Irving Gamaliel Xool Balam

Expediente 181/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
181/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
09/03/2023

Partes del expediente

  • Irving Gamaliel Xool Balam

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja al que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en contra del acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda en el presente asunto. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la inciso b, del artículo 21 del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que sin haberse decidido en lo principal, se dio por concluido y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 del referido Acuerdo General. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario constitucional, coincide con el expediente electrónico correspondiente en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vistos estos autos, se agrega el oficio firmado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, residente en esta ciudad, así como el anexo que adjuntó; mediante el cual cumple con el requerimiento que se le efectuó en auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, con relación al cumplimiento de la sentencia dictada en autos. Del oficio de mérito, se aprecia que en acuerdo de veintitrés de febrero actual, hizo del conocimiento de los aquí quejosos EVELIO CAUICH ACOSTA y CASIMIRO YAM CAB lo informado por el Presidente del Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, con relación a su Ley de Ingresos, a fin de que hiciera las manifestaciones pertinentes; para lo cual, le concedió el término de cinco días hábiles. Al efecto, se tiene por informado lo anterior y se requiere al Magistrado responsable para que una vez transcurrido el plazo que otorgó a los quejosos EVELIO CAUICH ACOSTA y CASIMIRO YAM CAB, para atender lo anterior, comunique el cumplimiento que se dé a dicho requerimiento. En el entendido que, de efectuarse con anterioridad al fenecimiento del plazo señalado, lo deberá informar a este Juzgado Federal para acordar lo conducente. Apercibido que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $10,374.00 (diez mil, trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo 155/2022-VIII-B, promovido por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, en contra de los actos que reclaman de la Dirección de la Penitenciaría de la Ciudad de Mexico, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la Demanda. Por escrito presentado por la vía electrónica el seis de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Campeche, y turnado el propio día al Juzgado Primero de Distrito en dicha entidad, comparecieron Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Alejandro Díaz Madrid, Luis Gabriel Jop Corzo, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez y Eduardo Flores Castro, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclaman de las siguientes autoridades:**** CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS JUECES DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (DEL PRIMERO AL DÉCIMO SEXTO). JUECES DE DISTRITO DE AGUASCALIENTES, COLIMA, CAMPECHE, CHIHUAHUA, COAHUILA, CHIAPAS, DURANGO, ESTADO DE MÉXICO, GUERRERO, GUANAJUATO, JALISCO, HIDALGO, MORELOS, MICHOACÁN, NAYARIT, NUEVO LEÓN, OAXACA, PUEBLA, QUINTANA ROO, QUERÉTARO, SINALOA, SONORA, SAN LUIS POTOSÍ, TABASCO, TAMAULIPAS (CON EXCEPCIÓN DEL JUZGADO DÉCIMO), TLAXCALA, VERACRUZ, Y ZACATECAS. De igual manera, se desechó parcialmente la demanda por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en la orden de traslado a otro centro penitenciario, ya sea en la Ciudad de México a otra entidad federativa y/o la reubicación a una celda o estancia distinta a la que actualmente se encuentran, y en la resolución de la sesión 49/2021 de comité técnico interdisciplinario de la penitenciaria de la Ciudad de México, y por otro lado, se admitió a trámite la demanda; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 56, de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclamó: Los actos de tortura, discriminación, y de intimidación por represalias, así como los que pongan en riesgo la salud, la integridad personal y cualquiera de los actos prohibidos en el artículo 22 Constitucional. TERCERA. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos atribuidos a las responsables (1) Dirección de la Penitenciaría, (2) Subdirección Jurídica de la Penitenciaría, (3) Subdirección de Seguridad de la Penitenciaría, (4) Subdirección de Apoyo Técnico en la Penitenciaría, (5) Jefatura de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaría, (6) Comité Técnico Interdisciplinario en la Penitenciaría [promoción 15363], (7) Subsecretaría de Sistema Penitenciario [promoción 10619], (8) Secretaría de Seguridad Ciudadana [promoción 10632], (9) Secretaría de Gobierno [promoción 10539], (10) Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria [promoción 1175], (11) Jefa de Gobierno [promoción 22136], todos de la Ciudad de México, (12) Presidente de México [promoción 27781], (13) Secretario de Gobernación [promoción 10712], y (14) Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México [promoción 19858], todas con sede en la Ciudad de México; pues así lo manifestaron expresamente en los correspondientes informes justificados, por conducto de quienes comparecieron en su representación, sin que la parte quejosa hubiere ofrecido medio de convicción alguno para desvirtuar esa negativa. Por su parte, respecto a la autoridad