Irving Alberto Ibarra Castro
Expediente 333/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 24 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 333/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 20/01/2023
Partes del expediente
- Irving Alberto Ibarra Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que feneció el término de quince días previsto por el artículo 202, párrafo primero, de la ley reglamentaria, para inconformarse contra el auto pronunciado por este juzgado el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, en el que declaró cumplido el fallo protector, sin que las partes hubiesen realizado manifestación alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en el citado arábigo, SE DECLARA CONSENTIDO. Ahora bien, toda vez que en el proveído en mención se acordó lo relativo al destino de este expediente, quedando pendiente su envío físico al archivo, remítase a él por estar debidamente concluido. Devuélvanse las constancias enviadas por el Juez Vigésimo Sexto Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo respectivo, pues para este órgano de justicia federal es suficiente el sello de la autoridad en cita.
- Principal
ANTECEDENTES. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en sentencia de veintiuno de junio de dos mil veintidós, se sobreseyó en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso **********. DECLARATORIA. Lo expuesto, de acuerdo con el criterio del suscrito, denota que la ejecutoria se cumplió en sus términos. Se afirma lo anterior, toda vez que, como ya se hizo patente, la responsable ordenadora remitió copia certificada del auto de diecisiete de noviembre del año en curso, dictado en la causa penal ********** de su índice. De la citada actuación, se desprende que la juez responsable, dejó insubsistente el auto de seis de enero de dos mil veintidós, dictado en la causa penal ********** y en su lugar, emitió otro, en el que ordenó la reposición del procedimiento hasta el auto que tuvo por recibida la petición de anulación de sentencia de **********, y determinó que tanto la anulación de sentencia, como el reconocimiento de inocencia a que se refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá tramitarse ante el Tribunal de Alzada que fue competente para conocer el recurso de apelación, a quien se le expondrá detalladamente por escrito la causa en que funda su petición y se acompañarán las pruebas que se consideren pertinentes. Por lo anterior, se declaró incompetente para pronunciarse respecto a la petición de anulación de sentencia en términos del artículo 487 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues indicó que es facultad del Tribunal de Alzada. Así, ordenó remitir el original del escrito signado por el sentenciado a la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (por ser quien resolvió el recurso de apelación contra la resolución de primera instancia), debido a que es la autoridad legalmente facultada para conocer de la petición de anulación de sentencia hecha por el enjuiciado. Bajo tal contexto, toda vez que en lo que fue materia del presente juicio de amparo, se atendieron los parámetros de la sentencia protectora, en razón que de lo reseñado se advierte que la autoridad responsable cumplió sin defecto ni exceso tales lineamientos por los cuales se otorgó la protección constitucional, por lo que con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDO; haciéndole saber a las partes que se dejan a salvo sus derechos para interponer el recurso procedente. Consecuentemente, dése el aviso correspondiente a las autoridades responsables, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, con apoyo en el invocado precepto 196, y dado que no obran documentos importantes y/o relevantes se ordena el archivo del presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto al destino de este expediente, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el apartado SÉPTIMO, del Acuerdo General Conjunto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que entró en vigor el veintiséis de marzo de dos mil veinte, mismo que deroga el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de la misma superioridad; consecuentemente, una vez que transcurra el plazo de TRES AÑOS que se estipula, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectivas como se indica en el punto Vigésimo Primero referido.
