Irving Jesús Osorio Padilla
Expediente 898/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 898/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Irving Jesús Osorio Padilla
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, mediante el cual, la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, remite testimonio de la ejecutoria emitida en los autos del recurso de queja 6/2016, de la estadística de ese Órgano Colegiado, en sesión celebrada el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, en el que se resolvió: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja interpuesto por **********, en contra del auto de veintitrés de diciembre de dos mil quince, dictado por el juez Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Chetumal, en el juicio de amparo 898/2015." Por otra parte, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo del presente expediente judicial.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, por medio del cual acusa recibo del recurso de queja interpuesto por el quejoso contra el auto de veintitrés de diciembre de dos mil quince, emitido en el presente asunto mismo que se radicó con el número de toca 6/2016 de su índice, de lo que este Juzgado toma conocimiento.
- Principal
Agréguense a los presentes autos el escrito firmado por el promovente, mediante el cual dice interponer recurso de revisión contra el proveído de veintitrés de diciembre de dos mil quince, y adjunta escrito de expresión de agravios dirigido al tribunal colegiado que corresponda conocer. Ahora, previo a proveer sobre la interposición del recurso, se hace notar que en el escrito dirigido a este órgano jurisdiccional el recurrente manifiesta que interpone recurso de revisión, empero del diverso escrito de expresión de agravios se advierte que hace valer el recurso de queja que fundamenta en los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja en comento. En consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en turno, con residencia en Cancún, Quintana Roo, para que el citado órgano colegiado acuerde lo que en derecho corresponda, debiéndose anexar el original del escrito de agravios correspondiente, así como una copia de éste destinada al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal de Alzada. Asimismo, ríndase el informe relativo a la materia de la queja, manifestando a la Superioridad que es cierto el acto que impugna la parte quejosa. Empero, al haberse desechado la demanda de amparo, no se dio intervención legal alguna a las demás partes que pudieran haber resultado en este juicio, como lo sería las autoridades responsables, y, en su caso, a quien le correspondiera el carácter de tercero interesado. De ahí que a criterio de este juzgado es factible dar el trámite correspondiente al recurso en los términos ya acotados, es decir, sin necesidad de correr traslado con el escrito de expresión de agravios a las demás partes, así como tampoco requerirlas. Por lo antes expuesto, una vez que se notifique por lista el presente proveído, sin previo acuerdo, intégrense las constancias necesarias del juicio de amparo en que se actúa, a fin de que sean remitidas a la Superioridad que conocerá del asunto.
- Principal
Vista la razón levantada por el Actuario de la adscripción, de la que se advierte la imposibilidad de notificar al quejoso, el proveído de veintitrés de diciembre de dos mil quince, por los motivos que expone. Al respecto, toda vez que en el domicilio señalado por el quejoso no fue posible llevar a cabo la notificación del referido auto, se ordena realizar la notificación del referido proveído, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por lista que se fija en los estrados de este juzgado hasta en tanto señale domicilio actual y correcto en esta ciudad para tales efectos. (Auto de 23/12/2015) "Chetumal, Quintana Roo, veintitrés de diciembre de dos mil quince. Con la demanda de amparo de cuenta, Irving Jesús Osorio Padilla, por su propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a la Primera Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 898/2015. Ahora, atento al contenido de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala en forma destacada como acto reclamado a la Primera Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, el siguiente: "IV.- EL O LOS ACTOS RECLAMADOS.- Lo hago consistir en: La resolución publicada en fecha 15 de diciembre, notificada en fecha 16 de diciembre de 2015, dentro de los autos del toca civil No. 155/2015, mediante el cual se resuelve que dentro del término de tres días debo de exhibir el importe de los derechos para que se les otorgue trámite a dos exhortos ordenados en autos de fecha 4 y 11 de junio de 2015, dentro de los autos del juicio No 839/2014 seguido ante el Juzgado Civil de esta ciudad, de conformidad con lo ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 100 Y 102 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL EN RELACIÓN CON EL 188 FRACCIÓN V DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO, lo cual considero violatorio del artículo 17 constitucional." Ahora, resulta pertinente destacar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Así, el anterior precepto legal impone al órgano jurisdiccional la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano; análisis que se lleva a cabo desde este momento, ya que en el caso se estima que existe una causal de improcedencia manifiesta e indudable. El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6 del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2004, Tomo XX, Materia Común, Novena Época, visible en la página 1631, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I. 60. C. J/19, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 1999, Tomo X, Materia Común, Novena Época, visible en la página 730, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. En el caso, del capítulo de antecedentes de la demanda de amparo la quejosa relató lo siguiente: "1.- Que la hoy tercero perjudicado SILVIA LETICIA JUÁREZ DÍAZ, intenta un juicio reivindicatorio en contra del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco a efecto de intentar recuperar un predio que a su vez, está arrendado a favor del suscrito. Es decir, el predio ubicado en el número 350 de la calle Ignacio Zaragoza de esta ciudad, lo tiene el suscrito en concepto de arrendatario de la citada tercero perjudicada, sin embargo de manera inexplicable demanda al Ayuntamiento de Othón P. Blanco la reivindicación de dicho predio, mismo juicio que se radicó con el No 839/2014 del índice del Juzgado de lo Civil en esta ciudad. 2.- Que el suscrito es llamado a juicio por mi carácter de arrendatario y al comparecer ofrezco diversas pruebas entre ellas los testimonios de JUAN JOSÉ CARDEÑA MANZANERO y FRANCISCO EUSTAQUIO PORTELA CHAPARRO, domiciliados en Mérida, Yucatán, y San Francisco de Campeche, Campeche respectivamente. 3.- Cumplo con los requisitos exigidos por la legislación procesal civil, consistente en el importe de la fianza y los domicilios correctos de conformidad con el artículo 353 de dicha legislación. 4.- Sin embargo, mediante auto de fecha 13 de agosto de 2015 dictado dentro de esos autos del juicio 839/2014, se me requiere para recibir exhortos con apercibimientos de declarar desiertas las pruebas testimoniales ofrecidas en el evento de NO DARLES TRAMITE, no recibirlos, no diligenciarlos y no acreditarlo en el lapso de tres días, se declarará desierta las pruebas testimoniales ofrecidas, por lo que se impuso apelación al considerar que se violaban los artículos 353, 358 y demás aplicables del Código Procesal Civil. 5.-. Se forma el toca civil No 155/2015 por parte de la Primera Sala Especializada en materia Civil y Mercantil y dictan resolución, la cual constituye el acto reclamado, modificando dicho auto (de fecha 13 de agosto de 2015), quedando en el sentido de que . "Con fundamento en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 188 fracción V de la Ley de Hacienda del Estado, 100, 102 y 129 del Código de Procedimientos Civiles . a fin de estar en aptitud . se le previene al ciudadano IRVING JESÚS OSORIO PADILLA en su carácter de tercero llamado a juicio para que en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído exhiba el pago de los derechos inherentes, apercibido que para el caso de no hacerlo se le tendrá por desechada la prueba testimonial ofrecida por falta de interés. (sic)." De lo anterior, se desprende que el promovente de amparo fue llamado al juicio 839/2014 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia con residencia en esta ciudad, en el que se ejerció una acción reivindicatoria respecto a un inmueble que le fue arrendado. Asimismo, que compareció al juicio de origen, ofreció como prueba de su parte las testimoniales a cargo de Juan José Cardeña Manzanero y Francisco Eustaquio Portela Chaparro, pero el trece de agosto de dos mil quince, la Juez responsable dictó un acuerdo en el que fue requerido para recibir los exhortos librados a fin de desahogar las pruebas testimoniales ofrecidas de su parte, con el apercibimiento que de no hacerlo declararía desiertas las pruebas referidas. También señaló que contra dicho acuerdo interpuso apelación, el cual fue radicado con el número 155/2015 del índice de la Primera Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien modificó el auto recurrido y, en su lugar, dictó la resolución que ahora combate, en la que en esencia resolvió lo siguiente: ".se le previene al ciudadano IRVING JESÚS OSORIO PADILLA en su carácter de tercero llamado a juicio para que en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído exhiba el pago de los derechos inherentes, apercibido que para el caso de no hacerlo se le tendrá por desechada la prueba testimonial ofrecida por falta de interés. (sic)." Asentado la anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, tenemos que la Ley de Amparo vigente en su artículo 107, fracción V, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio, al tenor siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". De esta manera, se pone de manifiesto que actualmente el legislador ha acotado los actos dentro de juicio, considerados como de ejecución irreparable, a aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales. En ese orden de ideas, se considera que para calificar la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", esto es, conforme al marco legal vigente, se atenderá a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Así, en el caso particular el quejoso reclama la resolución emitida en el recurso de apelación dictado por la Sala responsable, en el que le previno para que dentro del término de tres días exhiba el pago de los derechos inherentes a la tramitación de los exhortos generados con motivo de la prueba testimonial a cargo de Juan José Cardeña Manzanero y Francisco Eustaquio Portela chaparro, ofrecida de su parte, apercibido que en caso de no hacerlo desecharía la prueba en comento. De donde se sigue que el acto reclamado, en