Irving Olvera Valdez

Expediente 140/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
140/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
17/04/2023

Partes del expediente

  • Irving Olvera Valdez

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio ha causado ejecutoria, se ordena el archivo del presente expediente, en la inteligencia de que el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    Agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia el oficio signado por la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral a través del titular de la Dirección Jurídica Procesal y Consultiva de la Unidad de Asuntos Jurídicos y anexo que lo acompaña, por el que en atención al requerimiento formulado en auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, informa que el ocho de este mismo mes y año, remitió mediante el servicio postal mexicano su informe justificado con firma autógrafa y anexó copia certificada del expediente ******************** del que deriva el acto reclamado; de lo que se toma conocimiento. Sin que amerite mayor pronunciamiento, ya que en auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se recibió dicho oficio y se acordó lo conducente: asimismo, esa misma fecha sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio.

  3. Principal

    NPp. Agréguese a los autos el informe justificado que remite la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas, por conducto de la Directora Jurídica Procesal y Consultiva de la Unidad de Asuntos Jurídicos, del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas las documentales que refiere, la presuncional en su doble aspecto, así como la instrumental de actuaciones y un disco versátil digital que anexa a su comunicado. Ahora bien, debe decirse que a las documentales remitidas por dicha responsable se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197, 202 y 207, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se tiene señalando el correo electrónico que indica para que de ser el caso se entablen comunicaciones no procesales. Por otra parte, de un análisis integral del presente sumario, concretamente de la demanda de amparo se observa que el justiciable señaló como acto reclamado el siguiente: De la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral: El oficio I*** La resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés dictada en el expediente ***, en la que se ordenó la conclusión y archivo por falta de elementos de la denuncia que presentó la parte aquí quejosa y que dio origen a dicho expediente. La omisión de realizar una investigación oportuna, exhaustiva y eficiente que cumpliera con los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia y verdad material. La omisión de analizar todas las pruebas que ofreció en su escrito de denuncia. HIPÓTESIS NORMATIVA. En vista del informe y prueba remitidas, en el caso, esta Juzgadora Federal advierte de oficio que contra el acto reclamado consistente en la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés dictada en el expediente ***, en la que se ordenó la conclusión y archivo por falta de elementos de la denuncia que presentó la parte aquí quejosa y que dio origen a dicho expediente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto de la Ley de Amparo ante citado dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Como puede verse, el precepto legal transcrito consagra el principio de definitividad que rige el juicio de amparo respecto de actos emitidos por autoridades distintas de tribunales judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo; conforme al cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos terminantes, ya que en caso contrario, el acto reclamado carece de definitividad y por consiguiente, no es reclamable en la vía constitucional. De manera que, para estar en condiciones de instar con eficacia el juicio de amparo, es necesario que el acto de autoridad reclamado tenga el carácter de definitivo, esto es, que sea la última y final determinación ordinaria que provenga de la autoridad de la que emana el acto que agravia al particular. Lo anterior, en razón de que el juicio constitucional tiene como fundamento esencial su carácter de medio de defensa extraordinario, esto es, que ante el juez federal sólo se deben analizar aquellos actos respecto de los que ya no hay posibilidad jurídica procesal de que puedan cambiar; en otras palabras, que el acto materia de la violación de prerrogativas fundamentales sea el pronunciamiento y decisión final de la autoridad responsable. Por tanto, el gobernado tiene como carga procesal, la obligación de agotar todos los mecanismos de impugnación y medios de defensa ordinarios que al efecto estén a su disposición por mandato del marco normativo que regule el acto que afecte su esfera jurídica; la obligación referida es lo que se conoce como la satisfacción del principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Además, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtenerlos, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo; de modo que si se omite este requisito de procedencia, las partes afectadas no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, y por ende, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito suplantaría las facultades de la instancia común, lo que a todas luces no está permitido. Ahora