Irving Ezequiel Pech Guerrero

Expediente 1256/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1256/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Irving Ezequiel Pech Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés.********************Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que ya obran glosados los oficios 1169/2023, suscrito por la Presidente de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con un anexo que se acompañó, y 1170/2023, signado por la Actuaria de su adscripción, con los que se informó lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo.********************Y dado que mediante proveído de nueve anterior, se dio vista a la parte quejosa con dicha documentación, para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, esta Juzgadora Federal, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por las responsables, sin que a la presente fecha hubiere hecho manifestación al respecto.********************Consecuentemente, se procede a resolver si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196 párrafo segundo de la Ley de Amparo. ********************En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva dictada el siete de septiembre de dos mil veintitrés, en el segundo punto resolutivo, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa.********************Asimismo, por auto de veintinueve de septiembre de esta misma anualidad, causó ejecutoria la citada resolución, requiriendo a las autoridades responsables que dieran cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. ********************De manera que las autoridades responsables estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: ********************". Efectos de la sentencia concesoria de amparo. En esas condiciones, procede conceder al quejoso ********************, el amparo y la protección de la Justicia Federal que insta, para el efecto de que la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, deje sin efectos el acuerdo de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, emitido en el expediente ********************, y señale nueva fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, dentro del término previsto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, con lo cual dará cabal cumplimiento al derecho fundamental tutelado en el artículo 17 de la Ley Suprema."****************************************Así, de las constancias que obran en este sumario, las que tienen valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el seis de los cursantes, la Presidente de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, dejó insubsistente la fecha y hora señalada en la audiencia de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en el controvertido de origen ********************, y fijó como nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en ese propio expediente, las ocho horas del veintitrés de los cursantes. ********************De ahí que la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ha dado cabal cumplimiento al fallo protector.********************Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos.******************** Notifíquese personalmente.********************Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a los presentes autos los oficios firmados por la Presidente de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con un anexo que acompaña, y por la Actuaria de su adscripción, con los que atienden el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional, e informan lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa en este asunto, con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibida que de no hacer manifestación alguna, dentro de ese plazo, esta Juzgadora Federal resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. Notifíquese por lista; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en audiencia constitucional de siete de septiembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia, que en su primer punto resolutivo sobreseyó el presente juicio, y en su segundo punto resolutivo amparó y protegió a la parte quejosa, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el plazo de tres días, siguientes a la notificación de este acuerdo, cumplan con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, en los términos previstos en la sentencia. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, en el lapso señalado, se les impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al numeral 258², en armonía con el diverso ordinal 238³, ambos del citado ordenamiento legal; en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como que se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución Notifíquese por lista

  4. Principal

    Audiencia constitucional.Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con diecisiete minutos del siete de septiembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo dentro del juicio de amparo indirecto 1256/2023-VII, promovido por Irving Ezequiel Pech Guerrero, por su propio derecho, contra un acto de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y del Actuario de su adscripción; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado.Relación de constancias. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y, d) Proveído mediante el cual se tuvo por rendido el informe justificado de las autoridades responsables y se dio vista a las partes para que expresaran lo que a sus derechos conviniera.Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo el informe justificado rendido por las autoridades responsables. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que la Secretaria procede a dar cuenta con las documentales remitidas por la Junta responsable.Atento a lo antes señalado, la Jueza acuerda: Ténganse por ofrecidas las pruebas con las que dio cuenta la Secretaría, las cuales conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan para los efectos legales, atento a su propia y especial naturaleza jurídica; cerrándose la etapa probatoria.Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario de Juzgado hace constar que las partes no los formularon; con lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia.Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe.Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1256/2023-VII; y,ANTECEDENTESPRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnada el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, Irving Ezequiel Pech Guerrero, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, así como del Actuario de su adscripción, que hizo consistir, medularmente, en el señalamiento de una fecha lejana para la celebración de la audiencia trifásica en el juicio reclamatorio laboral 293/2022, así como la omisión de emplazar a la parte demandada al controvertido de marras.La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes.SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de siete de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se verificó en términos del acta que antecede.CONSIDERACIONES YFUNDAMENTOSPRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una demanda de amparo en materia laboral, promovida contra el acto de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción.SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar claramente los actos reclamados, con base en el estudio integral de la demanda de garantías, para establecer lo que las quejosas quisieron decir y no únicamente los que en apariencia señalaron como tales, de acuerdo a lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, de abril de 2004, visible a página 255, cuyo rubro dice:"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De manera que la parte peticionaria de amparo reclama de la Junta responsable, la omisión de cumplir con los términos que marca la ley, debido a que fijó una fecha distante para la celebración de la audiencia trifásica relativa al juicio reclamatorio laboral 293/2022. En tanto que del Actuario responsable, la parte quejosa reclama la omisión de realizar el emplazamiento de la parte demandada al controvertido de origen. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama de la responsable Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, así como del Actuario de su adscripción, en virtud de que así lo admitieron expresamente en el informe con justificación que rindieron. Certeza que se corrobora con las constancias que adjuntó la Junta responsable a su informe de ley, mismas que obran en este sumario, las cuales tienen el pleno valor probatorio que les confieren los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, por lo que deberán tenerse por existente el acto de marras. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. Ahora bien, una vez sentado lo anterior, debe decirse que el análisis de la procedencia del juicio de amparo es de orden público, y su estudio es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 262, tomo Parte VIII, Quinta Época, del Apéndice de 1985 al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso a estudio, se estima que, respecto del acto reclamado al Actuario adscrito a la Junta responsable, consistente en la falta de emplazamiento de la parte demandada en el juicio reclamatorio laboral 293/2022; es menester indicar que se actualiza la causal de improcedencia, contenida en el invocado artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, cuenta habida que de las constancias remitidas por la Junta de la adscripción del fedatario responsable, se advierte que éste, el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, esto es, con posteridad a la presentación de la demanda de amparo, emplazó a la parte demandada al controvertido de origen. En mérito de lo anterior, resulta obvio que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de la Materia, habida cuenta que el Actuario responsable ya llevó a cabo el emplazamiento encomendado. En mérito de lo anterior, resulta obvio que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de la Materia, habida cuenta que el Actuario responsable ya realizó el llamamiento a juicio relativo. Por consiguiente, en relación al indicado acto reclamado, si el efecto jurídico de la sentencia de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en el caso, al haber cesado los efectos del acto que reclamó, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surte efectos, ni los surtirá y, por ende, no vulnera la esfera jurídica de la parte peticionaria de amparo y, por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó del Actuario responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del acto reclamado. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 del propio ordenamiento legal, en relación al acto reclamado del fedatario responsable. QUINTO. Estudio de fondo. Una vez determinado lo anterior, debe decirse que los motivos de inconformidad que la parte peticionaria de amparo hace valer, deben estimarse fundados, en relación al acto reclamado a la Junta señalada como responsable, relativo al señalamiento de una fecha lejana para la celebración de la audiencia trifásica en el controvertido 293/2022. En efecto, para justificar lo considerado en el párrafo que antecede, es oportuno señalar que las garantías consagradas en el artículo 17 Constitucional, establecen, en lo que interesa, lo siguiente: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."Del artículo constitucional transcrito, se advierte que se garantiza a favor de los gobernados, el acceso efectivo a la justicia; derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República.Este precepto constitucional garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los Tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares lo hagan por sí mismos; debiendo agregarse que la circunstancia de que el citado precepto constitucional señale que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar ese derecho de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguirse la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas no previstas en el texto constitucional. Así, la garantía de seguridad jurídica establecida a favor del gobernado en este caso, se traduce en la prohibición que tienen las autoridades judiciales de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, y tener, en consecuencia, el deber de sustanciar y resolver los juicios ante ellas ventilados dentro de los términos consignados por las leyes procesales respectivas. Esta obligación es eminentemente positiva, puesto que las autoridades estatales judiciales o tribunales tienen que actuar a favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga en forma expedita de conformidad con los plazos procesales establecidos. En este contexto, para una mejor comprensión del asunto en estudio, es preciso transcribir el contenido de los artículos 685 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, relativos a los plazos procesales que deben observar las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, para la fijación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en un procedimiento laboral de su conocimiento, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." "Artículo 873. El Pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda. En el mismo acuerdo se ordenará se notifique personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos entregando al demandado copia cotejada de la demanda, y ordenando se notifique a las partes con el apercibimiento al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no ocurre a la audiencia." Ahora bien, la parte quejosa, como ya se dijo, se duele, esencialmente, de la negativa de la Junta responsable de administrarle justicia pronta y expedita, pues señaló una fecha distante para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, en el juicio reclamatorio laboral 293/2022. En efecto, es evidente que la responsable, al fijar en el proveído de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, las nueve horas del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, transcurrirán más de cinco meses para que ésta tenga verificativo; lapso por demás prolongado que irroga por sí solo causa un perjuicio irreparable en contra del aquí peticionario del amparo, contraviniendo a lo dispuesto en el citado numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, que establece el término de quince días para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución. Tiene aplicación al caso, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con el rubro y texto siguientes: "SEÑALAMIENTO DE LA FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES Y OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, EXCEDIÉNDOSE DEL TÉRMINO LEGAL. NATURALEZA IRREPARABLE. El auto en que se admite la demanda laboral y se señala una fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, excediéndose del término establecido por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, es un acto que tiene carácter de irreparable, conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo y deja al quejoso en estado de indefensión, de acuerdo al artículo 17 constitucional, y en consecuencia, el auto que desechó la demanda de garantías interpuesta en su contra, es ilegal y debe revocarse." También, sirve de apoyo a lo considerado, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que dice: "AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, DIFERIMIENTO DE LA. TÉRMINO ENTRE LA NOTIFICACIÓN Y LA NUEVA FECHA DE CELEBRACIÓN. El artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo estipula que entre la fecha del emplazamiento y la señalada para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, deben mediar diez días cuando menos. Empero, si dicha audiencia se difiere, la notificación del auto de diferimiento no tiene el carácter de emplazamiento y, por ende, no es imprescindible que entre la fecha de tal notificación y la nueva fecha señalada para el desahogo de la audiencia, deban mediar los aludidos diez días." Sin que sea obstáculo a lo considerado, lo alegado por la Junta responsable en su informe justificado, rendido a través de su Presidente, en el sentido de que se señalaron las nueve horas del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la audiencia relativa, derivado de la saturación de su agenda de trabajo; pues no puede admitirse interpretación alguna respecto a lo preceptuado en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, porque implicaría la inaceptable postura de hacer nugatoria la garantía de celeridad en la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal. Ello, cuenta habida que si el legislador ordinario señaló plazos y términos, y el constituyente originario y permanente consagró a las personas el derecho de que se les imparta justicia con apego a ellos, debe concluirse necesariamente que los Tribunales del Trabajo deben adoptar las medidas generales y especiales para que se acaten en todos los casos. En efecto, no puede perderse de vista que el legislador, al fijar términos procesales en las leyes respectivas, lo hizo en atención a la variada e imprevisible gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten, como por la complejidad de los hechos a los que se refieren y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas, por lo que resulta lógico inferir que el legislador, tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, de acuerdo con la capacidad y diligencia del Tribunal laboral y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para su trámite correspondiente, de manera que, se reitera, es obligación de la autoridad responsable organizarse para que los mandatos constitucionales no queden al arbitrio de sus funcionarios; además que al existir términos debidamente establecidos en la legislación laboral, desde el momento en que se violenta uno de ellos, de inmediato se irrogan perjuicios a las partes en el procedimiento lo que, en la especie, no es atribuible al peticionario del amparo, sino a la Junta encargada de cumplirlos, quien en todo caso es quien pasa por alto los derechos de los expedientes también en rezago, de ahí lo infundado de su alegato con el que pretende justificar su conducta. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 192/2007, emitida por la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del diez de octubre de dos mil siete, y que es del rubro siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Consecuentemente, la autoridad responsable debe cumplir con esas condiciones establecidas en la legislación obrera desde el inicio del juicio, en el curso de éste y hasta dictarse el laudo respectivo, por lo cual los términos establecidos al respecto no pueden ser aplicados por la Junta responsable arbitrariamente, sino que deben cumplirse con el fin de lograr que la instancia de justicia a su cargo, constituya un mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de sus relaciones jurídicas. En este contexto, debe concluirse que la autoridad responsable al omitir dar continuidad al procedimiento laboral a fin de que señalara fecha y hora a efecto de que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, en el juicio laboral 293/2022, donde la parte aquí quejosa es actora, dentro del término que para tal efecto señala el artículo 873 del código obrero, indebidamente incurrió en omisiones y dilaciones que hacen nugatorio el derecho de mérito y por ende, son violatorias de la garantía constitucional de justicia pronta y expedita en perjuicio de la parte quejosa. SEXTO. Efectos de la sentencia concesoria de amparo. En esas condiciones, procede conceder al quejoso Irving Ezequiel Pech Guerrero, el amparo y la protección de la Justicia Federal que insta, para el efecto de que la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, deje sin efectos el acuerdo de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, emitido en el expediente 29372022, y señale nueva fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, dentro del término previsto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, con lo cual dará cabal cumplimiento al derecho fundamental tutelado en el artículo 17 de la Ley Suprema. Finalmente, debe destacarse que no constituye obstáculo a la anterior determinación, el que no hubieren sido llamados como tercero interesada, la persona moral mencionada por la parte quejosa en su demanda de amparo; ello, cuenta habida que al reclamarse su falta de emplazamiento al controvertido de origen, es evidente que no se había integrado a la relación procesal y, por ende, aun no contaba con la calidad de contraparte del quejoso, por lo que no se ubican en alguno de los supuestos a que hace alusión el numeral 5 de la Ley de Amparo.Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Irving Ezequiel Pech Guerrero, por su propio derecho, contra el acto que reclamó del Actuario adscrito a la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán; precisado en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos indicados en el cuarto subsecuente. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Irving Ezequiel Pech Guerrero, por su propio derecho, contra el acto que reclamó de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán; precisado en el considerando segundo de esta sentencia, y para los efectos precisados en la parte final del sexto subsecuente. Notifíquese por lista.

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