Irving Colín Hernández

Expediente 244/2018 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 18 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
244/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
14/12/2018

Partes del expediente

  • Luis Francisco Molina Jaimes
  • Jorge Garduño González
  • Irving Colín Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Queja

    A sus autos el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad oficiante acusa recibo del diverso con el que se le remitió testimonio de la resolución dictada en el presente recurso, así como las constancias ahí descritas. Vista la certificación de cuenta, archívese como asunto concluido, previas las anotaciones de ley en el libro respectivo. Se concluye que este expediente es susceptible de ser DEPURABLE, pues no contiene relevancia documental ni documentos originales.

  2. Queja

    1. Atento a lo anterior, debía considerarse lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley sobre el Contrato de Seguro que establece: Artículo 116.- La empresa podrá adquirir los efectos salvados, siempre que abone al asegurado su valor real según estimación pericial. Podrá también reponer o reparar a satisfacción del asegurado la cosa asegurada, liberándose así de la indemnización. 2. Refirió, en términos del precepto legal antes indicado, para satisfacer la prestación reclamada en el inciso b), resultaba necesaria la realización de peritajes, que deduzcan la estimación del valor a liquidar, o en su defecto, la posibilidad de reponer o reparar el vehículo objeto del seguro. 3. Estudios periciales que debían realizarse para determinar el valor comercial de la unidad siniestrada, pues así se fijó en la póliza **********, específicamente, en el rubro denominado "límite máximo de responsabilidad", vinculado a la cobertura de "daños materiales". 4. De ahí que, reiteró, sería en ejecución de sentencia, que deberán exhibirse los estudios periciales correspondientes y liquidarse dicha prestación; determinación queue sustentó, por analogía, en la jurisprudencia: "SEGUROS. NATURALEZA DE LA INDEMNIZACIÓN QUE LAS INSTITUCIONES RELATIVAS PAGAN COMO CONSECUENCIA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SINIESTRO". 5. Luego, señaló, la prestación marcada con el inciso c) era improcedente, ya que en la póliza no se advertía, de entre las coberturas contratadas, que se hubiera particularizado el reembolso por parte de la enjuiciada, respecto de gastos realizados por la asegurada; de ahí que debía absolverse a la enjuiciada de este reclamo. 6. Por otro lado, la prestación marcada con el inciso d), relativo al pago de una indemnización por concepto de mora; resultaba procedente, conforme a lo previsto en el artículo 276 de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, el cual citó , y señaló que al haber quedado plenamente acreditado, que la aseguradora demandada no cumplió con las obligaciones asumidas en el contrato de seguro, pues al hacerse legalmente exigibles debía pagar a su contraparte una indemnización por mora, cuantificable en ejecución de sentencia, conforme a la bases siguientes: 1.- Una vez determinado por peritos, el monto del valor comercial de la unidad asegurada en moneda nacional, deberá denominarse en Unidades de Inversión al valor de estas en la fecha del vencimiento del plazo; en el particular, treinta días siguientes al diecisiete de julio de dos mil quince, en que se interpeló a la demandada mediante el procedimiento de reclamación ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 2.- El pago se hará en moneda nacional al valor que las unidades de inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo, de conformidad con el párrafo segundo de la fracción VIII del artículo 276 de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 3.- La institución, deberá pagar además, un interés moratorio sobre la obligación denominada en Unidades de Inversión, el cual se capitalizará mensualmente y cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en Unidades de Inversión de las instituciones de banca múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. 7. Puntos que servirían de base para cuantificar dicha indemnización. 8. La prestación marcada con el inciso e), consistente en la constitución de una reserva legal a cargo de la demandada, resultaba improcedente, en la medida en que la pretendida reserva legal contemplada en los artículos 216 y 217 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, es con el fin de cubrir el valor esperado de las obligaciones futuras derivadas del pago de siniestros, beneficios, valores garantizados, dividendos, gastos de adquisición y administración, así como cualquier otra obligación futura derivada de los contratos de seguro; sin embargo, en el caso concreto, quedó probado que la vigencia de la póliza ********** fue a partir de las doce horas del día treinta de julio de dos mil once a las doce horas del treinta de julio de dos mil doce, de lo que podía deducirse la imposibilidad de condenar reserva sobre futuro, cuando la vigencia del seguro se encontraba extinta. De ahí que debía absolverse a la demandada de tal prestación. 9. Excepciones. En cuanto a las excepciones, independiente de la obligación de la actora, consistente en probar los hechos constitutivos de su acción, a fin de colmar el principio de completitud contenido en el artículo 17 constitucional, debían examinarse el resto de las excepciones propuestas por la demandada. 10. La excepción de liberación de la obligación, vinculada al artículo 111 de la Ley sobre el Contrato de Seguro resultaba inatendible, en razón de que a fin de liberarse en todo o en parte de sus obligaciones, la demandada omitió probar que existiera la posibilidad de subrogarse en relación con daños sufridos por terceros, que correspondan al asegurado; con mayor razón cuando ha sido condenada al pago, por estimación pericial, del valor comercial de la unidad siniestrada; por lo que en la especie, no se actualizaba la hipótesis de la subrogación en el particular y debía absolverse a la aseguradora demandada. 