bien, de acuerdo con la legislación que rige el procedimiento natural -Ley General de Responsabilidades Administrativas-, en su Capítulo IV, Impugnación de la calificación de faltas no graves, artículo 102, dispone lo siguiente: "Capítulo IV Impugnación de la calificación de faltas no graves Artículo 102. La calificación de los hechos como faltas administrativas no graves que realicen las Autoridades investigadoras, será notificada al Denunciante, cuando este fuere identificable. Además de establecer la calificación que se le haya dado a la presunta falta, la notificación también contendrá de manera expresa la forma en que el notificado podrá acceder al Expediente de presunta responsabilidad administrativa. Asimismo, conforme del artículo 110 de la citada Ley General de Responsabilidades Administrativas, la resolución del recurso consistirá en: "I. Confirmar la calificación o abstención, o II. Dejar sin efectos la calificación o abstención, para lo cual la autoridad encargada para resolver el recurso, estará facultada para recalificar el acto u omisión; o bien ordenar se inicie el procedimiento correspondiente." De la lectura del artículo trascritos, se destaca el contenido del artículo 102 del Ley General de Responsabilidades Administrativas, que señala que la calificación o la abstención a que se refiere el artículo 101, podrán ser impugnadas, en su caso, por el denunciante, mediante el recurso de inconformidad. Al respecto, es conveniente señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya determinó que aun cuando el artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas no prevea el medio ordinario de defensa para impugnar el acuerdo de conclusión y archivo del expediente de responsabilidad administrativa, es susceptible de interpretarse de manera conforme con la Constitución, en el sentido de que contra la decisión de la autoridad investigadora de concluir la investigación y archivar el expediente, resulta procedente el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 102 de la ley citada. Al respecto, es aplicable el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su jurisprudencia 2a./J. 12/2023 (11a.), publicada en la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, con número de registro 2026084, de título y subtítulo: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. EL DENUNCIANTE PUEDE IMPUGNAR EL ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, MEDIANTE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD. Hechos: Una persona moral presentó denuncia por hechos que podrían constituir faltas administrativas derivadas de un proceso de adjudicación directa de adquisición de medicamentos. Una vez realizada la investigación correspondiente el órgano de control emitió el acuerdo de conclusión y archivo del expediente, al no advertir datos, indicios o elementos de prueba para configurar la comisión de alguna falta administrativa. Inconforme con ello, la denunciante promovió amparo indirecto alegando que no existe algún medio ordinario de defensa para impugnar esa decisión de la autoridad investigadora. Correspondió a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer del amparo en revisión. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que aun cuando el artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas no prevea el medio ordinario de defensa para impugnar el acuerdo de conclusión y archivo del expediente de responsabilidad administrativa, es susceptible de interpretarse de manera conforme con la Constitución, en el sentido de que contra la decisión de la autoridad investigadora de concluir la investigación y archivar el expediente, resulta procedente el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 102 de la ley citada. Justificación: Si conforme al recurso de inconformidad el denunciante puede impugnar tanto la calificación de la falta administrativa denunciada, como la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidades administrativas, con mayor razón resulta procedente combatir la diversa determinación de concluir la investigación y archivar el expediente, pues la posibilidad de cuestionar la debida diligencia de la autoridad investigadora es lo que permite hacer funcional el papel de los denunciantes como una "gran contraloría social"; además, constituye el elemento que posibilita hacer efectiva la rendición de cuentas constante y sistemática del sistema de responsabilidades administrativas, así como vigilar que las actuaciones de las autoridades investigadoras se ajusten a derecho. En suma, la procedencia del recurso de inconformidad no sólo permite maximizar el goce del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, sino también vigilar y corroborar, mediante el control jurisdiccional, que la decisión de no iniciar un procedimiento administrativo atienda a un adecuado desarrollo de la investigación, así como la debida valoración de las constancias que obran en el expediente y no así a una determinación arbitraria, injustificada o irrazonable de la autoridad investigadora que redunde en la impunidad administrativa. CASO CONCRETO. En la especie, el acto reclamado se hace consistir medularmente en la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ***, en la que se ordenó la conclusión y archivo por falta de elementos de la denuncia que presentó y que dio origen a dicho expediente. Lo que se