IRVING ROMAN GALINA BAUTISTA y Otros.

Expediente 900/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
900/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/09/2022

Partes del expediente

  • IRVING ROMAN GALINA BAUTISTA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Se advierte que concluyó el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de dieciocho de agosto de este año, por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. Documentos originales. Se advierte que no hay documentos originales; entonces, no ha lugar a dar vista a las partes

  2. Principal

    Escrito de demanda firmado por ***, por su propio derecho. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado como 900/2022. De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Precisado lo anterior, tenemos que el quejoso reclama: El acuerdo recaído al escrito presentado el veintinueve de julio del año en curso, en el que se le negó el acceso a los registros que integran la carpeta de investigación ***. En ese sentido, este operador jurídico estima que en el presente juicio de amparo se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 en relación con el 107, fracción V, interpretado este último a contrario sentido de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en negativa de acceder a los registros que integran la carpeta de investigación ***. Lo anterior, en virtud de que este juzgador considera que el citado acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, en concordancia con el artículo 107, fracción I, Constitucional, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando alguna autoridad emita un acto que no afecte los intereses jurídicos de la parte quejosa, lo que implica que en todo caso, el proceder del órgano de gobierno, para ser examinado a través de la instancia constitucional, requiere como presupuesto, ser susceptible de generar perjuicio al gobernado, esto es, que exista un derecho que pueda resultar violado con el acto reclamado, lo que de no actualizarse en el caso concreto, tendría como consecuencia la improcedencia del amparo al no generarse el perjuicio como requisito indispensable para la procedencia de dicho derecho constitucional. En efecto, conviene precisar que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es así como se desprende que el ejercicio de la vía constitucional compete a quien perjudique el acto o ley que reclama, por consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, es necesario que haya un perjuicio a la parte quejosa o agraviada. En el caso particular se advierte que el presente juicio de amparo resulta improcedente respecto de negativa de acceder a los registros que integran la carpeta de investigación ***, en atención a que dicho acto por sí solo no lesiona los derechos fundamentales de la parte quejosa. Se afirma lo anterior tomando en consideración que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta en tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en el caso concreto el hoy quejoso se duele de la negativa por parte del agente del Ministerio Público Encargado del Despacho de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Ciberacoso de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Género contra las Mujeres de permitirle el acceso a la carpeta de investigación ***; no obstante, de la demanda y sus anexos sólo se advierte la mención del quejoso de tener una sospecha o temor de ser investigado en dicha carpeta pero no se observa la existencia de un acto de molestia que vulnere los derechos fundamentales de la parte quejosa -detención u orden de comparecencia, entonces, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. Cabe señalar, que la simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación. En esas condiciones, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de cuenta respecto del acto reclamado consistente en la negativa de acceder a los registros que integran la carpeta de investigación ***, en virtud de advertirse de manera manifiesta e indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 en relación con la fracción I del numeral 5° de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona la parte quejosa en el proemio de su demanda. En lo referente al correo electrónico y número telefónico que proporciona, téngaseles como medios de comunicación no procesales, a fin de que pueda establecerse el contacto respectivo exclusivamente en los casos en que este juzgador lo estime necesario. Por otra parte, se tiene por autorizado en los amplios términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo a Eduardo Sánchez Gonzalez, toda vez que tiene registrada cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. Se tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ***, toda vez que no cuentan con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expedites en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en lugar visible de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Finalmente, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, prorrogado mediante Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad en línea, lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.

  3. Principal

    Escrito de demanda firmado por ***, por su propio derecho. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado como 900/2022. De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Precisado lo anterior, tenemos que el quejoso reclama: El acuerdo recaído al escrito presentado el veintinueve de julio del año en curso, en el que se le negó el acceso a los registros que integran la carpeta de investigación ***. En ese sentido, este operador jurídico estima que en el presente juicio de amparo se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 en relación con el 107, fracción V, interpretado este último a contrario sentido de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en negativa de acceder a los registros que integran la carpeta de investigación ***. Lo anterior, en virtud de que este juzgador considera que el citado acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, en concordancia con el artículo 107, fracción I, Constitucional, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando alguna autoridad emita un acto que no afecte los intereses jurídicos de la parte quejosa, lo que implica que en todo caso, el proceder del órgano de gobierno, para ser examinado a través de la instancia constitucional, requiere como presupuesto, ser susceptible de generar perjuicio al gobernado, esto es, que exista un derecho que pueda resultar violado con el acto reclamado, lo que de no actualizarse en el caso concreto, tendría como consecuencia la improcedencia del amparo al no generarse el perjuicio como requisito indispensable para la procedencia de dicho derecho constitucional. En efecto, conviene precisar que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es así como se desprende que el ejercicio de la vía constitucional compete a quien perjudique el acto o ley que reclama, por consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, es necesario que haya un perjuicio a la parte quejosa o agraviada. En el caso particular se advierte que el presente juicio de amparo resulta improcedente respecto de negativa de acceder a los registros que integran la carpeta de investigación ***, en atención a que dicho acto por sí solo no lesiona los derechos fundamentales de la parte quejosa. Se afirma lo anterior tomando en consideración que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta en tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en el caso concreto el hoy quejoso se duele de la negativa por parte del agente del Ministerio Público Encargado del Despacho de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Ciberacoso de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Género contra las Mujeres de permitirle el acceso a la carpeta de investigación ***; no obstante, de la demanda y sus anexos sólo se advierte la mención del quejoso de tener una sospecha o temor de ser investigado en dicha carpeta pero no se observa la existencia de un acto de molestia que vulnere los derechos fundamentales de la parte quejosa -detención u orden de comparecencia, entonces, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. Cabe señalar, que la simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación. En esas condiciones, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de cuenta respecto del acto reclamado consistente en la negativa de acceder a los registros que integran la carpeta de investigación ***, en virtud de advertirse de manera manifiesta e indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 en relación con la fracción I del numeral 5° de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona la parte quejosa en el proemio de su demanda. En lo referente al correo electrónico y número telefónico que proporciona, téngaseles como medios de comunicación no procesales, a fin de que pueda establecerse el contacto respectivo exclusivamente en los casos en que este juzgador lo estime necesario. Por otra parte, se tiene por autorizado en los amplios términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo a Eduardo Sánchez Gonzalez, toda vez que tiene registrada cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. Se tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ***, toda vez que no cuentan con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expedites en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en lugar visible de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Finalmente, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, prorrogado mediante Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad en línea, lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.

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