11. La obscuridad de la demanda y sine actione agis, igualmente resultaron inatendibles, pues en relación con la primera, no existió irregularidad en el escrito inicial, pues la excepcionante dio contestación en tiempo y forma a todas y cada una de las prestaciones y hechos que la actora presentó; y en cuanto a la segunda, no se trataba de una excepción, ya que se refiere a la carga de la prueba. 12. La de cobro indebido que intentó y relacionó con la diversa de falta de legitimación activa de la actora, fue resuelta infundada, de acuerdo con las consideraciones anteriores, por lo que igualmente devenía infundada. 13. Por último, la que sustentó en lo previsto por el artículo 78 del Código de Comercio era improcedente en la forma propuesta, ya que la refirió al incumplimiento de lo pactado por la actora y al respecto, debía precisarse que conforme a estudio de fondo del asunto, está basado en la forma y términos del contrato de seguro póliza ********** y las condiciones generales exhibidas por esta parte en el expediente de reclamación; sin embargo, contrariamente al argumento en que la demandada sostiene esta excepción, como se resolvió fue esta quien incumplió las obligaciones contraídas correspondientes a las coberturas contratadas. 14. Pago de costas. Conforme a lo previsto en el artículo 1084 del Código de Comercio , no solo debían considerarse las sanciones antes resumidas para la condena de costas, pues no debía soslayarse que en el presente asunto se resolvió el incumplimiento de un contrato por parte de la demandada, ante lo cual debía considerarse la procedencia o no del pago de costas, en razón de la falta por parte de la demandada a la obligación contratada. 15. En ese contexto, para estar en aptitud de resolver lo procedente, debía partirse del probado incumplimiento de las obligaciones contractuales que a la demandada correspondían, respecto del contrato de seguro póliza **********, que concluyeron en la plasmada en párrafos que anteceden. 16. Asimismo, debía considerarse que se resolvía un juicio ordinario mercantil, regulado sustancialmente por el Código de Comercio, que no contempla la acción de cumplimiento o incumplimiento de obligaciones contractuales, ejercitada por la actora, lo cual apuntaba a que debía tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 81 del Código de Comercio. 17. Lo anterior, pues tal precepto contempla la aplicabilidad a los actos de comercio, de las disposiciones del derecho civil relativas a las causas que rescinden los contratos, al no encontrarse disposición legal alguna en la del mismo ordenamiento, conducente a la acción rescisoria derivada del incumplimiento de alguno de los contratantes. 18. En consecuencia, al tratarse de un aspecto sustantivo el probado incumplimiento por parte de la demandada, respecto de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro póliza **********, con fundamento en los artículos 2° y 81 el Código de Comercio, resultaba aplicable lo dispuesto en el numeral 1084 de la misma legislación mercantil y, lo previsto en el artículo 2118 del Código Civil Federal, los cuales invoco. 19. Era de esa manera, ya que se estaba ante una condena en costas, que debía imponerse, de acuerdo con lo previsto en artículo 1084 del Código de Comercio que señala: "cuando así lo prevenga la ley"; lo cual implicaba atender leyes aplicables a la legislación mercantil, como la sanción establecida en el artículo 2118 del Código Civil Federal. 20. En ese contexto, era dable concluir que **********, debía ser condenada a pagar las costas demandadas en primera instancia, cuya cuantificación se haría en ejecución de sentencia, además, como no se actualizaba ningún supuesto del numeral 1084 del Código de Comercio, no era dable hacer condena de costas en segunda instancia. 21. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación La aseguradora quejosa después de reproducir en lo conducente consideraciones de la sentencia reclamada, relativas a la interrupción de la prescripción, expresa que son carentes de lógica y sustento jurídico, trasgrediendo en su perjuicio y en beneficio del actor, el principio de igualdad y de equidad, dado que acorde a lo sostenido por el Máximo Tribunal en materia de prescripción de seguros no hay supletoriedad; y en el caso atendiendo a que la figura de la prescripción se encuentra explícitamente prevista en la Ley sobre el Contrato de Seguro es inaplicable dicha suplencia e invoca la tesis de la Tercera Sala de rubro: "SEGURO, EN MATERIA. DE PRESCRIPCIÓN NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL CODIGO CIVIL A LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE." 22. Expresa, suponiendo sin conceder que, los preceptos legales invocados por la responsable y en los cuales sustentó el acto reclamado, (1041 del Código de Comercio y 2080 del Código Civil Federal), sean aplicables, realizó una mala interpretación de ellos, ya que refieren que la prescripción se interrumpe a través de la interpelación judicial, entendida como el requerimiento para el pago de una deuda o para el cumplimiento de una obligación que es dirigido por el acreedor o su representante a su deudor, además establecen que esa interpelación puede realizarse de dos formas: 1) judicial o 2) extrajudicialmente; de ahí que en ese contexto la interpelación judicial es aquella a través de la cual se requiere la intervención del juez y la extrajudicial aquella en la cual no se requiere y se puede realizar ante notario o ante dos testigos. 