Irvin Axel Sanchez Diaz

Expediente 1635/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1635/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Irvin Axel Sanchez Diaz
  • Fiscal General de Justicia En el Estado de México

Actuaciones

  1. Principal

    Se agrega oficio. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar, los oficios de cuenta signados por el Jefe del Departamento Jurídico Consultivo del Organismo Público Descentralizado por Servicios de Carácter Municipal denominado Agua y Saneamiento de Toluca, Estado de México, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del acuerdo de seis de octubre de dos mil veintitrés, por el cual se advierte que dejó sin efectos el acta de restricción de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, derivada de la orden de visita de cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista cumplimiento. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio de cuenta y su anexos, a fin de que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación que del presente proveído se les practique, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidos que de no realizar manifestación alguna, este Juzgado se pronunciará respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente. De igual forma, mediante oficio dese vista al Fiscal Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, para que manifieste lo que a su representación social corresponda.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve xxxxxx, en representación del adolecente xxxxxxxxx, el cual, conforme al acta de nacimiento que se exhibió junto con la demanda, cuenta con la edad de diecisiete años, contra actos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otras autoridades. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1635/2022-IV. Actos reclamados. Del análisis integral de la demanda de derechos humanos se advierte que en la presente instancia constitucional se reclama: 1. Incomunicación; 2. Tortura; 3. Tratos crueles e inhumanos, palos y golpes 4. Privación de la libertad fuera de procedimiento (detención ejecutada). Concesión de la suspensión de plano. Toda vez que los actos que se reclaman son inconstitucionales en sí mismos, tienen el carácter de ilícitos de lesa humanidad y violan gravemente derechos fundamentales de las personas, como su vida, integridad física y el derecho a la identidad, con fundamento en los artículos 15, 125 y 1261 de la Ley de Amparo se concede la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables, cualquier otra autoridad involucrada o incluso cualquier particular autorizado expresa o tácitamente por alguna autoridad o con su anuencia: Dejen de realizar inmediatamente los actos reclamados consistentes en: incomunicación; privación de la libertad fuera de procedimiento (detención ejecutada), tortura, palos, golpes y/o cualquier acto cruel e inhumano; practicada el adolescente xxxxxxx; así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.2 Realicen todas las acciones necesarias para que cesen de inmediato los actos reclamados consistentes en: incomunicación, privación de la libertad fuera de procedimiento (detención ejecutada) y tortura; así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Permitan que la persona quejosa tenga comunicación de forma inmediata con su tutor, abogado o la persona que él mismo señale. Ahora bien, toda vez que la privación de la libertad fuera de procedimiento (detención ejecutada), incomunicación, tortura, golpes, palos y/o tratos crueles e inhumanos son actos prohibidos, por lo que deberán cesar de inmediato. En este sentido, se requiere a las autoridades para que, en caso de que hubieran detenido al adolescente por la comisión de un delito flagrante, informen lo conducente en la inteligencia de que deberán precisar las modalidades, en su caso, del hecho delictuoso relativo y si se impuso alguna medida cautelar, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, incluyendo aquéllas en las que conste la forma en que se practicó la detención, las circunstancias en las que ocurrió y el certificado de integridad física de los quejosos. Si el adolescente xxxxx, se encuentra a disposición de las autoridades señaladas como responsables, con motivo de su probable intervención en un hecho delictuoso y en virtud de surtirse alguna de las hipótesis a que se contraen los párrafos cuarto y quinto, del artículo 16 Constitucional, podrá ser retenido hasta por treinta y seis horas conforme al artículo 130 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes , según sea el caso, a partir del momento en que fue puesto a su disposición, para lo cual la autoridad correspondiente deberá informar y remitir constancia certificada de esa diligencia (puesta a disposición); en la inteligencia de que si no se trata de una detención con motivo de flagrancia o urgencia, o imposición de medida cautelar de prisión preventiva deberán ordenar la libertad inmediata de la persona quejosa, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Asimismo, las autoridades responsables deberán permitir que, previo a rendir cualquier entrevista, el adolescente tenga comunicación con su defensor y su tutor. Apercibimiento a las autoridades responsables. Se hace saber a las autoridades