Irving Rodriguez Laos

Expediente 737/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
737/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
26/07/2023

Partes del expediente

  • Irving Rodriguez Laos

Actuaciones

  1. Principal

    ...Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada el cuatro de julio de dos mil veintitrés; en la cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido. ... Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros electrónicos; y una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, y previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En razón de lo anterior resulta innecesaria la conservación de las constancias que hizo llegar con su informe justificado la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; por tanto, se ordena la devolución de las mismas, sin que sea necesario el acuse de recibo de estilo correspondiente, en virtud de que el sello de recepción del oficio y la anotación de lo que se recibe hará las veces del mismo. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 20 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese.

  2. Principal

    Audiencia Constitucional Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la presente audiencia se genera de manera electrónica. En Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con treinta y cinco minutos del cuatro de julio de dos mil veintitrés, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, secretario con quien legalmente actúa, declara abierta la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 737/2023, promovido por ********************, sin asistencia de las partes. Luego, a fin de relacionar las constancias que obran en autos, el secretario hace constar que se da lectura a cada una de ellas, entre las que se encuentran por su importancia, el escrito inicial de demanda, admisión de la misma e informe justificado rendido por la autoridad responsable. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, la Jueza declara abierto el periodo probatorio: El secretario procede a dar cuenta con las pruebas ofrecidas la autoridad responsable. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza tales pruebas documentales. Luego, la Jueza declara abierto el periodo de alegatos: En el que el secretario hace constar que sólo la tercera interesada los presentó, así como que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento. En esas condiciones, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos los alegatos presentados por la parte tercera interesada, los cuales podrán ser tomados en cuenta al momento de resolver, y por tanto, se procede a cerrar el período de alegatos y, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, se procede al dictado de la siguiente resolución. S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 737/2023; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido el treinta del mismo mes y año, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Los CC. INTEGRANTES DEL PLENO DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS Y/O H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE MORELOS (.) IV.- ACTO RECLAMADO: De los CC. INTEGRANTES DEL PLENO DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, se reclama la RESOLUCIÓN de fecha 27 de abril de 2023, misma que fue notificada a esta parte el pasado 08 de mayo del 2023, la cual transgrede los derechos humanos del suscrito, por lo que me encuentro dentro del término legal señalado para tal efecto." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado, admitió la demanda referida, pidió a la autoridad responsable su informe justificado y con fundamento en el artículo 5° de la Ley de Amparo, le reconoció el carácter de tercera interesada al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos. Además, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto. Asimismo, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Posteriormente la parte tercera interesada fue emplazada el uno de junio de dos mil veintitrés, la cual se tuvo por apersonada juicio y formulando alegatos, en acuerdo de veintitrés del mismo mes y año. Finalmente, una vez sustanciado el juicio, la audiencia constitucional se celebró en esta misma fecha cuatro de julio de dos mil veintitrés, en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, puesto que se trata de un amparo promovido contra un acto atribuido a una autoridad jurisdiccional local, el cual tiene ejecución en el lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado de amparo. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio, consiste en: Autoridad responsable ordenadora [1] Pleno de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Acto reclamado a) La resolución de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, dictada en el expediente laboral 01/129/16-I, en la que se declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto por el aquí quejoso -actor en el juicio de origen-, y confirmó el auto impugnado de cinco de abril de dos mil veintidós, en el cual se ordenó girar oficio a la institución bancaria BBVA BANCOMER, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, a efecto de que embargara de la cuenta bancaria número 0115329612 a nombre de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos -aquí tercera interesada-, la cantidad $900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 M.N.), con motivo de la condena del juicio de origen, con la precisión de que en caso de que la misma no tuviera saldo, proveería lo conducente respecto a las diversas cuentas bancarias embargadas III. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Pleno de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, pues además de que al rendir su informe justificado aceptó su existencia, tal afirmación se encuentra corroborada con las copias certificadas de las constancias que remitió relativas al juicio laboral 01/129/16-I, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º, por tratarse de documentales públicas, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, y dentro de las que obra la resolución reclamada, en consecuencia, dichas aseveraciones y tales documentales resultan suficientes para acreditar su existencia. IV. Improcedencia del juicio. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia de una resolución final en el procedimiento de ejecución, no gozan de autonomía con éste, ni afectan derechos sustantivos diferentes a la cosa juzgada, conforme a las razones que se exponen a continuación. En efecto, de la última disposición normativa citada se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, pero que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se desprenden dos hipótesis distintas de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos por las autoridades en comento después de concluido el juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a la ejecución -también llamados después de concluido- y, por ende, pueden ser impugnados de manera inmediata; y b) actos de ejecución de sentencia, los cuales, por regla general, pueden ser impugnados en vía constitucional hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo, donde también pueden combatirse aquellas violaciones procesales sufridas durante dicha secuela; a manera de excepción en este último supuesto, continuó diciendo la Sala referida, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente -actos de imposible reparación-, ajenos a la cosa juzgada. Los razonamientos recién precisados, los sostuvo en la jurisprudencia 1a./J. 19/2011, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Con fundamento en lo expuesto, en el caso concreto, los autos reclamados no constituyen un acto autónomo al procedimiento de ejecución de sentencia, tampoco se tratan de la última resolución dictada en el juicio ni son de imposible reparación -por no violentar directamente derechos sustantivos-. Precisamente, en el caso, de la integridad del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama sustancialmente la resolución de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, dictada por el Pleno de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el expediente laboral 01/129/16-I, en la que determinó declarar improcedente el recurso de revisión interpuesto en contra del proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, mediante el cual la Presidenta Ejecutora de la junta señalada como responsable, en atención a la diligencia de embargo de cuatro de abril de dos mil veintidós, ordenó girar oficio a la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, a fin de que procediera a embargar la cantidad de $900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 M.N.), de la cuenta bancaria número 0115329612 referencia AO465958, 0115329612, a nombre de la demandada -aquí tercero interesada- Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, Morelos, precisando que en el supuesto de no contar con saldo alguno, acordaría lo conducente respecto a las diversas cuentas bancarias embargadas. En ese sentido, debe precisarse que en la diligencia de embargo referida, de cuatro de abril de dos mil veintidós, que dio origen al acuerdo recurrido, la actuaria adscrita a la responsable, trabó formal embargo sobre las cuentas con referencia convenio CIE001699520, referencia AO465958, 00115329612 y 012540001153296124, a nombre de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, Morelos, así como todas las cuentas de la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, únicamente por la cantidad de $900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 M.N.). Luego, es que el único efecto que tiene la resolución reclamada, emitida en el recurso de revisión aludido, es mantener firme el acuerdo recurrido, en el cual se ordenó embargo únicamente respecto de una de las cuentas de la condenada en el juicio de origen, y en su contra sostiene la aquí quejosa -actor en el controvertido laboral- que la responsable se negó a ordenar el embargo de diversas cuentas bancarias como las que pudieran derivar del informe de autoridad que solicitó se le requiriera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bajo tal contexto, se advierte que el acto reclamado fue dictado en etapa de ejecución de sentencia, y no se trata de la última resolución dictada en dicho procedimiento, tampoco de un acto que resulte autónomo a la cosa juzgada o que afecte derechos sustantivos ajenos a la misma, ni tampoco que se ubique en alguno de los casos de excepción antes precisados, razones por la que resulta improcedente el juicio de amparo promovido en su contra. Ello es así, pues en el caso, si bien dicha determinación fue emitida después de concluido el juicio laboral dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, de su texto no se desprende que se trate de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del laudo, pues no aprueba o reconoce el cumplimiento