IRVIN O EDWIN DANIEL GUERRA CORDOVA y Otros.

Expediente 851/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
851/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • IRVIN O EDWIN DANIEL GUERRA CORDOVA y Otros.
  • Alejandro Díaz Madrid

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos las certificaciones de cuenta, de las que se advierte que el del Juzgado Décimo de Distritito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, tuvo por recibido el oficio por el que se declinó competencia respecto de los actos reclamados a este juzgador en el juicio de amparo 851/2021-IV del índice de este órgano jurisdiccional; asimismo, se advierte que el citado Juzgado se avocó al conocimiento del asunto. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido del veintitrés al veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, por el que por una parte se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de ser DESTRUIDO, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción. Asimismo, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad de México, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida en favor de **********, **********, *********, ********** o **********, contra actos del DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO y otras autoridades. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 851/2021-IV. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de litis En la especie los actos reclamados por los quejosos se hacen consistir en: a) La orden de traslado de los quejosos de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro de reclusión. b) Reubicación de los quejosos. c) Actos de molestia y perturbación de sueño. d) Violación al principio pro persona. e) Inaplicabilidad de criterios internacionales pro hominem. f) Discriminación por condición y preferencia y relación. g) Mala atención y ejercicio del servicio público de defensa. h) mala asesoría legal (mala fe y anti ética al practicar la defensa de los quejosos). No ha lugar otorgar suspensión de plano solicitada Al respecto, este órgano de control constitucional, considera que los actos destacados no se encuentran contemplados ni en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en el diverso 15 de la Ley de Amparo. No es obstáculo que la parte quejosa aduzca en la demanda de amparo que son actos que ponen en riesgo grave sus vidas, salud, integridad y dignidad, pues tales actos deben analizarse atendiendo a su naturaleza, no a las potenciales consecuencias que el demandante pudiera atribuirles. Por lo que hace a la discriminación reclamada, en el caso que se analiza, no puede ubicarse como de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual al igual que el diverso 15 de la Ley de Amparo, se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales -como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes-. La discriminación recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, desde aquéllos actos que generaran una distinción de trato que por sí no colocan a las personas en internamiento en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas -cambios de dormitorio por razones de seguridad, para el centro penitenciario o para el interno mismo, la edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos sobre su persona tendientes a armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia-, hasta aquellos que, por su naturaleza o trascendencia, pudieran someterlos a cierto dolor físico y/o estado psicológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, sea factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Sin embargo, en el contexto de las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, no existen bases suficientes que permitan afirmar categóricamente que la discriminación por condición que se señala, comprometa gravemente la dignidad e integridad personal de los directamente agraviados, al grado de equipararse tal situación a un tormento, por el contrario, se observa la señalan en el contexto de la posibilidad de que sean cambiados de dormitorio, que conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, de existir, tienen la presunción de fines constitucionalmente válidos. Merece invocarse la jurisprudencia de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento.". Por lo que, como se adelantó, los actos reclamados no encuadran en alguno de los actos que el legislador prescribió en ese artículo 15 de la Ley de Amparo. Consideración previa Es importante destacar que del estudio integral del escrito inicial, se advierte que ésta carece totalmente de firmas y no se advierte imposibilidad alguna para que los justiciables promuevan por derecho propio la misma. Desechamiento Puntualizado lo anterior, al ser de estudio preferente se advierte que en el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, y con el diverso numeral 6o., de la ley de la materia, con excepción de los actos que se atribuyen a este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Como se ve, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente escritos en calidad de promovente, debidamente firmados, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital o firma electrónica, pues de no hacerlo así, no se insta a este órgano jurisdiccional para que conozca y estudie las manifestaciones vertidas, porque un escrito, cualquiera que sea la naturaleza del mismo, sin firma autógrafa, electrónica o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello, tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del Juez mediante una prevención. Así, si el escrito de demanda carece de firmas autógrafas o electrónicas; es indudable que, no contiene la voluntad de éstos en comprometerse con su contenido, pues el acto de estampar el signo gráfico correspondiente a su firma o firma electrónica, sirve para que no quede duda acerca de la circunstancia de que las manifestaciones ahí vertidas son de la voluntad de la persona que aparece como suscriptor; toda vez que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento. Resultan aplicables al caso por los motivos que exponen, las tesis siguientes: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa.". "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO. Según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escrito sin firmar, de cualquier naturaleza, a nadie obliga, pues para que tenga validez debe estar firmado o autorizado por alguien que aparezca como responsable de su contenido. De acuerdo con lo anterior, es lícito desechar una demanda de amparo que carece de la firma del solicitante, sin que sea óbice el que haya firmado un ocurso por el que exhibió la demanda, porque es precisamente en ésta en la que debe constar la firma del quejoso puesto que en la demanda es en la que se solicita la protección constitucional y en la que se expresan los elementos necesarios para que la solicitud sea eficaz.". Sin que en el presente asunto se actualice la excepción a que se refiere el artículo 109 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 15 de ese ordenamiento legal, pues como ya se precisó, los actos reclamados no son de aquellos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, ni actualizarse algunos de los supuestos de excepción que contempla la norma, se actualiza la causa de improcedencia invocada, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia, con excepción de los actos que se atribuyen a este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Competencia En ese orden, de conformidad con lo establecido en el numeral 38 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demandad de amparo de que se trata, en cuanto a los actos reclamados a este juzgador por las razones siguientes. La parte promovente expresamente señala como autoridad responsable de los actos señalados en la demanda como reclamados, entre otras, a este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, lo cual pone en evidencia que el que suscribe no debe conocer del asunto que nos ocupa, pues ya de manera concreta se me atribuyen actos específicos de autoridad. Consistentes en lo siguiente: Discriminación por condición y preferencia y relación. Violación al principio pro persona. Inaplicabilidad de criterios internacionales pro hominem. Así, en atención a que en la especie se actualiza la hipótesis de incompetencia prevista en el artículo 38 de la legislación aplicable, que establece lo siguiente: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca.". En atención al numeral transcrito, se advierte que es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca, de ahí que, si este juzgado se encuentra señalado como responsable, resulta legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata, por los actos cuestionados a este juzgador. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato.". De lo que se obtiene que es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera el más cercano a la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Por tanto, de conformidad en el numeral 48 de la Ley de la Materia, se ordena remitir el presente asunto al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno (con excepción del Décimo Primero de esta especialidad y sede), a quien se considera competente para conocer de ella, por tratarse de un órgano jurisdiccional que conoce de la misma naturaleza que este juzgado, por ya no encontrarse señalado como responsable y por ser el más cercano a la jurisdicción de éste órgano de control constitucional. Solicitándole al órgano jurisdiccional que corresponde el conocimiento, el acuse de recibo y que informe si acepta la competencia declinada; por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes. Domicilio de los quejosos Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este juzgado de Distrito al no haber señalado domicilio para tal efecto. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese.

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