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(CONFORME A LA LEY DE AMPARO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA ***, NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA ELLO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO POR MEDIO DE LISTA: "ANTECEDENTES. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en sentencia de veintiuno de junio de dos mil veintidós, se sobreseyó en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso **********. DECLARATORIA. Lo expuesto, de acuerdo con el criterio del suscrito, denota que la ejecutoria se cumplió en sus términos. Se afirma lo anterior, toda vez que, como ya se hizo patente, la responsable ordenadora remitió copia certificada del auto de diecisiete de noviembre del año en curso, dictado en la causa penal ********** de su índice. De la citada actuación, se desprende que la juez responsable, dejó insubsistente el auto de seis de enero de dos mil veintidós, dictado en la causa penal ********** y en su lugar, emitió otro, en el que ordenó la reposición del procedimiento hasta el auto que tuvo por recibida la petición de anulación de sentencia de **********, y determinó que tanto la anulación de sentencia, como el reconocimiento de inocencia a que se refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá tramitarse ante el Tribunal de Alzada que fue competente para conocer el recurso de apelación, a quien se le expondrá detalladamente por escrito la causa en que funda su petición y se acompañarán las pruebas que se consideren pertinentes. Por lo anterior, se declaró incompetente para pronunciarse respecto a la petición de anulación de sentencia en términos del artículo 487 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues indicó que es facultad del Tribunal de Alzada. Así, ordenó remitir el original del escrito signado por el sentenciado a la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (por ser quien resolvió el recurso de apelación contra la resolución de primera instancia), debido a que es la autoridad legalmente facultada para conocer de la petición de anulación de sentencia hecha por el enjuiciado. Bajo tal contexto, toda vez que en lo que fue materia del presente juicio de amparo, se atendieron los parámetros de la sentencia protectora, en razón que de lo reseñado se advierte que la autoridad responsable cumplió sin defecto ni exceso tales lineamientos por los cuales se otorgó la protección constitucional, por lo que con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDO; haciéndole saber a las partes que se dejan a salvo sus derechos para interponer el recurso procedente. Consecuentemente, dése el aviso correspondiente a las autoridades responsables, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, con apoyo en el invocado precepto 196, y dado que no obran documentos importantes y/o relevantes se ordena el archivo del presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto al destino de este expediente, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el apartado SÉPTIMO, del Acuerdo General Conjunto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que entró en vigor el veintiséis de marzo de dos mil veinte, mismo que deroga el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de la misma superioridad; consecuentemente, una vez que transcurra el plazo de TRES AÑOS que se estipula, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectivas como se indica en el punto Vigésimo Primero referido."
- Principal
(CONFORME A LA LEY DE AMPARO) EN VIRTUD DE QUE LA DEFENSORA DE OFICIO, NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA ELLO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO POR MEDIO DE LISTA: "ANTECEDENTES. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en sentencia de veintiuno de junio de dos mil veintidós, se sobreseyó en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso **********. DECLARATORIA. Lo expuesto, de acuerdo con el criterio del suscrito, denota que la ejecutoria se cumplió en sus términos. Se afirma lo anterior, toda vez que, como ya se hizo patente, la responsable ordenadora remitió copia certificada del auto de diecisiete de noviembre del año en curso, dictado en la causa penal ********** de su índice. De la citada actuación, se desprende que la juez responsable, dejó insubsistente el auto de seis de enero de dos mil veintidós, dictado en la causa penal ********** y en su lugar, emitió otro, en el que ordenó la reposición del procedimiento hasta el auto que tuvo por recibida la petición de anulación de sentencia de **********, y determinó que tanto la anulación de sentencia, como el reconocimiento de inocencia a que se refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá tramitarse ante el Tribunal de Alzada que fue competente para conocer el recurso de apelación, a quien se le expondrá detalladamente por escrito la causa en que funda su petición y se acompañarán las pruebas que se consideren pertinentes. Por lo anterior, se declaró incompetente para pronunciarse respecto a la petición de anulación de sentencia en términos del artículo 487 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues indicó que es facultad del Tribunal de Alzada. Así, ordenó remitir el original del escrito signado por el sentenciado a la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (por ser quien resolvió el recurso de apelación contra la resolución de primera instancia), debido a que es la autoridad legalmente facultada para conocer de la petición de anulación de sentencia hecha por el enjuiciado. Bajo tal contexto, toda vez que en lo que fue materia del presente juicio de amparo, se atendieron los parámetros de la sentencia protectora, en razón que de lo reseñado se advierte que la autoridad responsable cumplió sin defecto ni exceso tales lineamientos por los cuales se otorgó la protección constitucional, por lo que con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDO; haciéndole saber a las partes que se dejan a salvo sus derechos para interponer el recurso procedente. Consecuentemente, dése el aviso correspondiente a las autoridades responsables, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, con apoyo en el invocado precepto 196, y dado que no obran documentos importantes y/o relevantes se ordena el archivo del presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto al destino de este expediente, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el apartado SÉPTIMO, del Acuerdo General Conjunto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que entró en vigor el veintiséis de marzo de dos mil veinte, mismo que deroga el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de la misma superioridad; consecuentemente, una vez que transcurra el plazo de TRES AÑOS que se estipula, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectivas como se indica en el punto Vigésimo Primero referido."
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