total del laudo, ni tampoco con dicha determinación se declaró la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En consecuencia, el acto combatido en esta instancia, sólo se trata de una resolución intermedia dictada dentro del periodo de ejecución que no es susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto. Ello ya que la afectación que pudiera causarle al recurrente el referido acto, eventualmente se vería reflejada hasta el momento de emitirse el último acto del procedimiento de ejecución, es decir, cuando se dicte la resolución en la cual se realice pronunciamiento sobre el total cumplimiento del laudo correspondiente, siendo hasta ese momento en que el juicio de amparo será procedente, sin que nada impida que el aspecto ahora alegado sea estudiado en su oportunidad, junto con aquellas transgresiones que se hayan presentado en el proceso de acatamiento del laudo, con el fin de no retardar el cumplimiento total de la condena. Además, el acto reclamado no es autónomo del laudo emitido dentro del procedimiento laboral, pues el acuerdo que se reclama está directamente relacionado con la ejecución del fallo, ya que se trata de un proveído de mero trámite que no afecta materialmente derecho sustantivo alguno del quejoso para que sea considerado de imposible reparación; , ya que no le irroga un agravio inmediato y directo, pues como se adelantó, aún está en posibilidad de impugnar la última resolución que se dicte en la fase de ejecución del laudo lo cual aún no ha acontecido. Se asevera lo anterior, habida cuenta que si en la referida resolución sólo se determinó declarar improcedente el recurso de revisión de actos de ejecución tal pronunciamiento tiene efectos simplemente procesales en cumplimiento del laudo, toda vez que la calificativa de definitividad se dará en la resolución que determine sí está cumplido o no el fallo de trabajo de que se trata; de ahí que no se trastoca ningún derecho fundamental consagrado en la Constitución General de la República o en algún tratado internacional celebrado por el Estado Mexicano. Aunado a que, no debe soslayarse que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la inconformidad por parte del quejoso radica en el orden de prelación del embargo en cuestión de las cuentas bancarias de la demandada, que fue confirmada en el acuerdo reclamado, ya que sostiene que la autoridad responsable debió haber embargado diversas cuentas de la autoridad condenada en el juicio de origen, a pesar de que en el acuerdo recurrido se indicó que si los fondos de la cuenta que en la que se ordenó el embargo eran insuficientes, se procedería a acordar lo conducente respecto a las diversas cuentas bancarias embargadas. Por tanto, se observa que la queja del impetrante de amparo radica en la mecánica de ejecución o la forma en que la autoridad está tratando de cumplimentar el laudo dictado en el juicio de origen; de modo que, dada la materia del acto reclamado, es factible concluir que dicho acto se emitió después de concluido el juicio y que constituye un acto emitido dentro del procedimiento de ejecución del laudo, que lleva por finalidad el cumplimiento del mismo, pues incluso el quejoso pretende que se embarguen diversas cuentas a la que actualmente se tiene precisada. Lo expuesto máxime que en el presente caso, no se actualiza la excepción de procedencia del amparo indirecto contra la resolución reclamada que confirmó el acuerdo que ordenó el embargo de la cuenta bancaria de la autoridad condenada, si se considera que para calificarse tal actuación como irreparable necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que pudiese reclamarse como violación durante el procedimiento de ejecución que hubiere dejado sin defensa al impetrante y trascendido al resultado de la resolución conclusiva. Por lo que, las resoluciones que deciden sobre la mecánica del cumplimiento del laudo dictado en el juicio de origen no producen una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afectan derechos procesales o adjetivos -propiamente de la forma procedimental de cómo se está ejecutando el laudo-; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrán impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, tal como robustece por sus consideraciones de manera analógica la jurisprudencia PC.XVIII. J/10 L (10a.), del Pleno del Decimoctavo Circuito, con registro 2010430, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II, página 1492, que establece: "AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). El precepto aludido establece que el juicio de amparo indirecto procede contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y, tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, los artículos 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 950 de la Ley Federal del Trabajo, ambos de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme a su numeral 11, prevén la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo una vez fenecido el plazo otorgado al demandado para cumplir voluntariamente el laudo. De lo anterior se concluye que dicho auto forma parte del procedimiento de ejecución del laudo, toda vez que a través de dicho proveído da inicio, pues en ese acto, el órgano jurisdiccional emplea el poder coercitivo que le brinda el Estado para ejecutar el laudo en contra de la voluntad del demandado, específicamente, requerirlo de pago y, en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir el adeudo. De