Irving Enrique Trejo Lizarraga

Expediente 925/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
925/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
28/06/2018

Partes del expediente

  • Irving Enrique Trejo Lizarraga

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiocho de junio de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta, evidencia que la parte quejosa no recurrió el auto de dieciocho de junio pasado (fojas 8 a 11), por el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, vista la cuenta precedente y del estado que guarda el presente expediente, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante

  2. Principal

    VI RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por Irving Enrique Trejo Lizárraga, contra actos del Maestro Raymundo Martínez Carbajal, en su calidad de Director General de Movilidad Zona 1 y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 925/2018-VI. DESECHAMIENTO. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, con número de registro 196196 y rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, en el caso a estudio, el acto que por esta vía constitucional se combate, consiste esencialmente en: Suspensión y/o retención de pagos quincenales en su trabajo como verificador de documentos adscritos a la Unidad Administrativa, Delegación de Movilidad Atlacomulco Zona 1, dependiente de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México. Así las cosas, el suscrito estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, porque la Comisión Federal de Electricidad, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Los artículos de referencia, establecen en su orden lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo el carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Luego, de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos o las garantías otorgadas por la Constitución Federal. Asimismo, tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En cuanto a este tema, tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1089, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Novena Época, Septiembre de 2011, Registro 161133, y rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Así como, la tesis aislada P. XXVII/97, localizable en la página 118, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo V, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la Novena Época, Febrero de 1997, con número de registro 199459, y rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Ahora bien, de la demanda de amparo como ya se dijo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la suspensión y/o retención de pagos quincenales en su trabajo. Aunado a lo anterior, del capítulo de antecedentes y conceptos de violación se observa que la parte quejosa acude a la presente instancia en su carácter de servidor público, adscrito a la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México. En ese tenor, se desprende que los actos reclamados derivan de cuestiones inherentes a derechos y obligaciones derivados de la relación laboral (obrero-patronal) entre el impetrante y su contratante y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco de la relación obrero-patronal o con motivo de ésta deben ventilarse y decidirse dada la naturaleza de las partes, en la vía laboral o administrativa ante la instancia que corresponda, por lo que es evidente que los actos reclamados, no son materia de control mediante el juicio de amparo, al no ser actos de autoridad, sino derivados de una relación contractual, al existir la relación de coordinación entre la autoridad responsable y el quejoso. Ahora, en el caso las autoridades señaladas como responsables, tienen su personalidad como persona moral sujeto de derecho privado actuando como particular frente al quejoso como sujeto particular, encontrándose en una relación de coordinación; por tanto, en ese contexto, si el estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia III.4o,T.J/3 (10a), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la página 1639, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Décima Época, Marzo de 2016, Registro 2011298, cuyo rubro y texto refieren lo siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, 112 y 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene como autorizado en términos amplios a Manuel Albarrán Nava, por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las personas restantes únicamente para oír y recibir notificaciones por no contar con dicho registro. DOMICILIO. En otro orden, de conformidad con el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquese a la parte quejosa las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en el local que ocupa este de este Juzgado de Distrito, toda vez que no señalo domicilio para tal efecto. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y por lista al quejoso en los términos precisados en el presente auto. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa, que autoriza, firma y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano