Irving Jesse Flores Guzmán
Expediente 1255/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1255/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Irving Jesse Flores Guzmán
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 797/2023, signado por el Tesorero del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, con fundamento en el artículo 117 y 119 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, asimismo se tiene por ofrecidas admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que adjunta a su oficio de cuenta, con las cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Tesorero del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, se advierte que la petición realizada por los quejosos ÍRVING JESSE FLORES GUZMÁN, GLORIA GUADALUPE ARREDONDO RAMOS, LETICIA ARRIAGA MARTÍNEZ, FERNANDO BUSTOS SARMIENTO, AMELIA CASTRO CASTRO, GLORIA DEL RÍO CERVANTES, LILIANA HERRERA GLORIA, MAXIMILIANO HIGAREDA ARREDONDO, ROSELIA HURTADO CONTRERAS, LUIS FRANCISCO LOPÉZ MEDINA, DIANA DINORAH SANDOVAL GONZÁLEZ, KENYA LOPÉZ LOPÉZ, EVANGELINA MARTÍNEZ MENDOZA, JAVIER MORENO GONZÁLEZ, IRMA ESTELA PINEDA VERDUZCO, DORA ALICIA QUINTERO RIVERA, JULISSA LIZBETH RAMÍREZ ÁNGELES, MARCO ANTONIO RUBIO ALCÁNTARA, TERESA SARMIENTO MEDINA, ANA YURITZI TREJO VACA y JUAN VEGA SOTO de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés fue acordada el diecisiete de abril del año en curso, y notificada el dos de mayo siguiente. Ahora bien la parte quejosa hace valer como acto reclamado en esta instancia constitucional, el siguiente: "1. La omisión de dar respuesta al escrito de petición de fecha 28 de marzo de 2023". En ese contexto, en el caso concreto, se actualiza la causal de sobreseimiento en el juicio de amparo, prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) ". IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". Dicha porción normativa dispone que ante la inexistencia del acto reclamado, emerge el sobreseimiento del juicio de amparo. En ese sentido, la parte quejosa reclama la falta de respuesta a su petición de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, sin embargo, de las constancias que la autoridad responsable remitió con su informe justificado, se advierte que no existe dicho acto reclamado pues en el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, el Director de Ingresos Municipales del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, acordó su solicitud, ordenando notificarla, lo cual aconteció el dos de mayo del año en curso; de ahí que, al momento de la presentación de la demanda (veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés) la omisión reclamada no existía. Documentales a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior conduce a sustentar que, en efecto, a la fecha de presentación de este juicio de amparo no existía el acto de omisión atribuido a la responsable, pues el juicio de amparo únicamente procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, por lo que se estima procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada XX.54 K, del entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 50, Tomo I, Segunda Parte-I, Enero-Junio de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. PARA PODER SER MOTIVO DE ANALISIS DEBEN RELACIONARSE CON LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. Tomando en consideración que los actos reclamados deben examinarse en razón a la época en que se promueve la demanda de amparo, por tanto, si se promueve una demanda de garantías contra actos que en la fecha de la presentación de la demanda no existían, es evidente que el juicio constitucional debe sobreseerse con fundamento en la fracción IV del artículo 74, de la Ley de Amparo, sin que sea dable analizar actos ocurridos con posterioridad, en atención a que ello equivaldría a estudiar actos distintos a los que fueron reclamados al ejercer la acción constitucional". Así como la tesis IV.3o.72 K emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número de identificación 213793, Tomo XIII, Enero de 1994, página 254, que se lee: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías". En las condiciones apuntadas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, pues ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia, además que esa circunstancia no provoca indefensión en la parte quejosa, porque tiene a su alcance el recurso de revisión, y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que traería consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima el artículo 17 de la Constitución Federal. Apoya la determinación adoptada la tesis XIII.1o.P.T.4 K (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, Décima Época, registro digital 2020347, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado". En atención a lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable; háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese personalmente.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de 7 de noviembre de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 797/2023, signado por el Tesorero del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, con fundamento en el artículo 117 y 119 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, asimismo se tiene por ofrecidas admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que adjunta a su oficio de cuenta, con las cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Tesorero del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, se advierte que la petición realizada por los quejosos ÍRVING JESSE FLORES GUZMÁN, GLORIA GUADALUPE ARREDONDO RAMOS, LETICIA ARRIAGA MARTÍNEZ, FERNANDO BUSTOS SARMIENTO, AMELIA CASTRO CASTRO, GLORIA DEL RÍO CERVANTES, LILIANA HERRERA GLORIA, MAXIMILIANO HIGAREDA ARREDONDO, ROSELIA HURTADO CONTRERAS, LUIS FRANCISCO LOPÉZ MEDINA, DIANA DINORAH SANDOVAL GONZÁLEZ, KENYA LOPÉZ LOPÉZ, EVANGELINA MARTÍNEZ MENDOZA, JAVIER MORENO GONZÁLEZ, IRMA ESTELA PINEDA VERDUZCO, DORA ALICIA QUINTERO RIVERA, JULISSA LIZBETH RAMÍREZ ÁNGELES, MARCO ANTONIO RUBIO ALCÁNTARA, TERESA SARMIENTO MEDINA, ANA YURITZI TREJO VACA y JUAN VEGA SOTO de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés fue acordada el diecisiete de abril del año en curso, y notificada el dos de mayo siguiente. Ahora bien la parte quejosa hace valer como acto reclamado en esta instancia constitucional, el siguiente: "1. La omisión de dar respuesta al escrito de petición de fecha 28 de marzo de 2023". En ese contexto, en el caso concreto, se actualiza la causal de sobreseimiento en el juicio de amparo, prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) ". IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". Dicha porción normativa dispone que ante la inexistencia del acto reclamado, emerge el sobreseimiento del juicio de amparo. En ese sentido, la parte quejosa reclama la falta de respuesta a su petición de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, sin embargo, de las constancias que la autoridad responsable remitió con su informe justificado, se advierte que no existe dicho acto reclamado pues en el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, el Director de Ingresos Municipales del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, acordó su solicitud, ordenando notificarla, lo cual aconteció el dos de mayo del año en curso; de ahí que, al momento de la presentación de la demanda (veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés) la omisión reclamada no existía. Documentales a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior conduce a sustentar que, en efecto, a la fecha de presentación de este juicio de amparo no existía el acto de omisión atribuido a la responsable, pues el juicio de amparo únicamente procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, por lo que se estima procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada XX.54 K, del entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 50, Tomo I, Segunda Parte-I, Enero-Junio de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. PARA PODER SER MOTIVO DE ANALISIS DEBEN RELACIONARSE CON LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. Tomando en consideración que los actos reclamados deben examinarse en razón a la época en que se promueve la demanda de amparo, por tanto, si se promueve una demanda de garantías contra actos que en la fecha de la presentación de la demanda no existían, es evidente