manera que no es factible considerarlo como un acto autónomo que prepara la ejecución del laudo, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutarlo, ya sea porque en el propio laudo se cuantificó la cantidad líquida o bien, porque se hizo a través de un incidente de liquidación. Por tanto, como el auto de requerimiento de pago y embargo es un acto que forma parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia." Abona a lo referido, el que los actos impugnados no son autónomos en relación al procedimiento de ejecución dentro del cual se emitieron, dado que no se advierte que se haya cumplido el laudo emitido en el procedimiento de origen, declarado la imposibilidad de cumplimiento, ni ordenado el archivo del asunto como total y definitivamente concluido, además como ya se precisó, la pretensión de la parte quejosa va encaminada a cambiar la mecánica de ejecución ya emprendida por la autoridad reclamada, de lo que incluso se desprende que dicho reclamo no implica la violación de un derecho sustantivo, pues la impetrante de amparo no se duele de una omisión por parte de la responsable de hacer cumplir su determinación, sino de una cuestión de forma, en el sentido de que, a su consideración, debe ser otro el modo en que la autoridad responsable procure el cumplimiento de su laudo, por lo que su queja radica en la forma en cómo se desarrolla el procedimiento de ejecución -derechos adjetivos-, y no en un derecho sustantivo que le asista. Sin que sea relevante que dicha impetrante sea la vencedora en el procedimiento de origen, en términos de lo establecido por la jurisprudencia 1ª./J.36/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada". Ello además, porque de no razonarlo así, se desvirtuaría la hipótesis de procedencia contenida en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, la cual para sustentar la improcedencia del juicio de amparo, es interpretada en sentido contrario, lo que pone de manifiesto que la promoción del juicio de amparo respecto de actos dentro de la etapa de ejecución, es exclusivamente respecto de esas hipótesis excepcionales, establecidas para ese efecto, en tanto que la finalidad de ello, es evitar el abuso del empleo del juicio de amparo para entorpecer la sustanciación de los juicios, de tal suerte, que en estos casos la procedencia del juicio de amparo constituye la excepción y no la regla, y por ello es que sólo se puede promover juicio de amparo en casos específicos permitidos por la norma, y en contraste, la restante generalidad de casos que no encuadren en dichas hipótesis exclusivas, tornan improcedente el juicio de amparo en cuestión. Y se dice que se desvirtuaría dicha hipótesis de improcedencia, pues bastaría que el actor se inconformara contra cada uno de los actos de ejecución, impugnando la mecánica de ejecución y/o forma en que la autoridad está tratando de cumplimentar el laudo dictado en el juicio de origen, para hacer procedente el juicio constitucional, pues podría generar su procedencia exclusivamente mediante la presentación de escritos en los que señalara dicha circunstancia, pudiendo impugnar por ello cada auto en el que no se le otorgara la razón. Lo cual no fue pretendido por el legislador, al establecer la hipótesis de procedencia en estudio, respecto a los actos en ejecución. Es importante precisar que, tampoco hace procedente su reclamo, las manifestaciones en cuanto a que tales actos afectan a la parte quejosa en su derecho sustantivo de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que aun cuando señala que la ejecución del laudo se ha prolongado un tiempo excesivo, el derecho de acceso a una justicia pronta -como derecho sustantivo- implica una violación autónoma que sólo puede ser acaecida en el procedimiento de ejecución, cuando la dilación en una actuación específica ha producido una abierta dilación en el procedimiento o su paralización total, de allí que tampoco pueda justificar la procedencia del juicio de amparo el argumento que hace depender de forma secundaría tal afectación, con la emisión de un acto específico de ejecución, el cual se considera dilatorio. Pues, de asumir tal hipótesis -que se puede reclamar como dilatorio cada acto específico de ejecución de forma secundaria-, conllevaría a que bastaría que la parte quejosa se inconformara en contra de cada auto, alegando que con la forma en que fue emitido el mismo, se está permitiendo la dilación de la ejecución del laudo, para que fuera procedente el juicio constitucional, amparado en una violación al acceso a una justicia pronta, cuestión que es contraria a la teleología del supuesto de procedencia en estudio, con el cual, se insiste, pretendió el legislador evitar el abuso del juicio constitucional contra los actos emitidos en ejecución, y que por tanto, su procedencia no sea la regla, sino la excepción en aquellos casos específicos permitidos por la normativa. Cabe precisar que en similares términos fueron resueltos los amparo en revisión 27/2020 y la queja 86/2022, del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Decimoctavo Circuito, así como los diversos amparos en revisión 110/2021, 141/2018 y la queja 255/2018, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Decimoctavo Circuito, en los que se consideró que el juicio de amparo promovido por el actor en el juicio laboral de origen, en contra del auto que niega girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que se embarguen diversas cuentas