Irving Cruz Reyes
Expediente 234/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 234/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 20/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Irving Cruz Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veinte de julio de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 234/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, veinte de julio de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima necesario que continúen en este juzgado las constancias remitidas por las autoridades responsables, por tanto, devuélvanse a su lugar de origen los cuatro tomos que se formaron, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Boca del Río, Veracruz, veinte de julio de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima necesario que continúen en este juzgado las constancias remitidas por las autoridades responsables, por tanto, devuélvanse a su lugar de origen los cuatro tomos que se formaron, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinte de julio de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima necesario que continúen en este juzgado las constancias remitidas por las autoridades responsables, por tanto, devuélvanse a su lugar de origen los cuatro tomos que se formaron, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
PRIMERO. El trece de abril de dos mil veintiuno, se tuvo al actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, enviando la demanda de amparo promovida por Irving Cruz Reyes, contra los actos que más adelante se precisarán, toda vez que se declaró incompetente para conocer de la misma; asimismo, el suscrito se avocó al conocimiento del asunto, y se previno al quejoso a fin de que aclarara la demanda de amparo (fojas 47 a 50). SEGUNDO. Por auto de veintidós de abril del año en cuso, se tuvo al peticionario de amparo dando cumplimiento a la prevención efectuado, se acordó admitir la demanda de amparo; solicitar a las autoridades responsables sus informes justificados; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita; emplazar al tercero interesado; fijar fecha y hora para la audiencia constitucional, la que finalmente tuvo verificativo en el horario y día señalados (fojas 66 a 70). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos los informes justificados de la autoridades responsables (fojas 31, 80 y 84) la constancia de notificación respecto del emplazamiento del tercero interesado Víctor Manuel Machucho Pérez, el cual compareció sin invocar causa de improcedencia (foja 87) y tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto dictado dentro de un proceso jurisdiccional, que es susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales de los gobernados, tales como la legalidad y seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, ya que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que los mismos consisten en: a). La resolución dictada el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en el expediente 1963/2019/I del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Veracruz, Veracruz, que hace la declaratoria de validez del testamento público abierto contenido en el instrumento notarial número treinta y nueve mil quinientos dieciséis, pasado ante la fe del notario público número Veintidós de la Décima Séptima Demarcación Notarial en Veracruz, Veracruz, y se expuso que se advierte que Víctor Manuel Machucho Pérez fue designado como único y universal heredero de todos los bienes actuales, derechos, acciones, y futuras sucesiones que tiene y pudieran corresponder al momento de su muerte y como legatario del lote de terreno número ocho, manzana veintiocho, zona ocho, colonia Venustiano Carranza, en Boca del Río, Veracruz, nombrando como albacea de la sucesión al mencionado Víctor Manuel Machucho Pérez; asimismo, se designó a dicha persona como albacea definitivo de la sucesión a bienes de Clemente Cruz Juárez (foja 9). b). El proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, dictado en el expediente de jurisdicción voluntaria 7/2020 del índice del Juzgado Municipal, en Boca del Río, Veracruz, en el que se dio trámite a las diligencias de información ad perpetuam, promovidas por Víctor Manuel Machucho Pérez, para acreditar, justificar y notificar que es legítimo heredero de Clemente Cruz Juárez, como se justificó en la sucesión testamentaria 1963/2019/I del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Veracruz, Veracruz; así como que en su carácter de heredero requirió justificar en calidad de qué se encuentran arrendando los locales comerciales y un departamento relativos al inmueble ubicado en la calle avenida Ocho, esquina calle Tres, lote Ocho, colonia Carranza, en Boca del Río, Veracruz, inmueble que pertenece a la masa hereditaria de citado Clemente Cruz Juárez (foja 9). c). La notificación de veintinueve de octubre de dos mil veinte, realizada en cumplimiento a lo ordenado en los proveídos de dieciséis y veintisiete de octubre de dos mil veinte en el citado expediente de jurisdicción voluntaria 7/2020 (foja 9). De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de los actos reclamados el veintinueve de octubre de dos mil veinte (foja 10). