Irving Alan Luna Covarrubias
Expediente 313/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 313/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Irving Alan Luna Covarrubias
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto pronunciado el doce de marzo de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado, en consecuencia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Como se advierte de la certificación de cuenta, en este asunto no existen documentos originales exhibidos por las partes. Se determina que el presente asunto no tiene valor jurídico, ni relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción.
- Principal
Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 313/2021, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.Se exhorta a las partes para que transiten y den seguimiento al presente asunto mediante el esquema de juicio en línea.Se autoriza a ***, bajo el usuario ***, para que tenga acceso a la consulta del expediente vía electrónica del presente juicio; lo anterior, una vez que el secretario actuante César Augusto León Becerril, lleve a cabo los trámites para acceder al portal de SISE dentro de la intranet del Consejo de la Judicatura Federal, en la dirección electrónica http://10.100.125.33/sise/login.aspx, para agregar al usuario que registró en el sistema respectivo, previa verificación y cotejo de coincidencia del solicitante y usuario de mérito. Asimismo, como lo peticiona la parte quejosa, practíquense las notificaciones vía electrónica. Ténganse como autorizados a ***, en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por ser un asunto en materia laboral donde el quejoso es parte trabajadora y a ***, únicamente para oír y recibir notificaciones por así haberlo solicitado expresamente el quejoso. No pasa inadvertido que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; sin embargo, en su escrito de demanda solicitó expresamente que las mismas le sean realizadas vía electrónica, por lo tanto, como ya se acordó en párrafos anteriores, las notificaciones se le harán por ese medio.Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En acatamiento a tal precepto, se advierte que en este asunto se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia que deriva de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro del juicio en los términos siguientes: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." De la disposición constitucional transcrita, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Cabe destacar que del propio precepto se advierte que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. En congruencia con esta previsión constitucional, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Como se puede apreciar, el precepto legal transcrito reitera el mandamiento contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, virtud de que establece que tratándose de actos dentro de juicio el amparo en la vía indirecta procede cuando sus efectos sean de imposible reparación, destacando el legislador que por ellos se entienden los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Acorde con la definición dada por el legislador en la ley reglamentaria, se puede concluir que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la constitución o en algún tratado internacional del que el Estado sea parte, de modo que esa afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio. Esto es, el supuesto de procedencia se actualiza cuando tales actos cumplen concomitantemente con las siguientes notas distintivas: Afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, Esa afectación no desaparece ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. De lo antes expuesto, se puede concluir que el legislador trató de evitar que los juicios naturales se interrumpan constantemente mediante la promoción de juicios de amparo en contra de cada acto procesal que se vaya presentando en el procedimiento natural y que se estime perjudicial por algunas de las partes. En el entendido de que para salvaguardar los derechos de los justiciables, el propio legislador estableció como regla excepcional la posibilidad de que se impugnen desde luego únicamente aquellos actos que tengan una afectación de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos; cuestión que se justifica solamente en la medida de que tal violación no podría ser reparada ni aun obteniendo sentencia favorable, por lo que en ese supuesto ningún caso tendría esperar a que ésta se dictara para poder combatir un acto de esa naturaleza. De lo anterior, se desprende que a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente, para que un acto de autoridad pueda catalogarse como de imposible reparación -para la procedencia del juicio de amparo -, deben producir una afectación material a derechos sustantivos, cuyas consecuencias sean tan graves que impidan su ejercicio y no una simple lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que probablemente no trascienda al resultado del fallo. En efecto, de los antecedentes que el quejoso narra baja protesta de decir verdad, se obtiene que en cumplimiento a la prevención efectuada por el Tribunal responsable en auto de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 490/2020, el quejoso presentó el cuatro de febrero del mismo año, escrito en el que ofreció medios de prueba; sin embargo, no se ha proveído al respecto. De manera que esa abstención no puede considerarse como de ejecución irreparable, porque no se trata de una "omisión autónoma" al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, lo que revela el carácter adjetivo de la violación alegada. En efecto, del contenido de la demanda de amparo no se advierte la existencia de una abierta dilación del procedimiento, ni su paralización total, por lo que el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, precisamente porque no se afectan derechos sustantivos de la parte promovente, sino que la violación reprochada sólo implica la afectación de derechos adjetivos o procesales, susceptibles de repararse en caso de que obtenga una resolución favorable. En ese tenor, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Precisado lo anterior, respecto de los plazos que la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa establece para la tramitación del juicio ordinario laboral dispone lo siguiente: - El procedimiento inicia con la presentación del escrito de demanda. (Artículo 125). - En la demanda se ofrecerán y acompañarán las pruebas de que disponga y los documentos que acrediten la personalidad del representante, en su caso. (Artículo 126). - El Tribunal dentro de las setenta y dos horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará el auto de radicación, en el que ordenará emplazar a la entidad pública demandada, que deberá efectuarse dentro de los cinco días posteriores (artículo 127). De lo reseñado se obtiene, que el juicio laboral inicia con la presentación del escrito de demanda; y el Tribunal dentro de las setenta y dos horas siguientes, dictará el auto de radicación, en el que ordenará emplazar a la entidad pública demandada, que deberá efectuarse dentro de los cinco días siguientes. De lo anterior, podemos concluir después de presentar el escrito de demanda, el Tribunal correspondiente, dentro de las setenta y dos horas siguientes, deberá dictar el acuerdo de radicación; por lo que, si de los antecedentes que narra la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierte que presentó el escrito de desahogo de prevención de la demanda laboral el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, y la responsable a la fecha no ha proveído al respecto. En ese tenor, se concluye que el plazo de setenta y dos horas que tenía el Tribunal para dictar el acuerdo correspondiente a la continuación del trámite de la demanda, feneció el diez de febrero de dos mil veintiuno. Sin embargo, del once de febrero del año en curso, a la fecha en que se actúa, no ha transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días naturales a que hace alusión el criterio jurisprudencial antes citado. En ese contexto, no se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento, ni su paralización total, en virtud de que no han transcurrido los cuarenta y cinco días naturales a que se hace referencia, de lo que se deduce que el Tribunal no ha incurrido en una dilación excesiva en la tramitación del expediente 490/2020, por ende, el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, precisamente porque no se afectan derechos sustantivos de la parte promovente, sino que la violación reprochada sólo implica la afectación de derechos adjetivos o procesales, susceptibles de repararse en caso de que obtenga una resolución favorable. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del mismo ordenamiento, aplicada esta última en sentido contrario, con apoyo en el numeral 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo.
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