23. Agrega, de todos los documentos exhibidos por la parte actora no existe alguno que acredite fehacientemente que la actora realizó la interpelación judicial y/o extrajudicialmente (ante notario o ante dos testigos), en términos de los preceptos legales invocados por la responsable; de ahi que sustentó su resolución en esos preceptos legales, debió analizar la existencia de dicha interpelación; lo cual no ocurrió, dado que no existe interpelación judicial o extrajudicial alguna; limitándose la sala a realizar un análisis de diversas constancias que estimó suficientes para acreditar su existencia, pasando por alto los requisitos que la misma debe de reunir, de ahí que aun cuando no son aplicables esos artículos, por tener la Ley sobre el Contrato de Seguros regulación expresa, de manera errónea consideró que son suficientes los correos enviados entre las partes, sin sustentar ni fundar el por qué son suficientes; motivos por los cuales dicha resolución le causa agravio. 24. Máxime que, la interpelación judicial y/o extrajudicial, es el medio por el cual se puede determinar el periodo a través del cual se puede computar la prescripción, en términos de la propia tesis invocada por la sala de rubro: "SEGUROS. LA INTERPELACIÓN DE PAGO HECHA A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2080 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, ES UN REQUERIMIENTO ANÁLOGO A LOS MEDIOS ORDINARIOS DE RECLAMACIÓN DE PAGO DEL SEGURO, APTO PARA INTERRUMPIR LA PRESCRIPCIÓN". 25. De ahí que al no haber realizado la actora la interpelación conforme el artículo 2080 del Código Civil Federal, es decir, judicialmente o extrajudicialmente ante notario y/o dos testigos, no podía tenerla por acreditada, razón por la cual la sala emitió una resolución incongruente y carente de sustento jurídico, dado que no se desprende documento alguno que acredite dicha interpelación judicial. 26. En su segundo concepto de violación, la quejosa tras citar las consideraciones de la sala responsable por las cuales estimó que el procedimiento de reclamacion constituye una causa de interrupción de la prescripción, y por ende, la excepción opuesta en ese sentido era improcedente, señala que dichas manifestaciones son improcedente y carentes de lógica y sustento jurídico, dado que como anteriormente lo manifestó, en materia de seguros no es aplicable la supletoriedad, de preceptos legales y se desprende que la única manera para interrumpir la prescripción referida en el artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguros, y que la ley permite como medio de impugnación, lo es la presentación de la reclamación ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros contra actos de las instituciones, siendo esta la idónea para suspender el plazo prescriptivo para ejercer la acción de pago correspondiente, ya que surge con motivo del derecho que tiene el usuario de los servicios financieros ante la negativa, evasión u omisión de la entidad para efectuar el pago respectivo y cuya naturaleza deriva de la interpretación de dicho ordenamiento. 27. En tal virtud, agrega, la promovida ante una institución financiera, para hacer efectivo el pago derivado del cumplimiento de algún contrato de seguro no suspende el plazo referido; de ahí que la actora al haber presentado su reclamación ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, tres años, tres meses posteriores a que ocurrió el siniestro, es evidente que en ningún momento interrumpió la prescripción. 28. Por ende, culmina que las actuaciones realizadas ante la citada comisión son nulas atendiendo a que la a acción ya se encontraba prescrita; lo cual se sustenta con lo referido por la actora en su demanda inicial, donde sostuvo que el cuatro de abril de dos mil doce, se actualizó el siniestro (accidente del tractocamión asegurado), por lo que se tiene que a partir de esa fecha empezó a correr el término de los dos años referido en el artículo 81 de la ley de seguros, esto es, del cinco de abril de dos mil doce, al cinco de abril del dos mil catorce; de tal suerte que los dos años para que operara la prescripción fue hasta esta última fecha. 29. Por tanto, concluye que si la presentación de la reclamación ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ocurrió hasta el diecisiete de julio de dos mil quince, conforme las propias documentales exhibidas por la actora y sus manifestaciones hechas, transcurrieron más de dos años, y por ello, la acción ejercitada en su contra está prescrita y citó en apoyo a sus argumentos los criterios judiciales de títulos: "RECLAMACIÓN. LA PROMOVIDA ANTE UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA, PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DERIVADO DEL CUMPLIMIENTO DE ALGÚN CONTRATO DE SEGURO NO SUSPENDE EL PLAZO PRESCRIPTIVO PARA EJERCER DICHA ACCIÓN"; "PRESCRIPCIÓN. TÉRMINO DURANTE EL CUAL SE INTERRUMPE. LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS"; "CONTRATO DE SEGURO. MOMENTO EN QUE EMPIEZA A CONTAR EL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE"; "PRESCRIPCIÓN, EN EL CONTRATO DE SEGURO. NO ES APLICABLE EL ARTÍCULO 1047 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SINO EL DIVERSO 81 DE LA LEY QUE LO RIGE"; "CONTRATO DE SEGURO. MOMENTO EN QUE EMPIEZA A CONTAR EL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE" (la cita en dos ocasiones); "SEGURO, PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE. INTERRUPCIÓN"; y, "PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY RELATIVA. SI EL ÚLTIMO DÍA PARA QUE OPERE ES INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE." 30. En consecuencia, refiere que la actora en ningún momento interrumpió la prescripción a través de medio idóneo para ello, mucho menos acreditó haber realizado la interpelación judicial en la forma y términos previstos en el artículo 2080 del Código Civil Federal; por ende, reitera que la acción ejercitada en su contra está prescrita desde el cinco de abril de dos mil catorce y las actuaciones realizadas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros son nulas, puesto que no acreditan la procedencia de la acción ni la interrupción de la prescripción, lo que produce la liberación de la obligación en favor del deudor, sin que exista razón fundada para se haga la declaración de prescripción correspondiente. 