Irving Mauricio Rodríguez Mondragón
Expediente 991/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 991/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Irving Mauricio Rodríguez Mondragón
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y de la certificación secretarial que antecede, toda vez que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de uno de septiembre del año en curso; consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. En virtud de lo anterior y toda vez que no obran en autos documentos originales, de conformidad con el numeral 21, inciso a), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 991/2022-K. Ahora, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las consideraciones siguientes: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a esta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Así, de la lectura íntegra al escrito de demanda se advierte que el quejoso señala como acto reclamado el auto de cinco de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente ***, relativo al Juicio Ordinario Civil de Alimentos, promovido ***, por propio derecho y en representación de los menores de iniciales***, *** y ***, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. En el caso, se estima se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". En ese orden de ideas, del precepto legal transcrito, se advierte el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus excepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquellas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. En ese sentido, el principio de definitividad no es otra cosa que el agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, lo cual, acorde a lo sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 139/2013, es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. Asimismo, se indicó que la regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, entre otros, no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función; es decir, salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus controversias, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. Así, el orden en los procedimientos judiciales no existe solo para proteger intereses particulares sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. De igual forma, la Primera Sala en mención, refiere que la importancia de la dimensión institucional del sistema procesal estatal ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por los tribunales internacionales de derechos humanos, y el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. En efecto, en el caso opera la hipótesis prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de constitucional tratándose de actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso, o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados o revocados. En ese contexto, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó que el controvertido de origen es un juicio ordinario civil de alimentos definitivos, en el que por auto de dos de julio de dos mil veintiuno, se le tuvo dando contestación a la demanda instaurada en su contra; asimismo, que en proveído de dos de marzo de dos mil veintidós, la autoridad responsable de manera provisional ordenó el descuento del quince por ciento sobre sus percepciones por cada uno de sus acreedores por concepto de alimentos. Contra dicho descuento, el quejoso formuló petición al juez responsable a fin de que este se efectuara una vez realizadas las deducciones del impuesto sobre la renta, aportaciones de seguridad social y otras pensiones alimenticias de los cuales el quejoso es deudor. En función de lo anterior, el juez de origen emitió el auto de cinco de julio de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente ***, relativo al Juicio Ordinario Civil de Alimentos, en el que dicho juzgado hace del conocimiento al -aquí quejoso-, que el descuento que le hacen, es después de haberse realizado las deducciones de impuestos, aportaciones de seguridad social y cuotas sindicales, proveído contra el cual procede el recurso de revocación previsto en el artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, que establece: "Artículo 504.- La revocación procede contra los autos.". Por imperativo del precepto transcrito, el recurso de revocación procede contra los autos, cualquiera que sea su sentido. Asimismo, el referido código civil adjetivo en sus artículos 86, 87 y 88, define que tendrán el carácter de autos, aquellas resoluciones autorizadas con las firmas del juez y del secretario, y que por exclusión no sean sentencias definitivas o interlocutorias, lo que en la especie acontece, pues el acto reclamado no tiene el carácter de sentencia ni definitiva ni interlocutoria. Luego, si el acto reclamado en el presente juicio, lo es el auto de cinco de julio de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente *** del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; es evidente que, conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, en su contra procede el recurso de revocación. En efecto, el recurso de revocación previsto en el artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, es un medio ordinario con el cual el quejoso estuvo en condiciones de lograr se nulificara, revocara o se modificara la determinación tomada por el juzgado responsable y, al no haberlo hecho, incumplió con el principio de definitividad en que descansa la acción constitucional, por lo que deviene improcedente el juicio de amparo que pretende instaurar en el aspecto analizado. Consecuentemente, antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa debió promover el recurso de revocación contra el proveído de cinco de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente *** del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Sin que en el caso, se esté en presencia de alguna de las excepciones previstas en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado deriva de un procedimiento civil en el que el quejoso es parte, además no se controvierten actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Siendo que en el caso el recurso de revocación que debe de agotarse para cumplir con el principio de definitividad no prevé la suspensión del acto reclamado, sin embargo, el presente juicio de amparo fue promovido por *** por propio derecho, no así en representación de los menores de edad de iniciales ***, *** y ***, asimismo, la determinación aquí reclamada los beneficia pues reitera la forma en la cual les está siendo proporcionados los alimentos que fueron decretados a su favor, por tanto, se estima que dicho criterio jurisprudencial no es aplicable en el caso en concreto. En las relatadas condiciones, al no haber agotado el medio de defensa que ha quedado señalado y no colmar el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, lo procedente es desechar la demanda de derechos fundamentales. Por otro lado, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; por tanto, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Asimismo, se tiene como autorizados en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, ***, *** y***, por así solicitarlo de manera expresa. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberá informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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