responsables, a las requeridas y a todas aquéllas que pudieran tener intervención en los actos reclamados, incluyendo a los particulares que actúen con su anuencia que la violación de la suspensión de plano decretada implica la comisión de un delito, conforme a los artículos 262, fracción III3 y 266, fracción I,4 de la legislación de la materia, por lo que de consumarse o seguirse ejecutando el acto que se les reclama, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Lo anterior, con independencia de los demás delitos en que incurran en caso de resultar existentes los actos reclamados. Y toda vez que el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas en los juicios de amparo es de orden público, se apercibe a las autoridades de mérito que, en caso de ser omisas a este requerimiento, se les impondrá una multa individual de conformidad con lo previsto en los artículos 237 y 2595 de la Ley de Amparo, de cincuenta a mil unidades de medida y actualización, aunado a que su conducta podrá encuadrar en el delito a que se refiere el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, se les hace saber que la desobediencia a un mandato judicial constituye el delito previsto en el artículo 178 del Código Penal Federal,6 por lo que, se le apercibe para que de inmediato de cumplimiento a lo ordenado en párrafos precedentes. Se previene a las autoridades responsables para que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28 fracción I de la Ley de Amparo, y dada la notoria urgencia y características del caso, reciban el oficio dirigido a la autoridad que no estuviese en turno, apercibidas que en caso de ser omisas al respecto, se tendrá por legalmente hecha la notificación a las autoridades a las que vayan dirigidos los oficios, a partir de la hora y fecha en que el actuario judicial adscrito se constituya legalmente en sus oficinas; lo anterior, con independencia de que la citada conducta pueda ser constitutiva de algún hecho delictuoso. Requerimiento de informes. Por otra parte, se requiere a las autoridades responsables para que, en el término de veinticuatro horas informen a este Juzgado la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a la suspensión de plano, significándoles que queda a cargo y bajo su responsabilidad la integridad física de las personas quejosas, sólo en el caso de que estén a su disposición. Y ya que el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas en los juicios de amparo es de orden público, se apercibe a las autoridades de mérito que, en caso de ser omisas a este requerimiento, se les impondrá una multa individual de conformidad con lo previsto en los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo, de cincuenta a mil unidades de medida y actualización, aunado a que su conducta podrá encuadrar en el delito a que se refiere el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 107, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable que desobedezca la medida cautelar decretada, será sancionada penalmente acorde con lo que dispone el numeral 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Formas de remitir informe de la suspensión de plano. En el entendido de no existir inconveniente legal alguno, rindan el informe solicitado, vía mensajería acelerada, telegrama, correo electrónico a la dirección 1jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx con archivo anexo en PDF o JPG y que el documento esté escaneado, además con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 Bis, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio consejo1 , deberá contar con la firma electrónica de la persona que lo firme, debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad incluyendo correo electrónico y número telefónico, confirmando dicho envío al número (01722) 2.36.05.00 ext. 2715. Lo anterior en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de que lo hagan desde el Portal se Servicios en Línea o por la vía ordinaria Denominación de las autoridades responsables. Dada la naturaleza de los actos reclamados, desde este momento se faculta al actuario para que teste la denominación de las autoridades responsables en caso de que éstas sean incorrectas y establezca las correctas. De similar manera deberá proceder en caso de que tenga conocimiento de que es otra la autoridad o disposición de la cual se encuentran las personas quejosas, a efecto de que esté en posibilidad de notificarles esta determinación para su debido conocimiento. Incompetencia. En principio, cabe precisar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, la cual se debe analizar antes de resolver las cuestiones de fondo planteadas en la demanda; por ello, lo procedente es analizar si este juzgado, es o no competente para resolver el presente juicio de amparo. Es aplicable la Tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 381, tomo XXIX, Semanario Judicial de la Federación, con registro número 364278, de título, subtítulo y texto siguientes: "COMPETENCIA. La competencia de las autoridades, es materia de interés público, por lo cual, esas mismas autoridades, aun de oficio, deben ocuparse del estudio de esa cuestión, de manera principal y preferente". A efecto de establecer la competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen al proceso, en su caso, para advertir los datos que hagan posible conocer las circunstancias que rodean el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento y resolución del asunto planteado. Es aplicable al tema, la tesis7 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto siguientes: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." En este sentido, esta juzgadora estima que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo de que se trata, como enseguida se expone. La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomienda la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. A guisa de ejemplo se puede decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el honorable Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal es el caso del Acuerdo General 03/2013. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de ellos, a prevención, será competente; que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se presente la demanda, cuando ésta no requiera ejecución material. Para corroborar la certeza del anterior aserto, es conveniente acudir al texto de los preceptos invocados, que es el siguiente: "LEY DE AMPARO. Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente en el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Conforme a lo indicado por la promovente en el escrito de cuenta, los actos reclamados consistenten en: Incomunicación; Tortura; Tratos crueles e inhumanos, palos y golpes Privación de la libertad fuera de procedimiento (detención ejecutada). Ahora bien, precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer que conforme a las características y naturaleza del aquí acto reclamado, la hipótesis de competencia aplicable es la señalada en el inciso a), específicamente en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya ejecutado o se esté ejecutando el acto impugnado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2001, Tomo XIV de título, con registro electrónico 189167, de título, subtítulo y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Lo anterior es así, toda vez que del escrito de cuenta, la promovente en favor de la parte quejosa, manifestó lo siguiente: ".se deriva de una detención en flagrancia por una REVISIÓN PREVENTIVA DEL DELITO buscando drogas y armas, aunque mi familiar menor de edad transitaba a bordo de su bicicleta, ocurrida el día de hoy ocho de octubre de 2023, aproximadamente a las catorce horas, por parte de los policías vecinales municipales de la región 3, de la unidad de la policía PV-033 adscritos a la dirección de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito en el Municipio de Ixtapaluca, Estado de México." Asimismo, conforme a las manifestaciones de la demanda se advierte que el adolescente fue detenido en el Municipio de Ixtapaluca, Estado de México; asimismo, que actualmente se encuentra detenido en SMTP Centro de Mando Policía Municipal Ixtapaluca, el cual se localiza en Avenida Hacienda Corralejo s/n, Geovillas Santa Bárbara, 56535, Ixtapaluca Estado de México o en la Instalaciones de la Presidencia Municipal de Ixtapaluca. En razón de ello, deviene la incompetencia de este órgano jurisdiccional para conocer del presente asunto, ya que dichos actor reclamados no fueron ejecutados ni se están ejecutando dentro de la jurisdicción de este juzgado; por tanto, los actos reclamados no tienen, tuvieron o tendrán ejecución en el territorio en que se ejerce jurisdicción, toda vez que la privación de la libertad (detención ejecutada), así como los diversos actor reclamados, fueron llevados a cabo en Ixtapaluca, Estado de México, por elementos de la Policía de dicha demarcación. En este sentido, como se expuso en este caso, se debe estar a la regla precisada en el ordinal 37, párrafo primero, de la ley aplicable, el cual determina que la competencia para su conocimiento recae en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; esto es, el lugar en el que se encuentre privado de la libertad la persona quejosa por la detención de la que fue objeto el día a la fecha, que en la especie, es al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl. En este sentido, este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por xxxxxxx en favor de xxxxxxx, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México y otras autoridades y declina la competencia a favor del Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, toda vez que la privación de la libertad (detención ejecutada) que está siendo objeto la persona quejosa, así como los diversos actos que reclama, fueron y están siendo ejecutados en por Elementos de la Policía Municipal del Municipio de Ixtapaluca, Estado de México; y ahí se encuentra recluido, por tanto, se concluye que la ejecución del acto reclamado, tiene lugar en Ixtapaluca, Estado de México, lo cual se advierte del ocurso de cuenta. Por lo expuesto, se estima que la competencia para conocer del presente juicio de amparo, se surte a favor de un Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl de Juárez, pues es dentro de esa jurisdicción donde tienen ejecución los actos reclamados; en tal virtud, con fundamento en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este juzgado federal se declara legalmente incompetente, para