Irving Hernández Sánchez

Expediente 237/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
237/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
16/05/2019

Partes del expediente

  • Irving Hernández Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de diez días que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo, no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia dictada el veintidós de abril del año en curso (fojas 95 a 101); en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el ordinal 214 de la ley en comento, aplicado contrario sensu, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto Vigésimo Primero, del capítulo Quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto Vigésimo Primero del capítulo Quinto, pues se negó el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  2. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que compareció ante la presencia judicial la quejosa Concepción Cortés Rosas, a fin de ratificar en cada una de sus partes, el ocurso recibido en auto de once de abril de este año, mediante el cual desiste de la prueba testimonial que ofertó; en consecuencia, se le tiene renunciando al medio de convicción aludido, en su perjuicio, sin que al caso resulte necesario requerirla con el propósito de que ratifique el desistimiento expresado, ya que no existe disposición que condicione la aceptación del desistimiento por parte del juzgador a la ratificación del escrito respectivo, de ahí que es innecesaria, pues si bien es cierto que este requisito está previsto de manera consistente tratándose del desistimiento del juicio de amparo, también lo es que ello obedece a la trascendencia de las consecuencias que genera. Resulta aplicable al caso, la Tesis Aislada I.4o.A.93 K, sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 3249, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ** La anterior determinación hágase del conocimiento de los testigos ********************, ******************** y ********************, para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que no será necesaria su presencia en el día y hora programado para la celebración de la audiencia constitucional en este expediente. **

  3. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, DOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso cuenta signado por **de la sucesión a bienes de Sidronia Flores Rojo, a través del cual, en atención al proveído de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve (foja 216), exhibe el interrogatorio, así como las copias de traslado de la prueba testimonial a cargo de María de Jesús y Teresa ambas de apellidos Flores Flores, quienes tienen domicilio en calle Gustavo Díaz Ordaz número 164 de la colonia Santa Cecilia y calle Júpiter número 6 de la colonia Cuesta del Sol, ambos con sede en esta ciudad, respectivamente; asimismo, bajo protesta de decir verdad, manifiesta la imposibilidad para presentarlos y solicita sean citados por conducto de este órgano jurisdiccional. Al respecto, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos 167, 174 y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación en comento, por así disponerlo el ordinal 2°; córrase traslado a las partes con la copia simple del interrogatorio sobre el cual versará la prueba en mención; además, requiéraseles para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, presenten en sobre cerrado su pliego de repreguntas, si quisieran hacerlo, sin perjuicio de que puedan formularlas directamente al momento de recibir la prueba; previa calificación de las preguntas y repreguntas que se formulen en su caso. Asimismo, notifíqueles el presente acuerdo a los atestes de referencia, por conducto del Actuario Judicial adscrito, en los domicilios antes indicados e infórmeseles que deberán de comparecer a rendir su testimonio el día y hora señalado para la celebración de la audiencia constitucional en el presente sumario, a saber doce horas con dieciocho minutos del ocho de mayo del presente año, debidamente identificados con documento oficial; asimismo, los aperciba para el supuesto de que no comparezcan sin causa justificada, se harán acreedores a una medida de apremio consistente en multa, por la cantidad de cincuenta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, de conformidad con la el artículo 259, en relación con la fracción I del diverso 237, ambos de la ley de la materia, sin perjuicio de que con posterioridad se impongan otras medidas disciplinarias. **

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Juzgado Federal (fojas 164 a 166), el delegado de la autoridad responsable Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de seis de febrero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado y anexos, para que manifestará lo que a su interés conviniera; asimismo, se le apercibió que en caso de no hacerlo, este órgano jurisdiccional se pronunciaría en relación con el cumplimiento efectuado, sin tomar en cuenta las manifestaciones extemporáneas. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el siete de febrero del presente año; por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para parte agraviada del once al trece de febrero del año actual, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia dictada en siete de julio de dos mil diecisiete se determinó conceder a Eduardo Adalberto Muro Martínez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Inconforme con lo anterior, la autoridad responsable Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, por conducto de su Síndico Municipal, interpuso recurso de revisión, el cual por razón de turno, fue sustanciado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad quien mediante ejecutoria emitida el seis de diciembre de dos mil dieciocho, en el amparo en revisión 1155/2017, derivado del presente juicio, desechó el recurso en cita y, por ende, quedó firme la sentencia recurrida. Entonces, los efectos de la concesión de amparo fueron: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 6, 7, 8 y segundo transitorio, en relación con el 13, así como la disposición general administrativa denominada Catálogo de Giros para Apertura y Refrendos de Tarjetas de Identificación de Giros, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, así como la disposición general administrativa hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, le devuelva a la parte peticionaria de garantías, la cantidad de $*******, que pago por concepto de refrendo, expedición de la licencia de funcionamiento en tiempo extraordinario, tarjeta de identificación de giro denominado "venta de bebidas alcohólicas por botella cerrada en minisúper" e impuesto especial para la Universidad Autónoma de Nayarit, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en los preceptos normativos señalados como acto reclamado, es inválido el pago efectuado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la parte solicitante del amparo. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consistían en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de amparo la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en diverso proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, se requirió a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, a efecto de que dentro del término de diez días la acatara y remitiera las constancias que acreditaran el cumplimiento al fallo. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el uno de febrero del año en curso, el delegado de la autoridad responsable Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que había generado el cheque número 0123152, a favor de la parte quejosa por ********; el cual fue recogido el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, situación que acreditó con los anexos antes indicados. En ese tenor, si tenemos que el monto total de ****, suma que pagó la parte quejosa derivada de los preceptos declarados inconstitucionales, debía ser actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete y el dieciocho de enero de este año, la parte quejosa recibió el cheque de que se trata; por el cual la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril de dos mil diecisiete a diciembre de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril de dos mil diecisiete fue 94.839; y para el mes de diciembre de dos mil diecinueve fue 103.02 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0862. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $2,468.48 (dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 48/100 moneda nacional), se obtiene la cantidad de $2,681.41 (dos mil seiscientos ochenta y un pesos 41/100 moneda nacional). En consecuencia, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo **************. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

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