responsable Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México, no se tiene conocimiento que a la fecha hubiere rendido su informe justificado, no obstante de estar debidamente notificada el veintidós de julio del año pasado, tal como se desprende del acuse de recibo del oficio con el que se le solicitó, que obra en los presentes autos. Sin embargo, de autos se advierte que por oficio SSPC/UGAJT/DGCPC/00757/2022 [promoción 4121] remitido a este Juzgado de Distrito por la Juez Primero de Distrito en el Estado de Campeche, el uno de marzo de dos mil veintidós, rindió el informe relativo a la suspensión de plano en representación del Titular del Ejecutivo Federal, de conformidad con el Acuerdo General por el que se establecen las Reglas a las que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; mediante el cual, categóricamente negó los actos que por esta vía se le reclaman. Al respecto es ilustrativa la Tesis: II.2o.P.25 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 1933, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, con registro 2014261, de rubro y texto siguiente: "INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. PUEDE PRODUCIR LOS EFECTOS DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTITUIR UN MEDIO IDÓNEO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EXIMIR A LA AUTORIDAD OMISA DE LA MULTA POR NO RENDIR ÉSTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación relacionada y sistemática de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se advierte que el informe justificado no reviste solemnidad alguna ni debe cumplir con mayores requisitos que los siguientes: a) Rendirse en el plazo correspondiente (quince días, prorrogables por diez más); b) Exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; c) Anexar copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; y, d) Las exigencias adicionales previstas para los actos materialmente administrativos y agrarios. En ese tenor, partiendo de la base lógica que representa la imposibilidad de aportar razones, fundamentos y constancias de un acto inexistente, se arriba al convencimiento de que, en tal caso, bastará que el oficio correspondiente haga referencia al juicio de amparo en cuestión, quejoso y acto reclamado, negando expresamente la existencia de éste, con indicación del nombre y cargo del servidor público que lo rinde (requisitos legales), para que dicha comunicación sea considerada como informe justificado en toda forma, y produzca plenos efectos para determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, con independencia de que se haya rendido con alguna otra finalidad manifiesta, como puede ser cumplir con el requerimiento relativo a la suspensión de oficio, sobre todo, al considerar que ambos informes (justificado y de suspensión de plano), por regla general, son requeridos en el mismo proveído inicial, siendo irrelevante la denominación que se dé a la comunicación procesal en cuestión, lo que no opera respecto del informe previo rendido en el incidente respectivo, que se lleva por cuerda separada pues, resultaría inadmisible hacer que un informe rendido en determinados cuadernos (incidentales) produzca efectos en otro (principal), sin que medie alguna intervención de las partes en ese sentido y, derivado de ello, se realice el cotejo de la copia correspondiente para agregarse al expediente respectivo o, al menos, se certifique el contenido del informe que pretende trasladarse, siempre que no exista algún otro motivo legal que impida acceder a tal solicitud, y sin que ello implique eximir a la autoridad omisa de la multa que pudiera imponérsele, en términos de la fracción II del artículo 260 de la propia ley, ni de cualquier otra sanción, por no rendir el informe justificado". En tales condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTA. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SEXTA. Precisión sobre expedición de copias. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez y Eduardo Flores Castro, en contra de los actos reclamados a las responsables precisadas y por el motivo señalado en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de febrero de dos mil veintitrés. ********************PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.********************Vista la demanda de amparo promovida por Irving Gamaliel Xool Balam, contra el acto que reclama a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, que hace consistir en:********************ACTO RECLAMADO.********************La resolución de trece de diciembre de dos mil ********************, dictada en el toca 810/2022, correspondiente al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de dieci********************de mayo de dos mil ********************, dictada por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria ********************, a fin de decretar una pensión alimenticia.********************FORMACIÓN EXPEDIENTE Y REGISTRO********************Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 181/2023-VIII-A, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado.********************PREVENCIÓN.********************Ahora bien, a fin de estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, fracciones II y V, 110 y 114, fracciones I y II, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que, dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído, cumpla con lo siguiente:********************1. Como parte de los antecedentes reclamados, bajo protesta de decir verdad, manifieste la fecha en que le fue notificada la resolución reclamada a la Sala de origen; ya que de la narrativa de los hechos plasmados en el escrito de demanda, se advierte que solo indica que la notificación de la sentencia de primera instancia le fue notificada el doce de julio del año pasado, siendo omiso en precisar respecto de la resolución de la Sala responsable.