conocer de la demanda de amparo, por lo que se ordena remitir la demanda y sus anexos al citado juzgado, que se estima legalmente competente. Por tanto, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno y en términos del citado artículo 488 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. En atención a ello, formese el cuaderno de antecedentes respectivo. Exhorto. De igual forma, toda vez que en la demanda de amparo señalan a diversas autoridades con residencia en Ixtapaluca, Estado de México; esto es, fuera de la jurisdicción de este Juzgado; por tanto, con fundamento en los artículos 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; envíese atento exhorto al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, para que en auxilio de las funciones de este Juzgado Federal ordene a quien corresponda, para que: 1. Haga entrega de los oficios a las autoridades responsables que se encuentran dentro de su jurisdicción, esto es: DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO, CONTRALMIRANTE IMP. DEM. RET EDUARDO FOUILLOUX BATALLER, EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO DIRECTOR DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO POLICÍAS MUNICIPALES DE LA UNIDAD PV033 ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO, DE LA POLICÍA VECINAL REGIÓN 3, EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 2. Notifique la presente determinación promovente xxxxxxxx sus autorizados, en el domicilio ubicado en xxxxx. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Juez exhortado para que habiliten horas y días inhábiles a quien habrá de llevar a cabo lo encomendado. Tomando en consideración la naturaleza de la comunicación oficial enviada vía electrónica, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la devolución de las constancias respectivas, deberá realizarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez remitida la comunicación oficial en los términos que fue ordenada, imprimase el acuse electrónico que contiene la cadena de certificación y agréguese a los presentes autos para constancia legal de su envío, sin que sea necesario que acuse de recibo estilo de la comunicación oficial, pues el sistema lo arroja automáticamente. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene para oír y recibir notificaciones la lista que se fije en los estrados de este Juzgado, por así indicarlo la persona promovente del amparo. Se habilitan días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y a fin de evitar que los juicios de amparo queden paralizados; con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en el controvertido en que se actúa. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Con fundamento en los artículos 3°, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Digitalización. En términos de lo establecido por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en su capítulo noveno, artículo veinticinco; procédase a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por tanto, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 24 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinario de ocho de junio de dos mil veinte y 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales9, se designa: 1. Al Oficial de partes y judicial "C", para que digitalice oportunamente y de manera legible todas las promociones y documentos, etc., presentados físicamente, así como los recibidos electrónicamente (con sello y folio), para proceder a la integración de los expedientes físico y electrónico. 2. A los Secretarios para que den fe de que tanto en el expediente electrónico e impreso sean incorporadas cada promoción o documento necesario, como resoluciones etc., a fin de que coincidan en su totalidad. 3. A los Actuarios Judiciales para que incorporen en el expediente electrónico todas las notificaciones que realicen en los expedientes y coincidan con el físico, en el entendido que dichos documentos digitales deberán contar con su firma electrónica. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea y Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del referido Acuerdo General 12/2020, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido del presente juicio, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo y. realicen las promociones correspondientes; además de hacer la solicitud correspondiente a este Órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme a los artículos 261 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales10, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registraron en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Precisándose que quienes no tengan habilitada esa modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en el equipo dispuesto para tal efecto en este órgano jurisdiccional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales11, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Se solicita compensación. En diverso aspecto, para compensar la carga laboral, se solicita al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, para que realice la compensación correspondiente y, a la brevedad posible remita la boleta de turno referente a la demanda de amparo que se atiende.

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