31. Finalmente, expresa que de las constancias procesales se desprende que al momento del siniestro, por medio de su ajustador se atendió el accidente y por ello tuvo conocimiento de tal hecho; circunstancia que conlleva que a partir de esa fecha empieza a correr el término para la prescripción; sin que de autos se desprenda documento alguno de lo contrario; y al no haberse presentado reclamación alguna en los términos previstos por la ley aplicable fin de interrumpir la prescripción, ni haberse acreditado si fuera el caso, que se realizó interpelación en los términos que prevé el artículo 2080 del Código Civil Federal; la acción ejercitada está prescrita y no se adecua a lo previsto por los artículos 1325 y 1326 del Código de Comercio. 32. Contestación a los conceptos de violación. Son substancialmente fundados los anteriores conceptos de violación y suficientes para conceder el amparo, por lo que no se estudiarán los restantes. 33. En efecto, recapitulando el juez de primera instancia tuvo por acreditada la excepción de prescripción de la accion, ya que en términos del artículo 81, fraccion II, de la Ley sobre el Contrato de Seguros, todas las acciones que se deriven de un contrato de seguro prescribirán en dos años y en todos los casos serán contados desde la fecha del acontecimiento que les dio origen, y en la especie, si el accidente amparado en la poliza ********** ocurrió el cuatro de abril de dos mil doce, el plazo para ejercer la acción corrió del día siguiente al cinco de abril de dos mil catorce; de ahí que si la demanda se presentó el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, ya se había consumado la prescripción. 34. Asimismo, estimó que la reclamación presentada por la actora ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, fue extemporánea, ya que la formuló hasta el diecisiete de julio de dos mil quince, esto es, tres años tres meses después del siniestro, cuando había ocurrido la prescripción. 35. Finalmente, resolvió que la prescripción conforme al artículo 81 de la citada ley, en todos los casos será contada desde la fecha del acontecimiento que les dio origen y no a partir de la fecha en que trató hacer valer la actora, esto es, ante la negativa de la demandada a la reclamación la cual tuvo verificativo el cinco de noviembre de dos mil catorce. 36. Por su parte, la sala responsable señaló que del entorno a la figura de la prescripción de la acción, eran aplicables al caso concreto los artículos 81, 82 y 84, de la Ley sobre el Contrato de Seguro; 41 del Código de Comercio, 50 bis y 66 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; y, 2080 del Código Civil Federal. 37. También, estimó que opuestamente a lo aseverado por la aseguradora demandada, no era dable computar para la prescripción la fecha del siniestro ocurrido el cuatro de abril de dos mil doce; ya que una interpretación sistemática de los artículos 81, fracción II y 84 de la Ley sobre el Contrato de Seguros; 1041 del Código de Comercio y 2080 del Código Civil Federal, las múltiples gestiones realizadas por ambas partes, (comunicaciones de correo y bitácora 7416472 de **********), denotaban la existencia de circunstancias que rompían como fecha para computar la prescripción, el día que ocurrió el siniestro, eventos extraordinarios como el relativo a que la enjuiciada proporcionó a la parte asegurada el apoyo de **********, para atender las gestiones en torno a la liberación del vehículo y la asistencia jurídica ante el Ministerio Público, entre otras, las cuales fueron continuas y cronológicas durante el periodo que la aseguradora afirmaba, que había prescrito la acción; gestiones que se traducían en la interrupción de la prescripción de la acción, porque no se abandonó el derecho derivado del contrato de seguro. 38. Además, porque en términos del artículo 66 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la existencia del procedimiento de reclamación, constituye una causa de interrupción de la prescripción, ya que desde el inicio del procedimiento en mención, diecisiete de julio de dos mil quince, hasta su resolución, emitida el veinticuatro de septiembre de esa anualidad, el plazo para prescribir se encontraba interrumpido; debido a lo cual, el cómputo comenzó a correr a partir de la última fecha referida, la cual confrontada con el día veinte de septiembre de dos mil dieciséis, en que se promovió el juicio, hacía evidente la inexistencia de la prescripción, por ende, la excepción es improcedente. 39. Ahora bien, como se advierte de los conceptos de violación en estudio la aseguradora quejosa aduce que la sala responsable indebidamente aplicó supletoriamente los preceptos legales en que sustentó el acto reclamado, puesto que la figura está explícitamente prevista en la Ley sobre el Contrato de Seguro, además que los numerales 1041 del Código de Comercio y 2080 del Código Civil Federal, refieren que la prescripción se interrumpe a través de la interpelación, ya sea judicial o extrajudicialmente, la primera con la intervención del juez, y la segunda ante notario o ante dos testigos, y en el caso, no existe ninguna interpelación, por lo que la sala erróneamente consideró suficientes las pruebas que citó para decretar la improcedencia de la prescripción. 