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados al Juez Décimo Segundo de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, Juez y Secretaria de acuerdos, adscritos al Juzgado Municipal, en Boca del Río, Veracruz, puesto que al rendir sus respectivos informes justificados, reconocieron la existencia de los actos que se les reclaman (fojas 29, 80 y 84). Lo que se corrobora en razón que remitieron copia certificada de las constancias que integran los expedientes 1963/2019 y 7/2020, las cuales tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°, ya que se tratan de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Son aplicables al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y, "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Improcedencia del juicio. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. Primer motivo de improcedencia. En el caso, se estima que en atención al acto reclamado relativo a a). La resolución dictada el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en el expediente 1963/2019/I del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Veracruz, Veracruz, que hace la declaratoria de validez del testamento público abierto contenido en el instrumento notarial número treinta y nueve mil quinientos dieciséis, pasado ante la fe del notario público número Veintidós de la Décima Séptima Demarcación Notarial en Veracruz, Veracruz, y se expuso que se advierte que Víctor Manuel Machucho Pérez fue designado como único y universal heredero de todos los bienes actuales, derechos, acciones, y futuras sucesiones que tiene y pudieran corresponder al momento de su muerte y como legatario del lote de terreno número ocho, manzana veintiocho, zona ocho, colonia Venustiano Carranza, en Boca del Río, Veracruz, nombrando como albacea de la sucesión al mencionado Víctor Manuel Machucho Pérez; asimismo, se designó a dicha persona como albacea definitivo de la sucesión a bienes de Clemente Cruz Juárez; sobreviene el motivo de improcedencia previsto en la fracción XXIII, del diverso 61, en relación con la fracción I, del artículo 5º de dicha ley, aplicado en sentido contrario, como a continuación se verá. PREMISAS NORMATIVAS El artículo 61 de la Ley de Amparo, al numerar las diversas causas por las cuales una controversia constitucional puede resultar improcedente, señala en su fracción XXIII lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Asimismo, el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 5°.- Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]". De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos de los gobernados contra los actos u omisiones de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, o sea, aquella a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Así, de conformidad con el artículo 107, fracción I, constitucional, y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo es requisito indispensable que el quejoso resienta un agravio personal y directo; esto es, tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y dicho interés, como condición indispensable para la procedencia de la acción constitucional, sólo puede comprobarse mediante la demostración de que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cobra aplicación la tesis con datos de identificación, rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Luego, en términos del artículo 5º, fracción I, de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, para acreditar la procedencia del juicio de amparo es menester que la parte agraviada acredite indubitablemente su interés jurídico, por lo que es evidente que el análisis de las pruebas aportadas para tal efecto se constriñe a determinar si el promovente del amparo es titular del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica, y que es afectado por el acto reclamado. Asimismo, es conveniente hacer algunas precisiones sobre la figura jurídica del tercero extraño a juicio (con el que se ostenta el quejoso) a saber: La misma se traduce en el amparo promovido por violación al derecho fundamental de audiencia consagrado en el artículo 14 Constitucional y en términos generales se puede clasificar en dos modalidades. La primera como instrumento procesal extraordinario promovido por un sujeto para interferir en un juicio preexistente, del cual es extraño, en el que hace valer intereses propios y distintos a los del actor y demandado, teniendo como único objetivo retirar el derecho afectado: tercero extraño en estricto sentido; esto es, es aquella persona (moral o física) distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila; esto es, la "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal. Ahora bien, la segunda modalidad, se actualiza como un instrumento procesal por medio del cual se puede dejar sin efecto una sentencia, promovida por el sujeto demandado en ese juicio, alegando ser extraño por falta o indebido emplazamiento o por un sujeto que considere debió ser parte de la relación jurídica procesal en ese controvertido: tercero extraño por equiparación. En esas condiciones, para acreditar el interés jurídico que debe asistir a un quejoso para promover el juicio de amparo, se requiere que se ostente en cualquiera de estas modalidades. Señalado lo anterior, la parte quejosa se ostenta como tercero extraño a juicio, y en esencia, busca proteger su derecho como poseedor del inmueble afectado con el juicio natural. En congruencia, resulta necesario establecer los requisitos que debió acreditar la parte quejosa para comprobar su interés jurídico, dado el citado carácter con el que se ostenta, pues en este caso promueve el amparo con la finalidad de interferir en un juicio preexistente, para hacer valer sus intereses, teniendo como único objetivo retirar el derecho afectado con el acto de autoridad, pues aduce tener la posesión del bien inmueble en cuestión. Por tanto, en esa modalidad de tercero extraño a juicio, para acreditar el interés jurídico requiere lo siguiente: a).