Irvin o Edwin Daniel Guerra Córdova
Expediente 1447/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1447/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Irvin o Edwin Daniel Guerra Córdova
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio que remite el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, al que adjunta copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada el dieciséis de febrero del año que cursa, en el conflicto competencial 3/2022, suscitado entre el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León y este juzgado, en el cual resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Sí existe conflicto de competencia. SEGUNDO. El Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, es competente para conocer de la demanda de amparo promovida por *********..." Sin que sea necesario acusar recibo, por así indicarlo la superioridad. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso j), capítulo octavo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la acotación de que el presente juicio es susceptible de destrucción a partir del cinco de marzo de dos mil veinticinco. Luego, se hace constar que el presente juicio no es de relevancia documental y que no existen documentos originales en el presente juicio.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio remitido por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual informa que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juez Decimosegundo de Distrito en León Guanajuato y este juzgado, mismo que registro bajo el número 3/2022 del índice de dicho tribunal.
- Principal
Mexicali, Baja California, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio que remite la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa copia certificada de la ejecutoria pronunciada en sesión ordinaria virtual del doce de enero de dos mil veintidós, en el amparo en revisión administrativo 508/2021 de su índice, en la que se resolvió: "PRIMERO. En la materia del recurso, se confirma la sentencia sometida a revisión. SEGUNDO. Para los efectos precisados, .por el Juez de Distrito del conocimiento, la Justicia de la Unión ampara y protege a la persona moral quejosa Estaciones de Servicio M y M, Sociedad Anónima de Capital Variable.". Acúsese el recibo correspondiente, e infórmese al Tribunal Colegiado oficiante que se recibieron los autos originales. Por tanto, agréguense en orden cronológico las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso interpuesto, debiéndose destruir el resto de las constancias que lo conforman. Conviene precisar los efectos para los cuales se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables Gobernador del Estado de Baja California, Congreso del Estado de Baja California, Recaudación de Rentas del Estado de Baja California y Dirección de Auditoria Fiscal del Estado de Baja California, realicen lo siguiente: "No se le apliquen en lo presente y futuro en perjuicio de la parte quejosa Estaciones de Servicio M y M, Sociedad Anónima de Capital Variable los artículos 133, 134, 135 y 136 y se adicionan los ordinales 136- 1, 136-2, 136-3, 136-4, 136-5, 136-6, 136-7, 156-9 y 156-48, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el treinta de abril de dos mil veinte, relativo al "Impuesto Ambiental para la Emisión de Gases a la Atmósfera". En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables Gobernador del Estado de Baja California, Congreso del Estado de Baja California, Recaudación de Rentas del Estado de Baja California y Dirección de Auditoria Fiscal del Estado de Baja California, para que dentro del plazo de tres días siguientes en el que reciban el oficio en el que se les solicita, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo otorgado, con fundamento en los artículos 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se les impondrá en lo particular, esto es, a la PERSONA FÍSICA que ocupe el cargo correspondiente a la autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por CIEN, de conformidad con el ordinal 26, apartado B, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo 5° del Decreto por lo que se expide la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Misma multa que deberán cubrir con su propio peculio y no con recursos públicos. Asimismo, una vez impuestas las multas respectivas, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la SEPARACIÓN DE SU CARGO y su consignación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículos 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo, haciéndole saber que el delito previsto en el último numeral mencionado, está sancionado con pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, y en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 29/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019625, publicada en cinco de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. Del citado precepto se advierte que el tipo penal se integra por los siguientes elementos: a) que el sujeto activo tenga la calidad de autoridad, b) con esa calidad incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir y c) que la acción u omisión sea en forma dolosa, lo que revela que se está en presencia de un tipo penal mixto alternativo, pues basta que se realice cualquiera de las conductas, ya sea incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, para que se consume el ilícito. Ahora bien, por incumplir debe entenderse no llevar a efecto, dejar de cumplir, esto es, el tipo penal requiere que se deje de cumplir una sentencia de amparo, también el término "no la haga cumplir", redunda en el incumplimiento del fallo, lo que revela que en ambos supuestos se pretende sancionar la conducta que implica una resistencia de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en una sentencia protectora, ya sea a la responsable obligada al cumplimiento o a su superior jerárquico. Aunado a lo anterior, el legislador expresamente señaló en el referido artículo 267, último párrafo, de la Ley de Amparo que las mismas penas que se impongan por incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, serán impuestas al superior de la autoridad responsable. Asimismo, estableció el rango de punibilidad para ambas conductas, a saber, pena de cinco a diez años de prisión, entre otras sanciones, ya que conforme al precepto 194 de la ley citada, en caso de que no se logre el cumplimiento de la sentencia, el superior jerárquico incurre en responsabilidad en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Por tanto, la porción normativa impugnada señala las diversas conductas que están plenamente descritas en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que hace posible a la autoridad responsable directamente vinculada con el cumplimiento y a su superior jerárquico, anticipar cuál es la conducta penalmente relevante, el parámetro de punibilidad y, en consecuencia, la pena que les sería aplicable en caso de incumplir o no hacer cumplir dolosamente una sentencia de amparo, pues el juzgador cuenta con un rango mínimo y máximo de cinco a diez años de prisión, el que también es aplicable a la autoridad directamente vinculada con el cumplimiento y su superior jerárquico, por lo que el precepto mencionado cumple con el grado de determinación necesario de la conducta que es objeto de prohibición y contempla una penalidad clara, de forma tal, que dota de certeza jurídica a su destinatario y, por ende, no es contrario al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Del mismo modo, se le informa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en autos, pero se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal correspondiente según lo establece el artículo 195 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la resolución de dos de marzo de este año y con fundamento en el artículo 2 de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, promovido por Martha del Rocío Moreno López, ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. Hágase la anotación correspondiente en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo, así como en la carátula de este expediente y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Por otro lado, se hace la acotación que el presente asunto, es susceptible de destrucción a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinticuatro, en virtud de encontrarse en la hipótesis del artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En términos del capítulo quinto, al artículo 15 del citado Acuerdo General, se determina que el presente juicio no es de relevancia documental, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el citado acuerdo. De igual forma, se asienta que no existen documentos originales exhibidos por las partes, como se precisó en la certificación que antecede.
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