Irving Tearlach Macias Salas

Expediente 57/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
57/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
02/02/2017

Partes del expediente

  • Irving Tearlach Macias Salas

Actuaciones

  1. Principal

    En dos de febrero de dos mil diecisiete, el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA QUE: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98, de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, transcurrió del veinticinco al treinta y uno de enero del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso alguno en contra del auto dictado por este juzgado el dieciocho de enero del propio año, dentro del juicio de amparo 57/2017-1; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Existen constancias que devolver a la autoridad responsable. No se abrió incidente de suspensión por separado, por lo que no se exhibió billete de depósito o alguna otra garantía respecto de la cual se tenga que proveer sobre su destino. CONSTE. En la misma fecha el secretario da cuenta a la juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dos de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de cinco días señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, en contra del auto dictado por este juzgado el dieciocho de enero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por el Irving Tearlach Macías Salas; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En atención a lo anterior, en razón de que el auto de que se trata no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se desechó la demanda de amparo con que se formó el mismo; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico, ni es de relevancia documental que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el Primer Párrafo del Punto Décimo Primero del Acuerdo en cita, remítase el presente expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Devuélvase a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, el expediente laboral 10/2015 UAZ, que obra por separado. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con secretario que autoriza, licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla.- DOY FE. Bjm