- Que es poseedor del inmueble afectado con el acto reclamado. b).- Que esa posesión en su caso sea legítima, ya sea originaria o derivada, y que por lo tanto se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho de poseer la superficie de terreno en cuestión. c).- Que el derecho que considera afectado lo tenía en su esfera patrimonial al momento de emitirse el acto reclamado. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen a los actos reclamados, los cuales se desprenden de las copias certificadas que remitió el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia, Especializado en Materia Familiar, en Veracruz, Veracruz, relativas al expediente 1963/2019: a). Mediante escrito presentado ante el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia, Especializado en Materia Familiar, en Veracruz, Veracruz, el seis de marzo de dos mil diecinueve, Víctor Manuel Machucho Pérez, denunció la sucesión testamentaria a bienes de Clemente Cruz Juárez (foja 2 a 4 del tomo I de pruebas). b). En proveído de nueve de agosto de dos mil diecinueve, entre otras cuestiones, el citado Juez responsable dio trámite a la denuncia presentada por Víctor Manuel Machucho Pérez, de la sucesión testamentaria a bienes de Clemente Cruz Juárez; ordenó se inscribiera bajo el número 1963/2019, y ordenó girar oficios a diversas dependencias a fin de que informaran si el citado finado dejó disposición testamentaria en alguna de las notarías existentes en el Estado de Veracruz o en las oficinas a su cargo (fojas 28 y 29 del tomo I de pruebas). c). El veintidós de octubre de dos mil diecinueve, se resolvió procedente declarar como válido el testamento público abierto contenido en el instrumento notarial número treinta y nueve mil quinientos dieciséis, pasado ante la fe del notario público número Veintidós de la Décima Séptima Demarcación Notarial en Veracruz, Veracruz, al advertirse que Víctor Manuel Machucho Pérez fue designado como único y universal heredero de todos los bienes que pudieran corresponder al momento de la muerte de Clemente Cruz Juárez; asimismo, se designó a Víctor Manuel Machucho Pérez como albacea definitivo de los bienes del citado finado Clemente Cruz Juárez (fojas 41 a 43 del tomo I de pruebas). d). El veintiocho de enero de dos mil veinte se acordó que procedía la separación de la prosecución judicial a fin de continuarla en la notaría pública de la elección de Víctor Manuel Machucho Pérez, y se archivó el asunto como totalmente concluido (foja 76 del tomo I de pruebas). Por otra parte, se destacan los antecedentes que se desprende de las copias certificadas que remitió el Juez Municipal, en Boca del Río, Veracruz, relativas al expediente 7/2020: 1). Mediante escrito fechado el ocho de octubre de dos mil veinte, presentado ante el juez Municipal, en Boca del Río, Veracruz, Víctor Manuel Machucho Pérez, promovió diligencias de información ad perpetuam con el objeto de notificar y justificar diversos hechos (fojas 1 y 2 del tomo II de pruebas). 2). El dieciséis del mes y año en cita, el juez responsable tuvo a Víctor Manuel Machucho Pérez, promoviendo en la vía de jurisdicción voluntaria información ad perpetuam para acreditar y justificar hechos; por lo que se formó y registro el expediente 7/2020, y entre otras cuestiones, se ordenó notificar a los arrendatarios de los locales comerciales y el departamento en cuestión, que justificaran en calidad de que se encuentran en los mismos y se les notificara que el citado Víctor Manuel Machucho Pérez, es legítimo heredero de Clemente Cruz Juárez y por ende el propietario de dichos inmuebles (fojas 43 y 44 del tomo II de pruebas). 3). En proveído de veintisiete de octubre de dos mil veinte, a solicitud de Víctor Manuel Machucho Pérez, se ordenó notificar a María del Pilar Reyes Guzmán, Irvin Cruz Reyes, y Delfina Suarez Flores, a efecto de que todos los involucrados quedaran notificados y enterados que el citado Machucho Pérez, tiene la calidad de heredero de Clemente Cruz Juárez, sobre el bien inmueble en cuestión (foja 65 del tomo II de pruebas). La citada notificación, por cuanto hace al aquí quejoso Irving Cruz Reyes, se llevó a cabo el veintinueve de octubre de dos mil veinte, y se entendió directamente con él (foja 69 del tomo II de pruebas). 