ellas tienen relación con el vehículo embargado en los juicios de origen, que el quejoso aduce, es de su propiedad, lo cierto es que ninguno de ellos tiene eficacia para acreditar tal afirmación. En esas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado en la presente instancia constitucional. Por lo que se impone sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al decretarse el sobreseimiento en este juicio de amparo, no es dable estudiar los conceptos de violación formulados por el quejoso en su demanda de amparo, toda vez que el estudio de las causales de improcedencia en el juicio constitucional es preferente y de orden público, y su actualización impide el análisis de la cuestión de fondo. QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en los que se determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena la captura del presente fallo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, fracción XII, 63, fracción V, 73, 74, 75, 215 y 216 de la Ley de Amparo en vigor, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Irwin Rodríguez Romero, respecto los actos y las autoridades precisados en el resultando primero, y por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien actúa y da fe, hasta hoy diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, en que las labores de este Juzgado permitieron concluir su engrose. Doy fe
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se desprende que el veintitrés de octubre del año en curso, se dio vista a la quejosa con el informe justificado rendido por el juez responsable y con las constancias requeridas; en esas condiciones, a fin de cumplir con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de la Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose de nueva cuenta las diez horas con veintiséis minutos del día dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, para su celebración. Con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, es aplicable la jurisprudencia P.J. 54/2000, sustentada por la actual Segunda Sala y la anterior Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, tomo XI de abril de 2000, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
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