afirma, porque el diverso oficio señalado sólo constituyó el medio de notificación (sin que se le atribuyan vicios propios), en tanto que las omisiones aducidas sólo son consecuencia del archivo decretado. Luego, es evidente que contra dicho auto donde se ordenó la conclusión y archivo por falta de elementos de la denuncia, en términos de lo expuesto en párrafos precedentes, procede un recurso ordinario que debe ser agotado antes de acudir a la acción constitucional. En este sentido, como se precisó con antelación de acuerdo con la legislación que rige el procedimiento natural (Ley General de Responsabilidades Administrativas), dicha resolución que aquí se combate, es recurrible en la instancia común a través del recurso de inconformidad. Por tanto, de acuerdo con el precepto mencionado, se obtiene que la parte promovente antes de acudir al juicio de amparo, debió agotar el recurso de inconformidad en contra de la resolución de conclusión y archivo del expediente dictada por la autoridad responsable; lo anterior, con la finalidad de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por tratarse de un procedimiento civil, en cuya materia es admisible la interposición del referido medio de defensa, con el objeto de lograr la modificación del auto impugnado. Además, como se precisó anteriormente, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, sin embargo su procedencia está condicionada a que se cumpla con el principio de definitividad, que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. En ese sentido, cabe reiterar que la irreparabilidad del acto reclamado, por sí mismo, no es una excepción al principio de definitividad, pues como ya quedó asentado, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Así lo ordena la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su jurisprudencia 2a./J. 115/99, publicada en la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 1999, Tomo X, Novena Época, Pág. 448, Jurisprudencia (Común), con número de registro 193142, de título y subtítulo: RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. CONCLUSIÓN. Por tanto, al no haber promovido la parte quejosa el medio ordinario de defensa establecido en la ley, previo a la promoción del juicio de amparo, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de la materia; motivo por el cual lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, respecto de la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés dictada en el expediente ****, en la que se ordenó la conclusión y archivo por falta de elementos de la denuncia. Sobreseimiento que debe hacerse extensivo al oficio por el que fue notificada dicha determinación, por no haber sido reclamado por vicios propios. Consecuentemente, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, déjese sin efectos el requerimiento formulado en proveído de diez de los cursantes y lo anterior hágase del conocimiento a la autoridad responsable Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Vista la certificación que antecede, se advierte que se encuentra señalada esta fecha para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, se advierte que feneció el plazo que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo para que la autoridad responsable Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral rindiera su informe justificado respectivo, no obstante de encontrarse notificada para ello vía mensajería estafeta. Por su parte, de las documentales que anexó la parte quejosa en su demanda electrónica se advierte que se encuentra un indicio del acto reclamado, ya que anexó una impresión del correo electrónico por el que se le notificó el acto reclamado, según su dicho, no obstante, dicha copia no cumplen con las exigencias que prevé el artículo 3 fracción VI del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Es así, porque dicho precepto expresamente exige que los documentos públicos que se ingresen vía electrónica conservaran el valor probatorio siempre y cuando se manifieste bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico; empero, la parte quejosa en su escrito de demanda únicamente expreso lo siguiente: "Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las pruebas documentales que adjunto al presente coinciden con sus originales". Por tanto, y toda vez que de dichas documentales se advierte un indicio de la existencia del acto reclamado, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral para que dentro del plazo de tres días, remita copia certificada de las constancias relativas a la emisión del acto reclamado a fin de que esta juzgadora este en aptitud de resolver en definitiva el presente juicio. Apercibida que de no cumplir con el requerimiento que se le formula dentro del plazo que se le concede, o bien, no expresar el impedimento legal o material que tenga para ello, se hará acreedora a una multa equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con el objeto de no incurrir en una violación a las formalidades que norman el procedimiento en el juicio constitucional, en omisión que se deje sin defensa a las partes o que pudiera influir en la sentencia que ocasione la reposición del procedimiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar se fijan las once horas del cuatro de abril de dos mil veintitrés, para su celebración.

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