4). El cinco de octubre de dos mil veinte, se resolvió procedente la información testimonial ad perpetuam promovida por Víctor Manuel Machucho Pérez, en vía de jurisdicción voluntaria; asimismo se aprobaron dichas diligencias declarándose que Víctor Manuel Machucho Pérez, pretende notificar a través de las diligencias a los arrendatarios que se encuentran en los locales del bien inmueble en cuestión, que es el heredero único y universal de Clemente Cruz Juárez, quedando expeditas las atribuciones de las partes para hacerlas valer por la vía idónea, ordenándose en su oportunidad el archivo de dicho asunto como concluido (fojas 79 a 81 del tomo II de pruebas). Hasta aquí la relación de antecedentes. SUBSUNCIÓN Expuesto lo anterior, se advierte que la parte quejosa se ostenta como tercero extraño a juicio, al aducir ser titular de un derecho subjetivo trastocado por el acto reclamado, de ahí que en términos del artículo 5º, fracción I, de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, para acreditar la procedencia del juicio de amparo es menester que la parte quejosa acredite indubitablemente ese interés jurídico que aduce, esto es, si es titular del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica, y que dice ser afectado por el acto reclamado. Ahora, tal como ya ha sido narrado, de las constancias certificadas remitida por el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia, Especializado en Materia Familiar, en Veracruz, Veracruz, en apoyo a su informe justificado relativas al expediente 1963/2019 (a las cuales por tratarse de documentos públicos cuyo contenido no se encuentra contradicho por otras pruebas, se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°) se advierte, en lo que interesa, que Víctor Manuel Machucho Pérez, denunció la sucesión testamentaria a bienes de Clemente Cruz Juárez. Asimismo, se desprende que en proveído de nueve de agosto de dos mil diecinueve, se dio trámite a la denuncia presentada por Víctor Manuel Machucho Pérez, de la sucesión testamentaria a bienes de Clemente Cruz Juárez, y ordenó girar oficios a diversas dependencias a fin de que informaran si el citado finado dejó disposición testamentaria en alguna de las notarías existentes en el Estado de Veracruz o en las oficinas a su cargo. Seguido que fue el juicio por sus etapas procesales, el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, se resolvió procedente declarar como válido el testamento público abierto contenido en el instrumento notarial número treinta y nueve mil quinientos dieciséis, pasado ante la fe del notario público número Veintidós de la Décima Séptima Demarcación Notarial en Veracruz, Veracruz, al advertirse que Víctor Manuel Machucho Pérez fue designado como único y universal heredero de todos los bienes que pudieran corresponder al momento de la muerte de Clemente Cruz Juárez; asimismo, se designó a Víctor Manuel Machucho Pérez como albacea definitivo de los bienes del citado finado Clemente Cruz Juárez; y el veintiocho de enero de dos mil veinte se acordó que procedía la separación de la prosecución judicial a fin de continuarla en la notaría pública de la elección de Víctor Manuel Machucho Pérez, y se archivó el asunto como totalmente concluido. Así, al respecto, la parte quejosa aduce que el acto reclamado es lesivo de sus derechos humanos, pues refiere que tiene el temor de que se le prive de la posesión que dice tener del bien inmueble propiedad de sus padres, por lo que el acto que reclama lesiona sus derechos fundamentales. Ahora bien, de las constancias que obran en el sumario, no se advierte que la parte quejosa haya acreditado ser titular de un derecho subjetivo protegido por una norma jurídica objetiva y que haya resentido una afectación en su esfera jurídica, con motivo de las actuaciones del juicio 1963/2019 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia, Especializado en Materia Familiar, en Veracruz, Veracruz. Esto es así, pues la parte quejosa omite acreditar en el presente juicio, alguna situación jurídica que justifique la posesión del inmueble ubicado en el lote de terreno número ocho, manzana veintiocho, zona ocho, colonia Venustiano Carranza, en Boca del Río, Veracruz en controversia; esto es, no justificó con prueba alguna su dicho, siendo esta su carga procesal, dado que aduce tener la calidad de poseedor, sin acreditar la figura jurídica con la que detenta dicha posesión, para justificar una trasgresión a un derecho subjetivo tutelado a su favor por una norma objetiva. De tal suerte, resulta inconcuso que, la parte quejosa omitió acreditar tener la posesión respecto del inmueble aludido, al no haber justificado de modo alguno tal extremo legal. Resulta aplicable, en lo conducente, por su identidad, la siguiente tesis por contradicción: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Esto es, no demostró tener la posesión originaria o derivada del inmueble motivo del juicio natural, sustentada a partir de un título que genere dicho derecho y no por medio de la simple detentación del bien (la cual tampoco justificó). Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis I.4o.C.110 C, sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2291, Tomo XXV, Enero de 2007, Materia Civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "POSEEDOR Y OCUPANTE DE UN INMUEBLE. SUS DIFERENCIAS PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE OSTENTAN COMO TERCEROS EXTRAÑOS AL JUICIO CIVIL.