Irving Omar Ramos Hernández
Expediente 1254/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1254/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 04/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Irving Omar Ramos Hernández
- Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Poder Judicial del Estado de Colima (Juan Carlos Moreno Trujillo)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
Visto lo de cuenta y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) Habida cuenta que en las constancias que integran el presente expediente, no obra algún documento original ni billete de depósito y considerando que el asunto se ubica en la hipótesis TERCERA, contenida en la tabla de cuenta, los cuadernos incidentales se consideran susceptibles: a) el original de DEPURACIÓN, debiendo conservarse únicamente la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión y, b) el duplicado, de DESTRUCCIÓN. Esto, según lo ordena tanto la fracción III del punto vigésimo, como la fracción III del punto vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Transcurridos más de seis meses contados a partir de que se resolvió la suspensión definitiva en el presente, DESTRÚYASE el duplicado del cuaderno incidental en que se actúa. Según lo ordena el artículo vigésimo del citado acuerdo general. c) El original del cuaderno del presente incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN, pero respecto a éste, una vez transcurridos tres años a partir de la del presente acuerdo en que se ordena su archivo, se realizará su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II y el vigésimo quinto, todos ellos del acuerdo general invocado. d) Con motivo de lo ya determinado, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente no es de relevancia documental, además inscríbase que el cuaderno original de este incidente, es sujeto de DEPURACIÓN, mientras que el duplicado de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, con fundamento en el párrafo segundo del punto undécimo del multicitado acuerdo general.
- Principal
Visto lo de cuenta, el suscrito juez advierte que las partes NO INTERPUSIERON RECURSO DE REVISIÓN, dentro del término legal, contra la sentencia definitiva de siete de noviembre de dos mil diecisiete, mediante la cual se SOBRESEYÓ el amparo en el presente juicio constitucional; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicho fallo, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se dictó sentencia definitiva el siete de noviembre de dos mil diecisiete, y se SOBRESEYÓ el amparo; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de DESTRUCCIÓN, con fundamento tanto en el párrafo segundo del punto décimo primero, como en el punto vigésimo quinto, del multicitado acuerdo general. d) Con el contenido de este acuerdo dese vista en los cuadernos incidentales. Finalmente, el suscrito juez, ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.
- Principal
En la ciudad de Colima, Colima, a las once horas con cincuenta minutos del siete de noviembre de dos mil diecisiete, Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, que actúa con el (la) Secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada quien da fe, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1254/2017, promovido por IRVING OMAR RAMOS HERNÁNDEZ, sin la comparecencia de las partes. A continuación, el (la) Secretario(a) da lectura de las constancias que obran en autos. El Juez acuerda, se tiene por relacionadas y recibidas las constancias que obran en autos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 185, tomo IV, Primera Parte, julio-diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Se abre el periodo de pruebas: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite la documental remitida por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial del Estado de Colima, la que se tiene por desahogada debido a su propia y especial naturaleza, con lo que concluye dicho periodo. Acto continuo se abre el diverso de alegatos: en el que se tienen como tales las manifestaciones vertidas por la fiscal federal de la adscripción en su pedimento número 524/2017, con lo que se cierra esta fase. En las relatadas condiciones y con pedimento del Ministerio Público Federal adscrito, finaliza la audiencia y quedan los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito exhibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, el once de septiembre de dos mil diecisiete, remitido, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito de esta entidad, ubicado en la ciudad de Colima, IRVING OMAR RAMOS HERNÁNDEZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades indicados en la demanda de amparo. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete, fue admitida la demanda en cita, se registró con el número 1254/2017 y se ordenó darle el trámite de ley. Durante la substanciación del juicio se recibieron los informes justificados, se dio vista a la parte quejosa y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Determinación de la competencia. Este Juzgado Federal resulta legalmente competente para resolver el presente juicio, con fundamento los artículos: 94, 103, fracción I y 107 de la Ley Fundamental; 1, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Debido tanto a que se controvierten actos de autoridad que se afirma pudieran afectar la libertad personal de la parte quejosa, como a que los mismos podrían tener ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado, sin jurisdicción especial, ejerce competencia. SEGUNDO.- Antes de entrar al estudio de la certeza de los actos reclamados, es menester precisar cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tal efecto, se analiza en su integridad la demanda de garantías, atendiendo a las razones que se contienen en la jurisprudencia número 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura cabal a la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado en el juicio en que se falla es: La orden de detención o arresto librada en contra del quejoso. TERCERO.- Por razón de método, debe en principio analizarse si en verdad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que de manera oficiosa se advierta se actualicen para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el tema de la constitucionalidad del acto. Lo anterior es así, porque de no existir el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, igualmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. Cítese al respecto la tesis intitulada: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Así, se tiene que las autoridades responsables Procurador General de Justicia del Estado, Director de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Director de la Policía de Procuración de Justicia del Estado y Director de la Policía Estatal Preventiva, todos residentes en esta ciudad de Colima, negaron expresamente la existencia de los actos reclamados. Por tanto, como la conducta que les es atribuida es un acto positivo, es obvio que a las citadas autoridades responsables, no les asiste obligación de exponer razonamiento alguno al respecto, mucho menos se hace necesaria la remisión de las constancias a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa". En otro orden de ideas, de la interpretación de los artículos 63, fracción IV, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se aprecia que corresponde a las partes desvirtuar la negativa de los actos atribuidos a las autoridades responsables, debiendo acreditar la existencia de los actos reclamados y la inconstitucionalidad de los mismos. Apoya la anterior consideración, la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO.- En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Así las cosas, del análisis de las constancias que integran el cuaderno de amparo se advierte que el peticionario de garantías no aportó prueba idónea que desvirtúe la negativa sostenida por las autoridades responsables en relación a la existencia de los actos que de ella se reclaman. En efecto, en el juicio en que se falla no se desvirtuó el contenido del informe justificado rendido por las autoridades responsables; por tanto, se tienen por inexistentes los actos motivo de la litis constitucional en que se resuelve. Finalmente, no pasa inadvertido para quien esto falla, que el impetrante del amparo formuló su libelo constitucional bajo protesta de decir verdad; sin embargo, tal aseveración no desvirtúa la causa de sobreseimiento que en el caso concreto se actualiza, puesto que dicha protesta, si bien constituye una testificación espontánea que se hace para adquirir o conservar un derecho o preservarse de un daño que pudiera sobrevenir, en el que, quien la hace se obliga a declarar con verdad acerca de los hechos que relata, no basta para tener por acreditadas las conductas autoritarias reclamadas, ya que tal protesta sólo es un requisito de la demanda establecido en el artículo 108 de la Ley de Amparo y no tiene el carácter de medio de prueba; pues para que surtiera eficacia convictiva, debió apoyarse en algún otro medio de convicción que la hiciera verosímil, habida consideración de que lo en ella afirmado es en su beneficio. Fundamenta la anterior conclusión, la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. PRUEBA DE SU EXISTENCIA. No basta para acreditar la certeza de los actos reclamados, cuando las autoridades niegan su existencia, la manifestación bajo protesta de decir verdad que de aquéllos haga el quejoso en su demanda de amparo, sino que es necesario que ante tal negativa, el promovente aporte pruebas que la desvirtúen." En esas condiciones, procede el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional". Acerca de lo expresado cobra exacta aplicación la jurisprudencia 284 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". De igual manera, es aplicable al caso, la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." CUARTO.- Por otro lado, son ciertos los actos reclamados al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial del Estado de Colima, ya que al rendir su informe justificado reconoció su existencia; manifestación espontánea de voluntad suficiente para evidenciar la certeza de lo reclamado en términos del artículo 95, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la especie por remisión expresa de su artículo 2 de la Ley de Amparo. QUINTO.- Previo al estudio de la materia de fondo, se procede en forma oficiosa, al estudio de las causales de improcedencia que sobre el particular se actualiza, por tratarse de una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia número 814, localizable en la página 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, quien esto resuelve advierte de oficio, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del citado numeral 61 de la ley de la materia. Es así ya que de las constancias que adjuntó el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial del Estado de Colima a su oficio 9040, las cuales merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se desprende, en lo que aquí interesa, que por auto de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Juez responsable dejó sin efecto la orden de arresto decretada en contra del aquí quejoso. Así las cosas y con base en lo expuesto, este juzgado determina que el presente juicio de garantías deviene improcedente respecto del acto reclamado, por surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." De la transcripción que antecede, se advierte que el juicio de garantías es improcedente cuando los efectos del acto que dieron origen a la contienda constitucional han cesado, es decir, han sido destruidos como si la protección federal se hubiera concedido en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Ahora bien, quien acude por esta vía de amparo indirecto, reclama de la autoridad responsable, en esencia la orden de arresto ordenada con fecha treinta de mayo del año en curso. En esas condiciones, si el trece de septiembre de dos mil diecisiete, el juez responsable, dejó sin efecto la orden de arresto decretada en contra del quejoso Irving Omar Ramos Hernández, procede arribar a la conclusión de que los efectos del acto reclamado se destruyeron como si se hubiera concedido la protección federal a la parte quejosa, de conformidad con el numeral 77 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de Jurisprudencia perteneciente a la novena época, número 2ª./J.59/99, del tomo IX, junio de 1999, inserta en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del título: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, procede sobreseer en la presente litis constitucional de conformidad en lo dispuesto con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del cuerpo legal en comento. De esta suerte, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el impetrante, tal como lo establece la jurisprudencia 58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se lee: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y con fundamento además en el arábigo 74, fracción VI, de la ley de la materia, se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por IRVING OMAR RAMOS HERNÁNDEZ. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito del Estado de Colima, que actúa con el(la) secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada quien da fe.
- Principal
Vistos los presentes autos, para dar margen a que las partes se impongan del contenido de las constancias que remitió el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial del Estado de Colima, al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, como lo dispone el artículo 117, de la Ley de Amparo; con la finalidad de que estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas, que en su caso, estimen convenientes dentro del referido término, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para su celebración.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · 15,164 expedientes
- Irving Julián Carrillo Morales914/2018
- Irving Leyva Palacios1796/2014
- Irving Omar Ramos Hernández608/2018
- Irving Omar Ramos Hernández799/2017
- Irving Omar Ramos Hernández1241/2017
- Irving Omar Ramos Hernández600/2018
- Irving Omar Ramos Hernández1742/2016
- Irving Omar Ramos Hernández35/2018
- Irving Omar Ramos Hernández114/2018
- Irving Omar Ramos Hernández1018/2017
- Irving Omar Ramos Hernández567/2017
- Irving Omar Ramos Hernández1658/2017