40. Además, la reclamación presentada ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tampoco interrumpe la prescripción, ya que la presentó tres años y tres meses posteriores al siniestro, de ahí que es nula atento a que la acción se encontraba prescrita en términos del artículo 81 de la ley de seguros. 41. Precisado lo anterior se estima incorrecto lo considerado por la sala por lo siguiente: 42. La figura de la prescripción prevista en la Ley sobre el Contrato de Seguro, se encuentra regulada en su capítulo V, de los artículos 81 a 84, que establecen: "ARTÍCULO 81. Todas las acciones que se deriven de un contrato de seguro prescribirán: I.- En cinco años, tratándose de la cobertura de fallecimiento en los seguros de vida. II.- En dos años, en los demás casos. En todos los casos, los plazos serán contados desde la fecha del acontecimiento que les dio origen. ARTÍCULO 82. El plazo de que trata el artículo anterior no correrá en caso de omisión, falsas o inexactas declaraciones sobre el riesgo corrido, sino desde el día en que la empresa haya tenido conocimiento de él; y si se trata de la realización del siniestro, desde el día en que haya llegado a conocimiento de los interesados, quienes deberán demostrar que hasta entonces ignoraban dicha realización. Tratándose de terceros beneficiarios se necesitará, además, que éstos tengan conocimiento del derecho constituido a su favor. ARTÍCULO 83. Es nulo el pacto que abrevie o extienda el plazo de prescripción fijado en los artículos anteriores. ARTÍCULO 84. Además de las causas ordinarias de interrupción de la prescripción, ésta se interrumpirá por el nombramiento de peritos con motivo de la realización del siniestro, y tratándose de la acción en pago de la prima, por el requerimiento de pago. 150. Como se aprecia, el artículo 81 de la ley en comento, establece que las acciones que se deriven de un contrato de seguro, prescribirán en dos años (establece, además, que cuando se trate de la cobertura de fallecimiento en los seguros de vida, prescribirán en cinco años), y que en todos los casos, los plazos serán contados desde la fecha del acontecimiento que les dio origen. 151. El numeral 82 del mismo ordenamiento legal, establece que el plazo de prescripción no correrá en caso de omisión, falsas o inexactas declaraciones sobre el riesgo corrido, sino desde el día en que la empresa haya tenido conocimiento de él; y si se trata de la realización del siniestro, desde el día en que haya llegado a conocimiento de los interesados, quienes deberán demostrar que hasta entonces ignoraban dicha realización. 152. Por su parte, el artículo 83 señala que es nulo el pacto que abrevie o extienda el plazo de prescripción fijado en los artículos anteriores. 153. Finalmente, el artículo 84 establece que además de las causas ordinarias de interrupción de la prescripción, esta se interrumpirá por el nombramiento de peritos con motivo de la realización del siniestro, y tratándose de la acción en pago de la prima, por el requerimiento de pago. 154. Ahora bien, precisado, por lo anterior, cabe señalar que tal como lo argumenta la quejosa tratándose de la figura jurídica de la prescripción se encuentra explícitamente prevista en la ley, así como el inició del plazo para su cómputo, pues tratándose de las acciones que deriven del contrato de seguro, en todos los casos comenzará a contarse a partir del acontecimiento que les dio origen. 155. En esa tesitura, toda vez que la Ley sobre el Contrato de Seguro, sí contempla el momento del inicio de la institución de la prescripción de manera clara y precisa, por ello no existe omisión que haga necesaria la aplicación de otras normas para solucionar la controversia o problema jurídico planteado. 156. En cambio, tratándose de la interrupción de la prescripción no es específica en el sentido de determinar cuáles son esas causas ordinarias que también interrumpen la prescripción. 157. En efecto, como se aprecia de los numerales citados, la Ley Sobre el Contrato de Seguro, en su artículo 84 señala que además de las causas ordinarias de interrupción de la prescripción, se interrumpe por el nombramiento de peritos con motivo de la realización del siniestro, y tratándose de la acción en pago de la prima, por el requerimiento de pago; sin embargo, dicha legislación, no es explícita en el sentido de determinar cuáles son esas causas ordinarias que también interrumpen la prescripción; de ahí que sí opera la supletoriedad. 158. Es así, porque para que opere la supletoriedad la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate . 159. De acuerdo con lo anterior, para que opere la supletoriedad, el ordenamiento legal a suplir debe establecer expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o bien, que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos, o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente. 160. En el caso particular, la Ley sobre el Contrato de Seguro no contempla expresamente alguna ley aplicable de manera supletoria; sin embargo, el artículo 1054 del Código de Comercio señala que los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones del libro quinto de ese código y, en su defecto, se aplicara supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera la ley de procedimientos local respectiva. 161. Asimismo, el numeral 1° del Código de Comercio, establece textualmente que los actos comerciales solo se regirán por lo dispuesto en dicho código y las demás leyes mercantiles aplicables; mientras que el numeral 75, fracción XVI, del propio ordenamiento legal dispone que el contrato de seguro se considera un acto comercial; por tanto, de una interpretación sistemática de esos numérales, se advierte que el Código de Comercio es aplicable supletoriamente a la Ley sobre el Contrato de Seguro, al regular esta última legislación un acto comercial . 