Irving Silvet Rodríguez Gómez

Expediente 731/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
731/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/02/2023

Partes del expediente

  • Irving Silvet Rodríguez Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Certificación de Archivo.

  2. Principal

    la autoridad responsable Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro, "Noroeste", rinde informe de suspensión de plano. Ahora, del estado que guardan las presentes actuaciones, se advierte que en acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintidós, se tuvo al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, comunicando que dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del juicio de amparo 731/2022-VI de nuestro índice, el cual quedó registrado bajo el número *** remítase al Homólogo Federal el sendo de cuenta, previa copia certificada se deje en autos, para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio y anexo allegado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, mediante el cual, devuelve debidamente diligenciado, el exhorto 305/2022-VI (orden 330/2022) del índice de este Juzgado, remitido en cumplimiento al auto de veintidós de julio del presente año, con el propósito de notificar al quejoso, el citado auto. Por tanto, incorpórese a los antecedentes acorde al numeral 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles - aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo-, tómese nota para los efectos legales correspondientes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que tal documento adquiere valor, pues su remisión fue a través de un sistema autorizado, según lo previsto por el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales, también los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. De igual forma, glósese a los autos, el oficio allegado por el Actuario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, mediante el cual, comunica que dicho Órgano Jurisdiccional, se avocó al conocimiento del juicio de amparo 731/2022-VI de nuestro índice, promovido por , el cual quedó registrado con el número 493/2022-I; consecuentemente, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, ello, acorde al artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Bajo ese panorama, se ordena la remisión del expediente original del juicio de amparo 731/2021-VI del índice de este Juzgado, al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, al tiempo que se le solicita el acuse de recibo correspondiente. Por otra parte, en atención a que no existe trámite pendiente alguno en el presente cuaderno de antecedentes, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del mismo como asunto concluido.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio allegado por el Secretario del Cuarto Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, en el que anexa la demanda de amparo presentada por Irving Silvet Rodríguez Gómez, contra actos de la Dirección General del Cefereso Número Cuatro Noroeste "El Rincón", Tepic, Nayarit y otras autoridades; al efecto, regístrese el expediente relativo bajo el número 731/2022-VI, el cual le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. Ahora, del examen integral de la demanda revela que el promovente acude a esta instancia extraordinaria a solicitar la protección de la justicia federal y señalando como acto reclamado "la falta de atención médica". Al respecto, debe mencionarse que el derecho a la vida y la salud, se encuentra reconocido tanto a nivel constitucional como convencional, específicamente en los arábigos 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 4.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica; y, 6.1 y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; por ende, el Estado Mexicano, tiene la obligación de impedir que sus agentes atenten contra él. Tal deber no sólo presupone ninguna persona sea privada de la vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados, tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la salud (obligación positiva), dada su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción. Esa protección activa del derecho a la vida no sólo involucra a los legisladores, dado que también contempla a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas fuerzas de policiacas o armadas. Dicho de otra forma, los Estados no sólo tienen que prevenir y castigar la privación de la vida como acto criminal, pues además de ello, cuando tengan conocimiento de la existencia de un riesgo real e inminente para la vida de un individuo, deben implementar, en el ámbito de sus atribuciones, todas las medidas necesarias y adecuadas para evitar, en lo posible, la afectación de ese derecho fundamental. Luego, tomando en cuenta lo señalado, para el caso particular se determina que, para evitar afectaciones de difícil o imposible reparación al quejoso, lo conducente es que con fundamento en el normativo 126 de la Ley de Amparo, decretar la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades señaladas como responsables, tomen de forma inmediata las medidas necesarias, en el ámbito de sus atribuciones, a fin de que efectúen las gestiones respectivas para que se salvaguarde la integridad física de Irving Silvet Rodríguez Gómez, es decir: Se le brinde a Irving Silvet Rodríguez Gómez, la atención médica adecuada, para tratar sus padecimientos. Procedan de inmediato aplicarle los exámenes médicos correspondientes para determinar el tipo de tratamiento médico adecuado necesario durante el tiempo que permanezca a su disposición. Suministren los medicamentos o insumos básicos y esenciales que tengan a su alcance, para su oportuno tratamiento en aras de preservar la calidad de vida del recluso. En el evento probable, que de ser necesario, que a juicio de los médicos que atiendan al agraviado, en el indicado centro de reclusión, si la enfermedad y síntomas que presenta son graves y así lo amerita, se le traslade a cualquier nosocomio que cuente con lo necesario para preservar la salud del aquí directamente agraviado, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR DEL CITADO CENTRO DE RECLUSIÓN, EL TRASLADO Y CUSTODIA DEBIDA DEL INTERNO. ASIMISMO, DESDE ESTE MOMENTO, QUEDA BAJO LA ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA VIDA, LA SALUD Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL DIRECTAMENTE AGRAVIADO; POR TANTO, ES RESPONSABILIDAD