Irving Eduardo Alvarez Alvarado

Expediente 981/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
981/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
30/08/2023

Partes del expediente

  • Irving Eduardo Alvarez Alvarado

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se hizo constar que a la fecha ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del proveído en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo génesis de este expediente. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales. ANOTACIONES Y SE ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales vigente, se acuerda lo siguiente: JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE El presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha desechado y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 20 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FÉ DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 20 del citado Acuerdo General.

  2. Principal

    Vista la demanda promovida por José Luis Pérez Jiménez, en favor de xxxxxx, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Fiscalía General de la República Subdelegación Tapachula, con sede en esta ciudad. Fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 981/2023 VIII-B. DESECHAMIENTO Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo, estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos fundamentales para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que José Luis Pérez Jiménez, en favor de Irving Eduardo Álvarez Alvarado hace consistir los actos reclamados en: La detención e incomunicación de Irving Eduardo Álvarez Alvarado. La inminente formulación de imputación dentro de la carpeta de investigación número FED/CHISD/TAP/12119/2023 en términos del artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en perjuicio de su presunción de inocencia. La inminente formulación de imputación, sin que la parte acusadora haya ofertado datos de prueba idóneos para establecer la fase iter criminnis y del codominio funcional del hecho en su fase de desarrollo o aproximación o consumación del tipo penal. Asimismo, resulta indispensable resaltar que del contenido de la demanda de amparo se advierten las siguientes manifestaciones bajo protesta de decir verdad: "(.) IRVING EDUARDO ALVAREZ ALVARADO, por propio derecho, imputado, pero en libertad por beneficio de medida cautelar no restrictiva de libertad (.)" "(.) Por lo pronto él se encuentra libre con las reservas de ley en esta ciudad de Tapachula. (.)" Al respecto, es evidente que el juicio de amparo promovido por José Luis Pérez Jiménez, fue en favor de Irving Eduardo Álvarez Alvarado, que no se encuentra detenido, ni incomunicado y, por ende, imposibilitado para comparecer directamente a solicitar la protección constitucional. Bajo ese panorama, éste órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 61, fracción XXIII, 5, fracción I, 6 y 15 de la Ley de Amparo, toda vez que José Luis Pérez Jiménez, carece de legitimación para instar la protección de la Justicia Federal, en favor de Irving Eduardo Álvarez Alvarado. A fin de corroborar dicha determinación, conviene reproducir el contenido de los numerales en cita, los cuales establecen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determina le ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, y sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." LEY DE AMPARO "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Articulo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "(.) Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. (.)" De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente: I- El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado. II- Asimismo, que se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante, o por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal. III. En los casos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Conforme a las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que el legislador reguló tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad. La legitimación ad causam (en la causa) se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece a su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide al órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. En tanto que, la legitimación ad procesum (en el proceso) deriva de las normas que establecen quiénes pueden ser parte en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir ante un órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio o de una instancia; y se produce cuando la prerrogativa que se cuestionará en el juicio, es ejercida por quien conforme a derecho está en aptitud para hacerla valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular; por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 514, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Cuarta Sección - Partes en el juicio de amparo, página 563, Novena Época, registro digital 1002580, de rubro y texto: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." De lo señalado, se advierte que la legitimación ad procesum (en el proceso) es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es una condición para la validez formal del juicio. En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6 de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante, o por su defensor si se trata de una acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues ya se dijo que ésta consiste en una potestad legal para acudir ante un órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y, en el de amparo, tal potestad legal corresponde, desde luego, a la parte directamente afectada o a sus representantes. Entonces, la aplicación en sentido contrario del dispositivo legal en comento permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado. Por perjuicio se entiende, para efectos del amparo, la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Tal afectación debe ser real y actual en la esfera jurídica del gobernado. De ahí que, uno de los principios que rigen al juicio de amparo, es la existencia de un agravio personal y directo, el cual implica que la acción de amparo sólo podrá promoverse por aquella persona física o moral, que se