Irving García Barreto
Expediente 1317/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1317/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 16/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Irving García Barreto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1317/2018-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto décimo primero, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que la Dirección General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica por medio de lista de estrados a la parte quejosa, la resolución de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Vistos los autos del juicio de amparo 1317/2018-II, promovido por IRVING GARCIA BARRETO. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por demanda presentada el veinte de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada en esa fecha a este Juzgado, IRVING GARCIA BARRETO, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos de la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, se admitió la demanda, por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. Luego, por auto de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, se fijaron las nueve horas con diez minutos del cinco de octubre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional, que inició en términos del acta de esa fecha; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; lo anterior, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman, siendo en el caso el siguiente: Del Director General de la Unidad Jurídica en Materia de Seguridad Publica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, el acuerdo de diecisiete de julio de dos mil dieciocho por el que se dio inicio al procedimiento administrativo DGUAI/PA/075/2018-07. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos que se reclaman al Director General de la Unidad Jurídica en Materia de Seguridad Publica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, consistente en el acuerdo de diecisiete de julio de dos mil dieciocho por el que se dio inicio al procedimiento administrativo DGUAI/PA/075/2018-07, pues así lo manifestó al rendir el informe justificado; lo que se corrobora con la copia certificada del procedimiento antes referido, el cual, al reunir las características de un documento público al haber sido expedidas por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, tiene pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Causales de improcedencia. Ahora bien, el estudio de las causales de improcedencia es una cuestión de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este Juzgado Federal de oficio advierte que el presente juicio es improcedente en términos del artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" La actualización de la causa de improcedencia descansa en las siguientes consideraciones legales. El quejoso IRVING GARCIA BARRETO al presentar su demanda manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los actos reclamados el uno de agosto de dos mil dieciocho, al señalar que le notificaron el acuerdo de diecisiete de julio de dos mil dieciocho por el que se dio inicio al procedimiento administrativo número DGUAI/PA/075/2018-07 (foja 3). Sin embargo, tal manifestación quedó desvirtuada con la copia certificada del aludido procedimiento administrativo DGUAI/PA/075/2018-07 (anexo I) de la cual se desprende lo siguiente: Cédula de notificación de las quince horas con cincuenta y cinco minutos del veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, que se dejó en poder de IRVING GARCIA BARRETO, quien dijo ser la persona buscada y que se identificó con credencial de elector, en el que el notificador asentó que el documento tiene su fotografía, firma, huella dactilar, rasgos fisionómicos que coinciden con dicha persona, en el que se le hizo del conocimiento el contenido íntegro del acuerdo de diecisiete de julio de dos mil dieciocho, dictado en el procedimiento administrativo DGUAI/PA/075/2018-07 (foja 109 a 115, anexo I). Documental que, al margen de constituir una impresión certificada por servidor público, en el intrínseco constituye la actuación de un funcionario público (notificador) en ejercicio de sus funciones con valor probatorio pleno salvo prueba en contra o declaratoria de nulidad, que en el particular no existe y por ende, produce de manera plena los efectos jurídicos conducentes. Es aplicable por analogía la tesis jurisprudencial número IV.2o. J/4, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página 265, Tomo I, mayo de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario". Ahora bien, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo prevén que existen tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. A aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. A aquél en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Entonces, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Siendo así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, se suscite a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el artículo 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por lo tanto, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ello constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio constitucional, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario; como acontece en el presente asunto, en el que se acreditó una fecha distinta a la manifestada bajo protesta de decir verdad por el quejoso, como de conocimiento por notificación del acto reclamado. Al respecto, cabe citar la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 193-198 Primera Parte, página 71, de número de registro 232213, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. Asimismo, apoya lo anterior la tesis de la Décima Época de número de registro 2009762, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro veintiuno, agosto de dos mil quince, Tomo III, página 2380, del siguiente rubro: "INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO." En ese orden de ideas, como quedó precisado, tuvo pleno conocimiento de la existencia de los actos reclamados en el expediente administrativo DGUAI/PA/075/2018-08, desde el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, dado que fue directamente el quejoso IRVING GARCIA BARRETO, el que recibió la notificación de la resolución de diecisiete de julio del dos mil dieciocho, dictada en el expediente administrativo mencionado, por el que se da inicio al procedimiento administrativo en contra del quejoso (Irving García Barreto) como Policía Raso adscrito a la Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar. Luego, conforme al artículo 27 último párrafo de la Ley de Justicia Administrativa vigente en el Estado de Morelos (aplicable supletoriamente al procedimiento administrativo) por disposición del artículo 171 fracción VII de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, las notificaciones personales surten efectos el día en que se practican. Así, la aludida notificación efectuada el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, surtió efectos el mismo veinticuatro de julio de este año, de ahí que el término de quince días hábiles para la interposición de la demanda, comenzó a partir del día siguiente en términos del numeral de la Ley de la Materia el veinticinco de julio del dos mil dieciocho (día hábil siguiente de aquél en que surtió efectos la notificación efectuada el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho) y feneció el catorce de agosto de dos mil dieciocho, sin contar dentro de ese plazo los días inhábiles veintiocho, veintinueve de julio, cuatro, cinco, once y doce de agosto del dos mil dieciocho. Por lo expuesto, es indudable que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo, en razón de que el quejosa consintió tácitamente los actos reclamados al no haber presentado la demanda dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues conforme al sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, IRVING GARCIA BARRERO presentó su demanda hasta el veinte de agosto de dos mil dieciocho, es decir, fuera de ese término legal. Es aplicable por similitud jurídica la tesis número 216152, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 235, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: Tomo XXXI, Enero de 2010 "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Cabe precisar que el acto aquí reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción para al término de quince días para la presentación de la demanda, que establecen las fracciones I a IV del artículo 17 de la ley de la materia. Así, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito del acto impugnado, prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de amparo, procede sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V de la ley en comento. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: UNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por IRVING GARCIA BARRETO, contra actos de la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, en términos de la parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe, hoy veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 1317/2018-II, promovido por IRVING GARCIA BARRETO. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por demanda presentada el veinte de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada en esa fecha a este Juzgado, IRVING GARCIA BARRETO, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos de la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, se admitió la demanda, por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. Luego, por auto de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, se fijaron las nueve horas con diez minutos del cinco de octubre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional, que inició en términos del acta de esa fecha; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; lo anterior, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman, siendo en el caso el siguiente: Del Director General de la Unidad Jurídica en Materia de Seguridad Publica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, el acuerdo de diecisiete de julio de dos mil dieciocho por el que se dio inicio al procedimiento administrativo DGUAI/PA/075/2018-07. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos que se reclaman al Director General de la Unidad Jurídica en Materia de Seguridad Publica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, consistente en el acuerdo de diecisiete de julio de dos mil dieciocho por el que se dio inicio al procedimiento administrativo DGUAI/PA/075/2018-07, pues así lo manifestó al rendir el informe justificado; lo que se corrobora con la copia certificada del procedimiento antes referido, el cual, al reunir las características de un documento público al haber sido expedidas por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, tiene pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Causales de improcedencia. Ahora bien, el estudio de las causales de improcedencia es una cuestión de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este Juzgado Federal de oficio advierte que el presente juicio es improcedente en términos del artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" La actualización de la causa de improcedencia descansa en las siguientes consideraciones legales. El quejoso IRVING GARCIA BARRETO al presentar su demanda manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los actos reclamados el uno de agosto de dos mil dieciocho, al señalar que le notificaron el acuerdo de diecisiete de julio de dos mil dieciocho por el que se dio inicio al procedimiento administrativo número DGUAI/PA/075/2018-07 (foja 3). Sin embargo, tal manifestación quedó desvirtuada con la copia certificada del aludido procedimiento administrativo DGUAI/PA/075/2018-07 (anexo I) de la cual se desprende lo siguiente: Cédula de notificación de las quince horas con cincuenta y cinco minutos del veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, que se dejó en poder de IRVING GARCIA BARRETO, quien