Irving Rodolfo Pachecano Vega
Expediente 1266/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1266/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Irving Rodolfo Pachecano Vega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable; por tanto, este órgano jurisdiccional se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por las autoridades responsables, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo, son los siguientes: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la contribuyente, en lo presente y en lo futuro, los artículos 79-A y 82-A, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 2. Devuelva a la quejosa, las cantidades totales que enteró únicamente por los conceptos de "ARTÍCULO 82-A LHE" y "ARTÍCULO 79-A LHE" que fueron aplicados en los recibos con número de referencia 759129709, 759129765 y 759130044, de once de diciembre de dos mil diecisiete, así como la parte proporcional de los diversos conceptos de "FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y DE LA SEGURIDAD" e "IMPUESTO ADICIONAL".. La precisión de las autoridades a las que corresponde el cumplimiento de la presente sentencia se justicia en la medida de que es a la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en términos de los artículos 2 y 6, fracciones I y XXXVIII, de la Ley de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, a quien compete, entre otros asuntos, la recaudación de los derechos por servicios que se establezcan por el estado, así como autorizar la devolución de cantidades pagadas indebidamente por los contribuyentes, lo que podrá efectuar a través de los titulares de las unidades administrativas que tenga adscritas, entre ellas, la Administración General Tributaria, a la que se encuentra adscrita la Administración Local de Recaudación de Torreón, Coahuila de Zaragoza, en términos de los artículos 13, penúltimo párrafo, de la legislación en cita y 3, fracción I, numeral 23, de su reglamento interior". Impugnación. Inconforme con la sentencia, la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito de esta ciudad, el cual confirmó la sentencia. Tan pronto como fue recibida la ejecutoria de amparo, mediante proveído de veintidós de abril de dos mil diecinueve, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hubieren sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. Este juzgado estima que, en el caso, se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales gozan de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que esa autoridad recaudadora desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales y realizó la devolución del pago erogado mediante los recibos oficiales 759129709, 759129765 y 759130044, por la cantidad de $3,720.00 (tres mil setecientos veinte pesos 00/100 moneda nacional), y remitió las constancias con las cuales acreditó que la parte quejosa compareció ante la autoridad responsable y le fue entregado el cheque número 17393 de la institución bancaria denominada Banorte, por la cantidad antes referida; asimismo, entregó a la quejosa el diverso cheque 27716, por la cantidad de $366.49 (trescientos sesenta y seis pesos 49/100 moneda nacional), con motivo de la resolución incidental de dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Vista con cumplimiento. Con las constancias acordadas remitidas, en proveído de siete de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que la parte quejosa hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias existentes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que, en el caso, se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable informó que en cumplimiento al fallo protector, dejó insubsistente el pago contenido en los recibos de pago realizando la devolución del pago erogado mediante los recibos oficiales 759129709, 759129765 y 759130044, como se desprende de las constancias que obran agregadas en autos. Vista a las partes. Por lo anterior, no hay duda que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo; por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Oficio. Se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que remite la autoridad responsable, mediante el cual informa respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, con el oficio que remite la autoridad oficiante por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, éste juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado, ya que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, no ha remitido las constancias de las cuales deriva el acto reclamado. Atenta solicitud. En ese sentido se solicita atentamente a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, se sirva a remitir copia de las constancias de las cuales deriva el acto reclamado, a fin de resolver el presente juicio con base en la verdad jurídica objetiva, así como contar con pruebas sobre la procedencia del juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Diferimiento. En tales condiciones, a fin de dar margen a lo anterior, se señalan las once horas con cuarenta minutos del cinco de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, de ser necesario, podrá practicarse mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, sin menoscabo de que pueda llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, de conformidad con los artículos 5°, fracción II, 25 y 26, todos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, asistido del licenciado Ernesto Rubio Hernández, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, el tres de agosto de dos mil veintidós, Irving Rodolfo Pachecano Vega, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que a continuación se transcribe: SEGUNDO. Trámite del incidente. Por auto de tres de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite el juicio de amparo con el número 1266/2022-VIII, se ordenó tramitar el incidente de suspensión y se proveyó respecto a la suspensión provisional del acto reclamado; asimismo, se requirió a la autoridad responsable su informe previo y se señaló fecha para la audiencia incidental la cual, previo diferimiento, se resuelve en la presente interlocutoria. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 125, 128 y 130 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General Número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en virtud de que el acto reclamado es atribuido a una autoridad que reside dentro de la jurisdicción de esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este incidente. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo, como a la totalidad de las constancias que integran este asunto, pues solamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el incidente, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte impetrante exponga en relación con el acto reclamado respectivo. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de localización y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del incidente que nos ocupa, revelan que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: La omisión de acordar el incidente no especificado en la causa penal 51/2008. Luego, al no advertirse algún otro acto atacado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de la suspensión. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, toda vez que al rendir su informe previo, aceptó el mismo; lo cual, sin duda es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2º de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar por analogía la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Suspensión improcedente. El artículo 128 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: --- I. Que la solicite el quejoso; y --- II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. --- La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Dicho numeral establece como requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que la solicite la quejosa y, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora, es importante destacar que en el juicio de amparo indirecto, cuyo objeto es establecer un control inmediato de los actos que realizan las autoridades o que tratan de realizar, se plantea un problema conexo que se sustancia en un expediente por cuerda separada y es el de la suspensión del acto reclamado. La suspensión del acto reclamado tiene por objeto primordial mantener viva la materia de amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal. En virtud de la medida cautelar, los actos que se reclaman quedan en suspenso, mientras se decide si es violatorio de la Constitución, de esta manera, la suspensión se estima como un medio más de protección que, dentro del procedimiento del amparo, concede la ley a los gobernados. Así, la autoridad de amparo, antes de estudiar a fondo el caso que se lleva a su consideración, así como antes de recibir alguna prueba y de saber de modo cierto si existe una violación constitucional; tiene la facultad para suspender la ejecución del acto reclamado si se dan los supuestos legales, desde luego, en resolución provisional y en definitiva mediante un procedimiento sumario que se reduce a una audiencia en la que se oye a la parte quejosa, a las autoridades responsables y al Ministerio Público. Conforme al precepto anteriormente reproducido, la suspensión a petición de parte, está sujeta a determinados requisitos establecidos en la ley, que son de dos clases: requisitos de procedencia y requisitos de efectividad. Los primeros, están constituidos por aquellas condiciones que se deben reunir para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión; mientras que los segundos, implican aquellas exigencias que el agraviado o parte quejosa debe llenar para que surta sus efectos la suspensión otorgada. La procedencia de dicha suspensión se funda en tres condiciones concurrentes que son: a) que los actos contra los cuales se haya solicitado dicha medida cautelar, sean ciertos; b) que la naturaleza de los mismos permita su paralización y, c) reuniéndose los dos extremos anteriores, se satisfagan los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. La suspensión opera frente a los actos que se reclamen, de tal manera que si éstos no existen, o si el quejoso no comprueba su existencia en la audiencia incidental a que se contrae el artículo 142 de la Ley de Amparo; es decir, no desvirtúa el informe previo negativo de la autoridad responsable, no existe materia sobre qué decretar la citada medida cautelar, por lo que procede negar dicha suspensión. No obstante, aun cuando se haya demostrado la existencia de los actos de reclamo o en su caso la autoridad responsable haya aceptado su existencia o bien se presuman ciertos, ello no es suficiente para conceder la medida suspensional sino que es menester que, conforme a su naturaleza, sean suspendibles; es decir, que no sean íntegramente negativos o no estén totalmente consumados, y reuniéndose los dos requisitos anteriores, que se cumplan las exigencias previstas en el multicitado artículo 128 de la Ley de Amparo. Conforme a la fracción I, del citado ordinal, el primer requisito consiste en que el agraviado pida la suspensión del acto reclamado; en la fracción II, se regula que con motivo de la concesión de la suspensión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Los conceptos de orden público e interés social están íntimamente relacionados; el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; el segundo, debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, bien, le evite un trastorno o un mal público. Abundando, las disposiciones de orden público deben entenderse como aquellas plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad, para evitar algún trastorno o desventaja o para procurar la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio. Siendo pertinente precisar que los actos de autoridad en que la afectación del orden jurídico e interés social no se determina en una disposición, sino desde el estudio sistemático de la ley, o de la naturaleza misma del acto. Pues bien, ya que el acto reclamado en el presente incidente es de carácter omisivo, de manera que en ese tenor no es susceptible de ser suspendido a través de la presente medida cautelar. Para efecto de la vía constitucional de amparo, lo que, desde luego, involucra el incidente de suspensión respectivo, el acto es omisivo o negativo cuando a través de él la autoridad se rehúsa a obrar en favor de la pretensión del gobernado; así, la negación se entiende pues, como un no conceder o en decir que una cosa no es cierta, por lo cual es que en materia de amparo dicha negación se toma como rehusar. Entonces, los actos negativos son aquellos por los cuales la autoridad se rehúsa a acceder a la pretensión de los particulares. Desde luego, dentro de esos actos se manifiesta una conducta positiva de la autoridad, traducida en un no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado, que es lo que los diferencia de los actos prohibitivos, en los cuales la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos y, sin duda, de los omisivos, en los que la autoridad se abstiene de actuar u omite hacerlo. En suma, esta clase de actos se manifiestan con las conductas asumidas por las autoridades respectivas, esto es, cuando niegan o rehúsan lo solicitado por el gobernado, o en el caso de que prohíben algún acto, o bien, en la hipótesis de que se abstienen de proceder frente a la petición del particular. Al efecto, cabe citar las tesis sustentadas por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "ACTOS NEGATIVOS. Debe entenderse por actos negativos, aquellos en que la autoridad responsable se rehúsa a hacer algo." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XCVII. Página: 83.) "ACTOS NEGATIVOS. RESOLUCIONES QUE NO LO SON. Se entiende que es negativo el acto que se impugna, cuando consiste en una mera omisión o en una simple abstención; pero no es acto negativo, sino que tiene carácter positivo, una resolución expresa, aunque en ella se deniegue lo que solicita el promovente." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: LXXIII, Tercera Parte. Página: 9.) "ACTOS NEGATIVOS. CUANDO NO EXISTEN. Se habla de un acto propiamente negativo cuando se trata de una omisión, o sea de una mera abstención. No hay, por tanto, acto propiamente negativo, cuando la autoridad emite una resolución, aunque en la misma se niegue lo pedido por el particular." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: LXVII, Tercera Parte. Página: 9.) "ACTOS NEGATIVOS. La resolución que niega la tramitación de un recurso, desechándolo de plano por improcedente, no puede tener otro carácter que el de una resolución negativa." (Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CVI. Página: 1083.) Luego, en atención a la naturaleza propia del acto, es improcedente la suspensión en el juicio de amparo. La suspensión es la determinación judicial mediante la cual se ordena detener temporalmente la realización del acto, en tanto que se resuelve la cuestión constitucional propuesta; por tanto, tal decisión tiene como objeto paralizar o impedir la actividad que desarrolla o está por desarrollar la propia autoridad, y constituye una medida precautoria que la parte quejosa solicita con el fin de que el daño o los perjuicios que pudiera causarle la ejecución del acto que reclama no se realicen. Desde luego, la suspensión es una medida precautoria de carácter meramente instrumental para preservar la materia del juicio de amparo, cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la propia conducta prevista, positiva o negativa, de una autoridad, para lo cual hace cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve el amparo. En tal virtud, la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, al igual que todas las medidas cautelares, produce efectos provisionales, porque está encaminada a dar al juicio principal las condiciones necesarias para el pronunciamiento de una sentencia justa, congruente y eficaz, a su tiempo. Por lo anterior, no hay duda de que por su naturaleza jurídica, la suspensión en el juicio de amparo no es más que una medida cautelar, con efectos provisionales, que tiende exclusivamente a mantener viva la materia del juicio de amparo mientras se resuelve en definitiva, por lo cual, desde luego, esta providencia no es el medio jurídico idóneo para restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos violados con el acto de autoridad, básicamente, en razón de que esto es propio de la sentencia de fondo. Al respecto, son de invocarse las tesis sustentadas por la Primera Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardan al decretarla y no en invalidar lo actuado hasta ese momento, pues esto sería darle a la suspensión señalada efectos restitutorios, lo que es materia exclusiva de la sentencia de fondo en el juicio de amparo, cuando se concede la protección constitucional." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 11, Segunda Parte. Página: 45.) "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Sus efectos consisten en mantener las cosas en el estado que guardan, en el momento en que se decreta, y no en el de restituirlas al que tenían antes de la violación que se reclama, pues esto es efecto de la sentencia que concede el amparo, en cuanto al fondo." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: V. Página: 138.) Por tanto, en atención a la naturaleza propia del acto aquí reclamado, de índole omisivo, en el caso resulta improcedente otorgar la suspensión, dado que de lo contrario podría implicar restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos violados con el acto de autoridad, lo que es propio de la sentencia de fondo; así como porque al no requerir dichos actos de ejecución material alguna, por ende, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada. Sobre el particular, cabe invocar las tesis sustentadas por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "ACTOS NEGATIVOS, SUSPENSIÓN CONTRA LOS. No hay disposición alguna en la Ley de Amparo que establezca la improcedencia de la suspensión cuando el acto reclamado tenga el carácter de negativo; los efectos de la suspensión son precisamente mantener las cosas en el estado en que se encontraban al dictarse la resolución en el incidente de suspensión en el amparo, y si esos efectos, no son restitutorios, procede que se conceda la suspensión, ya que según la jurisprudencia de la Corte referente a actos negativos; se niega la suspensión porque tiene efectos restitutorios, característicos y exclusivos de la sentencia de amparo." (Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: C. Página: 80.) "ACTOS NEGATIVOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA LOS. Si conforme a la doctrina que rige en materia de suspensión, ésta no puede jamás producir el efecto propio de la sentencia de amparo, que es el de hacer que las cosas se restituyan al estado que guardaban con anterioridad al acto que se reputa violatorio de garantías, una vez demostrado que la naturaleza del mismo es negativa y que tiene el carácter de consumado, no cabe alegar que se surtan los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo ni que esta Suprema Corte haya establecido la procedencia de la suspensión para cuando la autoridad responsable no exprese la ley que estuviere aplicando en el acto reclamado, toda vez que por encima de ella, está la finalidad legal que debe regir a toda suspensión." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXVI. Página: 2678.) "ACTOS NEGATIVOS. Si el tribunal responsable se niega a revocar la resolución anterior que a su vez negó la concesión de un término de prueba, dicha resolución es de índole netamente negativa y como tal, contra ella no cabe la suspensión." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CV. Página: 2748.) Asimismo, la tesis XXI.2o.11 K, Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 214, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Abril de 1997, de registro 199059, cuyo rubro y contenido literalmente dice: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con base además en lo establecido por los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva. Notifíquese y personalmente.
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