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de enero de dos mil diecisiete. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Téngase por recibido el oficio de cuenta remitido por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad; al que acompaña el expediente relativo al juicio de amparo directo laboral 38/2017-3 de su índice. Ahora, por auto de dieciséis de enero de la presente anualidad, se advierte que la propia superioridad determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda promovida por Irving Tearlach Macías Salas; en tal virtud, con fundamento en los artículos 37, 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, acepta la competencia planteada y asume el conocimiento de la demanda; hágase la anterior circunstancia del conocimiento del tribunal declinante para los efectos legales conducentes y acúsese el recibo de estilo correspondiente. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 57/2017-1, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado y autoridad responsable los siguientes: III. AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE ZACATECAS. IV. ACTO RECLAMADO. La resolución interlocutoria del incidente de nulidad de actuaciones de once de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 10/2015 UAZ, por la mencionada Junta Especial responsable. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Por otra parte, apreciada íntegramente la demanda de amparo, así como las constancias relativas al expediente laboral 10/2015 UAZ, que la Junta responsable remitió a la Superioridad con su informe justificado, se advierte que el quejoso hace consistir el acto reclamado en: La resolución de once de octubre de dos mil dieciséis, dictada por la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, el en mencionado expediente, por la que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el licenciado Alejandro Sánchez Martínez, apoderado legal del demandado en el juicio principal Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, por conducto de su representante legal Rafael Rodríguez Espino y por éste último, demandado como persona física, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO. El actor incidental Lic. Rafael Rodríguez Espino, por conducto del C. Lic. Alejandro Sánchez Martínez en su carácter de apoderado legal de la parte actora incidentista, acreditó la acción ejecutoria, en consecuencia: SEGUNDO.- Se declara procedente el incidente de nulidad promovido por la parta actora incidentista, codemandada en el principal, Lic. Rafael Rodríguez Espino, como dejando nulo todo lo actuado y reclamado por lo que ve a la persona física, líneas arriba señaladas.- Por lo que se ordena continuar con el procedimiento laboral en la etapa en la que fuera suspendido". Ahora bien, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De igual forma, del análisis de las referidas constancias, se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado y que son: 1. Por escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil quince, ante la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, el ahora quejoso demandó en la vía ordinaria laboral a la Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas", por conducto de su representante legal I.Q. Armando Silva Cháirez, en su carácter de Rector de dicha universidad, así como al Sindicato de Trabajadores de la propia universidad (STUAZ), por conducto de su representante legal Rafael Rodríguez Espino, y a éste último, como persona física, y/o a quien resulte responsable; demanda que fue admitida el veintinueve de octubre citado, registrándose con el número de expediente 10/2015 UAZ. 2. Dentro de dicho expediente, concretamente en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, se tuvo al apoderado legal del demandado Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (STUAZ), por conducto de su representante legal Rafael Rodríguez Espino, y por éste último, demandado como persona física, promoviendo incidente de nulidad de actuaciones, así como incidente de falta de personalidad. 3. El once de octubre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable resolvió el incidente de nulidad de actuaciones, el cual declaró procedente, como quedó precisado en los puntos resolutivos transcritos en párrafos precedentes. La resolución anterior es la que constituye el acto reclamado en el presente asunto. En atención a lo anterior, la suscrita Juez Federal, por cuanto hace al acto reclamado de que se trata, considera procedente desechar de plano la demanda de garantías; pues se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales, en su orden, señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." En el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de garantías, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la referida ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. De acuerdo con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En diversos criterios nuestro máximo tribunal ha establecido que existen dos condiciones que deben actualizarse conjuntamente para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o procedimiento: La primera, que afecten materialmente derechos, es decir, que el acto de autoridad impida libremente el ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado de fallo definitivo; y La segunda, que tales derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, contrarios a los de naturaleza formal o material, en cuyo caso la afectación no es actual sino que depende de que llegue a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Atendiendo a lo expuesto, los actos que tienen una ejecución de imposible reparación son aquéllos que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y que tal afectación no desaparezca ni aun en el supuesto de que el quejoso obtenga sentencia favorable a sus intereses. En ese sentido, los actos dentro de juicio que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales no pueden ser considerados de imposible reparación, dado que son susceptibles de repararse si se obtiene sentencia o laudo favorable; de ahí que, el juicio de garantías resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de un acto de imposible reparación. Lo anterior, no implica que las violaciones procesales que se hubiesen actualizado dentro del procedimiento no puedan controvertirse; sin embargo, el derecho a combatirlas, está sujeto al principio de concentración, que tiene como finalidad que el proceso se realice en el menor tiempo posible y con la mayor unidad. Dicho principio restringe el derecho de las partes a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan en la secuela del procedimiento, imponiendo que tales cuestiones se resuelvan de manera simultánea; de acuerdo con ello, las violaciones procesales no pueden ser impugnadas mediante juicios de amparo independientes sino que debe esperarse a que se dicte la sentencia definitiva o laudo y en el juicio de amparo que se promueva en su contra, plantear todas y cada una de dichas violaciones. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción de tesis 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Entonces, interpretado en sentido contrario el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional resultará improcedente cuando se advierta que no se está frente a un acto que sea de imposible reparación, que es aquel que tiene como consecuencia afectar directa e inmediatamente un derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, de acuerdo al derecho jurisprudencial mexicano, los actos dentro de juicio que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales no pueden ser considerados de imposible reparación, toda vez que sus consecuencias son exclusivamente formales, las cuales, por su propia naturaleza, son susceptibles de repararse si se obtiene sentencia o laudo favorable. La parte quejosa comparece a esta instancia constitucional, como se dijo, a reclamar el acto consistente en la resolución de once de octubre de dos mil dieciséis, en la que la autoridad responsable declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por Alejandro Sánchez Martínez, apoderado legal del demandado en el juicio principal Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, por conducto de su representante legal Rafael Rodríguez Espino y por éste último, demandado como persona física; y, por tanto, declaró nulo todo lo actuado y reclamado por lo que ve a dicha persona física, ordenando continuar con el procedimiento laboral en la etapa en la que fue suspendido. Lo anterior permite sostener que el acto reclamado no es de aquellos considerados de imposible reparación, ya que las violaciones reclamadas no afectan derechos sustantivos, como la propiedad, la libertad, etcétera, sino únicamente adjetivos, cuya afectación no es actual sino que depende de que llegue a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, en el caso, no se satisfacen los requisitos para la procedencia de la presente acción de amparo. Es aplicable a lo anterior, el criterio emitido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada bajo el número 3ª./J.43 29/89, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIÓN. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo" . También sirve de sustento respecto a los actos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En tales condiciones, debe concluirse que en la especie se hace presente la causa de improcedencia prevista por la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, por lo que, es procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por Irving Tearlach Macías Salas. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente se tiene como autorizado únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos al licenciado J. Concepción Muñoz González en términos del artículo 24, segundo párrafo de la ley de la materia, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como domicilio para tal fin el ubicado en calle Manuel Gutiérrez Nájera número 209 (a un costado del C.E.C.A.T.I. número 81 La Bufa) zona centro de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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