que el juicio constitucional debe sobreseerse con fundamento en la fracción IV del artículo 74, de la Ley de Amparo, sin que sea dable analizar actos ocurridos con posterioridad, en atención a que ello equivaldría a estudiar actos distintos a los que fueron reclamados al ejercer la acción constitucional". Así como la tesis IV.3o.72 K emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número de identificación 213793, Tomo XIII, Enero de 1994, página 254, que se lee: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías". En las condiciones apuntadas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, pues ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia, además que esa circunstancia no provoca indefensión en la parte quejosa, porque tiene a su alcance el recurso de revisión, y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que traería consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima el artículo 17 de la Constitución Federal. Apoya la determinación adoptada la tesis XIII.1o.P.T.4 K (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, Décima Época, registro digital 2020347, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado". En atención a lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable; háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO FEDERAL, AL PERITO DESIGNADO POR ESTE JUZGADO, EL(LA) ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN, DE FECHA TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL(LA) CUAL EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por ********************, perito designado por este juzgado, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, manifiesta que acepta y protesta el cargo que le fue conferido de perito en materia de grafoscopía, para lo cual remite su costo de honorarios; por tanto, requiérase al experto de que se trata, para que dentro del término de tres días, a que refiere el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contado a partir del día siguiente al en que quede debidamente notificado del presente auto, comparezca ante el personal de este Tribunal con identificación oficial fehaciente a ratificar el escrito de cuenta. Notifíquese personalmente al perito ********************.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.****************************************Vista la demanda de amparo promovida por ********************, ..., contra actos del Tesorero Municipal de Zitácuaro, Michoacán, consecuentemente, con fundamento en los artículos 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de la materia, SE ADMITE la demanda de amparo, por el acto consistente en:****************************************"1. La omisión de dar respuesta al escrito de petición de fecha 28 de marzo de 2023".****************************************En tales condiciones, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrará el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto.****************************************Por tanto, en esos términos se ordena formar y registrar los expedientes impreso, y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 1255/2023. ****************************************Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. ****************************************No se forma incidente de suspensión por no haberse solicitado en términos del artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, y sin que sea el caso de abrirlo de oficio, en razón a que en la especie no se actualizan los supuestos a que se refiere el artículo 127, del citado ordenamiento.****************************************Con apoyo en el artículo 117 de la ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable su respectivo informe justificado, el cual deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir del momento en que reciba el oficio en el que se le solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberá acompañar, en su caso, las constancias en que se haya basado para emitir el acto, o copia certificada legible y completa de las mismas, en el entendido que en cualquiera de dichos supuestos, deberán estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por las autoridades responsables.****************************************En el entendido, de que en caso de no rendir el informe se presumirá cierto el acto reclamado y se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la Materia. ****************************************En la inteligencia, de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmaran una falsedad o negaran la verdad en todo o en parte, serán sancionados en términos del artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.****************************************Es aplicable en lo que aquí interesa, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes:******************** ********************"VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato".****************************************Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a la autoridad responsable informe a este juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de garantías, o bien, si tienen conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberá exhibir las constancias que la acrediten; requerimiento que se hace extensivo a las demás partes del juicio, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las partes que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se le impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la Ley en consulta.****************************************Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. ****************************************Infórmese a la autoridad responsable que no deberá acusar recibo de los oficios que reciba provenientes de este juzgado, sino sólo de aquellos en los que expresamente se le requiera para que lo haga.****************************************Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la parte quejosa las documentales que adjuntan a su escrito de demanda, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva.****************************************Como lo solicitan los promoventes, se tiene como represente común de los quejosos a ********************, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo.****************************************Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle ********************, número ********************, esquina con ********************, colonia ********************de esta ciudad y autorizando para tal efecto a ********************quienes gozarán de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se advierte que se encontró el dato inherente a las cédulas profesionales números ********************, que acreditan a las referidos autorizados como licenciados en derecho, no así a ********************, en tanto acrediten estar legalmente facultados para ejercer dicha profesión, por ser la materia del presente asunto administrativa. ****************************************Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.****************************************Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo.****************************************En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales.****************************************Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes:****************************************"REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran".****************************************Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.****************************************En términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentre y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor.****************************************Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a la autoridad que se señala como responsable y a las autoridades que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estimen necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:****************************************"NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar"****************************************Hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que las autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional.****************************************Así también, dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx.****************************************Notifíquese.
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