principio, surge en el trámite del juicio reinvindicatorio 839/2014, es decir, la resolución de apelación se considera un acto dentro de juicio; en segundo, la resolución de alzada reclamada, en sí misma, sólo tiene como efecto inmediato la formulación de una prevención para el quejoso, relacionada con la forma de recepcionar una prueba testimonial, lo cual implica una cuestión meramente procesal; en tercero, si bien el eventual incumplimiento -por parte del aquí quejoso- a aquella prevención pudiera generar como consecuencia que se haga efectivo el apercibimiento inserto, esto es, que al no cumplir con la prevención se le tenga por desechada la testimonial ofertada, también lo es que tal desechamiento sólo implicaría una eventual violación de índole procedimental. Por ende, el acto reclamado no produce, en sí mismo, una afectación real y directa a un derecho sustantivo tutelado en la Constitución Federal o algún Tratado Internacional en materia de derechos humanos, por lo que no se surte la hipótesis para la procedencia del juicio de amparo indirecto a que alude la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, que el acto tenga efectos de imposible reparación. Lo anterior se constata cuando, acorde a las características del acto reclamado, se advierte que sólo produce efectos y consecuencias de naturaleza intraprocesal, inherentes a la forma de recepcionar y preparar una probatura, los cuales pudieran llegar a desaparecer para el caso de que la sentencia que llegara dictarse en el juicio reinvindicatorio resultara favorable a los intereses de la parte quejosa, y para el caso de que el fallo que llegara le fuera adverso a sus intereses, podrá combatirlo, previa observancia del principio de definitividad, a través del juicio de amparo directo, pues el acto reclamado se ajusta a la hipótesis prevista en el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo vigente [artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada], todo ello de conformidad con la jurisprudencia 6/94 del Pleno de la Suprema Corte de la Nación, cuya aplicación tiene lugar por no contravenir disposición expresa en la Ley vigente, la cual establece: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Sin que pase inadvertido para este órgano de control constitucional, que la parte quejosa alega una violación al derecho constitucional previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues adujo que se obstaculizó la impartición de justicia pronta, expedita y gratuita. Al respecto es pertinente invocar, en lo que aquí interesa, lo dispuesto por el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". Del precepto transcrito se advierte que todo individuo tendrá derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita en los plazos y conforme a los términos que fijen las leyes. Empero, no puede desatenderse que del contenido de los artículos 107, fracción III, incisos a), b), y c), constitucional y 107, fracciones IV, V y VI, se advierte que por excepción es admisible el amparo indirecto contra actos (u omisiones) distintos a sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio; y que dichos actos se emitan ya sea en el juicio (cuya ejecución sea de imposible reparación), fuera de juicio, después de concluido o que afecten a personas extrañas. Por tanto, como ya se dijo, la resolución en la que se le apercibió con declarar desiertas las testimoniales ofrecidas por el promovente de amparo, si éste no realiza el pago inherente a la tramitación de los exhortos librados, y en caso de declarar desiertas las testimoniales referidas, pudiera quedar reparada con el dictado de la resolución final que llegara a pronunciarse a favor del quejoso; en tanto que, de no ser así, podría alegar tal infracción procesal en el amparo uniinstancial que llegara a promover. Sostener lo contrario, es decir, que contra cualquier auto relativo al desahogo de pruebas en cualquier etapa del procedimiento procedería el juicio de amparo biinstancial, se traduciría no sólo en una contravención a la intención del constituyente y del legislador ordinario (en cuanto a los supuestos expresos de procedencia) sino también en una verdadera afectación al derecho humano de justicia pronta consagrado en el artículo 17 Constitucional, pues la tramitación de un número significativo de juicios de amparo sin duda retrasaría el curso del procedimiento. Consecuentemente, todo lo expuesto permite sostener, como se ha venido haciendo, que el acto reclamado en este juicio no tiene sobre el quejoso una afectación a sus derechos de imposible reparación, sino se trata de posibles violaciones a derechos procesales o adjetivos, lo cual impide la procedencia del amparo indirecto en su contra, de acuerdo a lo previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu. Por tanto, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo que se analiza. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el ocurso de cuenta, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan José Aparicio Nieto y Katia Noemí Carrillo Martínez, toda vez que tienen debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En términos de los artículos 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental y 5, 6, 7, 8 y 9, Título Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales, salvo su nombre en los términos y casos a que se refieren los preceptos antes invocados. Finalmente, háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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