162. No obstante, es de advertir que la Ley Sobre el Contrato de Seguro prevé la figura de la prescripción, lo cierto es, como se dijo con antelación, que la misma no contempla cuáles son esos supuestos o causas ordinarias que la interrumpen, razón por la cual es necesario ponderar lo que al efecto disponen, en tratándose de interrupción de la prescripción los numerales 84 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro; 1041 del Código de Comercio, 2080 del Código Civil Federal y 66 de la Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros, aplicados en la sentencia reclamada. 163. Dichos numerales son del tenor siguiente: "Artículo 84.- Además de las causas ordinarias de interrupción de la prescripción, ésta se interrumpirá por el nombramiento de peritos con motivo de la realización del siniestro, y tratándose de la acción en pago de la prima, por el requerimiento de pago. Artículo 1041.- La prescripción se interrumpirá por la demanda u otro cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor, por el reconocimiento de las obligaciones o por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor. Se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial si el actor desistiese de ella o fuese desestimada su demanda. Artículo 2080.- Si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los treinta días siguientes a la interpelación que se haga, ya judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante un notario o ante dos testigos. Tratándose de obligaciones de hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. "Artículo 66. La reclamación que reúna los requisitos señalados, por su sola presentación, interrumpirá la prescripción de las acciones legales correspondientes, hasta que concluya el procedimiento." 164. Dichos preceptos, son claros al instaurar que la prescripción se interrumpirá, entre otros supuestos, por el nombramiento de peritos con motivo de la realización del siniestro y tratándose de la acción e pago de la prima, por el requerimiento del pago, por la interpelación judicial, el reconocimiento de las obligaciones, o la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor; la interpelación que se haga, ya judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante un notario o ante dos testigos; y, cuando la reclamación que reúna los requisitos señalados en el artículo 65, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros las cuales por su sola presentación, interrumpirá la prescripción de las acciones legales correspondientes, hasta que concluya el procedimiento. 165. Precisado lo anterior, este tribunal estima que en la especie no se actualiza alguno de los citados supuestos para que se interrumpa la prescripción de la acción, como lo consideró en su momento el juez natural, toda vez que las pruebas señaladas por la autoridad responsable, no se advierte la existencia de documento alguno que demuestre que se haya hecho el nombramiento de peritos con motivo del siniestro, la existencia de una interpelación judicial o extrajudicial alguna, tampoco el reconocimiento de las obligaciones, ya que si bien existen documentos encaminados al cumplimiento de la póliza contratada, y asistencia derivado del siniestro ocurrido; sin embargo, no existe prueba que acredite el reconocimiento de la obligación de pago del accidente ocurrido, tan es así que la aseguradora demandada comunicó su negativa el quince de noviembre de dos mil catorce, bajo el argumento que la reclamación no fue presentada en tiempo, lo que denota la falta de reconocimiento por parte de la quejosa. 166. En esa tesitura, si bien el numeral 50 bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, las reclamaciones que realicen los asegurados ante la unidad especializada de la compañía demandada, constituyen una interrupción del plazo prescriptivo, ya que estas son idóneas y suficientes para demostrar el interés del asegurado de hacer valer y mantener vigentes sus derechos frente a la aseguradora, además de que conforme a lo previsto en el artículo 66 de esa ley, son causa de interrupción de la prescripción; sin embargo, la presentada en el juicio se presentó el diecisiete de julio de dos mil quince, mientras el siniestro ocurrió el cuatro de abril de dos mil doce, esto es, fuera del término de dos años, previsto en el numeral 65 del ordenamiento en mención. 167. Sin que en la especie obre documento alguno en el cual el acreedor hizo saber al obligado, ya sea ante notario o dos testigos que existe un incumplimiento y deba hacer el pago correspondiente, derivado del contrato de seguro y motivado por el siniestro ocurrido al vehículo de la parte actora, como lo exige el numeral 2080 del Código Civil Federal. 168. En ese orden de ideas, es evidente que el término prescriptivo a que alude el artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, inició a partir del momento del siniestro que fue el cuatro de abril de dos mil doce; de ahí que si se presentó la demanda de origen el veinte de septiembre de dos mil dieciséis; y no obra constancia que interrumpa dicho término, de ello se colige que transcurrieron los dos años a que se refiere el citado precepto para ejercitar su derecho, por lo que la acción se encuentra prescrita. 169. En esta tesitura, al no considerarlo de esa forma la responsable, es claro que el acto reclamado transgrede los derechos fundamentales de la quejosa y, por tanto, procede conceder el amparo para el efecto de que la sala responsable: 1.- Deje insubsistente el acto reclamado. 2.- Emita uno nuevo en el que, atendiendo a las consideraciones expuestas en esta ejecutoria, considere que la acción instada se encuentra prescrita. 3.- Hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda. 170. OCTAVO. Amparo adhesivo. **********, **********, por conducto de su apoderado **********, menciona que promueve la demanda de amparo directo adhesivo a fin de fortalecer las consideraciones vertidas por la autoridad responsable en la sentencia que constituye el acto reclamado a fin de que subsista al haber sido dictada conforme a derecho. 