Irving Ezequiel Pech Gutiérrez
Expediente 462/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 462/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Irving Ezequiel Pech Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de noviembre de dos mil veintidós. V i s t o s los autos del juicio de amparo indirecto 462/2022-VIII, para resolver si se ha cumplido o no la sentencia ejecutoriada; y, R e s u l t a n d o: (...) De lo anterior, se advierte el cumplimiento de la ejecutoria, para los efectos del artículo 192 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de la Materia, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Finalmente, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos del artículo 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifiesten ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
(...) SE DECLARA ESTE ASUNTO COMO CONCLUIDO (...) SE ORDENA EL ARCHIVO DE LOS PRESENTES AUTOS (...)
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de mayo de dos mil veintidós. Atento el estado procesal que guarda este expediente y de donde se aprecia que hasta el día de hoy no se han recibido en este Juzgado, los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades señaladas como responsables que tienen su residencia en Cancún y Chetumal, Quintana Roo, con los que se ordenó se les comunique el acuerdo de veintidós de octubre del presente año, con el que se radicó el recurso de revisión. En tal virtud, a fin de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se ordena se remitan vía estafeta los oficios 28599/2021 y 28600/2021 de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dirigidos respectivamente a las autoridades señaladas como responsables que tienen su residencia en Cancún y Chetumal, Quintana Roo, para los efectos legales a que haya lugar; solicitándoles que dentro del término veinticuatro horas que al efecto se les concede, acusen recibo de la recepción de los señalados oficios, una vez que ocurra lo anterior. Con el apercibimiento a las autoridades señaladas como responsables, que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo fijado, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado de este acuerdo. En atención a las medidas de contingencia, se hace del conocimiento de la autoridad responsable ya nombrada, que también podrá hacer llegar a este Juzgado la solicitud requerida o cualquier otro documento relacionado con este juicio, enviándolos al correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional que es el siguiente:1jdo14cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de abril de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por Sara Lara Garcés, parte quejosa en el presente juicio, el cual fue presentado cuatro copias y cuatro anexos, mediante el cual pretende dar cumplimiento al el requerimiento que le fue hecho en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, vista la demanda de amparo y el escrito aclaratorio lo que procede es desechar de plano la misma, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la cual debe ser examinada de oficio, en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 del citado ordenamiento legal. En efecto, en el presente caso la parte quejosa reclama la resolución de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dictada por la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca 96/2021, que confirmó la determinación de nueve de febrero de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, que resolvió el incidente de falta de personalidad respecto de María Isabel Puc Ku, como apoderada general para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada Operadora de Carteras Gama Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, en la etapa de ejecución del juicio ordinario Mercantil 626/2014, promovido inicialmente por Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante de Grupo Financiero Banamex en contra de Sara Lara Garcés, ahora quejosa. Por tanto, es evidente que respecto del acto que se reclama se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV y V, de la Ley de Amparo. Por su parte, el contenido del dispositivo que funda la causal de improcedencia, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" El primero de los referidos artículos, en su fracción citada, dispone que el juicio de amparo puede ser declarado improcedente atendiendo a las disposiciones normativas que contiene la Ley de Amparo, en el entendido que esta hipótesis de improcedencia no es limitativa sino enunciativa, por ende, el juicio de amparo será improcedente si las normas contenidas en la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República no son debidamente observadas o la simple promoción del juicio las contraría. Por su parte, la segunda de las disposiciones legales mencionadas establece algunos de los supuestos de procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta; en su fracción cuarta se dispone que el amparo se puede pedir en contra de los actos que emitan los tribunales jurisdiccionales fuera de procedimiento o después de concluido éste; y, si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Debe precisarse, que los actos jurisdiccionales ejecutados fuera de juicio son aquéllos que se llevan a cabo antes de la presentación de la demanda y que ayuden a preparar la acción que haya de intentarse; en cambio, los actos emitidos después de concluido el proceso jurisdiccional son los realizados después de dictada la sentencia definitiva respectiva, tales como los que se llevan a cabo para la ejecución de la sentencia. El referido artículo 107, fracción IV, para el segundo de los supuestos (actos emitidos después de concluido el juicio), establece una limitante a la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos de ejecución de sentencia, ya que sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose ésta como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Luego, si se interpreta tal aspecto en sentido en contrario, se obtiene, que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse en contra de actos después de concluido el juicio, en la etapa de ejecución de sentencia, distintos a la resolución final, pues de lo contrario con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, el juicio intentado será improcedente. Ciertamente, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, este requisito tiene como finalidad evitar que se abuse del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución", dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de lo determinado respecto del acatamiento de la ejecutoria respectiva. Las reglas de procedencia previstas en la fracción IV, del artículo 107 antes citado son aplicables a las partes en el juicio de origen, pues al haber sido incorporados al procedimiento de que se trate, están en aptitud de promover los recursos y medios de defensa que la ley aplicable disponga a su favor, y defender sus derechos, de ahí que el juicio de amparo que promuevan debe sujetarse a las reglas en comento. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia siguiente: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del incidente aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, la resolución dictada en un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa." En el caso, la parte quejosa señala de manera destacada como acto reclamado la resolución de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dictada por la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca 96/2021, que confirmó la determinación de nueve de febrero de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, que resolvió el incidente de falta de personalidad respecto de María Isabel Puc Ku, como apoderada general para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada Operadora de Carteras Gama Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, en la etapa de ejecución del juicio ordinario Mercantil 626/2014, promovido inicialmente por Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante de Grupo Financiero Banamex en contra de Sara Lara Garcés, ahora quejosa. En dicha resolución, en la parte que interesa, se confirmó la improcedencia del incidente de falta de personalidad, dictado en el juicio ordinario mercantil 626/2014, del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, planteado por la demandada -aquí quejosa-. Precisado lo anterior, es claro que la resolución reclamada, no es la última en la etapa de ejecución de sentencia, para efectos del juicio de amparo, pues conforme a la jurisprudencia citada, este medio de control constitucional sólo es procedente contra la última resolución emitida en etapa de ejecución de sentencia, siendo ésta la que determina cumplida la sentencia emitida en el juicio natural o declara la imposibilidad jurídica o material para ello. Entonces, es patente que la materia de reclamo no constituye la última resolución del procedimiento de origen, es decir, aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo substanciado o declara la imposibilidad para darle cumplimiento; de manera que los vicios que se hayan incurrido los podrá hacer valer como violaciones procesales al combatir la última resolución. Cabe destacar que en el presente caso no se actualiza el supuesto excepcional de procedencia del amparo en términos del artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, aplicado analógicamente, por actos emitidos después de concluido el proceso jurisdiccional que afecten derechos sustantivos. La interpretación de esta norma requiere diferenciar entre los derechos sustantivos y los derechos adjetivos. Los derechos sustantivos son los que se derivan de preceptos destinados a regir bienes jurídicos protegidos más allá de los límites formales del juicio; como la vida, la integridad personal, la salud, la libertad, la educación, el trabajo, el patrimonio, la intimidad, entre otros. La afectación de alguno de esos derechos derivada de un acto en juicio se considera de imposible reparación, porque conlleva una repercusión en la esfera jurídica material del gobernado, que no podría desvanecerse mediante el dictado de una ulterior resolución favorable. En oposición a los derechos sustantivos, los derechos procesales derivan de las normas aplicables a la tramitación de los procedimientos contenciosos. Este tipo de derechos tutelan intereses meramente instrumentales, que sólo implican beneficios formales dentro del procedimiento; es decir, situaciones y oportunidades adjetivas que por sí mismas no trascienden los límites del juicio; como los derechos de ofrecer, preparar y desahogar pruebas; intervenir en las actuaciones; alegar; recibir notificaciones; entre otros. Al respecto, el texto de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, ha sido materia de interpretación por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la ejecutoria que recayó a la contradicción de tesis 377/2013. En la cual, señaló el Pleno del Alto Tribunal que, con base en dicha disposición, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegare a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Asimismo, puntualizó el Pleno del Máximo Tribunal que dicha interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: I. La exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y, II. En el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las consideraciones de la ejecutoria en comento, dieron lugar a la jurisprudencia de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En efecto, la procedencia del juicio de amparo respecto de actos emitidos después de concluido que no constituyan la última resolución, está condicionada a que éstos sean de imposible reparación -por afectar derechos sustantivos- y que sean ajenos a la ejecución del juicio natural. Así fue considerado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", estableció que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia la expresión "última resolución", a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114, en relación con el numeral 113, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Con base en tal criterio, se arriba a la conclusión de que si bien es cierto que aun cuando en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no existe disposición legal específica que prevea la hipótesis de emitir un auto en el que se reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o que declare la imposibilidad material o jurídica de ello, también lo es que tal circunstancia no exime a quienes siendo parte formal en el proceso, insten ante el Juez correspondiente a efecto de que emita una resolución en los términos apuntados, si para ello se tiene en cuenta que, en principio, la legislación local no lo prohíbe. De ahí que de conformidad con el criterio citado, los tribunales, entre otros, del orden civil, deben emitir el acuerdo conclusivo de la ejecución para que así la parte interesada pueda promover el juicio de amparo e impugnar en la misma demanda las violaciones procesales cometidas en esa etapa." Por consiguiente, la resolución reclamada no se ubica en los casos de procedencia del amparo indirecto previstos por el artículo 107, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que por las razones ya expuestas, no constituye la última resolución en la etapa de ejecución respectivo; lo que de suyo actualiza la causa de improcedencia invocada. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe.
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