dijo ser la persona buscada y que se identificó con credencial de elector, en el que el notificador asentó que el documento tiene su fotografía, firma, huella dactilar, rasgos fisionómicos que coinciden con dicha persona, en el que se le hizo del conocimiento el contenido íntegro del acuerdo de diecisiete de julio de dos mil dieciocho, dictado en el procedimiento administrativo DGUAI/PA/075/2018-07 (foja 109 a 115, anexo I). Documental que, al margen de constituir una impresión certificada por servidor público, en el intrínseco constituye la actuación de un funcionario público (notificador) en ejercicio de sus funciones con valor probatorio pleno salvo prueba en contra o declaratoria de nulidad, que en el particular no existe y por ende, produce de manera plena los efectos jurídicos conducentes. Es aplicable por analogía la tesis jurisprudencial número IV.2o. J/4, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página 265, Tomo I, mayo de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario". Ahora bien, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo prevén que existen tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. A aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. A aquél en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Entonces, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Siendo así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, se suscite a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el artículo 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por lo tanto, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ello constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio constitucional, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario; como acontece en el presente asunto, en el que se acreditó una fecha distinta a la manifestada bajo protesta de decir verdad por el quejoso, como de conocimiento por notificación del acto reclamado. Al respecto, cabe citar la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 193-198 Primera Parte, página 71, de número de registro 232213, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. Asimismo, apoya lo anterior la tesis de la Décima Época de número de registro 2009762, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro veintiuno, agosto de dos mil quince, Tomo III, página 2380, del siguiente rubro: "INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO." En ese orden de ideas, como quedó precisado, tuvo pleno conocimiento de la existencia de los actos reclamados en el expediente administrativo DGUAI/PA/075/2018-08, desde el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, dado que fue directamente el quejoso IRVING GARCIA BARRETO, el que recibió la notificación de la resolución de diecisiete de julio del dos mil dieciocho, dictada en el expediente administrativo mencionado, por el que se da inicio al procedimiento administrativo en contra del quejoso (Irving García Barreto) como Policía Raso adscrito a la Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar. Luego, conforme al artículo 27 último párrafo de la Ley de Justicia Administrativa vigente en el Estado de Morelos (aplicable supletoriamente al procedimiento administrativo) por disposición del artículo 171 fracción VII de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, las notificaciones personales surten efectos el día en que se practican. Así, la aludida notificación efectuada el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, surtió efectos el mismo veinticuatro de julio de este año, de ahí que el término de quince días hábiles para la interposición de la demanda, comenzó a partir del día siguiente en términos del numeral de la Ley de la Materia el veinticinco de julio del dos mil dieciocho (día hábil siguiente de aquél en que surtió efectos la notificación efectuada el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho) y feneció el catorce de agosto de dos mil dieciocho, sin contar dentro de ese plazo los días inhábiles veintiocho, veintinueve de julio, cuatro, cinco, once y doce de agosto del dos mil dieciocho. Por lo expuesto, es indudable que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo, en razón de que el quejosa consintió tácitamente los actos reclamados al no haber presentado la demanda dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues conforme al sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, IRVING GARCIA BARRERO presentó su demanda hasta el veinte de agosto de dos mil dieciocho, es decir, fuera de ese término legal. Es aplicable por similitud jurídica la tesis número 216152, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 235, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: Tomo XXXI, Enero de 2010 "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Cabe precisar que el acto aquí reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción para al término de quince días para la presentación de la demanda, que establecen las fracciones I a IV del artículo 17 de la ley de la materia. Así, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito del acto impugnado, prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de amparo, procede sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V de la ley en comento. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: UNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por IRVING GARCIA BARRETO, contra actos de la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, en términos de la parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe, hoy veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad oficiante los que designa. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la responsable, se ordena formar el anexo I, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. En relación con las pruebas que ofrece la responsable, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para el veintiuno de septiembre próximo y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe. aec
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