Irving Jalil Oviedo Pagola

Expediente 714/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
714/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
10/07/2018

Partes del expediente

  • Irving Jalil Oviedo Pagola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ...Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra del proveído mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula...I

  2. Incidental

    Se resuelve: Único. Se niega la suspensión definitiva que solicitó ****, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables....

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que en la presente data, se tiene al Titular de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro rindiendo su informe justificado, al que acompaña copias certificadas del escrito de dieciocho del mes y año en curso, por el que da contestación al diverso presentado por el quejoso ****, en catorce de mayo de dos mil dieciocho. Ahora, es necesario precisar que el acto reclamado se hizo consistir en la omisión por parte de las responsables en dar contestación al escrito de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, presentado por el quejoso. Al respecto el Titular de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro, al momento de rendir su informe justificado, manifestó que si era cierto el acto reclamado; sin embargo de la probanza que adjuntó, se advierte que dio respuesta al ocurso que en su momento le fuera presentado por el quejoso de marras, pues al respecto informa que, en dieciocho de junio de dos mil dieciocho, dió contestación al escrito presentado en catorce de mayo del presente año, que si bien, no es del se duele el quejoso en su acto reclamado, sino del diverso de veintiuno de mayo del presente año, lo cierto es, que se trata de la misma petición, según sostiene, en los hechos narrados en su escrito inicial de demanda. Documental pública a la que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones. En esa virtud, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, respecto al acto del que se duele el justiciable, consistente en la omisión por parte de la responsable en dar contestación al escrito de veintiuno de mayo del presente año, que le fuera presentado por el aquí quejoso; de tal forma que esta juzgadora estima que se actualiza el supuesto previsto en la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar la autoridad responsable, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa argumenta que la autoridad ha sido omisa en dar contestación a su escrito de fecha veintiuno de mayo del año en curso. Ahora, de la constancia remitida por la responsable, consistente en copia certificada del oficio CESPQ/CPVSJA/JSC-297/2018, de su índice, a la que se le confirió valor probatorio en líneas anteriores; se advierte que la autoridad señalada como responsable se pronunció, dando respuesta a la petición del quejoso. De ahí que ello permita concluir que en el caso ya no existe la omisión que la parte quejosa refiere en su escrito de demanda, puesto que a través del oficio precitado, la autoridad responsable determinó lo conducente. Por tanto, han cesado los efectos del acto reclamado, pues se dejó sin efectos la omisión en que incurrió la responsable de pronunciarse respecto de señalar la aludida fecha, en esa medida, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De tal guisa, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 63 fracción V de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, incluso sin esperar la celebración de la audiencia constitucional. Lo anterior, atendiendo a que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En atención a lo resuelto, se hace innecesario realizar el estudio de los conceptos de violación, hechos valer por la peticionaria del amparo, ya que al haberse actualizado una causal de improcedencia del presente juicio, impide el examen de constitucionalidad de la materia de reclamo. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia V.2o. J/15, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 115, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, registro 220705, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

  4. Principal

    RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda promovida por *******, por su propio derecho, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 714/2018; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. ADMISIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata, por cumplir con los requisitos que establece la ley de Amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con apoyo, en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, en relación con los diversos numerales 125 y 128, de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. En la inteligencia de que el señalamiento de la audiencia atiende a las cargas de trabajo que presenta este juzgado. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, misma que deberá rendirlo DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS HABILES siguientes a aquél en que reciba el oficio por el que se le pide dicho informe, en el entendido que en el mismo deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, haciéndole saber que de no rendir el informe en el tiempo y forma establecidos, se presumirán ciertos los actos que se le atribuyen, de acuerdo a lo dispuesto por el ordinal 117 de la referida ley. Así también, requiérase su informe justificado a las autoridades responsables foráneas vía fax (442) 235 73 52 o mediante correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx, preferentemente, sin perjuicio que deseen usar la correspondencia oficial común. Hágase del conocimiento a las autoridades señaladas como responsables, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta a las autoridades que en cuanto tengan la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, de inmediato lo hagan saber a este Órgano Jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el informe que se les solicita con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. PUNTUALIZACIÓN RESPECTO A LA DENOMINACIÓN ERRÓNEA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Nueva Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de los quejosos, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79, del ordenamiento invocado), se apercibe a la parte quejosa respecto a que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se le tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en su denominación, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y al principio de celeridad procesal. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilios para oír y recibir notificaciones que señale. Sin que haya lugar a tener como autorizados para consultar expedientes y recibir documentos a las personas que mencione, toda vez que esa facultad está reservada para la parte quejosa y los terceros interesados; lo anterior, con excepción de los particulares señalados como autoridades responsables. OBLIGACIÓN DE RECIBIR OFICIOS. Se le hace saber a la autoridad señalada como responsable que tiene la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso, en el entendido de que negarse a recibir los oficios se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. REQUIERE POR CONSTANCIAS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En otra línea, con fundamento en el artículo 64, de la ley del juicio constitucional, se requiere a la autoridad señalada como responsable y a la parte quejosa, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento y sobre todo, informe si es de su conocimiento que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo, y en su caso, informe el estado procesal del respectivo juicio de amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce...VI NP

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