Irvin Orrante Soto

Expediente 358/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
358/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
06/12/2022

Partes del expediente

  • Irvin Orrante Soto
  • Marina del Pilar Avila Olmeda, Gobernadora del Estado de Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de diciembre de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Visto el estado de autos del que se advierte transcurrió el plazo de cinco días hábiles que la ley concede a las partes para inconformarse con el proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Irvin Orrante Soto, sin que hubiese presentado promoción alguna al respecto. Causa estado. Por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que esa decisión ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes. Certificación. Que de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hizo constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que la secretaria proyectista de juzgado verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración, tomando en consideración que aun cuando se tuvo por desechada la demanda, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados; por tanto, dicha medida cautelar tiene el carácter de definitiva, por lo que una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa Irvin Orrante Soto, para que diera cumplimiento a la prevención formulada en auto de dos de junio de dos mil veintidós; sin que diera cumplimiento a la mencionada prevención. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento impuesto en el acuerdo en cita, y únicamente se proveerá respecto a las autoridades señaladas como responsables Director del Centro de Reinserción Social y Titular del Servicio Médico para el Sistema del Centro de Reinserción Social, ambos con sede en Tijuana, Baja California. Desechamiento. Una vez analizado el escrito de demanda, se estima debe desecharse la misma que se promueve contra el acto reclamado consistente en la falta de atención médica por parte de las autoridades penitenciarias; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dicho precepto se advierte que es obligación del juzgador analizar si en la especie se actualiza alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, y de ser así, ante lo manifiesto e indudable de la improcedencia advertida, desecharla. Así, del citado numeral se observa también que para desechar una demanda de amparo sólo deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia; y; b) Que ese motivo sea manifiesto e indudable. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. Una vez precisado lo anterior, se estima que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". La fracción transcrita, como ya se estudió en párrafos que anteceden, consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo que es el de definitividad, el cual impone como obligación a la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tildan de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida; principio que encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que regule la ley que rija el acto reclamado. Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento; preceptos que establecen lo siguiente: "Capítulo III Procedimiento Administrativo Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes. IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas." "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones. Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad." "Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas." "Artículo 111. Acuerdo de inicio. Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada." "Artículo 112. Trámite del procedimiento. Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición." "Artículo 113. Acumulación de peticiones. Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega". De las transcripciones precedentes, en lo que aquí interesa, se obtiene que las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva, están legitimadas para presentar una petición administrativa ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Una vez formulada la petición, surge la obligación de la autoridad penitenciaria de pronunciarse sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, el subsanar dicha afectación. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular su petición. Por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, la autoridad penitenciaria deberá admitir la petición e iniciar el trámite del procedimiento, o bien, prevenir en caso de ser confusa; esta última determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla y en caso de no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando la aportada por el peticionario, con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la solicitud. La obligación de allegarse de información no debe retrasar la resolución de la petición; pues aquella debe de acompañarse de acciones diligentes. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el juez de ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el juez de ejecución competente y demandar esta omisión, caso en el cual el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. De ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. La autoridad penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Tratándose de omisiones, el juez de ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Además, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el juez de ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida de conformidad con los artículos 116, fracción I, 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyos preceptos establecen lo siguiente: "Capítulo IV Controversias ante el Juez de Ejecución Artículo 116. Controversias. Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II..." "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa.". De la anterior transcripción se aprecia que los jueces de control y ejecución conocen de controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, por lo que los internos están legitimados para promover ante ellos, las afectaciones relacionas con éstas, una vez agotada la petición administrativa respectiva. Ahora bien, además de lo anterior, la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla también el recurso de apelación, siendo indispensable destacar el contenido de los artículos 131, 132 y 135, porciones legales que establecen: "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley. (.)". "Artículo 135. Tramitación y resolución de la apelación En el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de Ejecución, se determinará si el recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable Si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones". Es decir, además del procedimiento jurisdiccional (controversia), la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un sistema recursivo a través del medio de impugnación de la apelación, para que si las resoluciones dictadas en éstas últimas resultan perjudiciales a los internos, puedan lograr la revocación de las mismas y el dictado de una resolución favorable a sus intereses. En otras palabras, la controversia en la vía jurisdiccional, así como el recurso de apelación que se puede interponer contra las resoluciones derivadas de éstas últimas constituyen medios de defensa ordinarios que permiten la modificación, revocación o nulificación de las cuestiones que se consideran perniciosas para los internos en centros penitenciarios. En ese sentido, toda vez que de autos no se advierte que la parte quejosa hubiese interpuso controversia judicial en contra de la omisión de brindarle atención médica, la cual trata sobre una cuestión de internamiento, el presente juicio de amparo es improcedente. El razonamiento expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." De conformidad con la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia transcrita, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé mecanismos de control que ofrecen una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente, en donde la persona interna podrá formular de viva voz sus inquietudes y también las razones del porqué las omisiones que están reclamando atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Otorgando con ello la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia la autoridad correspondiente, frente al interno, ordene el cese inmediato de la omisión reclamada, es decir, la suspensión del acto reclamado. En ese sentido, determinó que las personas privadas de su libertad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar omisiones inherentes con sus condiciones de internamiento, como la relativa a la falta de atención médica, debe agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como los medios de impugnación previstos en la ley referida, el cual inicia con la formulación de una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente. Por lo que, si la persona privada de su libertad promueve la acción constitucional sin que previamente haya agotado dicho mecanismo de control, atento al principio de definitividad, esto provocará que en el juicio de amparo se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, como acontece en el presente caso. En ese orden, es necesario precisar que se considera que, puede ser más perjudicial para la parte quejosa el hecho de que se admita la demanda de amparo, ya que de cualquier modo se arribaría a la conclusión de que es improcedente el mismo y no se entraría al fondo del estudio, pero aparte de ello, el quejoso tendría que esperar a la conclusión del juicio de amparo para hacer valer lo correspondiente en la vía ordinaria. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el presente juicio de amparo resulta improcedente. Sin que se soslaye lo anterior con lo interpretado en la jurisprudencia emitida por el Pleno de Circuito del Décimo Séptimo Circuito de rubro siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN O NEGATIVA DE PRESTAR SERVICIO MÉDICO O ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD, SIN AGOTAR PREVIAMENTE EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CUANDO SE COMPROMETA GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO"; dado que de las propias manifestaciones efectuadas por la parte quejosa no se advierte que se encuentre en riesgo la vida, salud o integridad física del quejoso y por ende esté exceptuado de agotar el principio de definitividad, ya que refirió que cuenta con molestias estomacales y dolor de cuerpo, por lo que considera que la infección va aumentando, sin que tal situación se considere que compromete gravemente su dignidad e integridad personal. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 113 con relación al numeral 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en atención a la naturaleza del acto reclamado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Informe sobre suspensión de plano. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el informe rendido por la autoridad responsable Coordinador Jurídico de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual informa que acató la suspensión de plano concedida al quejoso, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo; asimismo, remite copias certificadas de la valoración médica realizada al quejoso; por lo tanto, dese vista a las partes con los mismos para los fines legales conducentes. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de julio de dos mil veintidós. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos sin mayor proveído, el informe de suspensión de plano de la autoridad responsable; toda vez que mediante acuerdo de treinta de junio pasado, se acordó lo conducente al contenido del informe de cuenta. Cúmplase.

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