Irving Román May del Angel
Expediente 260/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 260/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 31/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Irving Román May del Angel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en atención al requerimiento que se le formuló por auto de catorce de marzo del año en curso, a efecto de que el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, una vez fenecido el plazo concedido al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, hiciera de conocimiento a este Juzgado Federal, sobre las gestiones que realizó respecto a las posibilidades de pago a efecto de que dicho Ayuntamiento pueda dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en los presentes autos, debiendo remitir constancias que lo acrediten, a fin de proveer lo que en derecho corresponda, sin que a la fecha este Juzgado Federal tenga conocimiento de lo anterior. En consecuencia, se ordena requerir nuevamente al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para que en el término de tres días legalmente computado de cumplimiento al requerimiento que se le formuló por auto de catorce de los corrientes. Con el apercibimiento, que de no atender lo anterior, se le impondrá una multa de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos cero centavos, moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al tribunal Colegiado o a la Segunda Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En apoyo de lo anterior, por analogía cabe citar la tesis de jurisprudencia 178, visible en la página 145, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registrada con el número 917,712, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." También es aplicable la tesis relacionada en quinto lugar con la jurisprudencia 735, visible en la página 1208, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO, AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, TIENEN OBLIGACIÓN DE REALIZAR LOS ACTOS QUE REQUIERA SU EFICACIA. Todas las autoridades, aunque no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, si tienen o deben tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora, y para que el fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica." Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Fabiola Pérez Alonso, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 260/2022-VII-A, promovido por Karen Paola Bolio Cabrera a favor de Irving Román May del Angel, contra los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, así como de otras autoridades; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Mediante escrito recibido vía electrónica el uno de febrero de dos mil veintidós, compareció Karen Paola Bolio Cabrera a favor de Irving Román May del Angel, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos del Secretario, Director Jurídico y Comandante de Cuartel en turno, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de la misma fecha (uno de febrero de dos mil veintidós), se registró la demanda con el número 260/2022-VII-A y se decretó de oficio la suspensión de plano para el efecto de que cesaran de inmediato la incomunicación, privación de la libertad fuera del procedimiento (detención y retención ilegal) y malos tratos del directo quejoso. De igual forma, se ordenó requerir al directo quejoso para que en el acto de notificación del citado proveído o dentro del término de tres días computados legalmente, ratificara la demanda de amparo promovida a su favor. Por razón actuarial de dos de febrero del año en curso, la fedataria judicial adscrita a este Juzgado Federal, asentó que se constituyó en el área de seguridad de la Fiscalía General del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, donde se entrevistó con el directo quejoso quien manifestó que sí ratificaba la demanda promovida a su favor. TERCERO. En virtud de lo anterior, mediante proveído de dos de febrero de dos mil veintidós, se admitió la demanda de que se trata; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la federación adscrita la intervención que le compete, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo este día, al tenor del acta que precede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa, en: La incomunicación, detención y malos tratos del directo quejoso. TERCERA. No son ciertos los actos reclamados, consistentes en los malos tratos e incomunicación del directo quejoso, atribuidos a las autoridades responsables tal como se desprende del informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en lo personal y en representación del titular de dicha Secretaría y Comandante de Cuartel en turno, de la propia corporación policiaca, todos con sede en esta ciudad, con registro 2332, y el diverso con registro 2877; además de que la parte quejosa no desvirtuó dichas negativas con prueba en contrario. En tales condiciones, ante la negativa respecto de los citados actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables en este asunto, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917- 1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTA. Es cierto el diverso acto consistente en la detención del directo quejoso Irving Román May del Ángel, tal como se desprende del citado informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en lo personal y en representación del titular de dicha Secretaría y Comandante de Cuartel en turno, de la propia corporación policiaca, todos con sede en esta ciudad, con registro 2332, y el diverso con registro 2877. Lo que además se corrobora con las documentales que se adjuntaron a los mismos, así como con las constancias remitidas por el Fiscal Investigador en turno de la Fiscalía Investigadora Décimo Primera, con sede en Progreso, con registro 4223, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTA. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente". En el caso, a consideración del suscrito, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." Se afirma lo anterior, ya que de las constancias que en apoyo a su informe justificado remitieron las autoridades responsables, las cuales tiene eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Se advierte que el directo quejoso fue detenido por su probable responsabilidad en la comisión de hechos delictivos, integrándose la carpeta de investigación FI-FI/000040/2022. Asimismo, el tres de febrero siguiente, fue puesto a disposición del Juez Tercero de Control Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, a fin de que se realice la audiencia inicial por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos señalados en la ley como delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en su variante de comercio y connotación de venta del narcótico denominado Cannabis, previsto y sancionado en los artículos 475, relacionado con el 473 fracciones I, V y VIII, y 479 todos de la Ley General de la Salud. Por lo que al haber sido puesto a disposición de la autoridad judicial cambió la situación jurídica del directo quejoso. A más de que el acto reclamado no se encuentra dentro de alguna de las excepciones que contempla el párrafo segundo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, esto es, los numerales 19 y 20 constitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 2ª. CXI/96, visible en la página 219, Tomo IV, de diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley, sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión firmada electrónicamente de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73 al 77, 124 y 217 de Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por Irving Román May del Angel, contra los actos que reclama del Secretario, Director Jurídico y Comandante de Cuartel en turno, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, consistentes en la incomunicación y malos tratos, por los motivos expuestos en la consideración tercera de la misma. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por Irving Román May del Angel, contra la detención que reclama del Secretario, Director Jurídico y Comandante de Cuartel en turno, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en la consideración quinta de la misma. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese una reimpresión firmada electrónicamente de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Fiscal Investigador en turno de la Agencia Décima Primera del Ministerio Público, con sede en Progreso, Yucatán y anexo que acompaña. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, con el que remite las constancias solicitadas por auto de nueve de los corrientes. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
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