bancarias al condenado en dicho controvertido, resulta improcedente, al no tratarse de la última resolución en ejecución de sentencia, conforme a la causa de improcedencia en comento. Los cuales constituyen un hecho notorio para este juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, de conformidad con el ordinal 2º de esta última, al haber sido consultado del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), como lo permite la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2017123, de rubro "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." En tales términos, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo, respecto del acto reclamado. Sin que se inadviertan los alegatos formulados por la moral tercera interesada Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos, empero, no resulta obligación de este juzgado su estudio, en tanto que los mismos no forman parte de la litis en este juicio de amparo conforme a la jurisprudencia P.J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 205449, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO", ello aunado a que la presente determinación resulta benéfica a sus intereses, ya que se sobreseyó en el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados, por las razones aquí expuestas. Por tanto, con fundamento, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto y autoridad precisados en el considerando II de esta sentencia, por los fundamentos y motivos expuestos en el último de ellos. Notifíquese; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario que autoriza y da fe. hoy cuatro de julio de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. ...Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el INFORME JUSTIFICADO que rinde la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y en representación del pleno de la misma; con su contenido, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Por otra parte, tengase como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que designa y por señalado el domicilio que indica siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las documentales que exhibe en su informe de cuenta, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de su relación al momento de la celebración de la audiencia constitucional relativa. Atendiendo al volumen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, con las mismas se ordena formar el anexo I, respetándose folio, rúbrica y entresello que contengan, ello para su mejor manejo. Igualmente, agréguese para que obre como corresponda el escrito signado por el tercero interesado *************** por medio del cual se apersona a juicio en su calidad de tercero interesado, designa domicilio, autorizados y ofrece pruebas. Sin que obste que en el oficio que se provee refiera que rinde informe justificado, toda vez que en estos autos se le tuvo como tercero interesado y no como autoridad responsable; sin embargo, en aras de una pronta impartición de justicia, acuérdese dicho escrito con la calidad que le fue reconocida -tercero interesado-. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonado al presente juicio de amparo en su calidad de tercero interesado, para todos los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, los cuales, de ser el caso, serán tomados en consideración una vez que se dicte la sentencia de ley; y con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por admitidas las pruebas que ofrece, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza sin perjuicio de su relación al momento de resolver este juicio de amparo. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de cuenta, y por facultado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, con excepción de los profesionistas que designa, en razón de que no se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; por tanto, se les tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones, así como a las personas que designa; lo anterior, no obstante que los señale como delegados por las razones que quedaron expuestas. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de los Integrantes del Pleno de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y/o Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, se provee como sigue: Integración de expediente electrónico. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico relativo al presente asunto. De conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos remitidos físicamente a este asunto, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. En el entendido de que aquéllos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que se encuentran bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del citado Acuerdo General 12/2020 Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. En términos de la fracción XII del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Supervisión del registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del secretario de juzgado asignado del presente asunto. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL12 y con e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 6, 20, 33, 35, 107, 108, 115, 116, 117, 118 y demás relativos de la Ley de Amparo, se ADMITE a trámite la demanda de amparo. Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimiento de informe justificado. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, debiendo acompañar copia certificada completa y legible de las constancias que lo apoyan, asi como las constancias de notificación realizadas a las partes y con la anticipación que permita el conocimiento del mismo a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se le impondrá una multa de cien a mil valores diarios de unidades de medidas de actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, 238, primera parte, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades que de conformidad con el artículo 71 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, podrán celebrar convenios de interconexión, intercomunicación, colaboración o para compartir desarrollos tecnológicos, con este órgano jurisdiccional para el trámite de todos los asuntos competencia del Poder Judicial de la Federación, para la consulta de expedientes y notificaciones de manera electrónica, así como para la colaboración relacionada con las estrategias de gobierno de datos, gobernanza digital, transformación digital y e-Justicia. En la inteligencia que de remitirlo a través del sistema de interconexión, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria. En el entendido que para facilitar el envío de los anexos al informe que debe rendir la autoridad responsable, se pone a su disposición un disco versátil [formato DVD], para que en este sea cargada la información digital de los anexos conducentes y colaborar así al ahorro de insumos que en la actualidad son ocupados para el fotocopiado de la información que apoya el referido informe, además de que se facilite a las partes la consulta de dicha información, por los medios tecnológicos utilizados en el expediente electrónico. Terceros interesados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley de Amparo, se tiene con el carácter de tercero interesado a ******************** el cual deberá ser emplazado por oficio en términos del artículo 28, fracción I de la Ley de la Materia, en el domicilio de su oficina principal, corriéndole traslado con una copia de la demanda. Incidente de suspensión. No se forma incidente de suspensión por no haberse solicitado. Ministerio Público Federal. Dese la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, pues, acorde al artículo 5°, fracción IV, de la Legislación de la Materia, le asiste el carácter de parte en el presente asunto. Obligación de informar causas de sobreseimiento. Se hace saber a las partes que, en términos del artículo 64, de la Ley de Amparo, tienen la obligación de informar a este órgano jurisdiccional si durante la tramitación de este juicio de amparo, sobreviene alguna causa de sobreseimiento, y de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente de treinta a trescientos valores diarios de la unidad de medida de actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238, primera parte, y 251 de la Ley de Amparo. Requerimiento sobre juicios relacionados. A efecto de mejor proveer, requiérase a la autoridad responsable para que informe si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto reclamado en este juicio promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, y que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos, lo anterior a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Autorizados de la parte quejosa. Se tiene señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones; por autorizados en los términos que solicita a la persona que designa. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, siempre y cuando se realice con el usuario que proporciona y se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, este juzgado de Distrito toma nota del correo electrónico proporcionado y número de telefonía móvil a fin de que, en su caso, establecer comunicaciones no procesales, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Autorización de copias y medios electrónicos. Se hace del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél; y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos a efecto de que puedan digitalizar las constancias que integren los autos, en el entendido de que ello deberá asentarse en el expediente; con la precisión de que en todo momento deberá privilegiarse la protección de datos o información que obre en el juicio de amparo en que se actúa conforme a la normativa. Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Notificación de diferimientos. De igual manera, se instruye a los referidos servidores públicos para que los posibles diferimientos de audiencias los notifiquen a las partes (con excepción de los quejosos privados de su libertad) por medio de lista que fijen en los estrados de este juzgado de Distrito, aun a la autoridad responsable. Lo anterior, toda vez que dicha actuación no se estableció en la fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo; por tanto, resulta suficiente que se comunique en términos del artículo 29 de la citada ley. De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Digitalización y expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Captura completa del expediente en el sistema electrónico del Consejo. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al nuevo esquema de integración del expediente electrónico conforme a los lineamientos del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, así como del expediente físico en los términos señalados en este proveído y en el citado Acuerdo. Notifíquese y cúmplase. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.

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