171. Al respecto menciona, que la sentencia reclamada es ajustada al contenido de los artículos 14, 16 y 17 constitucionales porque resolvió la controversia con apego a la legislación mercantil aplicable al caso e hizo valer los fundamentos legales en los cuales basó su decisión, por ello, son infundados e inoperantes los conceptos de violación de la quejosa principal, además que de la demanda se aprecia una ausencia de argumentos lógicos y jurídicos tendientes a desvirtuar los argumentos y fundamentos de fondo que sirvieron a la autoridad responsable para resolver fundados y suficientes los agravios hechos valer por mi representada y en consecuencia revocar la sentencia del juez; sentencia que tiene la presunción legal de haber sido dictada conforme a derecho e invoca los criterios: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA." y "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON LOS QUE SE SUSTENTAN EN SITUACIONES, CONSTANCIAS O PRUEBAS INEXISTENTES EN LOS AUTOS DE LOS QUE DERIVÓ EL ACTO RECLAMADO." 172. Indica a fin de reforzar los argumentos y fundamentos de la autoridad responsable señala que el primer concepto de violación la parte quejosa principal, lo sustenta en una tesis aislada con número de registro 387722 de fecha dos de febrero de mil novecientos setenta y siete, lo que denota lo inoperantes de los conceptos de violación puesto que los sustenta en un criterio obsoleto e inaplicable y no controvierte los argumentos de la sentencia que constituye el acto reclamado. 173. En torno al segundo de los conceptos de violación señala que aun cuando es extenso, en el fondo se trata de meras transcripciones de la sentencia combatida, cita de preceptos legales y criterios de jurisprudencia; sin embargo, no contiene argumento lógico jurídico alguno tendente a demostrar que la sentencia reclamada sea inconstitucional, y no destruye lo considerado por la responsable para declarar infundada la excepción de prescripción, por lo que deben declararse infundados. 174. Añade, que la decisión de la responsable encuentra sustento en los artículos 1324, 1292, 1327, 1329 del Código de Comercio, 48, 50 y 78 de la Ley del Contrato de Seguro, 65 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en relación con los artículos 1º, 14, 16 y 17 constitucionales, porque como lo estimó la responsable, la excepción de prescripción es infundada, porque se sustentó en el hecho de que a partir del siniestro ocurrido (cuatro de abril de dos mil doce), se debe contabilizar el plazo de dos años referido en el artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguros; sin embargo, como se hizo notar al juez y la sala dicha excepción está sustentada en una interpretación maliciosa, dado que de la lectura del precepto tenemos que el término de prescripción no surge de la fecha de la actualización del siniestro, sino desde la fecha en que tiene lugar los hechos que dan origen a la reclamación del cumplimiento del contrato de seguro, es decir, hasta que conoció el rechazo del siniestro por parte de la compañía demandada, siendo ese el punto de partida de los hechos que motivan la reclamación, tal y como se aprecia incluso de las copias de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, dado que de otra forma no hubiera dado trámite a la reclamación que hizo valer, lo cual fue correctamente valorado por la sala al sustentar que las diversas actuaciones interrumpieron el plazo de prescripción. 175. Lo anterior, porque la aseguradora hizo entrega del formato respectivo, además, la actora le comunicó a la compañía de seguros la obtención del oficio de liberación e incluso se le hizo entrega nuevamente de la póliza y copia de licencia, a fin de que procediera a la liberación de la unidad y al pago se servicio de dos grúas, maniobra, arrastre y almacenaje de la unidad siniestrada, tal y como se narró del escrito inicial de demanda, incluso la compañía de seguros, en virtud de la reclamación formal procedió a brindar atención médica al conductor del vehículo, realizó el pago de los daños materiales sufridos al camino, lo que se acredita con los documentos y narraciones hechas al dar respuesta formal a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; argumentos que de ninguna manera son controvertidas por la parte quejosa, por lo que deberán ser considerado infundados sus conceptos de violación. 176. En torno a los conceptos de violación tercero, y cuarto, expresa que la quejosa principal, expuso una carencia de análisis de la sala al estudiar la procedencia de la acción, a través de una serie de afirmaciones sin sustento y en meras transcripciones de criterios de jurisprudencia y preceptos legales aislados, que no permiten evidenciar algún tipo de violación a sus derechos fundamentales, por lo que deberán ser declarados igualmente infundados e inoperantes sus conceptos de violación. 177. Agrega, contrariamente a lo expuesto la autoridad responsable realizó un adecuado estudio de la procedencia de acción y de los medios probatorios ofrecidos por las partes, siendo exhaustividad en el dictado de la sentencia, dado que estudio la acción ejercitada y expuso los motivos por los cuales resultaban improcedentes e infundadas las excepciones y defensas de la demandada, como lo precisan los artículos 1327 y 1329 del Código de Comercio. 178. Además, respecto del acción se deben acreditar los elementos constitutivos siguientes: la existencia de la póliza de seguro celebrada por las partes; la actualización de alguna o algunas de las coberturas amparadas por el seguro; y, el incumplimiento por parte de la moral demandada de cubrir la indemnización a que se obligó en el contrato de seguro respectivo. 