********************2. Deberá proporcionar el nombre y domicilio de su contraparte en el juicio de origen, que es a quien le recae el carácter de tercero interesado en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo.********************Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 538, del Tomo XIV, Julio de 1994, correspondiente a la Octava Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 211339, que indica:********************"DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los os requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado existe una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgado federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados". ********************Así como la jurisprudencia con Registro: 162,965, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIII, Enero de 2011, Tesis: 1a./J. 90/2010, Página: 448, que dice:********************"TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado."********************APERCIBIMIENTO.********************Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con dichos requerimientos, se tendrá por no presentada la demanda en el presente asunto, como lo dispone el penúltimo párrafo del invocado numeral 114, de la Ley de la materia.********************REQUERIMIENTO DE COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO.********************Ante ello, se solicita al peticionario del amparo que con el escrito que cumplimente esta determinación, exhiba cuatro copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, que lo son: una para la autoridad responsable, una para la tercera interesada, otra para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal y una más para el incidente de suspensión que solicita.********************Lo anterior, con apoyo en el artículo 110 de la Ley de Amparo y en la Tesis Jurisprudencial 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia del Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 79, del Tomo XIII, del mes de abril, del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, misma que no se contrapone a las nuevas disposiciones de la actual legislación de la materia, cuyo rubro es del tenor literal: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO."********************AUTORIZADO Y DOMICILIO.********************Téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.********************Sin que haya lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala (********************), por encontrarse fuera de la residencia de este Juzgado (Mérida).********************NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA.********************Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señaló como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el predio ubicado en la calle ********************, número ********************, por ********************y ********************, de la colonia ********************, de ********************, Yucatán.********************En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción II, de la Ley de Amparo, comisiónese a uno de los actuarios de la adscripción para que se constituya en el domicilio antes citado y proceda a notificar al quejoso el presente proveído.********************Previniéndole además para que dentro del término de cinco días siguientes a la notificación de este acuerdo, señale domicilio en esta ciudad de Mérida para oír y recibir notificaciones; apercibido que de no hacerlo así, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por lista que se fije en los estrados de este Juzgado.********************EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA.********************Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil ********************, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; solicitando para tal efecto, el acceso al expediente electrónico y autorizando se reciban las notificaciones vía electrónica.********************TRANSPARENCIA********************En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos.********************Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos.********************Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados.******************** De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley.********************HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES********************Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales.********************REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL********************De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente.********************PRECISIÓN RESPECTO DE COPIAS CERTIFICADAS.********************Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo.********************FORMACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO.********************Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.********************TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA.********************Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil ********************, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten.********************Notifíquese personalmente a la parte promovente y regístrese.

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