Irving Ivan Solano Quiroz

Expediente 1514/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 35 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1514/2021
Año
2021
Actuaciones
35
Última actuación
10/08/2023

Partes del expediente

  • Irving Ivan Solano Quiroz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diez de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión (ambos destruibles) Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, con fundamento en el artículo 19, fracción II, inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado de dicho incidente al cuaderno principal, así como del original con un plazo de tres años, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 20, fracción III, de dicha normativa, ello en razón de que la medida cautelar fue negada en definitiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 1514/2021, promovido por ******************** contra actos del Agente del ministerio público federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Unidad Especializada de Delitos contra la Salud, de la Fiscalía General de la República, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Agente del ministerio público federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Unidad Especializada de Delitos contra la Salud, de la Fiscalía General de la República "1.- EL ASEGURAMIENTO MINISTERIAL Y SU CUSTODIA (esto es, en sus efectos declarativos y ejecutivos) sobre la casa habitación que se encuentra dentro del BIEN INMUEBLE DE MI EXCLUSIVA Y ABSOLUTA PROPIEDAD, ubicado en ********************" SEGUNDO. El veintidós de noviembre de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1514/2021, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado de distrito el nueve de agosto de dos mil veintidós, la parte quejosa formuló su ampliación de demanda, respecto al acto y autoridad siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Agente del ministerio público federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Unidad Especializada de Delitos contra la Salud, de la Fiscalía General de la República ".el acuerdo de aseguramiento de fecha 29 de octubre del 2021; así como también respecto al bien inmueble de mi propiedad que resulta ser el mismo que señala la responsable y que es el ubicado en ******************** con las coordenadas que ahí señala.". CUARTO. Por acuerdo de diez de agosto de dos mil veintidós, este juzgador admitió a trámite la ampliación de demanda, requirió a la autoridad responsable su informe justificado e hizo del conocimiento de las partes la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama del agente del ministerio público federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Unidad Especializada de Delitos contra la Salud, de la Fiscalía General de la República: El acuerdo de aseguramiento de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, emitido en la carpeta de investigación ********************, relativo al inmueble ubicado en ********************, con coordenadas latitud ********************, longitud ********************; propiedad que el quejoso, aduce ser el mismo que el ubicado en ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así se advierte del contenido al informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que se acompañaron al mismo; documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197, 198 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Este juzgador está obligado a analizar las causas de improcedencia que se actualizan en este juicio, con independencia de que las partes las invoquen, ya que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se advierte que acontece la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Del primero de los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no afecta los intereses jurídicos o legítimos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo. Por su parte, ese último precepto establece que la parte quejosa es aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese cuerpo normativo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, el interés jurídico al que alude el artículo 5° de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos que le depare perjuicio. Es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por la norma, acto u omisión de alguna autoridad que le ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses del particular. Luego entonces, si el interés jurídico deviene como consecuencia de la afectación de los derechos de una persona, en razón de una norma, acto u omisión de autoridad, la persona agraviada puede ocurrir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con clave 2a./J. 51/2019 (10a.), cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Respecto del interés jurídico, debe mencionarse que es necesario que se acredite fehacientemente, y no solamente se infiera. Así, se tiene que el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, tuvo lugar la ejecución de la orden de cateo número ********************, en la cual se aseguró el inmueble ubicado en ********************, con coordenadas latitud ********************, longitud ********************. En contra de dicho aseguramiento, la parte quejosa promovió este juicio de amparo, y en su escrito de ampliación de demanda, manifestó que el inmueble antes referido es el mismo que el ubicado en ********************. Asimismo expuso que el documento con el que ampara la propiedad de ese bien, se encuentra en el domicilio ubicado en ********************; el cual también fue asegurado. Por tanto, ofreció como prueba, el informe de autoridad a cargo de la responsable, con el objetivo de demostrar que dentro de la propiedad antes mencionada, se encuentra el documento que ampara el derecho de propiedad sobre el inmueble ubicado en ********************, con coordenadas latitud ********************, longitud ********************. En atención a la prueba ofrecida por la parte quejosa, por acuerdo de siete de octubre de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable para que informara si dentro de la diligencia de cateo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, y dentro de la carpeta de investigación ********************, fue asegurado el documento o documentos a los que hace referencia la parte quejosa. En cumplimiento a lo anterior, por oficio recibido por este juzgado, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el catorce de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable informó que no localizó el documento descrito por la parte quejosa. Para sustentar lo anterior, remitió copia auténtica del informe de investigación criminal suscrito por el agente de la Policía Federal Ministerial Oficial Investigador "B"; documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197, 198 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De este modo, puede afirmarse que la parte quejosa no acredita de manera fehaciente ser propietario del inmueble al que hizo referencia, y por ende, carece de interés jurídico para promover el presente juicio. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que, en aquellos supuestos en los cuales la persona quejosa se ostente como persona extraña a un juicio, a fin de acreditar su posesión y que esta sea objeto de protección en el amparo indirecto, debe acreditar su derecho a poseer con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas. Si bien, el presente asunto no se trata de un juicio en el que la parte quejosa aduzca ser tercero extraño equiparado, sino de un aseguramiento derivado de una carpeta de investigación, resultan aplicables las razones de la decisión del Máximo Tribunal del país, ya que para la protección de un derecho de posesión, es necesario determinar, en primer lugar, qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo. Es decir, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre estas. De no existir un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, que fundada y razonablemente produzca la convicción de la posesión, ese derecho no puede ser tutelado en este juicio. Para pronta referencia, se invoca la jurisprudencia P./J. 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Por lo anterior, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la misma ley, que dispone lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". El artículo anterior dispone que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando sobreviene alguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto reclamado al agente del ministerio público federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Unidad Especializada de Delitos contra la Salud, de la Fiscalía General de la República, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Jaime César Pereyra Román, secretario que da fe, hasta hoy treinta de diciembre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: VISTO, para resolver el juicio de amparo 1514/2021, promovido por ******************** contra actos del Agente del ministerio público federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Unidad Especializada de Delitos contra la Salud, de la Fiscalía General de la República, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Agente del ministerio público federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Unidad Especializada de Delitos contra la Salud, de la Fiscalía General de la República "1.- EL ASEGURAMIENTO MINISTERIAL Y SU CUSTODIA (esto es, en sus efectos declarativos y ejecutivos) sobre la casa habitación que se encuentra dentro del BIEN INMUEBLE DE MI EXCLUSIVA Y ABSOLUTA PROPIEDAD, ubicado en ********************" SEGUNDO. El veintidós de noviembre de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1514/2021, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado de distrito el nueve de agosto de dos mil veintidós, la parte quejosa formuló su ampliación de demanda, respecto al acto y autoridad siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Agente del ministerio público federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Unidad Especializada de Delitos contra la Salud, de la Fiscalía General de la República ".el acuerdo de aseguramiento de fecha 29 de octubre del 2021; así como también respecto al bien inmueble de mi propiedad que resulta ser el mismo que señala la responsable y que es el ubicado en ******************** con las coordenadas que ahí señala.". CUARTO. Por acuerdo de diez de agosto de dos mil veintidós, este juzgador admitió a trámite la ampliación de demanda, requirió a la autoridad responsable su informe justificado e hizo del conocimiento de las partes la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama del agente del ministerio público federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Unidad Especializada de Delitos contra la Salud, de la Fiscalía General de la República: El acuerdo de aseguramiento de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, emitido en la carpeta de investigación ********************, relativo al inmueble ubicado en ********************, con coordenadas latitud ********************, longitud ********************; propiedad que el quejoso, aduce ser el mismo que el ubicado en ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así se advierte del contenido al informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que se acompañaron al mismo; documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197, 198 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Este juzgador está obligado a analizar las causas de improcedencia que se actualizan en este juicio, con independencia de que las partes las invoquen, ya que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se advierte que acontece