Irwin Édgar Sierra Vargas

Expediente 185/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 21 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
185/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
12/12/2022

Partes del expediente

  • Irwin Édgar Sierra Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el juicio en que se actúa, promovido por Irwin Édgar Sierra Vargas, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución del poder Judicial de Tecate, Baja California, en términos de lo dispuesto en el considerativo cuarto de la presente sentencia.

  2. Principal

    Visto el contenido de la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha no obra en autos constancia de notificación personal al quejoso Irwin Édgar Sierra Vargas, respecto del proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, emitida en los presentes autos. Por tanto, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, túrnense los autos al Actuario de la adscripción, para que notifique en forma personal, al referido quejoso, el contenido del aludido acuerdo. Apoya a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia número 1a./J.104/2022, sustentada por la primera Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2025391 del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable." En consecuencia, a fin de dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y para su verificativo se fijan las diez horas con cinco minutos del doce de diciembre de dos mil veintidós. Ahora, en consideración a lo antes expuesto, se estima que en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, la presente determinación debe notificarse por medio de lista a las autoridades responsables, y no por medio de oficio en términos del artículo 26, fracción II de la Ley de Amparo, toda vez que esta actuación no contiene algún requerimiento a las mismas, aunado a que no es de mayor trascendencia para su conocimiento. Lo anterior, sin perjuicio de que, cuando se encuentre debidamente integrado el presente asunto, se les notifique por medio de oficio la sentencia dictada en el presente expediente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia1, que es del contenido siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales 1 la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Página 1253, de la Décima Época que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar."

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes el oficio remitido por el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate; por medio del cual cumple el requerimiento formulado el diecinueve de septiembre del año en curso, y al respecto, remite copia certificada de las constancias con las que acredita haber aceptado la competencia de la carpeta de ejecución 440/2020, relativa al quejoso Irwin Edgar Sierra Vargas; así entonces, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con lo anterior, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la responsable oficiante, ofreciendo como pruebas de su parte, las documentales que acompaña a su comunicado, de las cuales, se acordará lo relativo a su admisión y desahogo en la audiencia constitucional que en el presente juicio se celebre.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio recibido por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), firmado electrónicamente por el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, por medio del cual, en atención al requerimiento efectuado en auto de diecinueve de septiembre del año en curso, hace del conocimiento que el cinco de octubre del año en curso, se aceptó la competencia declinada. Por otra parte, refiere que remitirá en forma física copia certificada del auto y oficio de cinco de octubre de dos mil veintidós, así como de las constancias en las cuales se declina la competencia; por tanto, estése a la espera del citado medio de prueba, lo anterior, atendiendo a que la autoridad oficiante remite el presente oficio por medio electrónico.

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