- Para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer; de manera que el quejoso tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate y no tener el carácter de simple detentador material del inmueble, en virtud de que esa no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional; entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. En esas condiciones, no debe confundirse al poseedor de un inmueble con su simple ocupante, pues mientras que el primero ejerce un poder de hecho al amparo de un título que define la calidad de su posesión, originaria o derivada; el segundo, esto es, el ocupante simplemente es la persona que habita el inmueble que carece de título, ya que depende de quien ejerce la posesión." El subrayado se realiza en esta sentencia. Igualmente, se aplica a lo anterior, la tesis I.5o.C.6 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 613, Tomo II, Noviembre de 1995, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "TERCERO EXTRAÑO. INTERES JURIDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTACION MATERIAL DEL INMUEBLE.- De acuerdo con el artículo 790 del Código Civil del Distrito Federal, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Sin embargo, tal poder de hecho necesariamente debe tener una causa u origen según se advierte de los propios términos del artículo 791 del referido código, pues si dicha causa, por su naturaleza jurídica, faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, se trata de la posesión originaria o en concepto de dueño; en cambio, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho, únicamente a usar y disfrutar del bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. Ahora bien, si cualquiera de las dos clases de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él), es inconcuso que la simple tenencia material de un bien, faltando dicha causa, no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil común y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, el cual protege la posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada. De lo anterior, resulta inconcuso que el agraviado necesariamente debe hacer mención en su demanda de amparo a la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al Juez del amparo los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía de seguridad contenida en el aludido artículo 14 constitucional. Consecuentemente, si en el amparo indirecto el inconforme se reduce a manifestar que tiene el carácter de propietario del inmueble, del que dice que la autoridad responsable trata de desposeerlo sin haber sido oído y vencido en un juicio previo; pero no alude a la causa de esa posesión originaria, ni la demuestra en el juicio de garantías; resulta inconcuso que aun en el supuesto de que se hubiera acreditado con las pruebas que aportó, que ejerce un poder de hecho sobre el inmueble relacionado, debe concluirse que se trata de la simple detentación material que no constituye la posesión jurídica, en los términos de la legislación civil común; y, por ende, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al sobreseer en el juicio de amparo, toda vez que lo actuado en el juicio natural respecto del que el recurrente afirma ser tercero extraño, jurídicamente tiene que pararle perjuicio, porque sólo la posesión jurídica es protegible, mas no la simple tenencia; por lo que si se está en este último caso, ello no implica la existencia de un interés jurídico, sino de un interés simple, que no autoriza al quejoso para reclamar en la vía constitucional." De ahí que si el acreditamiento de tener la posesión (como aduce) del bien inmueble objeto del juicio natural, era un requisito indispensable para justificar su interés jurídico en el presente juicio de amparo, sin que lo hubiera hecho, entonces no puede tenerse por demostrado el interés jurídico del peticionario de amparo. De igual forma, se aplica al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 5, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS.- En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." CONCLUSIÓN Por lo que en esas condiciones, al no haber quedado acreditados los requisitos necesarios para demostrar el interés jurídico de la parte quejosa para acudir al presente juicio de amparo, consistente en que sea posesionario legítimo del bien inmueble motivo del juicio de origen, lo que procede es sobreseer en el presente juicio constitucional, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por surtirse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del diverso 61, en relación con la fracción I, del artículo 5º de dicha ley, aplicado en sentido contrario. Tiene aplicación a la anterior determinación, la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, tomo XV, febrero de 2002, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA.- La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". Segundo motivo de improcedencia. Ahora, en relación al acto reclamado consistente en b). El proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, dictado en el expediente de jurisdicción voluntaria 7/2020 del índice del Juzgado Municipal, en Boca del Río, Veracruz, en el que se dio trámite a las diligencias de información ad perpetuam, promovidas por Víctor Manuel Machucho Pérez, para acreditar, justificar y notificar que es legítimo heredero de Clemente Cruz Juárez, como se justificó en la sucesión testamentaria 1963/2019/I del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Veracruz, Veracruz; así como que en su carácter de heredero requirió justificar en calidad de qué se encuentran arrendando los locales comerciales y un departamento relativos al inmueble ubicado en la calle avenida Ocho, esquina calle Tres, lote Ocho, colonia Carranza, en Boca del Río, Veracruz, inmueble que pertenece a la masa hereditaria de citado Clemente Cruz Juárez; se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV, del precepto 107, aplicada a contrario sensu, de dicho ordenamiento legal. PREMISAS NORMATIVAS Los aludidos artículos de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.)" De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos, el último en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se promueve contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Ahora, es pertinente destacar que en la jurisprudencia 1a./J. 16/2013 (10a.) la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó el primer párrafo, de la fracción III, del artículo 114, de la Ley de Amparo, anterior a su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de idéntica finalidad al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor antes trascrito, en el que sentó el siguiente criterio: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad". De conformidad con la jurisprudencia trascrita, tratándose de actos dictados en el procedimiento de jurisdicción voluntaria, los cuales se consideran fuera de juicio, para efecto de lo que dispone el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto sólo resulta procedente contra el acto que ponga fin a dicho procedimiento, salvo que se trate de actos de imposible reparación, debiendo observarse en todo caso el principio de definitividad. Así las cosas, el criterio mencionado resulta aplicable tratándose de las diligencias de información ad perpetuam, por tratarse de actos fuera de juicio; por tanto, el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en dicho procedimiento, y excepcionalmente cuando se traten de actos de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo anterior, por cuanto hace a su contenido, la tesis VI.2º.C.18 k (10ª.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN O CONTRA ACTOS INTERMEDIOS QUE SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Los medios preparatorios consisten en diligencias que preparan la acción para promover un juicio, generalmente preconstitutivas de pruebas, que si bien no forman parte del juicio, sí lo preparan. Ahora bien, en términos del artículo 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el juicio de protección de derechos humanos procede en la vía indirecta contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido. Por otro lado, en la jurisprudencia P./J. 50/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, página 5, de rubro: "ACTOS PREPARATORIOS DEL JUICIO O PREJUDICIALES. LAS RESOLUCIONES DICTADAS CON MOTIVO DE ELLOS, SON EMITIDAS FUERA DE JUICIO Y, POR ELLO, IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que si para los efectos del amparo, el juicio inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, entonces las resoluciones que se dictaran con motivo de los actos preparatorios o prejudiciales, se producen fuera del juicio, porque le preceden y, por tanto, en su contra es procedente el amparo indirecto. Sin embargo, en la ejecutoria de referencia no se definió el tema de si el amparo indirecto procede en contra de cualquier acto emitido en los medios preparatorios a juicio o si sólo contra la última resolución que se dicte en ellos. Así, de una interpretación sistemática e integral de las fracciones III, IV y V, del invocado artículo 107, se concluye que cuando se reclaman actos intraprocesales emitidos fuera de juicio, como los que se dictan en relación con la admisión, desechamiento y forma de desahogo de pruebas en los medios preparatorios que, por tanto, no constituyen la última resolución dictada en ellos, por identidad jurídica se aplica la regla general que impera tratándose de los actos, omisiones o resoluciones emitidas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en procedimientos seguidos en forma de juicio; así como en los actos dentro de juicio; y en los actos de ejecución de sentencia, incluidos los procedimientos de remate; en el sentido de que el amparo biinstancial procederá contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, salvo que ese acto intermedio tenga una ejecución que sea de imposible reparación, porque esta circunstancia permite su reclamación inmediata en el juicio de amparo indirecto." En ese sentido, cabe destacar que por actos de imposible reparación se entiende aquellos que afectan derechos sustantivos, que de acuerdo con la doctrina, son los que se identifican con los bienes de la vida, los cuales pueden considerarse sustantivos, por ejemplo los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil, la libertad personal, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, entre otros. Mientras que los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo; esto es, tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida. En ese orden de ideas, los actos de imposible reparación no incluyen violaciones formales, adjetivas o procesales, porque éstas inciden en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, en