vea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad (agravio personal), y que exista inmediatez entre la emisión o ejecución del acto y el surtimiento de sus consecuencias (agravio directo). La afectación debe ser resentida directamente por el impetrante del amparo, derivada precisamente del acto reclamado. Luego, por la expresión agravio, debe entenderse al perjuicio sufrido en la persona de la parte quejosa. Esto es, el agravio es la afectación o la alteración que se desprende del acto de autoridad y que recae en la esfera de derechos de la quejosa. Así, de tal regla se sigue necesariamente que, quien solicite la protección de la Justicia Federal, debe hacerlo respecto de un acto de autoridad que conculca en forma directa alguno de los derechos que en su favor tutela el orden jurídico. El gobernado debe estar en la posición de que efectivamente resiente una afectación personal, inmediata y directa en su esfera de derechos. De no estar en ese supuesto, el juicio resultaría improcedente por aplicación de la hipótesis prevista en el invocado artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción I y 6 (estos últimos en sentido contrario), todos de la Ley de Amparo, así como el dispositivo 107, fracción I, constitucional. Como es de advertirse, de lo relatado deriva el principio de instancia de parte agraviada, el cual establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se reclama. Por lo que, sólo se encuentran legitimados para promover el juicio de amparo quienes resientan una afectación derivada directamente del acto combatido. En ese contexto, es importante destacar que de la lectura integra de la demanda de amparo, en esencia se reclama la detención, incomunicación y la inminente formulación de imputación, en contra de Irving Eduardo Álvarez Alvarado, en relación a la carpeta de investigación FED/CHISD/TAP/12119/2023, quien se encuentra en libertad por beneficio de medida cautelar no restrictiva de libertad. Por tanto, como se anticipó, José Luis Pérez Jiménez, carece de legitimación para instar la protección de la Justicia Federal, en favor de Irving Eduardo Álvarez Alvarado, toda vez que los actos reclamados no le producen una afectación personal, directa, inmediata, cierta, concreta, inminente, real y actual en su esfera jurídica, ni se ostentó como defensor de la parte directamente agraviada. Asimismo, éste órgano jurisdiccional no pasa por alto que en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de que cualquier persona puede promover amparo a nombre del quejoso, siempre que concurran las siguientes circunstancias: a) El agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad; y, b) Que los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Sin embargo, en el presente asunto no se advierte que Irving Eduardo Álvarez Alvarado, se encuentre imposibilitado para promover el presente juicio de amparo, debido a que, como se manifestó bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, se encuentra en libertad, por lo que, puede comparecer ante esta instancia por propio derecho a la defensa de sus intereses. Además, aun cuando se haya establecido en la demanda de amparo como acto reclamado la incomunicación, esta juzgadora considera que no se ejecuta en su contra ninguno de los actos previstos por el artículo 22 Constitucional. Lo anterior es así, pues se insiste que se manifestó en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que Irving Eduardo Álvarez Alvarado, actualmente se encuentra en libertad, por lo que, al no estar a disposición de autoridad alguna, no pueden ejecutarse en su persona actos de incomunicación. Entonces, es dable afirmar que los actos reclamados no importan peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir a Irving Eduardo Álvarez Alvarado en el goce de la garantía violada. En efecto, quien comparece a solicitar el amparo no es quien determina la urgencia o no de lo reclamado, sino que es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que encuadre en los preceptos multicitados y, que ello justifique la promoción del juicio de amparo a favor de otra persona. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la tesis publicada en la página 1458, Tomo XX, diciembre 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio". En estas condiciones, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, al no advertirse alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, tampoco se justifica la necesidad para que otra persona promueva la demanda de amparo en favor de Irving Eduardo Álvarez Alvarado. En relatadas condiciones, se colige que no se encuentra satisfecho el requisito de instancia de parte agraviada y, de conformidad con lo dispuesto en artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 61, fracción XXIII, 5, fracción I, 6 y 15 de la Ley de Amparo (estos últimos en sentido contrario), se desecha de plano la demanda de derechos fundamentales, por ser notoria y manifiesta su improcedencia. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene a los promoventes señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia al profesionista José Luis Pérez Jiménez, toda vez que cuenta con cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, y en términos restringidos a los demás profesionistas. Y como lo solicita, se le autoriza para revisar el expediente electrónico el usuario viktor73. En consecuencia, se instruye a la encargada del SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expediente), para que proceda a la verificación y alta del citado usuario que proporciona la parte quejosa, a efecto de que se le autorice únicamente el acceso en el sistema la consulta del expediente electrónico. Se toma nota del correo electrónico que proporcionan los promoventes, a fin de que en caso de ser necesario se establezca como medio de contacto -no procesal- con ellos. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C1 , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá 1 Registro: 167640, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.725 C, Página: 2847. solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Judith Ventura Ávila, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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