la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Del primero de los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no afecta los intereses jurídicos o legítimos previstos en el artículo 5 de la Ley de Amparo. Por su parte, ese último precepto establece que la parte quejosa es aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de ese cuerpo normativo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, el interés jurídico al que alude el artículo 5 de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos que le depare perjuicio. Es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por la norma, acto u omisión de alguna autoridad que le ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses del particular. Luego entonces, si el interés jurídico deviene como consecuencia de la afectación de los derechos de una persona, en razón de una norma, acto u omisión de autoridad, la persona agraviada puede ocurrir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con clave 2/J 51/2019 (10), cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Respecto del interés jurídico, debe mencionarse que es necesario que se acredite fehacientemente, y no solamente se infiera. Así, se tiene que el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, tuvo lugar la ejecución de la orden de cateo número ********************, en la cual se aseguró el inmueble ubicado en ********************, con coordenadas latitud ********************, longitud ********************. En contra de dicho aseguramiento, la parte quejosa promovió este juicio de amparo, y en su escrito de ampliación de demanda, manifestó que el inmueble antes referido es el mismo que el ubicado en ********************. Asimismo expuso que el documento con el que ampara la propiedad de ese bien, se encuentra en el domicilio ubicado en ********************; el cual también fue asegurado. Por tanto, ofreció como prueba, el informe de autoridad a cargo de la responsable, con el objetivo de demostrar que dentro de la propiedad antes mencionada, se encuentra el documento que ampara el derecho de propiedad sobre el inmueble ubicado en ********************, con coordenadas latitud ********************, longitud ********************. En atención a la prueba ofrecida por la parte quejosa, por acuerdo de siete de octubre de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable para que informara si dentro de la diligencia de cateo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, y dentro de la carpeta de investigación ********************, fue asegurado el documento o documentos a los que hace referencia la parte quejosa. En cumplimiento a lo anterior, por oficio recibido por este juzgado, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el catorce de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable informó que no localizó el documento descrito por la parte quejosa. Para sustentar lo anterior, remitió copia auténtica del informe de investigación criminal suscrito por el agente de la Policía Federal Ministerial Oficial Investigador "B"; documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197, 198 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De este modo, puede afirmarse que la parte quejosa no acredita de manera fehaciente ser propietario del inmueble al que hizo referencia, y por ende, carece de interés jurídico para promover el presente juicio. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que, en aquellos supuestos en los cuales la persona quejosa se ostente como persona extraña a un juicio, a fin de acreditar su posesión y que esta sea objeto de protección en el amparo indirecto, debe acreditar su derecho a poseer con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas. Si bien, el presente asunto no se trata de un juicio en el que la parte quejosa aduzca ser tercero extraño equiparado, sino de un aseguramiento derivado de una carpeta de investigación, resultan aplicables las razones de la decisión del Máximo Tribunal del país, ya que para la protección de un derecho de posesión, es necesario determinar, en primer lugar, qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo. Es decir, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre estas. De no existir un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, que fundada y razonablemente produzca la convicción de la posesión, ese derecho no puede ser tutelado en este juicio. Para pronta referencia, se invoca la jurisprudencia P/J 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Por lo anterior, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la misma ley, que dispone lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". El artículo anterior dispone que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando sobreviene alguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 73, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto reclamado al agente del ministerio público federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Unidad Especializada de Delitos contra la Salud, de la Fiscalía General de la República, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Jaime César Pereyra Román, secretario que da fe, hasta hoy treinta de diciembre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe de autoridad rendido por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula V-7, UEIDCS, en la Ciudad de México. Al respecto, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tiene a la autoridad oficiante dando cumplimiento a lo solicitado en proveído de siete de octubre de dos mil veintidós y por formuladas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del cinco al diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de octubre del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/5038/2022, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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