busca de un fallo favorable y, una vez alcanzado dicho objetivo, los efectos producidos se extinguen sin haber originado alguna afectación a los derechos sustantivos del gobernado ni a su esfera jurídica. Así, para que un acto se considere de esa índole necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. De modo que, aunque es verdad que el legislador instituyó como una regla de procedencia cuando se trata de actos emitidos fuera de juicio o después de concluido, debe considerarse que dichos actos cuando se emiten dentro de un procedimiento fuera de juicio o después de concluido, el juicio de amparo no puede proceder contra todos los actos de ese procedimiento sino contra aquella que le pone fin. En otras palabras, cuando los actos emitidos fuera de juicio o después de concluido emanan de un procedimiento jurisdiccional, el juicio de amparo procede contra la decisión que le pone fin a ese procedimiento, a menos que se trate de un acto intermedio que importe la posible violación de derechos fundamentales o la afectación a derechos sustantivos. Hasta aquí dichas premisas. SUBSUNCIÓN Ahora, el quejoso reclama el b). El proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, dictado en el expediente de jurisdicción voluntaria 7/2020 del índice del Juzgado Municipal, en Boca del Río, Veracruz, en el que se dio trámite a las diligencias de información ad perpetuam, promovidas por Víctor Manuel Machucho Pérez, para acreditar, justificar y notificar que es legítimo heredero de Clemente Cruz Juárez, como se justificó en la sucesión testamentaria 1963/2019/I del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Veracruz, Veracruz; así como que en su carácter de heredero requirió justificar en calidad de qué se encuentran arrendando los locales comerciales y un departamento relativos al inmueble ubicado en la calle avenida Ocho, esquina calle Tres, lote Ocho, colonia Carranza, en Boca del Río, Veracruz, inmueble que pertenece a la masa hereditaria de citado Clemente Cruz Juárez. Por tanto, es inconcuso que contra dicha determinación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, debido a que el acto reclamado únicamente viola derechos adjetivos dentro del procedimiento que conlleva a formalidades que no afectan de manera irreparable la esfera jurídica de la parte quejosa, pues se trata de un acto intraprocesal o intermedio emitido en dicho procedimiento no contencioso, que además de que no causa daño irreparable, tampoco constituye una resolución que le ponga fin. En efecto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, ya que la razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen de la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Explicado lo anterior, se puede válidamente afirmar que lo que reclama el quejoso en esta vía constitucional, se trata de un acto intraprocesal o intermedio, que no es de "imposible de reparación", cuyo concepto ha sido descrito por nuestro máximo tribunal y que en términos de los dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (tales como la vida, la libertad, la salud, la intimidad, la propiedad, la posesión, etcétera), al no poderse destruir sus efectos con posterioridad. Por tanto, si el acto reclamad es el auto que dio trámite a las diligencias de información ad perpetuam, promovidas por Víctor Manuel Machucho Pérez, para acreditar, justificar y notificar que es legítimo heredero de Clemente Cruz Juárez, como se justificó en la sucesión testamentaria 1963/2019/I del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Veracruz, Veracruz; así como que en su carácter de heredero requirió justificar en calidad de qué se encuentran arrendando los locales comerciales y un departamento relativos al inmueble ubicado en la calle avenida Ocho, esquina calle Tres, lote Ocho, colonia Carranza, en Boca del Río, Veracruz, inmueble que pertenece a la masa hereditaria de citado Clemente Cruz Juárez; entonces, tal acto es intraprocesal, pues no causa daño irreparable. Sirve de apoyo a esta determinación por las razones que las sustenta, la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Igualmente, tiene aplicación, por las razones que expone, la jurisprudencia IV.2o.C.J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXIII, relacionada con el diverso precepto 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio de amparo, con apoyo en el diverso 63, fracción V del ordenamiento jurídico invocado. Tercer motivo de improcedencia. También se estima que en relación al acto reclamado consistente en c). La notificación de veintinueve de octubre de dos mil veinte, realizada en cumplimiento a lo ordenado en los proveídos de dieciséis y veintisiete de octubre de dos mil veinte en el expediente de jurisdicción voluntaria 7/2020, sobreviene el diverso motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo que se considera así, en razón de que el quejoso no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, como enseguida se verá. PREMISAS NORMATIVAS El aludido artículo de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". El precepto transcrito consigna el mencionado "principio de definitividad" que rige el juicio constitucional, que no es otra cosa que la improcedencia del mismo ante autos recurribles, mediante