DE ELLAS TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA VELAR POR LA VIDA Y LA SEGURIDAD PERSONAL DE IRVING SILVET RODRÍGUEZ GÓMEZ. Lo anterior, pues al estar bajo su custodia, es obligación la de brindarle la protección del derecho a la salud que incluye, entre otras, adoptar leyes y otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de salud y los servicios relacionados con ella. Además, las potestades deberán tener en cuenta que acorde a lo establecido en el último párrafo del artículo 19 constitucional, todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. Sin demora alguna, comuníquese esta determinación a las autoridades responsables para su cumplimiento, a fin de que cesen de inmediato éstos actos; y, requiéraseles para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, informen el cumplimiento que hayan dado a esta determinación, apercibidas de no hacerlo así, se procederá en términos del precepto 262, fracción III y el diverso 265, fracción I de la invocada ley. Ahora, cabe puntualizar que el agraviado se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste El Rincón", con residencia en Tepic, Nayarit y que como quedó apuntado, se duele de la falta de atención médica. Asimismo, se desprende que la parte agraviada reclama lo siguiente: La falta de atención médica. Frente a ese panorama, la suscrita es LEGALMENTE INCOMPETENTE, para conocer de la demanda planteada, en atención a las siguientes consideraciones. El artículo 107, fracción VII de la Constitución General de la República, establece: "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." Por su parte, el arábigo 37 de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la intelección del contenido de las disposiciones transcritas, se puede advertir que se establecen claramente tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ante todo, es pertinente señalar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligada esta juzgadora, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el numeral 2° de ese mismo ordenamiento procesal. Ciertamente, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución. En ese sentido, conviene señalar que para que un juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de criterios de asignación de la competencia, a saber: a) Por territorio; b) Por materia; c) Por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera; es decir, la asignada por razón de territorio. En ese orden, se estima que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de derechos fundamentales, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. La ejecución a que se refiere este precepto, es aquélla que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Precisado lo anterior, debe señalarse que el acto reclamado consiste en la falta de atención médica, que sufre Irving Silvet Rodríguez Gómez dentro de la instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro Noroeste "El Rincón", con residencia en Tepic, Nayarit, razón por la cual el directamente agraviado presumiblemente se encuentra internado en las instalaciones de la autoridad señala como responsable que reside en aquella ciudad. Así las cosas, es claro que, en el caso, los actos reclamados se ejecutan en un lugar donde tiene competencia el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en Tepic, Nayarit; por tanto, si su ejecución se sigue efectuando en dicho lugar, es inconcuso que debe ser allá donde ha de tramitarse el juicio de amparo, en razón a que es en esa Entidad Federativa donde tiene ejecución el acto que se combate. Lo anterior es así, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución material en aquel lugar, por lo que, es competente para conocer del acto tildado de inconstitucionalidad el Juez de Distrito en cuya jurisdicción tendrá lugar su ejecución. En ese contexto, es evidente que este Juzgado de Distrito resulta LEGALMENTE INCOMPETENTE para conocer de la demanda de amparo presentada por Irving Silvet Rodríguez Gómez, contra actos de la Dirección General del Cefereso Número Cuatro Noroeste "El Rincón", Tepic, Nayarit y otras autoridades. Por las razones antes descritas, con fundamento en los preceptos 37 primer párrafo y 48, de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Carta Magna, remítase vía oficio copia certificada del presente juicio de amparo, al JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, EN TEPIC, NAYARIT, EN TURNO, para que informe si acepta o no la competencia declinada y; en su caso, se sirva acusar el recibo correspondiente por vía electrónica; en caso de aceptar la competencia planteada, dígasele que se le será remitido el expediente original vía ordinaria. Por otra parte, respecto a la suspensión de plano decretada, a fin de enterar a las responsables de tal medida cautelar y recabar los informes respectivos, para agilizar la administración de la Justicia Federal conforme lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia, conforme lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley de Amparo, líbrense atento exhorto vía SISE al citado órgano federal, es decir al JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, EN TEPIC, NAYARIT, EN TURNO, a fin de que en auxilio de las labores de este Tribunal, instruya al personal de su adscripción para que se constituya el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro Noroeste "El Rincón", con residencia en Tepic, Nayarit y notifique personalmente el presente proveído impetrante de mérito en el lugar de su reclusión. Además, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, fracción III, de la Ley de Amparo, deberá notificar los oficios dirigidos a las potestades responsables, que se encuentren dentro del territorio del cual ejercen jurisdicción, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo. Se faculta al Juez exhortado habilite días y horas inhábiles para cumplimentar a la brevedad esta determinación, siendo innecesario requerir el acuse respectivo, pues el mismo será generado al momento de su remisión, conforme a los preceptos 109 y 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno llevado para tal efecto. Se tiene al directo quejoso señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, el precisado en la demanda de amparo, es decir, en el lugar de su reclusión. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa certificación correspondiente.

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