Irving Aldair Mercado Posadas
Expediente 1912/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1912/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 02/02/2017
Partes del expediente
- Irving Aldair Mercado Posadas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
IV. Toluca, Estado de México; dos de febrero de dos mil diecisiete. Vista la cuenta precedente y del estado que guardan los autos, se advierte que en el juicio principal del cual deriva este incidente se dictó el auto siguiente: "Toluca, Estado de México; dos de febrero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el trece de enero de dos mil diecisiete, por la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, pues encuadran en las hipótesis previstas en el punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, del Acuerdo General Conjunto de referencia. 4. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García, que autoriza, firma y da fe." Cúmplase. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; dos de febrero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el trece de enero de dos mil diecisiete, por la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, pues encuadran en las hipótesis previstas en el punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, del Acuerdo General Conjunto de referencia. 4. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1912/2016-IV promovido por Irving Aldair Mercado Posadas, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de México y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito de demanda presentado el trece de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el día hábil siguiente, Irving Aldair Mercado Posadas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican: Autoridades responsables: - Procurador General de Justicia del Estado de México. - Comisario general de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México Acto reclamado: - La orden de detención y su ejecución. SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. La parte quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de quince de diciembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el presente asunto, se dio intervención al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, se requirió informe justificado a las autoridades responsables y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la sentencia respectiva. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 12/2016 que reforma y adiciona el diverso 3/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues los actos reclamados son considerados como de imposible reparación y pudieren tener ejecución en el ámbito territorial en el cual este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia lo constituye la orden de detención y su cumplimiento. En este sentido, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de literalidad siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos epílogo y sinopsis son: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Previamente al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son los siguientes: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En ese orden, se precisa que no son ciertos los actos reclamados los cuales la parte quejosa hace consistir en la orden de detención dictada en su contra y su ejecución, pues así lo precisó el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva al rendir informes justificados en representación del Procurador General de Justicia del Estado de México y del Comisario General de la Policía Ministerial, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas dentro de la secuela del procedimiento, o en la propia audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, pues oportunamente se le dio vista con el contenido de los referidos informes a efecto de que estuviera en aptitud de aportar los medios de prueba que considerara pertinentes para acreditar lo contrario, pese a lo que cual no lo realizó, por lo que debe sobreseerse en el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 284, en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que establece lo siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, consultable en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 2002, Tomo XV, Materia Común, Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En el entendido de que los criterios orientadores expuestos en la presente sentencia resultan aplicables, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, el cual dispone lo siguiente: Sexto. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la ley." En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Irving Aldair Mercado Posadas, contra los actos, las autoridades y por los motivos descritos en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante el Secretario Marco Antonio Maya García, quien da fe.
- Incidental
VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 733/2016-I, promovido por Mario Casarrubias Salgado, por derecho propio, contra actos del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, Mario Casarrubias Salgado, promovió juicio de amparo, contra las autoridades responsables y actos reclamados, descritos a continuación: "III. Autoridades responsables: ORDENADORAS: Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en el Estado de México Director del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación; Secretario de Gobernación; Director del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS Guanajuato", en Ocampo Guanajuato; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 3 "Noreste"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 6 "Sureste"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 7 "Nor-Noroeste". Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Nor-Poniente"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 9 "Norte"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 10 "Nor-Noroeste"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 11 "CPS SONORA"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS OAXACA"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS DURANGO"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS CHIAPAS"; Director del Complejo Penitenciario Federal "Papantla, Veracruz". Director del Complejo Penitenciario Federal "Islas Marías"; Director del Centro Federal de Readaptación Social de Mínima Seguridad "Aserradero" del CPIM; Director del Centro Federal de Readaptación Social "Morelos" del CPIM; Director del Centro Federal de Readaptación Social "Bugambilias" del CPIM; y, Director del Centro Federal de Readaptación Social de Seguridad Máxima "Laguna del Toro" del CPIM. EJECUTORA: 1. Secretario de Seguridad Pública Federal." "ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades responsables señaladas como ordenadoras, la inconstitucional orden de traslado emitida para que sea trasladado del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS Guanajuato", en Ocampo Guanajuato, a cualquier Centro Federal de Readaptación Social dentro del territorio nacional, lo cual se considera violatorio de mis derechos fundamentales. De la autoridad ejecutora el inconstitucional traslado que se lleve a cabo." SEGUNDO. En interlocutoria de dieciséis de junio de dos mil dieciséis se resolvió respecto de los Directores Generales de los Centros Federales de Readaptación Social Número siete "Nor-Noreste"; número doce "Ocampo" Guanajuato y Complejo Penitenciario Islas Marías. Y se difirió respecto de: Director del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación; Secretario de Gobernación; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 3 "Noreste"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 6 "Sureste"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Nor-Poniente"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 9 "Norte"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 10 "Nor-Noroeste"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 11 "CPS SONORA"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS OAXACA"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS DURANGO"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS CHIAPAS"; Director del Complejo Penitenciario Federal "Papantla, Veracruz". Director del Centro Federal de Readaptación Social de Mínima Seguridad "Aserradero" del CPIM; Director del Centro Federal de Readaptación Social "Morelos" del CPIM; Director del Centro Federal de Readaptación Social "Bugambilias" del CPIM; y, Director del Centro Federal de Readaptación Social de Seguridad Máxima "Laguna del Toro" del CPIM. Secretario de Seguridad Pública Federal. En virtud de no haber rendido su informe previo; así mismo, en proveído de trece de diciembre se señaló fecha para la audiencia respectiva, celebrada al tenor del acta precedente y concluye en el dictado de esta resolución. TERCERO. Esta resolución no se ocupará del acto reclamado al Director del Complejo Penitenciario Papantla, Veracruz, Secretario de Seguridad Pública Federal y al Director del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaria de Gobernación, pues mediante proveídos de veintidós de junio (foja 118), seis de julio (foja 217) y siete de diciembre (foja 345) del año en curso, se dejaron de tener con el carácter de responsables, respectivamente. C O N S I D E R A N D O. UNICO. Las autoridades responsables: Secretario de Gobernación; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 3 "Noreste"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 6 "Sureste"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Nor-Poniente"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 9 "Norte"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 10 "Nor-Noroeste"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 11 "CPS SONORA"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS OAXACA"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS DURANGO"; Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS CHIAPAS"; Director del Centro Federal de Readaptación Social de Mínima Seguridad "Aserradero" del CPIM; Director del Centro Federal de Readaptación Social "Morelos" del CPIM; Director del Centro Federal de Readaptación Social "Bugambilias" del CPIM; y, Director del Centro Federal de Readaptación Social de Seguridad Máxima "Laguna del Toro" del CPIM. Al rendir su respectivo informe previo negaron la existencia del acto que se les reclama. Dicha negativa correspondía desvirtuarla a la parte agraviada, en razón de que es principio general del derecho de que quien afirma está obligado a probar, por lo que en este caso se arroja a la quejosa la carga de la prueba, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuyo texto previene que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción. En tal virtud, como el promovente del amparo no aportó prueba en contrario procede negar la suspensión definitiva respecto de dichas autoridades por no existir materia sobre qué aplicarla. Es aplicable la jurisprudencia 286, que se aprecia en la página 237, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, Tomo VI, Materia Común, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". Ahora toda vez que el impetrante del amparo se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS Guanajuato"; por tanto, de conformidad con los artículos 26, fracción I, inciso a), 27, fracción II, de la Ley de Amparo; 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del código adjetivo citado, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, en Turno, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado comisione al personal adscrito a su órgano jurisdiccional para el efecto de que se sirva notificar al quejoso Mario Casarrubias Salgado, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "Ocampo" "CPS Guanajuato", la presente resolución. Para ello, se faculta al juez exhortado a efecto de que con plenitud de jurisdicción lleve a cabo las diligencias necesarias a fin de dar cumplimiento a la encomienda y para que de ser necesario se realice la diligencia en días y horas inhábiles, en términos de lo previsto en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo; y hecho lo anterior, remita las constancias respectivas. Así, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E UNICO. Se niega la suspensión definitiva a Mario Casarrubias Salgado, contra las autoridades y por los motivos precisados en el considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante la Secretaria María Isabel López Mondragón, quien da fe. Doy fe
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