Irving de Jesús Rosales Ordóñez

Expediente 1639/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1639/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Irving de Jesús Rosales Ordóñez

Actuaciones

  1. Principal

    III. Vista la certificación que antecede, se advierte que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja contra el auto de diez de octubre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió sin que la parte quejosa haya hecho valer tal derecho; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, por identidad jurídica, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales procedentes. Se ordena el archivo de este asunto y da fe.

  2. Principal

    III. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra de actos del Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Lerma, con residencia en Xonacatlán, Estado de México. Se precisa que el acto reclamado consiste en: La resolución de dos de octubre de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Lerma, con residencia en Xonacatlán, Estado de México, en el expediente *** mediante el cual se declaró fundado el auto de trece de septiembre anterior, por el que, se previno de nueva cuenta al demandado para que realizara la corrección de su nombre asentado en su contestación de demanda. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la procedencia o improcedencia de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio, pues las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referidas en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y escrito aclaratorio. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se obtiene que el impetrante tilda de inconstitucional, lo siguiente: La resolución de dos de octubre de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Lerma, con residencia en Xonacatlán, Estado de México, en el expediente *** mediante el cual se declaró fundado el auto de trece de septiembre anterior, por el que, se previno de nueva cuenta al demandado para que realizara la corrección de su nombre asentado en su contestación de demanda. En el presente caso, este juzgado Federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados en un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: * Derechos sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante los llamados derechos fundamentales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio, cuando se trate de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. * Derechos adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden en el procedimiento legal, de acuerdo a cómo se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Lo anterior pone de referencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. A su vez, el Pleno de nuestro máximo tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento de que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en los derechos fundamentales, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. Expuesto lo anterior, debe estimarse que la resolución reclama no quebranta de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos, ya que se trata de un acto dictado dentro de juicio, de carácter meramente procesal, el cual no tiene una consecuencia de imposible reparación. Lo anterior es así, toda vez que la resolución reclamada es aquella que declaró fundado el auto de trece de septiembre anterior, por el que, se previno de nueva cuenta al demandado para que realizara la corrección de su nombre asentado en su contestación de demanda; la cual, es un acto intraprocesal, que no causa daño en un derecho sustantivo o que no tenga reparación alguna, de manera tal que haga procedente el juicio de amparo biinstancial. Ciertamente, ese pronunciamiento ningún perjuicio irreparable e irroga a la parte quejosa, en virtud de que sus pretensiones pueden quedar satisfechas, al existir la posibilidad de que obtenga sentencia favorable, evento en el cual las consecuencias de la alegada violación se habrán extinguido en la realidad, sin haber originado afectación alguna en sus derechos fundamentales, esto es, sin dejar huella en su esfera jurídica. De igual modo, en el supuesto de que aquélla le sea adversa, puede alegar esta violación por los medios de impugnación que en su caso y oportunidad promueva, pues en esa hipótesis, se patentizaría la trascendencia de la consabida violación procesal. Además, como acto dentro del proceso tampoco debe ser analizada mediante el juicio constitucional sin necesidad de esperar al dictado de la sentencia, ni con tal acontecimiento se le deja en estado de indefensión que le prohíba su adecuada defensa, porque en todo caso, tal circunstancia podrá constituir una infracción al procedimiento reclamable en amparo directo, en el que será factible impugnar la mencionada violación por haber trascendido al resultado del fallo. Lo anterior, guarda congruencia, con el hecho de que admitir y dar trámite al juicio constitucional por cuanto hace al acto reclamado, a nada práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo, y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones, el que indica la parte quejosa. Se tiene por autorizada en términos restringidos del artículo 12 a los profesionistas señalados en el premio de la demanda de amaro, por así haberlo solicitado. Toda vez que, de la certificación de cuenta se advierte que el usuario "***" se encuentra debidamente registrado en el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico; consecuentemente, como lo solicita la parte quejosa se tiene por autorizado al usuario en referencia para la consulta del expediente vía electrónica. Se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.

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