179. Expresa, el primero de los elementos lo acreditado, puesto que exhibió la póliza de seguro 26355 que ampara el contrato de seguro celebrado con la demandada, el segundo de los elementos también lo demostró, dado que exhibió la carátula de la póliza de seguros que contiene las coberturas que ampara el contrato de seguro, siendo entre otras coberturas la cobertura de daños, materiales respecto de la unidad vehicular de su propiedad e incluso confesado por la demandada y se probó con las copias certificadas del procedimiento seguido ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, donde reconoció que el cuatro de abril de dos mil doce, dentro del periodo de vigencia del seguro contratado ocurrió un accidente del tractocamión asegurado y, respecto al tercer elemento de la acción, el mismo fue analizado por la responsable de forma exhaustiva y legal, analizando de forma completa e imparcial los argumentos expuestos a fin de que se pueda tener por acreditado el último elemento de la acción, con las copias certificadas del procedimiento de CONDUSEF, del cual se desprenden las comunicaciones tenidas entre la actora y la compañía de seguros demandada, así como su auxiliar en la prestación de servicio, siendo esta la empresa **********. 180. Acción que encuentran sustento en los artículos 48, 50, fracción I, y 78 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, y 65 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, además, que como asegurada, en virtud del contrato de seguro celebrado con la demandada, cuenta con cobertura para todos y cada uno de los eventos suscitados, es decir, los daños materiales sufridos en el vehículo, situación que no aconteció, razón por la cual inicio el juicio, incluso la demandada de ninguna manera justificó en autos el cumplimiento que hubiere dado a sus obligaciones, por lo que queda demostrado el tercer elemento, máxime que no probó que el actor se negara a que se realizara la valuación correspondiente a fin de estar en posibilidades de determinar la indemnización correspondiente. 181. Por último, expresa que es evidente que si existió un servicio y por lo tanto una reclamación de servicio para el pago de los daños, misma que quedó formalizada porque lo confiesa la demandada haber brindado, lo cual probó con las copias certificadas del procedimiento seguido ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, ya que se brindó la asistencia legal para el seguimiento y trámites de liberación y reparación de la unidad objeto del seguro; servicio que se brindó por medio de un tercero denominado **********, lo que se aprecia de la bitácora de expediente 7416472, que obra en las constancias de la reclamación de la CONDUSEF, donde se aprecia que la compañía de seguros tuvo conocimiento, por medio de dicho proveedor de asistencia del seguimiento al siniestro, por lo que la falta de valuación a que refiere la demandada, se debe a la negligencia de ella, dado que se le apoyó en los trámites para la liberación del vehículo y poder evaluar los daños siendo que dicha liberación correspondía y estaba en manos de la compañía aseguradora. 182. Ahora bien, en virtud de lo anterior, se debe tener en cuenta que el artículo 182 de la Ley de Amparo establece requisitos de procedencia del amparo adhesivo, al señalar que únicamente procederá cuando el adherente trata de fortalecer las consideraciones en el fallo definitivo, a fin de no quedar indefenso; y, cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo al resultado del fallo. 183. Sin embargo, los conceptos de violación del amparo adhesivo son inoperantes, puesto que si bien la quejosa adherente, expone que sus argumentos son tendentes a fortalecer las consideraciones de la sentencia reclamada; no obstante son argumentos genéricos y dogmáticos, que se limitan a señalar que lo resuelto por la autoridad responsable fue correcto, sin que se expresen argumentos lógicos y jurídicos que en verdad fortalezcan las consideraciones torales del acto reclamado, máxime que al analizar los conceptos del juicio de amparo principal quedan contestados dichos argumentos, pues como se resolvió fue incorrecto lo que consideró la autoridad. 184. Por ello, como en el caso el instituto quejoso adherente omite fortalecer las consideraciones del fallo definitivo, en tanto que, como se dijo, se limita a expresar la legalidad de los resuelto por la autoridad, ante la inoperancia de los conceptos de violación expresados en el amparo adhesivo procede negar el amparo. 185. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Para los efectos precisados al final del considerando octavo, la Justicia de la Unión ampara y protege a**********, en contra del acto y por la autoridad precisados en el resultando primero de este fallo constitucional. SEGUNDO. En el amparo adhesivo, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra la autoridad y por el acto precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. Notifíquese personalmente; y, a la autoridad responsable con testimonio autorizado de esta resolución, para que una vez que cause ejecutoria la presente, se le devuelvan los autos y se le requiera de su cumplimiento. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los magistrados presidente y ponente Jacinto Juárez Rosas, Willy Earl Vega Ramírez y Ricardo Romero Vázquez.

  3. Queja

    EL PRESENTE ASUNTO SE VERÁ EN LA TERCERA PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO Y SIGUIENTES, EN AUDIENCIA PÚBLICA, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE, A PARTIR DE LAS ONCE HORAS

  4. Queja

    Visto el estado de autos y con fundamento en el artículo 101, último párrafo de la Ley de Amparo, túrnese el expediente al suscrito, para formular el proyecto de resolución.

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