recursos ordinarios ante las autoridades del orden común; salvo los casos de excepción establecidos en ese mismo precepto y en la jurisprudencia. Del análisis de las fracciones a) a la c) se desprende el reconocimiento de que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, de manera que antes de promoverlo, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa previstos por la ley común que tenga al alcance, para modificar o revocar el acto que le causa perjuicio; ya que de lo contrario la acción constitucional sería improcedente. Aunado a ello, el precepto transcrito, en su último párrafo, contiene una disposición que implica un cambio notable en la configuración del principio de definitividad, porque reconoce el derecho del quejoso de acudir al juicio constitucional sin tener que agotar algún recurso o medio de defensa, si la procedencia de éste es dudosa. Es decir, incorpora la doctrina del recurso de "dudosa procedencia" según la cual, la misma existe cuando la idoneidad de un recurso o medio de defensa no se puede establecer a primera vista del precepto que lo establece, sin que sea necesario realizar algún tipo de interpretación. Por otro lado, los artículos 55 y 90 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, disponen: "ARTÍCULO 55. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo V del Título Segundo, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviere legítimamente hecha. La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente en que haya intervenido el interesado en solicitar la nulidad, pues de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho; con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. La tramitación de los incidentes de nulidad no suspenderá el curso de los juicios." "ARTÍCULO 90. El incidente de nulidad que se promueva por defecto en las notificaciones, se substanciará ante el mismo juez o magistrado que conozca del negocio. Si la parte contraria estuviere conforme, se declarará desde luego la nulidad de lo actuado desde la notificación hecha indebidamente. Si no estuviere conforme, se convocará a una audiencia que tendrá verificativo a más tardar dentro de cinco días, en la que los interesados pueden presentar las pruebas que tuvieren. En la misma audiencia se resolverá lo que procediere en justicia. En el caso de que proceda la nulidad, se impondrá al responsable una multa equivalente, como máximo, a diez días de salario que devengue el servidor público y se le condenará al pago de los gastos y costas." De los artículos transcritos se desprende, que el incidente de nulidad de notificaciones tiene por objeto determinar si la notificación combatida fue hecha o no de acuerdo con las formalidades previstas en el Capítulo V, del Título Segundo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz; mientras que la consecuencia, es la nulidad de lo actuado desde la notificación realizada indebidamente. Hasta aquí dichas premisas. SUBSUNCIÓN En esas condiciones, es inconcuso que contra la notificación de veintinueve de octubre de dos mil veinte, realizada en cumplimiento a lo ordenado en los proveídos de dieciséis y veintisiete de octubre de dos mil veinte en el expediente de jurisdicción voluntaria 7/2020; previo a instar la acción constitucional, el solicitante del amparo debió agotar el incidente ordinario mencionado en el apartado de premisas precedente, máxime que es interpelado en el expediente natural, por lo que conocía del expediente de origen al haber sido notificado a él. De allí, que si no hizo valer sus derechos a través de esa vía ordinaria de defensa, resulta innegable que no podía acudir ante la instancia constitucional, por no haber agotado el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, lo que motiva que se concrete el motivo de improcedencia aquí analizado. CONCLUSIÓN En consecuencia, al actualizarse los motivos de improcedencia antes analizados, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Sin que sea necesario analizar los argumentos alegados por el impetrante de amparo, pues al actualizarse de manera indudable las causas de sobreseimiento invocadas, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto, puesto que éste sólo puede estudiarse de resultar procedente el juicio de amparo, según la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, y 75 de la aplicable Ley de Amparo y demás relativos a la ley de la materia; se, RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo 234/2021 promovido por Irving Cruz Reyes, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución.Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de la 3. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Municipal, con sede en Boca del Río, Veracruz; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. De igual manera, con fundamento en el artículo 119 la Ley de Amparo, téngase como pruebas de su parte, las documentales que anexa a su informe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del artículo 124 de la ley de la materia. Ahora, dado lo voluminoso de las constancias que anexa como justificación de su informe el juez responsable, fórmese un cuaderno de pruebas, para el mejor manejo del presente asunto. Notifíquese en términos de ley.
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